¿Por qué aumentan a 554 las muertes en cárceles del régimen de Bukele?

El número de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción ha alcanzado 554 casos, según el último recuento divulgado por organizaciones de derechos humanos. Son siete muertes más que las 547 documentadas a mediados de julio. No existe, sin embargo, un registro estatal abierto que permita contrastar cada expediente: las autoridades penitenciarias han declarado reservada durante siete años la información sobre fallecimientos, causas de muerte y situación judicial de los presos.

El dato esencial es incómodo y bastante sencillo. Son personas que murieron mientras estaban bajo la custodia del Estado, muchas de ellas sin una sentencia firme y, según las organizaciones que investigan los casos, sin un perfil que las relacionara con las pandillas. El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado una reducción drástica de la violencia criminal, algo visible en las calles y reconocido incluso por entidades críticas con su política. Pero ese éxito no responde por sí solo a lo ocurrido tras los muros: una cárcel no suspende la obligación estatal de mantener con vida a quien encierra.

Una cifra que crece entre sombras

El balance ha avanzado con una regularidad sombría. Socorro Jurídico Humanitario documentaba 470 muertes a finales de enero de 2026; en abril eran al menos 512, en junio subieron a 537 y el 14 de julio alcanzaron las 547. La publicación posterior que sitúa el total en 554 prolonga esa curva, aunque la falta de datos oficiales obliga a hablar de recuentos documentales, no de una estadística penitenciaria completa y auditada.

La precisión importa. También el contexto. Las organizaciones reúnen testimonios de familiares, certificados, fotografías, expedientes judiciales y noticias sobre entregas de cadáveres, mientras la Dirección General de Centros Penales cierra la persiana informativa. En mayo rechazó una solicitud que pedía conocer cuántos presos habían muerto desde marzo de 2022, dónde estaban recluidos, cuál era su situación procesal y qué causa figuraba en cada defunción. Todo quedó cubierto por una reserva de siete años. La estadística oficial, por decirlo suavemente, se ha ido a vivir a una caja fuerte.

Esta opacidad penitenciaria impide responder con certeza a cuestiones elementales: cuántos fallecieron dentro de las celdas, cuántos después de ser trasladados a hospitales, cuántos habían recibido una orden de libertad o cuántas muertes fueron investigadas penalmente. También explica por qué distintos informes manejan cifras diferentes. No necesariamente se contradicen; suelen corresponder a momentos de corte y metodologías distintas, dentro de un sistema donde la información pública llega a cuentagotas.

De un fin de semana sangriento a cuatro años de excepción

El régimen de excepción comenzó el 27 de marzo de 2022, después de una oleada de más de 80 asesinatos cometidos en un solo fin de semana. La Asamblea Legislativa suspendió garantías constitucionales y amplió los plazos de detención con una medida concebida inicialmente para durar 30 días. Cuatro años después, la excepción ya no parece una excepción: el Parlamento aprobó en julio de 2026 su prórroga número 53, vigente hasta el 28 de agosto.

Durante ese periodo han sido detenidas más de 90.000 personas, entre ellas miles de menores. Las redadas desmantelaron buena parte del control territorial ejercido durante décadas por la Mara Salvatrucha y Barrio 18, redujeron los homicidios y permitieron que barrios antes sometidos a extorsiones recuperaran cierta normalidad. Sería absurdo negar ese cambio. Hay familias que volvieron a caminar por calles que antes tenían fronteras invisibles; comerciantes que dejaron de pagar la llamada renta; autobuses que atraviesan zonas antes vedadas. La seguridad, cuando se recupera, también tiene ruido de persiana metálica levantándose por la mañana.

El éxito de seguridad que sostiene al Gobierno

Bukele ha construido sobre esos resultados una política enormemente popular y una narrativa de eficacia casi quirúrgica: el Estado entra, captura y aparta al pandillero. Pero la cirugía ha utilizado una red de arrastre. Amnistía Internacional ha documentado arrestos basados en denuncias anónimas, apariencia física, lugar de residencia o bases de datos desactualizadas, junto con presiones policiales para cumplir cuotas de detenciones.

El problema no consiste en que el Estado persiga a la Mara Salvatrucha o a Barrio 18. Debe hacerlo. Las pandillas asesinaron, extorsionaron, violaron, desplazaron familias enteras y convirtieron comunidades en pequeños feudos gobernados por el miedo. El conflicto aparece cuando la pertenencia a una estructura criminal deja de probarse de forma individual y pasa a presumirse por vivir en determinada colonia, llevar tatuajes, recibir una acusación sin verificar o encajar en una silueta policial.

Según Socorro Jurídico Humanitario, el 94 % de los fallecidos incluidos en sus balances no presentaba perfil de pandillero. Esa afirmación procede de la organización y no ha podido ser contrastada con expedientes penitenciarios completos, precisamente porque el Gobierno no los publica. Aun así, el dato merece una investigación independiente, no un encogimiento de hombros.

Violencia, enfermedad y cuerpos entregados tarde

El informe detallado por la ONG sobre 470 fallecidos ofrece la radiografía más completa disponible. El 31,8 % habría muerto de forma violenta, mientras otro 31,6 % falleció por falta de atención médica ante enfermedades o dolencias previas. De esos 470 casos, 294 personas murieron después de ser trasladadas de urgencia a hospitales y 143 dentro de las celdas; al menos 75 no llegaron a cumplir cuatro meses encarceladas.

La diferencia entre una causa y otra no siempre es tan limpia como parece. Un diabético sin insulina, un enfermo renal privado de tratamiento o un detenido con heridas que no recibe asistencia pueden figurar en documentos bajo una etiqueta médica, aunque detrás exista una sucesión de decisiones humanas. El abandono médico también deja moratones, solo que tardan más en aparecer.

Familiares y organizaciones han denunciado cadáveres con señales de golpes, pérdida extrema de peso y lesiones compatibles con malos tratos. Otros relatos describen tuberculosis, infecciones cutáneas, desnutrición y problemas digestivos en instalaciones saturadas. Las autoridades rechazan que exista una política de tortura y sostienen que las muertes responden a enfermedades, enfrentamientos entre reclusos u otras circunstancias particulares. Sin acceso independiente a las prisiones ni autopsias transparentes, la verdad queda atrapada en una sala sin ventanas.

Izalco, la prisión que casi nunca sale en las fotos

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, concentra buena parte de las imágenes con las que El Salvador presenta al mundo su guerra contra las pandillas: filas de hombres rapados, torsos desnudos, tatuajes, hormigón blanco y guardias cubiertos con pasamontañas. Es una escenografía poderosa, diseñada para transmitir control absoluto.

Sin embargo, el informe de Socorro Jurídico Humanitario sobre los primeros 470 casos situaba el 40,9 % de las muertes en el penal de Izalco y otro 18,9 % en La Esperanza, conocida como Mariona. El CECOT, paradójicamente, apenas aparecía en ese mapa de fallecimientos. Izalco recibe menos cámaras y ofrece muchas menos posibilidades de escrutinio. El escaparate está en Tecoluca; la trastienda, lejos de los focos.

Presos sin condena y familias sin respuestas

Una parte considerable de los detenidos permanece en prisión preventiva, sin juicio individualizado y con contactos muy limitados —o inexistentes— con familiares y abogados. Las reformas procesales han permitido agrupar a cientos de acusados en expedientes y audiencias colectivas, una fórmula que agiliza el sistema pero difumina la responsabilidad personal. El derecho penal, sin nombres, hechos concretos y pruebas individualizadas, corre el riesgo de convertirse en una cinta transportadora.

Amnistía Internacional sostiene que algunos tribunales han dejado de actuar como un control efectivo sobre las capturas y se limitan a validar paquetes de detenciones. Su investigación se basa en visitas de documentación, entrevistas, casos individuales y el examen de resoluciones judiciales, decretos y requerimientos fiscales. La organización considera que los patrones de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y muerte bajo custodia podrían constituir crímenes de lesa humanidad si se demuestra que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

La acusación es jurídicamente grave y no equivale a una sentencia. Para establecer responsabilidades penales hacen falta investigaciones independientes, acceso a archivos, peritajes forenses y atribución de conductas concretas. Justo lo que escasea. El secretismo no demuestra por sí mismo un crimen, pero hace bastante difícil demostrar lo contrario.

La seguridad que no puede borrar a los muertos

El debate suele presentarse como una elección infantil: o se apoya a Bukele y se acepta cualquier exceso, o se denuncian los abusos y se añora el dominio de las maras. Es una trampa. Un Estado democrático puede y debe perseguir estructuras criminales, recuperar territorios y proteger a las víctimas sin convertir la presunción de inocencia en una molestia administrativa.

Los derechos fundamentales no son premios reservados a las personas simpáticas ni una indulgencia para delincuentes. Sirven precisamente cuando el poder tiene delante a alguien acusado, impopular o indefenso. Un pandillero condenado conserva el derecho a no ser torturado, a recibir atención médica y a no morir por abandono. Un inocente, además, conserva el derecho a no ser enterrado dentro de un expediente colectivo.

El Gobierno salvadoreño dispone de una ventaja política enorme: la mejora de la seguridad pública le ha otorgado una confianza social que pocos dirigentes latinoamericanos conocen. Podría utilizarla para depurar el sistema, revisar detenciones dudosas, investigar cada muerte y abrir las prisiones a observadores independientes. Hasta el momento ha preferido mantener el mecanismo de excepción y restringir el acceso a la información. La mano dura, cuando nadie la vigila, termina creyéndose infalible.

Las 554 muertes atribuidas al periodo de excepción no anulan la reducción de los homicidios ni devuelven el poder territorial a las pandillas. Tampoco pueden ser borradas por los buenos resultados de seguridad. Ambas realidades caben en la misma frase, aunque la propaganda —de un lado y del otro— prefiera amputar la mitad que le estorba.

El Salvador es más seguro que hace cuatro años, pero su sistema de excepción ha dejado cientos de fallecidos bajo custodia, miles de denuncias de detenciones arbitrarias y familias que todavía buscan información elemental sobre sus parientes. La verdadera medida de un Estado no está solo en su capacidad para llenar cárceles. También se ve en cómo custodia a quienes encierra, cómo reconoce sus errores y qué hace cuando una puerta se abre y, en vez de un preso, sale un ataúd.