La UE llega al 8M con avances y señales de retroceso

La UE llega al 8M con avances visibles, menos empuje político y un pulso abierto por el aborto, el consentimiento y el poder real en Europa.

La Unión Europea llega al 8 de marzo de 2026 con una sensación extraña, casi incómoda, porque en la misma fotografía caben avances reales y señales claras de desgaste. Bruselas puede exhibir logros que hace unos años parecían lejanos, como la mejora en la presencia de mujeres en los consejos de administración, la consolidación de nuevas normas contra la violencia machista y una presión institucional cada vez más visible para blindar la salud sexual y reproductiva. Pero esa misma UE llega también con un menor empuje legislativo, con una caída en la presencia femenina en espacios de poder político y con un debate cada vez más áspero sobre cómo aplicar la perspectiva de género dentro de las propias instituciones. La igualdad sigue en la agenda, sí, aunque ya no ocupa el centro del tablero con la fuerza de la legislatura anterior.

Ese contraste explica casi todo. Europa no está retrocediendo en bloque, pero tampoco está avanzando con la velocidad que proclama en sus grandes discursos. El dato de fondo es elocuente: el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, el EIGE, sitúa a la UE en 63,4 puntos sobre 100 y sostiene que, al ritmo actual, harán falta al menos 50 años para alcanzar una igualdad plena. No es un matiz menor. Significa que hay recorrido, que hay resultados, que el camino existe, pero también que la maquinaria comunitaria ha entrado en una fase mucho más fría, más administrativa, menos expansiva. En otras palabras, la UE se presenta en este 8M con leyes importantes en la maleta, aunque con menos ambición para abrir nuevas batallas y con bastantes problemas para convertir cada norma en una realidad homogénea de Helsinki a Lisboa, de Madrid a Varsovia.

Una Europa que mejora sin correr

La mejor manera de entender este 8M europeo es mirar la década larga, no solo la última semana de titulares. Desde 2010, la Unión ha mejorado sus registros globales de igualdad, ha levantado un armazón normativo más sólido y ha asumido que las desigualdades entre mujeres y hombres no son una cuestión decorativa ni secundaria. Trabajo, salarios, cuidados, representación política, violencia machista, salud reproductiva: todo eso forma ya parte de un mismo mapa político. El problema es que los avances no se reparten igual, no se consolidan al mismo ritmo y, en algunos terrenos, ni siquiera se mantienen. La igualdad europea se mueve, pero lo hace como un tren desigual, con vagones que aceleran y otros que se quedan rezagados o incluso frenan.

Ahí aparece una de las grandes paradojas de este momento. Todos los Estados miembros avanzan, pero no todos avanzan bien ni con la misma intensidad. Suecia encabeza el índice europeo con 73,7 puntos, Francia y Dinamarca siguen muy arriba, y España, con 70,9, se coloca entre los países mejor situados. En el otro extremo, Chipre, Hungría o Chequia siguen bastante más lejos. Esa distancia importa porque la UE tiende a hablar con una sola voz, pero la experiencia real de una mujer dentro de la Unión todavía cambia mucho según el país en el que viva, el sistema sanitario que tenga delante, la red de cuidados de la que disponga o el tipo de protección institucional que reciba cuando denuncia una agresión. La igualdad europea, a estas alturas, sigue siendo una geografía desigual.

El problema no es solo cuantitativo. También es político. Durante la legislatura 2019-2024, las instituciones europeas aprobaron un paquete de medidas de gran calado: directivas sobre transparencia salarial, conciliación, equilibrio en los consejos de administración y violencia contra las mujeres. Aquella etapa dejó la impresión de una Unión dispuesta a legislar, a empujar y a poner el cuerpo político sobre la mesa. En la legislatura actual, dos años después del arranque del nuevo ciclo comunitario, el tono es otro. Bruselas está más centrada en aplicar lo aprobado que en abrir nuevas ofensivas legales. La lógica institucional ha cambiado: menos producción normativa, más implementación. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, también significa que la igualdad ha perdido impulso frente a otras urgencias, desde la seguridad y la competitividad hasta la defensa o la presión migratoria.

Las leyes están, la pelea ahora es otra

La propia Comisión Europea, con la comisaria de Igualdad Hadja Lahbib entre las figuras más visibles de esta agenda, ha intentado dejar claro que la igualdad no desaparece del radar. Primero llegó, el 7 de marzo de 2025, la Hoja de Ruta para los Derechos de las Mujeres, un documento político pensado como brújula para la etapa posterior a la estrategia 2020-2025. Y esta misma semana, justo antes del 8M de 2026, Bruselas ha presentado la nueva Estrategia de Igualdad de Género 2026-2030, que recoge buena parte de ese marco y lo traduce a compromisos más concretos. El mensaje institucional es diáfano: la UE reconoce que hay una reacción de fondo contra la igualdad, que existe un backlash —ese retroceso político y cultural que ya se ve en muchos países— y que el trabajo pendiente sigue siendo enorme.

El detalle incómodo está en otra parte. Tener estrategia no equivale a tener tracción política suficiente. La nueva hoja comunitaria insiste en reforzar la aplicación de la directiva contra la violencia machista, apoyar los planes nacionales, mejorar la respuesta frente a los sesgos de género en el entorno digital, empujar la igualdad económica y reforzar la presencia de mujeres en la toma de decisiones. Todo eso está bien. Todo eso era necesario. Pero el ambiente general ya no es el de una UE que avanza a golpe de grandes anuncios. Es el de una UE que administra logros anteriores, trata de cerrar huecos y pelea por no perder terreno en un momento menos favorable. Se legisla menos, se negocia con más cautela y se teme más la resistencia política. Esa es la novedad menos vistosa y, seguramente, la más relevante.

No es casual que voces como la de Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, hayan advertido de esa pérdida de impulso. Su lectura resume bastante bien el clima actual: en la legislatura pasada se aprobaron avances importantísimos, pero ese empuje no se está repitiendo ahora con la misma intensidad. Y el contexto no ayuda. Cada vez que la agenda europea gira hacia otras prioridades consideradas más urgentes, las políticas de igualdad sufren una especie de relegación silenciosa. No desaparecen del todo; se quedan en segundo plano. Eso se traduce después en presupuestos menos generosos, menos atención mediática, menos presión política y menos velocidad para corregir desigualdades que siguen siendo muy materiales, muy concretas y muy costosas.

El poder económico sí se mueve

Donde la UE puede sacar pecho con más claridad es en el poder económico, sobre todo en la gran empresa. Tras años de resistencia, discusiones interminables y la vieja letanía sobre el mérito, los datos empiezan a enseñar efectos palpables. Las mujeres ya rozan el 40 % en los consejos de administración de las grandes compañías europeas, una mejora muy vinculada a la presión normativa de los últimos años. No ha sido magia, ni evolución natural del mercado, ni una iluminación repentina del capitalismo corporativo. Ha sido, básicamente, el resultado de poner reglas, calendarios, supervisión y objetivos. Cuando se obliga, se mueve; cuando se sugiere, se eterniza.

Ese dato es importante porque rompe una coartada muy arraigada en Europa. Durante años se vendió la idea de que el equilibrio en la alta dirección llegaría solo, sin cuotas, sin correcciones, sin tocar inercias. No ha ocurrido así. La realidad muestra que las organizaciones cambian mucho más deprisa cuando dejan de poder aplazar el cambio. Por eso el avance en las grandes empresas se ha convertido en uno de los pocos terrenos donde Bruselas puede enseñar resultados rápidos y visibles. El problema es que el ascensor no sube igual en todos los pisos. Puede mejorar la cúspide de la empresa y seguir intacta la desigualdad en la base del mercado laboral, en la conciliación, en la precariedad o en la carrera salarial.

Salarios, cuidados y la vieja factura que nunca desaparece

Porque la economía europea sigue cargando con un problema estructural que no se corrige solo con más consejeras delegadas o más vocales en un consejo. La brecha económica entre mujeres y hombres persiste y adopta muchas formas a la vez: menos ingresos a lo largo de la vida, carreras más interrumpidas, mayor parcialidad, más peso de los cuidados no remunerados y peores pensiones en la vejez. El EIGE lo resumió con una imagen que no necesita adornos: las mujeres necesitan trabajar quince meses y medio para ganar lo que los hombres cobran en un año. Ahí está el corazón de una desigualdad que sigue atravesando el empleo europeo de punta a punta.

No se trata solo de salario por hora, que también. Se trata del tiempo total de trabajo remunerado, del tipo de contrato, de la posibilidad de sostener una trayectoria continua y de la cantidad de horas que cada persona puede vender en el mercado sin que el resto de la vida se derrumbe. En demasiados hogares europeos, los cuidados siguen funcionando como una segunda jornada femenina, a veces invisible, a veces naturalizada, casi siempre mal repartida. Cuando faltan escuelas infantiles asequibles, redes públicas de dependencia o servicios suficientes, la factura cae de nuevo sobre las mujeres. Y esa factura no se paga en abstracto: se paga en renuncias, en jornadas reducidas, en promociones perdidas, en cotizaciones más bajas y en menos autonomía económica.

La UE lo sabe y lo viene diciendo desde hace años, pero sigue sin resolverlo del todo. Los cuidados son el gran mecanismo silencioso de producción de desigualdad. Atraviesan el empleo, la salud, la pobreza, el tiempo libre y la capacidad de participar en la esfera pública. Si esa pieza no se mueve, el resto avanza a medias. Por eso la Hoja de Ruta para los Derechos de las Mujeres y la nueva Estrategia 2026-2030 vuelven a insistir en trabajo digno, equilibrio entre vida y empleo, redes de cuidados y autonomía económica. No es retórica. Es una manera de reconocer que el mercado laboral europeo seguirá reproduciendo desigualdades mientras las mujeres sigan absorbiendo una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de atención.

España, entre los países que mejor resisten

En esta foto europea, España aparece relativamente bien situada. El índice del EIGE le da 70,9 puntos, lo que la coloca entre los países más avanzados de la UE en materia de igualdad. También ha sido uno de los Estados que más ha influido en algunos debates centrales, sobre todo en la definición de la violencia sexual basada en el consentimiento y en la defensa de una concepción más amplia de los derechos sexuales y reproductivos. Eso no significa que el panorama español sea idílico, ni mucho menos, pero sí que la posición de partida es comparativamente sólida dentro del bloque comunitario.

La paradoja española encaja bastante bien con la europea: mejores marcos legales, más presencia política de la igualdad y, al mismo tiempo, desigualdades persistentes en salarios, cuidados, empleo y violencia. Europa mira a España en algunos frentes, especialmente cuando se habla del modelo del “solo sí es sí”, aunque ese debate también se ha utilizado fuera para polarizar y simplificar. Lo interesante, en clave comunitaria, es que España ha contribuido a empujar una discusión que Bruselas no ha conseguido cerrar: la de si una violación debe definirse de forma inequívoca por la ausencia de consentimiento y no por la presencia demostrable de violencia o intimidación.

El gran tropiezo de 2025: menos mujeres donde se decide

Si el mundo empresarial ofrece algunas buenas noticias, la política deja señales más inquietantes. El dato más repetido en Bruselas estos días es claro: la proporción de mujeres en el Parlamento Europeo bajó del 39,8 % al 38,5 % tras las elecciones de 2024. Puede parecer una caída pequeña, incluso marginal, pero políticamente pesa mucho. Es la primera bajada significativa en décadas y rompe una tendencia de crecimiento que parecía más o menos asentada. La institución que presume de liderar muchas batallas por la igualdad arranca esta legislatura con menos mujeres sentadas en los escaños. No es un derrumbe, pero sí un aviso.

El retroceso no se queda ahí. Según el análisis más reciente citado por el EIGE, también hubo un descenso en la presencia femenina en puestos ministeriales dentro de la UE en 2025. La proporción de mujeres en ministerios se redujo 2,7 puntos porcentuales respecto al año anterior y cayó en once de los 27 Estados miembros. Ese dato desmonta una idea demasiado cómoda: que la igualdad política, una vez conquistada parcialmente, ya solo puede ir a más. No. Puede estancarse, puede bajar y puede hacerlo con relativa facilidad cuando cambian las mayorías, se reordenan gobiernos o se relajan los mecanismos de corrección.

La relevancia de ese descenso va más allá de la estadística. Cuando hay menos mujeres en gobiernos y parlamentos, también suele haber menos perspectiva de género en decisiones que no se presentan como “temas de mujeres”, pero que afectan de lleno a la igualdad: presupuestos, fiscalidad, vivienda, digitalización, defensa, sanidad, justicia o política industrial. La representación no es un adorno simbólico. Es una forma de distribuir poder real, capacidad de agenda y mirada política. Y por eso inquieta tanto que la propia UE, en medio de su relato igualitario, haya entrado en una fase de retroceso visible en la toma de decisiones.

La neutralidad que borra el problema

Otra de las alertas más serias de este 8M tiene que ver con algo menos fotogénico que un porcentaje parlamentario, pero seguramente más profundo: la pérdida de perspectiva de género dentro de las instituciones. Investigadoras del EIGE como Cristina Fabre y Helena Morais han venido señalando que muchos organismos europeos y nacionales siguen sin integrar bien esa mirada o, peor aún, que en algunos casos se ha producido un descenso evidente desde 2021. El lenguaje administrativo suele envolverlo todo con palabras limpias —servicios neutrales, respuestas universales, procedimientos homogéneos—, pero la cuestión de fondo es sencilla: si se trata igual lo que nace desigual, la desigualdad no desaparece; se camufla.

Esa falta de enfoque concreto tiene consecuencias muy prácticas. Afecta a la confianza en las instituciones, al diseño de los servicios públicos y a la capacidad de detectar necesidades específicas. Una víctima de violencia machista no necesita un sistema ciego al género; necesita uno capaz de entender lo que le ha pasado. Cuando se debilitan los servicios especializados, cuando la atención se vuelve excesivamente genérica o cuando la sensibilidad institucional retrocede, la respuesta pública pierde eficacia. Y eso termina influyendo en algo esencial: la disposición a denunciar, a pedir ayuda y a creer que el sistema no va a trivializar el daño ni devolver a la víctima a un laberinto de trámites, esperas y silencios.

Violencia machista: Europa ha legislado, pero no ha cerrado la discusión

En materia de violencia contra las mujeres, la gran novedad de estos últimos años ha sido la aprobación de la directiva europea de 2024, la primera ley comunitaria diseñada específicamente para combatir la violencia machista y la violencia doméstica en toda la Unión. Fue aprobada en mayo de 2024 y los Estados miembros tienen de plazo hasta junio de 2027 para incorporarla plenamente a su derecho interno. La norma supone un salto relevante porque obliga a perseguir mejor determinadas formas de violencia, refuerza la protección a las víctimas, mejora el acceso a la justicia y, sobre todo, reconoce con claridad que la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como un asunto periférico o puramente nacional.

La directiva introdujo una novedad especialmente importante: la tipificación obligatoria de varias formas de violencia digital que hasta hace nada quedaban en una zona gris. A partir de ese nuevo marco, los países de la UE deberán sancionar el ciberacoso, el acecho digital, el acoso en línea, la incitación al odio o a la violencia por razón de género y la difusión no consentida de imágenes íntimas o manipuladas. No es un detalle menor. Durante años, muchas agresiones cometidas a través del móvil, las redes o las plataformas se trataron como una especie de suciedad secundaria de internet, cuando en realidad forman parte de los nuevos mecanismos de control, humillación y violencia. El teléfono también puede ser un arma, y la UE por fin lo ha escrito en una norma seria.

Ahora bien, la ley de 2024 llegó con una ausencia muy visible: no incluyó una definición común de violación basada en el consentimiento. Ese era el gran debate y sigue siendo el gran debate. Países como España defendían que el sexo sin consentimiento debía quedar reconocido de forma expresa en toda la UE como violación. Pero el intento encalló por una mezcla de oposición política y discusión jurídica, con Francia y Alemania entre los países que frenaron ese paso. El resultado fue una directiva potente, sí, aunque incompleta en uno de sus puntos más simbólicos y más decisivos. Europa avanzó, pero se quedó a unos centímetros de tocar la pieza central.

Lo interesante es que esa discusión no ha terminado. La nueva Estrategia de Igualdad 2026-2030 deja abierta la puerta a nuevas acciones, incluso legislativas, para reforzar el principio de que el sexo sin consentimiento es violación en toda la Unión. No es una promesa cerrada ni un calendario definitivo, pero sí una señal política importante. Después del bloqueo de 2024, Bruselas no ha enterrado el asunto. Lo mantiene vivo, en parte porque el debate jurídico sigue ahí y en parte porque la presión política también continúa. En este terreno, la UE se mueve entre dos pulsos: uno que empuja hacia una concepción moderna de la libertad sexual y otro que sigue anclado en pruebas de fuerza, resistencia e intimidación como si el consentimiento todavía no bastara por sí solo.

Aborto y salud sexual: el otro frente que ya nadie puede esconder

Si hay un terreno donde el 8M europeo llega especialmente cargado, ese es el de los derechos sexuales y reproductivos. En los últimos meses, la discusión sobre el aborto ha ganado un peso nuevo en Bruselas, no tanto porque la UE tenga competencia plena para armonizar las leyes nacionales, que no la tiene, sino porque las instituciones comunitarias han empezado a empujar con más claridad para garantizar un acceso real y seguro. El Parlamento Europeo lleva tiempo reclamando que el derecho a un aborto seguro y legal quede incorporado a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, un movimiento político de enorme carga simbólica y jurídica, aunque complicado en su materialización.

La presión no sale de la nada. El diagnóstico es bastante duro: más de 20 millones de mujeres en la UE siguen sin acceso efectivo a un aborto seguro y legal o se enfrentan a barreras tan fuertes que el derecho queda, en la práctica, recortado o vaciado. En algunos Estados miembros hay prohibiciones severas o supuestos muy restrictivos; en otros, el problema es la objeción de conciencia masiva, la falta de centros, la burocracia o la necesidad de desplazarse cientos de kilómetros. Esa desigualdad convierte el aborto en un derecho geográfico. No depende solo de la ley; depende también del código postal, del dinero y de la posibilidad de viajar.

Por eso ha sido tan comentada la decisión de la Comisión Europea de recalcar que los fondos comunitarios pueden utilizarse para reembolsar gastos médicos o incluso desplazamientos cuando una mujer se ve obligada a viajar a otro Estado miembro para abortar al no poder hacerlo en su país de origen. El EIGE ha celebrado ese paso como una decisión histórica porque abre una vía práctica para facilitar el acceso a un aborto seguro en Europa. No resuelve el problema de fondo, desde luego, pero cambia una cosa decisiva: reconoce que la UE no puede mirar hacia otro lado cuando una ciudadana europea necesita cruzar fronteras para ejercer un derecho que en otro lugar del mismo bloque sí existe.

En paralelo, ha ganado fuerza la iniciativa My Voice, My Choice, que ha contribuido a situar el aborto dentro de la conversación europea desde un ángulo muy concreto: el de la solidaridad entre Estados. La idea es sencilla y explosiva a la vez. Si la Unión no puede imponer una misma ley de aborto a todos los países, al menos puede estudiar mecanismos para que ninguna mujer quede abandonada por vivir en un lugar más restrictivo. Ese debate ya no es marginal. Está plenamente instalado en Bruselas y se mezcla, además, con una discusión más amplia sobre violencia obstétrica, salud reproductiva, educación sexual y financiación pública de servicios esenciales.

La partida ya no va solo de aprobar leyes

La foto final de este 8M en la UE no es la de una Europa derrotada ni la de una Europa triunfante. Es la de una Unión que ha conseguido mover piezas importantes, pero que entra en una fase más complicada, menos limpia y menos cómoda. Hay avances incontestables: más mujeres en la alta dirección empresarial, una directiva pionera contra la violencia machista, más presión a favor del consentimiento como eje de la violencia sexual, más visibilidad del aborto como derecho europeo y una nueva estrategia comunitaria que reconoce sin rodeos el riesgo de retroceso. Pero también hay señales de fatiga: menos mujeres en el Parlamento Europeo, menos peso femenino en gobiernos nacionales, menos centralidad política de la igualdad y una tendencia inquietante a diluir la perspectiva de género en servicios y estructuras institucionales.

Eso obliga a mirar el momento actual con menos propaganda y más precisión. Europa no está en un punto de llegada; está en una zona de disputa. Ya no basta con aprobar normas y colgarlas del muro. Ahora hay que aplicarlas, financiarlas, vigilarlas y defenderlas en un contexto bastante más áspero que el de hace pocos años. En Bruselas se habla cada vez más de implementación, de coordinación, de transposición y de seguimiento. Suena técnico, incluso seco, pero ahí se decide mucho. Porque cuando una política entra en la fase administrativa, o se convierte en vida real o se desinfla entre trámites y buenas palabras. Y eso es exactamente lo que se juega la UE en este 8 de marzo de 2026: si sus avances recientes van a cuajar en poder, protección y derechos efectivos, o si parte de ese terreno ganado va a empezar a resbalar justo cuando parecía más consolidado.