La rave del Cenajo dejó 63 detenidos y 731 denuncias

La macrofiesta no autorizada celebrada junto al embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete), terminó con 63 personas detenidas y 731 actas por infracciones administrativas. El encuentro, que reunió a unas 3.500 personas y alrededor de 2.000 vehículos, se prolongó del 31 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 y obligó a desplegar cerca de 300 agentes de la Guardia Civil.

El balance combina arrestos por motivos distintos, controles de tráfico y actuaciones pendientes de valoración judicial o administrativa. También deja una cuestión que va más allá de la fiesta: la concentración se instaló en un espacio protegido para las aves y descrito como inestable e inundable, por lo que el alcance del impacto ambiental aún debía evaluarse una vez terminada la actividad.

Un balance con arrestos por motivos diferentes

Las 63 detenciones no responden a una única conducta ni se produjeron todas en el mismo momento. Veinte personas fueron arrestadas tras los disturbios registrados en la madrugada del 31 de diciembre, cerca de la pedanía de Cordovilla, en el municipio de Tobarra. Allí, según el balance policial, una multitudinaria caravana intentaba avanzar para instalar la fiesta y se produjeron enfrentamientos con agentes.

Otras 38 personas fueron detenidas por su presunta participación directa en la organización del evento. Las cinco restantes fueron arrestadas por delitos contra la salud pública, en concreto por tráfico de drogas, o porque tenían requisitorias judiciales de búsqueda y detención en vigor. La cifra total, por tanto, agrupa situaciones distintas y no significa que todas las personas arrestadas estuvieran implicadas en los disturbios.

La Guardia Civil intervino además 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones, que transportaban equipos de sonido, generadores y otros materiales logísticos. Esos vehículos quedaron a disposición judicial. La intervención permite entender que el encuentro no consistía solo en la llegada espontánea de asistentes: hacía falta una infraestructura móvil capaz de sostener música y actividad durante varios días en un enclave sin servicios organizados.

El recuento de arrestos tampoco equivale a una declaración de culpabilidad. Las diligencias policiales y las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Hellín, que debe tramitar las actuaciones correspondientes. Una detención identifica una actuación policial, no determina por sí sola el resultado judicial; las responsabilidades concretas dependen de lo que se acredite en cada procedimiento.

Una caravana que desembocó en una concentración masiva

El operativo arrancó ante el movimiento de una caravana de vehículos hacia el entorno del embalse. La madrugada del 31 de diciembre fue especialmente tensa: el grueso del convoy pretendía establecerse en la zona y allí se produjeron los disturbios que acabaron con 20 arrestos. La localización de esos incidentes, junto a Cordovilla, no debe confundirse con el emplazamiento principal de la rave, situado en las inmediaciones del Cenajo, dentro del término de Férez.

En los días siguientes, la concentración alcanzó una dimensión muy superior a la de una reunión local. La estimación policial fue de unas 3.500 personas y cerca de 2.000 vehículos, entre camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados. La asistencia llegó de distintos puntos de España y de varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido. La movilidad internacional amplió la escala logística del operativo, tanto para controlar accesos como para gestionar la salida de los participantes.

La Guardia Civil informó de que buena parte de los detenidos eran de nacionalidad francesa, italiana y británica. Ese dato se refiere a las personas arrestadas, no necesariamente al conjunto de asistentes, cuya procedencia era más amplia. La distinción importa: una cifra de nacionalidades asociada a las detenciones no permite describir por sí sola a las miles de personas que acudieron al evento.

Férez es una localidad pequeña, de alrededor de 600 habitantes según la información difundida durante el operativo. La llegada de varios miles de asistentes hizo que la presión sobre los accesos y el entorno rural fuera muy distinta de la actividad cotidiana del municipio. El alcalde describió la concentración como una especie de ciudad temporal de camiones y caravanas, aunque el dispositivo policial logró mantener la fiesta alejada del núcleo habitado. La dimensión del encuentro se percibe mejor al compararla con la escala del pueblo cercano que al observar solo el número de vehículos.

Por qué la falta de permisos no era el único problema

La fiesta no había sido comunicada ni autorizada, pero el riesgo señalado por las autoridades no se limitaba a la situación administrativa. En un evento multitudinario, la ausencia de servicios médicos, aseos, limpieza y vigilancia interior deja a los asistentes y al entorno sin una estructura preparada para responder a incidentes. En el Cenajo tampoco había un plan de emergencia o evacuación, según la información policial.

Eso cambia la naturaleza de una concentración masiva. Una avería, un problema de salud o un conflicto entre asistentes puede ser más difícil de atender cuando no hay personal sanitario organizado ni un dispositivo interno que coordine una respuesta. La falta de instalaciones sanitarias y de limpieza también aumenta las dificultades de higiene en una estancia prolongada. El problema práctico es que la multitud y la infraestructura improvisada crecen juntas, pero la capacidad de respuesta no.

Los organizadores de actividades multitudinarias deben prever servicios y medidas de seguridad adecuados, pero en este caso no se había dispuesto de esos recursos. La información disponible no detalla incidentes médicos concretos ocurridos durante la semana ni permite medir cuántas personas necesitaron asistencia. Lo que sí establece el balance es que los participantes permanecieron durante días en un lugar sin los servicios básicos que normalmente permiten gestionar una emergencia con rapidez.

La ausencia de organización formal también complica el control del espacio. Una macrofiesta requiere energía, sonido, accesos y zonas para los vehículos, y la concentración de esos elementos en caminos rurales puede interferir con el tránsito y dificultar una evacuación. No se trata solo de que el evento no tuviera permisos: sin una planificación común, cada necesidad se resuelve sobre el terreno, con menos coordinación y más presión sobre los servicios públicos próximos.

Los 287 positivos y el riesgo en las carreteras

Uno de los datos más concretos del balance llegó al final de la fiesta, cuando los asistentes emprendieron el regreso. En los controles de alcohol y drogas establecidos para los conductores que abandonaban la zona, 287 personas dieron positivo. La Guardia Civil indicó que esos controles evitaron que esos conductores se incorporaran a las carreteras en condiciones que podían poner en peligro a otros usuarios.

La cifra muestra por qué el riesgo no terminaba en el perímetro de la rave. Miles de personas y alrededor de 2.000 vehículos debían salir de un enclave rural y continuar viaje por carretera, después de varios días de actividad. Los controles permitieron detectar casos antes de que los conductores siguieran su ruta, aunque el balance no especifica cuántas pruebas se realizaron ni desglosa los positivos entre alcohol y drogas. Los 287 positivos son un dato de controles de salida, no una estimación del consumo de todos los asistentes.

La seguridad vial se conecta aquí con la escala del evento y con el momento de la marcha. Un conductor que abandona una concentración tras varios días puede compartir carretera con vecinos, transporte local y otros viajeros. El dispositivo policial buscó reducir ese riesgo mediante controles y regulación del tráfico en carreteras y caminos próximos, además de limitar la entrada de nuevos vehículos al espacio natural.

Junto a esos resultados, las autoridades levantaron actas por infracciones relacionadas con drogas, armas prohibidas, seguridad vial, protección animal y medio ambiente. El total comunicado fue de 731 actas-denuncia. Ese número no debe confundirse con 731 condenas ni con 731 multas ya cobradas: se trata de actuaciones administrativas registradas, cuya tramitación y eventual sanción dependen de los procedimientos correspondientes.

Una semana en un espacio protegido y vulnerable

El terreno elegido está considerado Zona de Especial Protección para las Aves, una categoría vinculada a la conservación de especies y hábitats. Además, fue descrito por las autoridades como inestable e inundable. La combinación de vehículos pesados, circulación por caminos, ruido y permanencia de miles de personas durante una semana hizo que el emplazamiento resultara especialmente sensible a una actividad de esa escala.

La concentración de vehículos y la música constante pueden alterar un entorno natural, mientras que la acumulación de residuos añade un problema que permanece cuando los asistentes se marchan. Sin embargo, el balance policial no ofrece una medición del daño ecológico ni identifica especies afectadas. La ubicación protegida eleva la preocupación, pero no sustituye a una evaluación ambiental que determine el alcance real de las alteraciones.

Tras la salida de los participantes, el alcalde de Férez describió bolsas de basura acumuladas y pidió apoyo para retirar los residuos. También se informó de una veintena de vehículos abandonados en caminos de acceso. La Confederación Hidrográfica del Segura, propietaria de los terrenos, desplazó agentes medioambientales para examinar la zona y determinar los pasos posteriores. En ese momento, el plan definitivo de limpieza aún estaba pendiente.

La retirada de residuos no resuelve por sí sola todas las consecuencias posibles. Primero hace falta localizar y recoger los materiales; después, la evaluación del terreno permite decidir si se requieren otras actuaciones. La información disponible no concreta cuánto se retiró finalmente ni cuantifica los costes de limpieza o reparación. Por eso conviene separar los indicios visibles, como la basura, de las conclusiones sobre el daño ambiental, que dependen de la inspección del enclave.

El efecto también alcanza a la gestión local. En una población pequeña, una afluencia extraordinaria puede alterar durante días los accesos, el uso de caminos y la relación entre el municipio y su entorno. No hay datos suficientes para afirmar que los comercios o servicios locales obtuvieran un beneficio económico concreto, ni para medir el coste asumido por el ayuntamiento. Sí consta la preocupación municipal por la retirada de residuos y la necesidad de apoyo externo.

Un dispositivo de cerca de 300 agentes

Para contener la llegada de más participantes y reducir riesgos, la Guardia Civil estableció un perímetro con cerca de 300 efectivos. El dispositivo controló carreteras y caminos rurales, vigiló el entorno natural y trató de mantener la circulación bajo control. La operación se prolongó durante los días de actividad y se reforzó con unidades de distintas especialidades y procedencias.

Participaron agentes de la Comandancia de Albacete y unidades de seguridad ciudadana de varias provincias, junto con grupos de reserva y seguridad. También intervinieron unidades caninas, el Grupo de Actividades Subacuáticas, equipos de información, personal de caballería, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo. La variedad de recursos responde a un operativo que combinaba control de accesos, vigilancia, tráfico y seguridad en un terreno difícil.

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana de la Comandancia de Palencia prestó apoyo logístico. La presencia aérea y los drones permitieron cubrir un espacio rural amplio, mientras que los agentes en carretera podían controlar los desplazamientos de entrada y salida. La información difundida no detalla el coste total del despliegue ni permite comparar su dimensión con otros operativos, por lo que describirlo como excepcional se apoya en su escala local, no en una cifra presupuestaria.

El objetivo declarado era impedir que la concentración creciera todavía más y proteger tanto a los asistentes como al resto de usuarios de las vías y a los vecinos. La operación tuvo que gestionar una realidad compleja: no bastaba con despejar el lugar de inmediato sin aumentar los riesgos en los accesos. El control perimetral fue, en ese sentido, una forma de contener la expansión mientras se vigilaba la salida, no una solución instantánea para todos los problemas generados por la fiesta.

Qué queda por determinar tras la salida de los asistentes

Con la macrofiesta ya terminada, el balance policial ofrece cifras firmes sobre detenciones, actas, vehículos intervenidos y positivos en carretera. Otros aspectos siguen sujetos a revisión: la tramitación de las infracciones, el recorrido judicial de las diligencias y la evaluación del terreno. Esas fases tienen tiempos y responsables distintos, de modo que no todo queda resuelto cuando termina el operativo sobre el terreno.

Los detenidos y las diligencias fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia número 2 de Hellín. La intervención de 16 vehículos pesados y la investigación sobre la organización forman parte de las actuaciones comunicadas, pero la información disponible no detalla decisiones judiciales posteriores ni el desenlace de cada causa. El balance policial fija lo ocurrido durante la operación; no anticipa el resultado de los procedimientos.

En paralelo, las actas administrativas siguen un cauce diferente del penal. Su número refleja el volumen de infracciones registradas en materias diversas, pero no informa por sí solo de cuántas acabarán en sanción firme. Algo parecido sucede con el entorno: la descripción de un enclave protegido y la presencia de basura justifican una evaluación, aunque no permiten asignar sin inspección un daño concreto a la flora o la fauna.

La rave del Cenajo deja así dos imágenes simultáneas: una concentración capaz de reunir a miles de personas en un paraje aislado y un operativo que intentó contener sus efectos con controles, vigilancia y recursos desplegados desde varias provincias. Lo que ocurra después dependerá de investigaciones y evaluaciones todavía diferenciadas. La dimensión de una fiesta se mide también por lo que deja en las carreteras, en los caminos y en el lugar que la acogió, no solo por el número de asistentes o de detenciones.