¿Por qué aumentan los feminicidios en Latinoamérica?

Cepal cifra 3.828 feminicidios en 2024 y 19.254 en cinco años: países más afectados, edades de riesgo y brechas que urge cerrar en la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe confirmó este lunes, 24 de noviembre de 2025, que al menos 3.828 mujeres fueron asesinadas por razón de género en 2024 en 26 países y territorios de la región. Traducido a ritmo diario, es una media de 11 muertes cada día. El cómputo acumulado del último lustro asciende a 19.254 feminicidios. Son cifras oficiales del Observatorio de Igualdad de Género que no admiten ambages: la violencia feminicida persiste, atraviesa fronteras y golpea con especial dureza en los hogares y entornos íntimos.

El organismo con sede en Santiago de Chile subraya un matiz metodológico relevante: no es posible establecer comparaciones regionales estrictas entre años porque varía el número de países que reportan. Aun así, el seguimiento de cada serie nacional es suficientemente claro para describir una realidad que no cede. La mayoría de las mujeres asesinadas lo fueron, según los registros, a manos de parejas o exparejas. Entre los 17 países latinoamericanos con información de 2024, Honduras registró la tasa más alta (4,3 por cada 100.000 mujeres) y Chile la más baja (0,4). El impacto por edades se concentra en las franjas de 30 a 44 años (29,2%) y 15 a 29 años (28%). Y el daño rebasa a la víctima directa: se contaron 587 víctimas indirectas —principalmente hijos, hijas y otras personas dependientes— en los 10 países que aportan este dato.

Panorama regional tras el balance de 2024

La violencia letal contra las mujeres —bajo la denominación de feminicidio, femicidio o “muerte violenta de mujeres por razón de género”, según cada ordenamiento— está documentada en prácticamente toda América Latina y el Caribe. La Cepal contabiliza casos en 26 países o territorios, con reportes de 17 países latinoamericanos que permiten aproximar tasas y rangos. La fotografía de 2024, más allá del total de 3.828 víctimas, revela dos constantes: amplitud geográfica e intensidad sostenida. Amplitud, porque ningún subespacio queda a salvo. Intensidad, porque el promedio diario permanece en dos dígitos, una señal de estancamiento a niveles inaceptables.

Los picos de incidencia exigen una lectura cuidadosa. Honduras figura con 4,3 víctimas por cada 100.000 mujeres, una tasa que la sitúa como prioridad urgente para políticas reforzadas; Chile, con 0,4, representa el extremo inferior de la escala 2024. En medio, 12 de los 17 países con datos superaron o igualaron la barrera de 1 víctima por cada 100.000, un listón que la academia y los organismos internacionales consideran alto. Que la Cepal desaconseje un “ranking” regional no impide detectar patrones claros: donde hay dispositivos de protección que funcionan —medidas cautelares ágiles, seguimiento efectivo de agresores reincidentes, recursos residenciales suficientes— la letalidad tiende a moderarse; donde fallan la prevención y la coordinación, repunta.

El mapa social del fenómeno completa la perspectiva. El hogar y la relación de pareja se confirman como escenarios críticos, algo que las fiscalías ya vienen tipificando con mayor precisión: cuando el agresor es la pareja o expareja, el riesgo se acelera y los tiempos de reacción institucional deben ser más cortos. La incidencia por edades dibuja una diana en la vida adulta joven y media: casi seis de cada diez víctimas se encuentran entre los 15 y los 44 años. La cifra de 587 víctimas indirectas registradas en 2024 —hijos, hijas, personas mayores o con discapacidad a cargo de la mujer asesinada— pone sobre la mesa la dimensión de cuidado y reparación que sigue infradotada en buena parte de los sistemas de protección social.

Quiénes son las víctimas y quién agrede

Los datos de 2024 fijan perfiles que, sin causar sorpresa, exigen un cambio de prioridades. El 29,2% de las víctimas tenía entre 30 y 44 años; el 28% entre 15 y 29. Se trata de etapas de fuerte actividad laboral y reproductiva, con responsabilidades de cuidado intensas y, a menudo, con dependencia económica o co-residencia con el agresor. Las estadísticas revelan, también, que la violencia letal rara vez es un primer episodio: detrás de un feminicidio hay con frecuencia historiales de control coercitivo, amenazas, agresiones previas o denuncias sin respuesta eficaz.

En el otro lado, el de los agresores, los patrones reiteran los vínculos íntimos. Las parejas y exparejas concentran la mayoría de los casos, algo que obliga a reforzar los protocolos de evaluación de riesgo desde la primera denuncia, los servicios sanitarios y las unidades de atención social. Lo básico sigue siendo decisivo: preguntar, registrar, valorar, proteger. Los hijos e hijas no son un detalle en la periferia del expediente; son un eje de intervención. La cifra de 587 víctimas indirectas en los diez países que reportan este indicador reclama sistemas de tutela, renta y apoyo psicológico que funcionen sin fricciones, con prioridad en los trámites y acompañamiento a medio plazo. Tras el crimen, la vida cotidiana no espera.

La violencia feminicida se alimenta de varios vectores: impunidad en los circuitos judiciales cuando se falla en la investigación y sanción; desprotección en los momentos críticos —la salida del domicilio, el primer incumplimiento de una orden de alejamiento—; brechas territoriales entre grandes urbes con servicios especializados y zonas rurales o fronterizas donde el acceso es más difícil. No hablamos de un fenómeno “natural”, sino de fallos de sistema que pueden corregirse.

Qué se puede comparar y qué no

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe advierte que cada año varía el número de países que remiten datos oficiales y que las definiciones legales no son uniformes. No todos tipifican igual el feminicidio/femicidio, ni todos registran de la misma manera las muertes violentas de mujeres por razón de género cuando no se prueba el vínculo íntimo. Ese mosaico explica por qué no procede un ranking regional rígido entre años o entre países.

La lectura correcta pasa por dos planos complementarios. Primero, el seguimiento nacional, dentro de cada sistema legal y estadístico, con sus series temporales estables. Segundo, una fotografía agregada que permite identificar persistencias, ritmos y focos. Desde ese enfoque se entiende el valor del dato regional (3.828 en 2024) y su utilidad para alinear agendas, aunque sin extrapolaciones simplistas. La clave, a pie de política pública, es mejorar la calidad y homogeneidad de la información: incorporar variables territoriales, étnicas, de discapacidad o situación migratoria; estabilizar definiciones; y reportar indicadores complementarios (órdenes de protección, tiempos de respuesta, cumplimiento de medidas cautelares, recursos disponibles).

Hay una razón práctica para este énfasis técnico: lo que no se mide, no se gestiona. Saber cuántos casos se judicializan, cuántas órdenes de alejamiento se incumplen, cuántas medidas telemáticas se activan, o cuánto tardan en ejecutarse los dispositivos de emergencia, no es un capricho burocrático. Es la base para corregir cuellos de botella y recortar el riesgo letal.

Leyes vigentes y lagunas operativas

La región ha dado pasos normativos evidentes. Todos los países cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo en la esfera familiar. Catorce han avanzado con leyes integrales contra la violencia por razón de género. Y 20 países han incorporado en su ordenamiento el delito de feminicidio/femicidio o el homicidio de mujeres por razón de género. El terreno legal existe, sí. El problema es la ejecución.

Lo resume con claridad José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal: “La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado.” Traducido a políticas concretas, implica presupuesto estable, instituciones coordinadas y rendición de cuentas. En el extremo práctico: centros de atención con horarios compatibles con la vida laboral, atención psicológica especializada, fiscalías con unidades dedicadas, policías formadas en evaluación de riesgo, sistemas de alerta temprana para incumplimientos, y juzgados que respondan en horas, no en semanas, cuando llega el momento crítico.

La coherencia territorial también importa. Hay capitales con unidades de élite y barrios periféricos sin casas de acogida suficientes. Hay provincias con comisarías de la mujer y otras sin intérpretes para atender a mujeres indígenas o migrantes. Hay brechas digitales que complican el acceso a denuncias online, o fallos de conectividad que dejan sin cobertura las pulseras telemáticas. Todo eso, que suena a logística, es política de vida o muerte. La ley escrita es condición necesaria, pero insuficiente si no llega —literalmente— a la puerta de la mujer que pide ayuda.

Prevención que llega a tiempo: herramientas que funcionan

La estadística de 2024 señala que el núcleo del riesgo está en la esfera íntima. Eso orienta la prevención hacia tres momentos muy concretos. El primero, la detección temprana. La sanidad, la escuela, los servicios sociales y el empleo deben identificar señales de control coercitivo, aislamiento, violencia psicológica o económica. Formular preguntas, registrar antecedentes, activar protocolos. La experiencia comparada muestra que pequeñas rutinas —una anamnesis con perspectiva de género en urgencias, una entrevista con privacidad en el centro de salud, un protocolo docente cuando cambia el rendimiento escolar de niñas y adolescentes— marcan diferencias porque destapan lo que no se ve.

El segundo momento es la respuesta rápida. Aquí cuentan las medidas cautelares bien diseñadas, la protección de emergencia (refugio, traslado, ayudas económicas inmediatas) y los dispositivos tecnológicos cuando proceden. Órdenes de protección y alejamiento con seguimiento real, dispositivos de geolocalización para agresores reincidentes, botones de pánico conectados a centrales que sí responden. Y un detalle logístico: coordinación. Si una mujer informa un incumplimiento de la orden, el sistema debe reaccionar de forma automática y prioritaria.

El tercer momento, a menudo olvidado, es el acompañamiento sostenido. Tras la denuncia llega la intemperie: mudanzas, trámites judiciales, cuidado de los hijos, empleo. Sin red, muchas mujeres regresan al círculo del agresor por necesidad material. Esa es la grieta que la política pública no puede permitir. Renta de apoyo temporal, laboralidad protegida, tratamiento especializado para los menores, acceso a vivienda y justicia gratuita con profesionales formados son eslabones de una misma cadena: reducir el riesgo y romper la dependencia.

Todo esto, por supuesto, exige presupuesto. No basta con proclamas anuales ligadas al 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. El balance de 2024 recuerda que el problema no es episódico. Requiere planificación plurianual, indicadores de desempeño y auditoría pública. Si se quiere que el próximo boletín de la Cepal cuente menos muertes, las inversiones tienen que verse antes en la primera línea de atención, no después sobre el papel.

España y América Latina: vasos comunicantes

La publicación del balance de la Cepal, en vísperas del 25 de noviembre, también invita a mirar los puentes entre España y América Latina. Hay cooperación técnica en marcha —intercambio de protocolos, capacitación de equipos forenses, armonización de registros— y retos comunes: mejorar la evaluación del riesgo, acortar tiempos judiciales, garantizar medidas de protección que no se queden en papel. La experiencia acumulada en España con órdenes de protección y dispositivos telemáticos para agresores puede aportar insumos útiles a los países que están consolidando estos sistemas; a la inversa, iniciativas comunitarias y redes territoriales en América Latina ofrecen aprendizajes valiosos sobre acceso en áreas rurales o periferias urbanas complejas.

Las coincidencias son claras: la violencia de pareja como epicentro del riesgo letal, la necesidad de datos homogéneos, y el valor de las alianzas con la sociedad civil —organizaciones de mujeres, colectivos vecinales, clínicas jurídicas universitarias— para llegar donde la administración no llega. Y hay, también, diferencias estructurales que obligan a adaptar soluciones: dispersión territorial, recursos fiscales, densidad de servicios públicos. Lo razonable es compartir lo que funciona, medir resultados y corregir sin dogmas.

Un mandato inmediato: proteger, invertir, coordinar

El registro de 3.828 feminicidios en 2024 y 19.254 en cinco años no deja margen para interpretaciones benévolas. La letalidad se mantiene alta, el agresor suele estar en el entorno íntimo y la edad de mayor incidencia se concentra entre la juventud y la madurez temprana. Hay leyes en todos los países, leyes integrales en catorce y tipificación penal específica en veinte, pero la respuesta sigue golpeando contra brechas operativas: recursos insuficientes, protocolos que no llegan a tiempo, coordinación irregular entre policía, justicia y servicios sociales.

La Cepal pone sobre la mesa el enfoque de la sociedad del cuidado para salir del callejón: ver el problema no solo como seguridad pública, sino como igualdad sustantiva, bienestar y desarrollo. Ese enfoque, aterrizado, se traduce en tres urgencias: proteger (medidas inmediatas y eficaces para cortar el riesgo en el entorno íntimo), invertir (presupuestos estables en prevención, atención y reparación) y coordinar (instituciones conectadas que funcionen como un solo sistema). No es retórica: cuando estos tres engranajes encajan, baja la violencia letal. Cuando fallan, el próximo balance vuelve a contar víctimas con nombre y apellidos.

El reporte publicado este 24 de noviembre de 2025 en Santiago de Chile llega, como cada año, en la víspera de una fecha simbólica. Más allá de la efeméride, tiene una utilidad política nítida: ordenar prioridades y medir avances. Las cifras de 2024 son un recordatorio incómodo y necesario. Si las instituciones actúan con la celeridad y la coherencia que el fenómeno exige, el siguiente boletín puede empezar a escribir otra historia. Mientras tanto, el dato manda y el deber es claro. Proteger, invertir, coordinar.