¿Por qué el 28-O los estudiantes paran las aulas?

Huelga estudiantil del 28-O: razones, horarios y exigencias contra el acoso y el odio. Claves del caso de Sevilla y qué cambia en institutos.

La convocatoria del 28 de octubre es un paro estudiantil a escala estatal que llama a vaciar las aulas de ESO, Bachillerato y FP y a llenar las calles a mediodía con una demanda nítida: medidas reales y verificables contra el acoso escolar y la depuración de responsabilidades allí donde los protocolos fallaron. La movilización la impulsa el Sindicato de Estudiantes y se articula en torno a una consigna que ha corrido por institutos y redes: “Sandra, no te olvidamos. Basta de bullying. Basta de discursos de odio. Hay responsables.” El mensaje, contundente, nace tras la conmoción por la muerte de una menor en Sevilla y por testimonios de jóvenes que denuncian hostigamiento sostenido sin respuesta eficaz.

El plan de la jornada es simple y reconocible: huelga durante toda la mañana lectiva y manifestaciones a las 12.00 en las principales capitales provinciales, con columnas estudiantiles que confluyen en plazas y avenidas céntricas. Quién convoca y para qué queda claro: el movimiento estudiantil pide prevención temprana en los centros, más orientadores y equipos de convivencia, tiempos y recursos para que los docentes puedan actuar, canales de denuncia que funcionen y criterios de transparencia para que cada caso tenga seguimiento, evaluación y conclusiones. Sobre la mesa, un punto delicado: la responsabilidad de las administraciones cuando las alertas estuvieron, pero nadie las atendió a tiempo.

Lo que pasará el 28-O: horario, ciudades, quiénes están llamados

La huelga afecta a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El llamamiento es estatal, con la salvedad de los matices que puedan fijar comunidades o centros. El formato de la protesta replica el guion habitual del movimiento estudiantil: suspensión de asistencia por la mañana y concentraciones a las 12.00 en puntos de referencia (Puertas del Sol, plazas mayores, frentes de consejerías o delegaciones de gobierno). En algunos municipios se han preparado marchas desde los institutos con llegada coordinada al centro; en otros, la concentración será estática con lectura de manifiestos y un minuto de silencio por las víctimas.

El foco discursivo no se limita al caso de Sevilla, aunque ese sea el detonante. Los portavoces hablan de un “problema estructural” que, según ellos, se traduce en protocolos que se activan tarde, ratios de orientación insuficientes, exceso de burocracia que retrasa medidas de protección y lagunas en la coordinación con servicios sociales, fiscalía de menores y sanidad. También apuntan a un caldo de cultivo digital: ciberacoso en grupos de WhatsApp, perfiles anónimos que hostigan en cadena, difusión de contenido humillante en cuestión de minutos y la sensación de impunidad cuando las evidencias desaparecen o se mueven a cuentas efímeras.

El caso que encendió la mecha y lo que se exige a partir de ahora

La muerte de una adolescente en Sevilla, con denuncias previas de acoso en su entorno escolar, ha operado como punto de inflexión emocional en institutos de todo el país. Lo que hace unas semanas eran conversaciones dispersas sobre convivencia y respeto se ha convertido en exigencia colectiva. No es sólo duelo; es una lista de cambios concretos:

Activación temprana de protocolos. Cuando un menor o su familia alertan de hostigamiento persistente, el “mientras tanto” no puede quedar en el limbo. Se reclaman medidas inmediatas de protección: acompañamiento adulto en recreos, cambios de grupo si procede, compromisos escritos de seguimiento, citaciones rápidas a las familias implicadas y registro formal del caso con fecha y responsables asignados.

Más manos cualificadas en los centros. La radiografía que trasladan directores y equipos de orientación es conocida: falta tiempo y personal. El movimiento estudiantil pide ratios mínimas de orientadores por alumnado, unidades de convivencia con técnicos de educación social, formación especializada para tutores y jefaturas de estudio, y tiempo protegido en horario para la prevención, no sólo para la urgencia.

Rendición de cuentas. Cuando un protocolo fracasa, no basta con “se tomaron medidas”. Se solicita que quede claro qué se hizo, cuándo, qué funcionó y qué no. El objetivo es doble: aprender de cada caso y evitar la repetición. Ese aprendizaje exige transparencia (con la debida protección de datos), evaluación externa si hay indicios de negligencia y conclusiones públicas sobre mejoras adoptadas.

Entorno digital bajo control. El acoso ya no ocurre sólo en el aula o el patio. Viaja por el móvil y no conoce horarios. Se plantea cooperación formal con plataformas para conservar pruebas, protocolos internos de detección temprana de ciberacoso y educación digital con sesiones específicas sobre discursos de odio, difusión no consentida de imágenes y responsabilidades legales incluso para menores de edad.

Derecho de huelga en Secundaria: qué pueden hacer los institutos y qué corresponde a las familias

La cuestión legal aparece cada vez que hay una movilización. En la práctica, el derecho de inasistencia por motivos de huelga está reconocido para el alumnado a partir de determinados cursos de ESO y en Bachillerato, con comunicación previa al centro para garantizar la organización interna y el registro de asistencia. Los cursos inferiores suelen requerir autorización explícita de las familias. Esa es la regla operativa que aplican la mayoría de institutos. Un punto importante: no se sanciona la ausencia si se ha comunicado correctamente en el marco de la huelga. En FP, el esquema es parecido, con variaciones en función del régimen (básica, grado medio, grado superior) y la edad del alumnado.

Para directores y jefaturas de estudio, el reto es equilibrar derechos: garantizar servicios mínimos si los hubiera, abrir el centro con normalidad para quien sí asiste y evitar incidentes en entradas y salidas. Los propios convocantes suelen recomendar movilizaciones pacíficas, sin ocupación de instalaciones ni interrupción de clases para terceros, y respeto a quien no secunda la huelga. Ese pacto de convivencia es esencial para que la protesta no se convierta en una batalla interna.

En la comunicación con familias, muchos centros envían circulares que recuerdan los procedimientos: modelo de comunicación para quien no asista, horarios de salidas si hay concentración, indicaciones de tutoría y, a veces, recomendaciones de seguridad (puntos de encuentro, regreso acompañado). En esta ocasión, al sumarse un componente emocional muy fuerte, también se aconseja reforzar el acompañamiento: hablar con los menores, escuchar cómo viven la protesta y detectar si el tema reabre heridas en quienes han sufrido hostigamiento.

Qué falla en los protocolos: tiempos, coordinación y burocracia que pesa

En España existen planes de convivencia y protocolos de acoso en prácticamente todos los centros. Sobre el papel, la secuencia es clara: detección, comunicación a la dirección, apertura de expediente, medidas cautelares, investigación, intervención y seguimiento. ¿Dónde se atasca? Los testimonios de docentes, orientadores y familias sitúan los cuellos de botella en tres puntos:

El primer paso. Hay reparos a la hora de etiquetar como “acoso” lo que se considera “conflicto entre iguales”. Esa prudencia, comprensible, retrasaría medidas de protección. El reclamo es activar sin miedo el protocolo ante indicadores persistentes: aislamiento reiterado, humillaciones constantes, miedo a ir a clase, lesiones o indicios de autolesión, cambio brusco de rendimiento y ánimo.

La coordinación externa. Cuando el acoso desborda las paredes del centro o implica conductas que pueden ser delito (amenazas, coacciones, difusión de imágenes íntimas), se necesita un carril rápido con fiscalía de menores, policía y servicios sociales. En la práctica, ese carril se activa tarde o depende de personas concretas. La propuesta estudiantil habla de protocolos interinstitucionales con plazos máximos y responsables claros.

El seguimiento. No basta con cerrar un expediente. Se pide monitorizar a la víctima y al agresor, evaluar reintegraciones en el grupo, acompañar cambios de aula o centro si se producen y apoyar con recursos psicológicos cuando hay daño emocional. La ausencia de ese seguimiento deja la sensación de “se archivó y listo”, uno de los puntos que más indigna a los jóvenes.

Ciberacoso y discurso de odio: el patio ahora cabe en un móvil

La dimensión digital lo ha cambiado todo. La exposición no se limita al horario escolar. Los grupos de clase en aplicaciones de mensajería son una herramienta fantástica —comparte apuntes, organiza trabajos—, pero también un espacio donde el hostigamiento escala. Basta un meme cruel repetido, la difusión de un vídeo sin consentimiento o la etiqueta constante a un menor para convertir su día a día en una trinchera invisible. En paralelo, plataformas de vídeo corto amplifican chascarrillos que nacen en un aula y terminan viralizados en minutos. La estigmatización se dispara.

¿Qué se reclama en ese frente? Educación digital obligatoria desde los primeros cursos de Secundaria centrada en empatía online, rastro digital y consecuencias legales de conductas aparentemente “de broma”. También circuitos de preservación de pruebas (capturas, exportar chats, conservación en nube), cooperación técnica con plataformas para identificar cuentas reincidentes y mecanismos de reparación: pedir takedown rápido del material y, cuando proceda, mediaciones supervisadas que reconstruyan la convivencia.

La conexión con discursos de odio no es lateral. Jóvenes de entornos muy distintos describen mensajes xenófobos, LGTBIfóbicos o de ridiculización por discapacidad que normalizan la violencia simbólica. El movimiento estudiantil integra esa preocupación en la protesta del 28-O: no hay convivencia posible si el marco cultural que rodea al aula legitima la deshumanización del diferente. De ahí el lema doble: “Basta de bullying” y “basta de discursos de odio”.

Datos, tendencias y silencios: lo que sabemos y lo que no

Los barómetros educativos y los informes de convivencia publicados en los últimos años coinciden en dos vectores: aumenta la visibilización de los casos —más denuncias, más consultas— y se desplaza el epicentro del conflicto hacia lo digital. Los insultos reiterados, el aislamiento intencionado y la difusión de rumores siguen siendo patrones clásicos, pero el ciberacoso añade una capa de omnipresencia que rompe el refugio del hogar. Dicho de otro modo: si el móvil te persigue, el acoso no descansa.

¿Se denuncia más porque hay más acoso o porque se reconoce mejor? Ambas cosas. Familias y alumnado están más informados y usan más los canales de ayuda. A la vez, equipos directivos reportan situaciones más complejas que hace una década: grupos numerosos moviendo mensajes a la vez, capturas que desaparecen, anonimato y falsas atribuciones difíciles de desmontar. La consecuencia es clara: más horas de gestión por caso, más especialización requerida y más carga emocional para quien acompaña.

Siguen existiendo zonas de sombra. No hay un registro estatal unificado que permita comparar con precisión la evolución por comunidades, edades o tipologías. Muchos datos se ofrecen en muestras parciales o desde servicios autonómicos no homologables. Es una de las peticiones técnicas que emergen el 28-O: métricas comparables con indicadores públicos y evaluación de qué medidas funcionan —y cuáles no— en distintos contextos.

Qué piden los estudiantes: del lema a los compromisos medibles

Más allá de la emoción del momento, la huelga del 28-O se expresa en términos de política pública. Lo que la calle corea en pancartas se traduce en propuestas con letra pequeña:

Ratios y tiempos protegidos. Un orientador por un número razonable de alumnos, horas lectivas asignadas a coordinación de convivencia y sustituciones rápidas cuando la baja de un profesional deja descubierta esa pieza clave en un centro.

Unidades de convivencia con educadores sociales que no sólo apaguen incendios, sino que programen prevención: tutorías activas, trabajo con espectador —esa mayoría que ve y calla—, proyectos de aula que refuercen pertenencia y respuesta restaurativa cuando el daño ya ocurrió.

Listas de “señales rojas” compartidas. Lo han pedido orientadores y equipos directivos: criterios operativos para activar protocolo sin miedo a equivocarse cuando se encadenan humillaciones, exclusiones deliberadas o cambios de ánimo acusados en un menor. Mejor activar y rectificar que no activar y lamentar.

Puertas de entrada claras para familias y alumnado: formularios sencillos, plazos máximos para una primera entrevista, responsable identificable del caso y hoja de ruta con fechas de revisión. Si todo funciona, menos incertidumbre; si no, más trazabilidad para corregir a tiempo.

Coordinación externa con plazos. Cuando hay delito o riesgo grave, la derivación debe tener tiempos marcados a fiscalía de menores, policía o servicios sociales, con compromisos de respuesta. Las familias —y, sobre todo, los chavales— no pueden quedar a la espera indefinida.

Educación digital obligatoria con enfoque práctico: cómo guardar una prueba, cómo pedir retirada de contenido, cuándo denunciar, qué conductas son delito, qué hacer si un grupo se convierte en un arma, qué recursos psicológicos existen y cómo se activan.

Transparencia. Informes anuales de convivencia por centro y por comunidad, indicadores públicos y evaluación independiente en casos graves con recomendaciones vinculantes. Se busca aprender del error y replicar lo que funciona.

El papel de los docentes: autoridad, respaldo y cuidado emocional

En toda conversación honesta sobre acoso emerge la realidad de los equipos docentes. Tutores y orientadores tienen la primera línea de escucha, contención y resolución. La huelga del 28-O no apunta al profesorado como “culpable”; le pide respaldo. Autoridad pedagógica con apoyo, formación específica en convivencia y tiempos —esa palabra vuelve— para mirar a los ojos a un alumno que deja de participar, que evita el recreo, que finge dolores de barriga cada lunes.

El cuidado emocional de quienes cuidan no es accesorio. La fatiga de compasión existe. Gestionar conflictos crudos, hablar con familias desbordadas, sostener la culpa —sí, también aparece— de quien acosó y ahora llora… todo eso cansa. Los centros necesitan espacios y protocolos para sostener a su gente. Un equipo agotado ve menos y reacciona peor.

Qué pueden activar ya los centros: atajos que no requieren una ley nueva

Mientras la política encuentra consensos, hay margen de maniobra en cada instituto. Tutorías con guion sobre testigos (qué hacer cuando ves humillación sostenida), mapas de patio para identificar zonas ciegas, patrullas de recreo de docentes atentos, puntos seguros donde un menor pueda refugiarse sin estigmas si algo va mal, buzones de ayuda —físicos y digitales— con compromisos de respuesta en 24/48 horas. Simulacros de activación de protocolo con roles asignados. Convenios con recursos de salud mental comunitaria. Charlas con policía tutor o fiscalía de menores sobre riesgos penales del ciberacoso. Ensayos de reparación cuando el daño ya ocurrió, guiados por profesionales.

Funciona, además, un mecanismo sencillo: mirar la asistencia fina. No sólo el “falta/no falta”. Tardanzas recurrentes, patrones de ausencias en días concretos, solicitudes de ir a enfermería a las mismas horas… A veces el acoso se delata en esos detalles. Con tableros de seguimiento y reuniones breves de ciclo, muchos equipos llegan antes.

Recursos y circuitos de ayuda: de la llamada discreta a la denuncia formal

La red de recursos es más amplia de lo que suele creerse. El teléfono 024 funciona como línea de atención en situaciones de conducta suicida o malestar emocional intenso y puede orientar derivaciones. El 017 (INCIBE) ofrece apoyo ante ciberacoso y violencias digitales, con guías claras para preservar pruebas y solicitar retiros de contenido. En el sistema educativo, inspección y servicios de orientación territoriales atienden consultas y quejas formales cuando un centro no responde o la respuesta no convence. Cuando hay violencia grave o delito, el canal es policial o fiscal. Estos circuitos existen; el 28-O reclama que se conozcan, se coordinen y funcionen a la velocidad que un menor necesita.

Una advertencia que comparten expertos: no trivializar el paso a la denuncia formal. Ayuda que los adultos —familia y escuela— acompañen sin delegar en el menor la carga de probar lo que ocurre. Reunir evidencias con calma, escribir un relato cronológico, guardar pantallazos y anotar fechas son pequeñas tareas que ordenan el proceso y protegen a quien sufre.

Cómo se preparan las ciudades: seguridad, permisos y el pulso en la calle

Las delegaciones de gobierno y los ayuntamientos han coordinado con las organizaciones convocantes recorridos y puntos de encuentro. Los dispositivos policiales se dimensionan para regular el tráfico, proteger cruces críticos y evitar solapamientos con otros actos. En los campus y las zonas de institutos, la máxima es que la jornada transcurra sin incidentes. Los comercios de áreas céntricas suelen mantener actividad con normalidad y reportan, en experiencias anteriores, picos de paso a la hora de las concentraciones y vuelta a la calma una hora después.

El clima de la marcha es, por lo general, festivo y combativo a la vez. Pancartas hechas a rotulador, lemas coreados y silencios que cortan el aire cuando se recuerdan nombres propios. El acto simbólico más repetido será el minuto de silencio por las víctimas. Después, la lectura de un manifiesto con el decálogo de exigencias y la apertura a testimonios breves. Es probable que familias y docentes se sumen como columna de apoyo en varias ciudades. También que organizaciones estudiantiles de ámbito universitario brinden cobertura aunque su calendario sea distinto.

Qué puede cambiar después: indicadores para medir si el 28-O no se diluye

Toda huelga corre el riesgo de apagarse tras el eco de los cánticos. Para evitarlo, el movimiento estudiantil propone tres indicadores que, si se cumplen en los próximos meses, mostrarán que algo se movió:

Más recursos humanos asignados a convivencia y orientación con fechas de incorporación y ratios visibles por centro. No vale con anuncios; contarán las plazas efectivas en los equipos.

Protocolos interinstitucionales con plazos y teléfonos de referencia para derivaciones a fiscalía, policía y servicios sociales. Documentos firmados, nombres y correos. Si hay urgencia, debe existir una puerta que se abra siempre.

Transparencia: publicación de informes de convivencia con indicadores homologables por comunidad autónoma, una metodología clara y recomendaciones derivadas de los casos más graves. Sin datos comparables, todo es relato.

Entre líneas, el 28-O también deja otra meta: bajar el umbral del silencio. Que testigos intervengan antes, que los compañeros dejen de reír la gracia que humilla, que organizar el grupo para aislar a alguien deje de ser aceptable. Eso no se decreta, pero se trabaja. Día a día.

Después del 28-O, compromisos medibles o nada

La huelga del 28 de octubre no es una fecha aislada en el calendario estudiantil. Concentra una energía social que rara vez atraviesa con tanta intensidad la vida de los institutos. El lema —memoria por Sandra, rechazo al bullying, denuncia de los discursos de odio y exigencia de responsabilidades— interpela a la política, a la administración educativa, a las direcciones de los centros, a las plataformas tecnológicas y, sí, también a la cultura adolescente que a veces normaliza la humillación. Si el día siguiente se traduce sólo en palabras de apoyo, la marea bajará y todo seguirá igual. Si se convierte en decisiones con plazos, recursos y evaluación pública, el 28-O habrá sido un punto de inflexión real.

El camino está trazado en las exigencias que hoy suenan en megáfonos y altavoces. Más personal para la convivencia, protocolos que corren al ritmo que exige la urgencia, puertas de entrada claras para denunciar, cooperación técnica contra el ciberacoso, formación que hable sin tapujos de odio, transparencia para aprender de cada error. Nada de esto es ciencia ficción. Requiere voluntad política, gestión y una premisa simple: cada semana cuenta cuando hay un menor que teme ir a clase. Tal vez por eso, hoy, los estudiantes paran las aulas. Para que nadie vuelva a quedarse solo en el pasillo. Para que ese minuto de silencio encuentre, de una vez, respuestas a la altura.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Sindicato de Estudiantes, EL PAÍS, Ministerio de Sanidad, INCIBE, Junta de Andalucía.