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¿Qué sabe José Manuel Albares sobre Marruecos y la crisis de Ceuta?
Rabat no habría planeado la oleada sobre Ceuta, pero sí la permitió y la aprovechó. Albares afronta una crisis diplomática llena de sombras.

Los servicios de inteligencia españoles sostienen que Marruecos no organizó de antemano la entrada masiva de migrantes en Ceuta, pero sí redujo la vigilancia, permitió que la multitud alcanzara la frontera y aprovechó después el impacto político de la crisis. Esa conclusión dibuja una responsabilidad menos cinematográfica que una operación secreta, aunque no precisamente inocente: Rabat no habría encendido la cerilla, pero dejó que el fuego corriera.
José Manuel Albares mantiene, mientras tanto, que Marruecos colaboró desde el primer momento para contener el flujo y facilitar los retornos. Las dos versiones no son necesariamente incompatibles. Hablan de momentos distintos. Primero hubo permisividad en la frontera marroquí; después, cuando Ceuta estaba desbordada y el episodio ya recorría las televisiones del mundo, llegó la cooperación. La diplomacia tiene estas filigranas: una puerta puede quedar abierta por la mañana y cerrarse con mucha eficacia por la tarde.
A 3 de agosto de 2026, no existe ninguna prueba pública de que Albares conociera por anticipado la dimensión concreta de la oleada. Sí consta que el Gobierno recibió señales sobre el aumento de la presión migratoria y que ha surgido una agria disputa sobre los avisos del Centro Nacional de Inteligencia. Interior niega haber sido advertido de una llegada inminente; fuentes vinculadas a los servicios de información aseguran que hubo varias alertas sobre el riesgo creciente. Entre una versión y otra queda un agujero incómodo, justo del tamaño de una frontera exterior de la Unión Europea.
Marruecos no la planeó, pero dejó que ocurriera
La evaluación de los servicios españoles descarta, por ahora, una orden previa del Gobierno marroquí para lanzar a decenas de miles de personas contra Ceuta. No se habría tratado de una operación diseñada desde los despachos de Rabat, con autobuses, consignas y horarios perfectamente coordinados. El detonante fue más caótico y, quizá por eso, más difícil de controlar: un bulo extendido por redes sociales y grupos de mensajería entre miles de jóvenes marroquíes.
El rumor aseguraba que España no podría devolver de forma inmediata a quienes alcanzaran Ceuta a nado. Se apoyaba en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, pero deformaba su alcance hasta convertir una resolución jurídica compleja en una invitación aparentemente sencilla: entrar, quedarse, comenzar una nueva vida. La sentencia establece que el rechazo inmediato en frontera no puede aplicarse automáticamente a quienes llegan por mar sin superar elementos físicos de contención. Eso no significa que cualquier persona que alcance la costa obtenga permiso para permanecer en España. Significa que debe seguirse el procedimiento legal correspondiente. Bastó quitar esa segunda parte para que el mensaje ardiera en los teléfonos.
La inteligencia española considera que las autoridades marroquíes conocían el movimiento que estaba creciendo en internet. Sus aparatos de seguridad vigilan con considerable atención las redes, especialmente cuando se producen movilizaciones multitudinarias. Sin embargo, no alertaron con suficiente antelación a sus interlocutores españoles y tampoco cortaron la concentración antes de que alcanzara el Tarajal. Dejar hacer también es una decisión, aunque no lleve membrete ni sello oficial.
El bulo que convirtió el Tarajal en una salida
La sentencia del Supremo fue el combustible inmediato, pero no explica por sí sola por qué tantas personas aceptaron un riesgo extremo. Bajo el rumor había una realidad menos vistosa: jóvenes sin empleo estable, familias golpeadas por el coste de la vida, migrantes subsaharianos atrapados durante meses y una sensación extendida de que el futuro se encontraba al otro lado de unos cientos de metros de agua.
Cuando miles de personas creen que una ventana se ha abierto, aunque sea falsa, el movimiento se alimenta solo. Un mensaje reenviado parece confirmar al anterior; un vídeo de alguien entrando anima a otros; una playa llena se convierte en prueba de que es posible. La desinformación no crea la desesperación, pero sabe utilizarla. Las mafias, los oportunistas y las cuentas anónimas únicamente tuvieron que empujar un poco.
El resultado fue una avalancha por tierra y mar, con hombres, mujeres y menores entrando a nado, bordeando espigones o atravesando puntos fronterizos debilitados. Los recuentos de fallecidos todavía presentaban diferencias, pero los balances disponibles situaban las víctimas por encima de 80 entre ambos lados de la frontera. No fue una imagen abstracta de presión migratoria: hubo cuerpos recuperados del agua, playas convertidas en campamentos y una morgue provisional preparada para recibir más cadáveres.
La Fiesta del Trono y el vacío policial
La entrada masiva coincidió con la Fiesta del Trono, una de las principales celebraciones oficiales de Marruecos. Según la reconstrucción de los servicios españoles, durante julio la vigilancia fue perdiendo intensidad y terminó prácticamente levantada cuando la multitud avanzó hacia la frontera. La ausencia de controles transformó un flujo creciente en una riada.
Ahí aparece la responsabilidad política de Rabat. No hace falta demostrar que el palacio real diseñó la crisis para constatar que el Estado marroquí dispone de medios suficientes para dispersar concentraciones, cortar carreteras, controlar autobuses y sellar los accesos a Castillejos cuando lo considera necesario. Ya lo hizo ante otros intentos. Esta vez no. La frontera quedó permeable durante las horas decisivas.
Después llegó el aprovechamiento político. Medios cercanos al poder marroquí recuperaron la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, presentadas de nuevo como territorios que deberían integrarse en Marruecos. La oleada colocó esa vieja aspiración en la agenda internacional, debilitó la imagen de control del Gobierno español y alimentó discursos contra la inmigración en varios países europeos. Todo ello sin necesidad de reconocer una intervención directa. Una jugada bastante rentable, salvo por el pequeño detalle —terrible, pero a menudo secundario en la geopolítica— de las vidas perdidas.
Albares elige la cooperación, no el choque
Albares ha evitado acusar públicamente a Marruecos de haber provocado la crisis. Su mensaje insiste en la colaboración posterior de Rabat, en la movilización de fuerzas policiales marroquíes y en la disposición para aceptar el regreso de quienes habían cruzado. Según las cifras manejadas por España, alrededor de 69.500 personas retornaron a Marruecos durante los primeros días, mientras entre 3.000 y 5.000 permanecían todavía en Ceuta.
El ministro de Exteriores también ha dirigido sus críticas hacia algunos socios europeos, especialmente Italia, por endurecer sus medidas y utilizar la crisis española dentro de su propia batalla política sobre la inmigración. Albares reclama solidaridad comunitaria y recuerda que Ceuta y Melilla no son simples puestos fronterizos españoles: forman parte de la frontera exterior de la Unión Europea. Cuando el Mediterráneo golpea Lampedusa, España coopera; cuando el golpe llega al Tarajal, sostiene el ministro, la solidaridad no puede evaporarse.
Su estrategia tiene lógica diplomática. España depende de Marruecos para contener rutas migratorias, combatir redes de tráfico, gestionar retornos, intercambiar información policial y mantener cierta estabilidad en el Estrecho. También existen intereses comerciales, energéticos y de seguridad. Una ruptura abierta convertiría la frontera en un grifo sin llave. Nadie en el Gobierno parece dispuesto a comprobar cuánto tardaría Rabat en volver a girarlo.
Pero esa prudencia tiene un precio. Al subrayar únicamente la cooperación posterior, Albares corre el riesgo de borrar las horas en las que Marruecos permitió el avance. Colaborar para reparar un desbordamiento no elimina la responsabilidad de haber retirado antes los diques. La relación bilateral necesita diálogo, sí; también una memoria razonablemente despierta.
Las alertas del CNI abren otra grieta
La crisis ha dejado una disputa interna entre Interior y Defensa. Fernando Grande-Marlaska aseguró que el CNI no avisó de una entrada masiva inminente. Fuentes de inteligencia sostienen lo contrario: afirman que se remitieron varios avisos sobre el aumento del riesgo, los cruces a nado, la llegada de personas hacia la zona fronteriza y el posible impacto de la celebración marroquí.
Es posible que ambas partes estén utilizando significados distintos de la palabra aviso. Un informe puede señalar un peligro sin precisar fecha, hora y volumen. Interior puede alegar que no recibió una alerta operativa concreta; el CNI, que sí comunicó una amenaza real. La burocracia adora estas zonas grises. Después de una catástrofe, cada adjetivo adquiere la importancia de un chaleco salvavidas.
Lo relevante es que durante julio ya se había detectado un incremento de las entradas marítimas. También había señales locales. Los servicios de menores de Ceuta habían advertido de un cambio acelerado en el patrón fronterizo y las autoridades de la ciudad reclamaban refuerzos. La magnitud final pudo resultar imprevisible, pero el deterioro no apareció de la nada el 30 de julio.
El Gobierno desplegó posteriormente fuerzas de seguridad y alrededor de 1.600 militares en tareas de vigilancia y disuasión, además de patrulleros de la Armada y barreras flotantes. Pedro Sánchez calificó lo ocurrido como una violación de la integridad territorial, una expresión especialmente dura. Sin embargo, no se convocó el Consejo de Seguridad Nacional ni se activó formalmente el comité de crisis previsto para situaciones graves. La retórica caminó con botas militares; la estructura institucional, con zapatillas.
La Audiencia Nacional pide datos antes de decidir
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas y ha reclamado a la Policía Nacional un informe sobre las entradas de los días 30 y 31 de julio. La magistrada María Tardón quiere determinar si existió una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal antes de decidir si el tribunal es competente para investigar los hechos.
La investigación judicial no contradice las conclusiones iniciales de los servicios de inteligencia. Son planos diferentes. La inteligencia busca comprender intenciones, capacidades y decisiones políticas; un procedimiento penal necesita identificar conductas concretas, participantes y posibles delitos. Que no exista por ahora prueba de una orden estatal marroquí no excluye la intervención de redes criminales, agitadores digitales o estructuras organizadas.
Tampoco convierte automáticamente una crisis migratoria en una agresión militar. Conviene mantener esa distinción. Las personas que entraron no son soldados, aunque un Gobierno pueda utilizar su movimiento como instrumento de presión. Mezclar migración, invasión y criminalidad en una misma palabra facilita el discurso político, pero empeora el diagnóstico y termina deshumanizando a quienes se lanzaron al mar convencidos por una mentira.
Un socio útil, una frontera demasiado frágil
Lo que se sabe hasta el momento coloca a Marruecos en una posición incómoda pero reconocible: no habría diseñado la oleada, aunque la toleró cuando podía contenerla y obtuvo después rédito político. España, por su parte, reaccionó tarde ante señales que estaban creciendo y ahora protege una relación bilateral que considera imprescindible. No es una trama perfecta. Es algo más habitual: intereses cruzados, decisiones calculadas a medias y una tragedia que termina pagando la gente sin poder.
Albares sabe que romper con Rabat agravaría el problema. También sabe, o debería saber, que presentar a Marruecos únicamente como el socio que ayudó a devolver migrantes deja incompleta la historia. Antes de la colaboración hubo permisividad; antes del control, abandono fronterizo; antes de los comunicados, una multitud entrando en Ceuta mientras la vigilancia marroquí se desvanecía.
La estabilidad entre España y Marruecos exige cooperación, pero no amnesia. Ceuta no puede depender del humor político de Rabat, de una fiesta oficial o de la velocidad con la que un bulo recorre miles de teléfonos. La frontera necesita mecanismos de alerta que funcionen, coordinación verificable y capacidad propia de respuesta. Lo demás es confiar en que el vecino cierre la puerta después de haber decidido, durante unas horas, mirar hacia otro lado.

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