¿Por qué Afganistán quedó abandonado entre hambre, drogas y muerte?

Cinco años después del derrumbe de la República afgana y del regreso de los talibanes al poder, Afganistán no es el país que prometieron quienes aseguraban que el nuevo Emirato Islámico sería más pragmático que el de los años noventa. Es un país más silencioso, más pobre y, para millones de mujeres, considerablemente más pequeño: la casa, el patio, unas pocas calles y poco más. A 13 de agosto de 2026 faltan dos días para el quinto aniversario de la caída de Kabul, el 15 de agosto de 2021, y 17 para que se cumplan cinco años exactos de la salida del último militar estadounidense, el 30 de agosto.

La fotografía social resulta brutal. Más de 17 millones de personas afrontan inseguridad alimentaria aguda; 3,7 millones de niños podrían sufrir desnutrición aguda durante 2026 y 1,2 millones de embarazadas y mujeres lactantes están también amenazadas por la malnutrición. Al mismo tiempo, 2,4 millones de niñas permanecen fuera de la educación secundaria, las mujeres siguen excluidas de las universidades y el aparato de vigilancia moral se ha convertido en una pieza cotidiana del Estado talibán.

Hay otro Afganistán, menos visible en los comunicados oficiales: adolescentes sin futuro educativo, hombres jóvenes atrapados entre el paro y las drogas, madres que reducen comidas para alimentar a sus hijos, muchachas entregadas en matrimonios precoces a cambio de dinero y mujeres cuyo deterioro psicológico apenas cabe en unas estadísticas que, en muchos casos, ni siquiera existen. La guerra que ocupaba portadas internacionales ha cambiado de forma. El país sigue sangrando, sólo que muchas veces sin ruido de helicópteros.

Cinco años después: el país que quedó tras Estados Unidos

La imagen que simbolizó agosto de 2021 fue la pista del aeropuerto de Kabul: aviones despegando, familias apretadas contra las puertas, soldados estadounidenses cerrando una guerra de casi dos décadas mientras los talibanes entraban en la capital. El último C-17 militar estadounidense salió el 30 de agosto de 2021. Para Washington terminaba su guerra más larga; para Afganistán empezaba otro experimento político.

Los talibanes heredaron un Estado dependiente de la ayuda exterior, instituciones débiles, décadas de violencia y una economía que perdió de golpe buena parte del dinero que la mantenía respirando. Cinco años después han consolidado su control territorial y administrativo, pero ese orden tiene un precio considerable. La represión política se ha endurecido, los medios sufren restricciones y las normas sobre la vida privada han penetrado hasta terrenos tan cotidianos como la ropa, los desplazamientos o las relaciones familiares. Cerca del 40% de la población necesita asistencia urgente.

Hay un matiz que conviene conservar porque Afganistán no cabe en una caricatura. Los talibanes pueden mostrar resultados en su campaña contra la amapola: el cultivo de opio volvió a reducirse un 20% en 2025. También sostienen que han devuelto seguridad y orden a zonas castigadas durante décadas por la guerra. Pero el tablero se ha torcido de nuevo: la frontera con Pakistán ha sufrido una escalada militar gravísima desde finales de 2025 y, mientras disminuye la vieja economía del opio, aparecen señales de un mercado más volcado hacia metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Mujeres borradas del espacio público

Aquí la evolución es difícil de maquillar. Afganistán es el único país donde las niñas tienen formalmente prohibido continuar sus estudios más allá de la enseñanza primaria. Unos 2,4 millones de niñas están excluidas de la educación secundaria. Antes de la llegada de los talibanes, en 2021, casi un millón estudiaban secundaria. Las mujeres tampoco pueden acudir a la universidad desde 2022. Una generación completa va perdiendo cursos mientras espera una reapertura que lleva cinco años anunciándose sin fecha.

El cerco ya no se limita a las aulas. Datos divulgados en agosto de 2026 muestran que la mitad de las mujeres entrevistadas sale de casa sólo una o dos veces al mes debido a las restricciones sobre su movilidad y acceso a los espacios públicos. Siete de cada diez califican su salud mental como mala o muy mala. La participación femenina en el empleo se mueve en niveles mínimos y el requisito de viajar acompañadas por un mahram, un tutor masculino, convierte operaciones elementales —trabajar, recibir ayuda, acudir a determinados servicios— en una carrera de obstáculos.

La prometida versión moderada del régimen ha envejecido mal. La policía para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio vigila espacios públicos, lugares de trabajo y códigos de vestimenta, mientras las autoridades han acumulado más de un centenar de disposiciones que restringen diferentes aspectos de la vida femenina. Las redadas y las detenciones por supuestas infracciones morales han quedado incorporadas al paisaje administrativo. No hace falta colocar un policía dentro de cada casa cuando la norma consigue que la familia, el vecino o el empresario ejerzan parte de la vigilancia.

La situación jurídica tampoco se ha suavizado. El Decreto 18, publicado en mayo de 2026, ha provocado preocupación internacional porque reduce todavía más la capacidad de mujeres y niñas para abandonar determinados matrimonios y abre la puerta a reconocer uniones celebradas durante la infancia. El sistema concede al marido una posición jurídica ampliamente superior en materia matrimonial. Una desigualdad que antes podía esconderse detrás de prácticas sociales pasa, poco a poco, al papel oficial.

El suicidio, una crisis que ni siquiera se puede contar

Las historias de mujeres que se quitan la vida se han vuelto recurrentes desde 2021, pero cualquier cifra nacional debe manejarse con cuidado: Afganistán no dispone de estadísticas recientes y completas sobre suicidios. El estigma religioso y social favorece el ocultamiento y las autoridades no mantienen un registro público que permita medir con rigor la evolución. Los testimonios de médicos, periodistas afganos y organizaciones especializadas sí describen un aumento preocupante entre mujeres y adolescentes, asociado a matrimonios forzados, violencia doméstica, prohibiciones educativas y ausencia de perspectivas.

Uno de los casos documentados recientemente es el de Fariba, una adolescente de 16 años que murió después de quedar excluida de sus estudios. Su historia no demuestra estadísticamente una epidemia por sí sola, claro, pero ayuda a entender el mecanismo. Una adolescente pasa de preparar exámenes y pensar en una profesión a descubrir que su futuro académico ha sido cancelado por decreto. El calendario sigue avanzando; ella, no.

El problema posee además una zona todavía más turbia. Una investigación periodística sobre 231 muertes violentas de mujeres en diez provincias encontró 53 casos registrados como suicidios, algunos con indicios que planteaban dudas sobre esa clasificación. Sin un sistema judicial independiente, sin estadísticas transparentes y con enormes obstáculos para denunciar violencia doméstica, separar suicidio, asesinato y muerte encubierta puede convertirse en una tarea casi imposible.

De la amapola a la metanfetamina

Afganistán fue durante décadas sinónimo de opio y heroína. Ese mapa está cambiando. La prohibición talibán sobre el cultivo de amapola produjo una caída extraordinaria de la producción y el cultivo volvió a disminuir durante 2025, pero paralelamente los organismos especializados detectan una transición hacia sustancias sintéticas, medicamentos utilizados de forma abusiva y metanfetamina. El negocio ilícito, como el agua, suele buscar la grieta por la que seguir pasando.

La evaluación nacional publicada en febrero de 2026 encontró que entre los hombres consultados el cannabis seguía siendo la droga más mencionada en sus comunidades, seguido del opio, las llamadas tabletas K y la metanfetamina. Esta última fue citada por un 7% de los encuestados; no significa que el 7% de todos los afganos consuma cristal, una diferencia importante. El estudio relaciona el consumo con pobreza, desempleo, problemas de salud y sufrimiento psicológico.

Por eso resulta demasiado rotundo afirmar que toda una Generación Z afgana toma metanfetamina para sobrevivir. Los datos nacionales no permiten sostener semejante generalización. Lo que sí permiten decir es algo quizá más inquietante: existen jóvenes y menores atrapados en un entorno donde las drogas sintéticas son cada vez más accesibles y donde los principales factores asociados al consumo —paro, pobreza, angustia, falta de oportunidades— se encuentran por todas partes. Una investigación local publicada en 2026 con 41 adolescentes consumidores, limitada y no representativa de todo el país, encontró incluso casos de menores de 15 años enganchados a metanfetamina, heroína, opio y fármacos.

También pesa el bolsillo. Según las evaluaciones disponibles, una jornada de consumo de metanfetamina puede llegar a equivaler al 138% del salario diario de un trabajador ocasional. La droga no sirve para salir de la pobreza; la devora. Pero en una economía donde la desesperación se combina con dolor físico y enfermedades mentales sin tratamiento, la frontera entre consumo recreativo, dependencia y automedicación se difumina rápidamente.

Hambre, deuda y niñas convertidas en moneda de cambio

El hambre explica una parte enorme del Afganistán de 2026. La desnutrición infantil ha alcanzado niveles críticos en 12 provincias, un récord. Las estimaciones apuntan a que 3,7 millones de niños podrían padecer desnutrición aguda este año y que 1,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes estarán también malnutridas. Durante el primer trimestre, la inseguridad alimentaria infantil afectó a cerca de la mitad de la población infantil evaluada.

No es únicamente escasez de trigo o arroz. Son ingresos que desaparecen, precios más altos, ayuda internacional recortada, sequías, terremotos, retornados desde Irán y Pakistán y familias que han agotado prácticamente todos los amortiguadores imaginables. Una investigación sobre las condiciones económicas encontró que nueve de cada diez hogares tenían que saltarse comidas, endeudarse o vender pertenencias para sobrevivir. Entre los retornados, cerca del 90% estaba endeudado.

Y aparece entonces una de las expresiones más crudas de la pobreza: niñas entregadas en matrimonios a cambio de dinero, dotes o cancelación de deudas. No conviene convertirlo en una fórmula morbosa —“los afganos venden a sus hijos”— porque reduciría una sociedad entera a sus situaciones más extremas. Pero los casos existen. Una maestra del oeste del país relató el de una chica de 13 años entregada por 500.000 afganis, unos 7.400 dólares al cambio citado en aquel momento.

La tragedia funciona como una cadena. Una niña deja de estudiar, pierde posibilidades de independencia económica, aumenta el riesgo de matrimonio precoz y embarazo adolescente y, años después, sus propios hijos tendrán más probabilidades de crecer en un hogar pobre. Las restricciones contra las mujeres no son únicamente una cuestión de libertades individuales; tienen consecuencias económicas y sanitarias que atraviesan generaciones. La prohibición de la educación secundaria supone, además, centenares de millones de dólares anuales en oportunidades perdidas.

Pakistán: la frontera que asfixia al país

Durante años Pakistán fue uno de los grandes apoyos externos de los talibanes afganos. Esa relación está prácticamente irreconocible. Islamabad acusa a Kabul de tolerar o albergar a militantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan, el TTP, responsables de ataques dentro de territorio pakistaní. Los talibanes afganos lo niegan. La tensión desembocó en la confrontación más grave entre ambos países desde 2021, con ataques aéreos, fuego fronterizo y numerosas víctimas civiles.

El coste no se mide únicamente en muertos. Afganistán, un país sin salida al mar, depende profundamente de sus corredores con Pakistán. Los cierres fronterizos bloquearon durante alrededor de nueve meses rutas esenciales para productos comerciales y suministros humanitarios. Las interrupciones contribuyeron a que cerca de un millón de madres y niños malnutridos se quedaran durante cinco meses sin servicios nutricionales esenciales.

A comienzos de agosto, responsables pakistaníes anunciaron planes para reabrir pasos fronterizos y rutas de tránsito. Sin embargo, en los primeros anuncios públicos todavía no existía confirmación oficial de que la normalidad comercial hubiese regresado plenamente. La frontera sigue siendo, por tanto, algo más que una línea en el mapa: es una arteria económica que puede acelerar o estrangular la crisis afgana dependiendo de si permanece abierta.

Un Estado que resiste mientras la sociedad se encoge

Cinco años después, el gran fracaso afgano no puede explicarse únicamente por una causa. Estados Unidos abandonó en agosto de 2021 una guerra que había durado casi veinte años y dejó tras de sí instituciones extraordinariamente dependientes del dinero exterior. Los talibanes heredaron aquella fragilidad, pero han añadido otra: un modelo de gobierno que excluye deliberadamente de la educación superior y de buena parte de la economía a la mitad femenina de la población. La combinación es casi una receta escrita para empobrecer un país.

El Emirato Islámico ha demostrado capacidad para mantenerse en el poder. Eso no es poca cosa en la historia afgana. Ha reducido drásticamente el cultivo de opio respecto a los niveles anteriores a su prohibición y controla la maquinaria estatal. Pero gobernar no consiste sólo en ocupar ministerios, vigilar calles y sobrevivir políticamente. Una nación también se mide por aquello que permite imaginar a sus hijos.

Y ahí está la grieta. Millones de niñas sin instituto, mujeres confinadas, adolescentes sin horizonte, familias endeudadas, niños malnutridos y drogas sintéticas entrando en los márgenes de una sociedad agotada. No es la imagen espectacular de Kabul en agosto de 2021, con aviones y multitudes corriendo por una pista. Es algo más lento. Casi doméstico.

Afganistán no se ha desplomado. Sigue ahí, comercia, trabaja, reza, estudia donde puede, improvisa pequeños negocios, enseña clandestinamente, cría hijos y busca comida. Precisamente por eso la palabra que mejor describe estos cinco años quizá no sea colapso. Es encogimiento: de las oportunidades, de los derechos, del espacio público y, para demasiadas personas, del futuro imaginable.