¿117 capellanes en hospitales andaluces mientras crecen las esperas?

Andalucía (la comunidad que menos gasta en sanidad), contará con 117 capellanes vinculados a la asistencia religiosa católica en hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud. No es una broma de sobremesa ni una pieza perdida de El Mundo Today. Es un convenio real, firmado por el SAS con las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, con cuatro años de vigencia, para garantizar atención pastoral a pacientes, familiares, allegados y personal de los centros que la soliciten. El acuerdo prevé 83 capellanes a jornada completa y 34 a tiempo parcial, repartidos según el número de camas de cada hospital.

La noticia ha prendido porque cae sobre una sanidad pública andaluza con las costuras a la vista: Andalucía arrastra una de las esperas sanitarias más altas del país, con decenas de miles de pacientes pendientes de una operación y demoras especialmente duras en consultas externas, pruebas diagnósticas y quirófanos. Ahí está el choque: el derecho a la asistencia religiosa existe y tiene cobertura legal; la pregunta política, incómoda como una silla de sala de espera, es si este era el mensaje más sensato en una comunidad donde demasiada gente aguarda diagnóstico, especialista o quirófano.

La noticia: 117 capellanes, cuatro años y hospitales públicos

El convenio fue presentado por la Junta como una garantía del ejercicio del derecho a recibir asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del SAS. La firma corrió a cargo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, junto a los representantes de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada. En la letra del acuerdo aparece una idea repetida: la atención se presta a quienes la pidan de forma libre. Esa precisión importa, porque no se trata, formalmente, de imponer curas por los pasillos como quien reparte volantes en la puerta del metro.

El servicio incluye visitas a enfermos y acompañantes durante el proceso de enfermedad, asesoramiento religioso y moral, actos de culto y administración de sacramentos. También se establece que los capellanes tendrán acceso libre y sin limitación horaria a los centros hospitalarios, que los obispos designarán a las personas idóneas para prestar el servicio y que los hospitales deberán ceder espacios adecuados para la oración, la celebración litúrgica, la recepción de visitas y la guarda de material religioso.

Dicho así, en lenguaje administrativo, todo parece limpio, acolchado, casi inofensivo. Pero la política rara vez vive en el papel timbrado. Vive en el contraste. Y el contraste aquí es de neón: mientras miles de andaluces miran el móvil esperando una cita, la noticia que salta al escaparate público habla de capellanes en hospitales. No de radiólogos. No de médicos de familia. No de enfermeras. No de técnicos. Capellanes. El dato atraviesa la conversación porque mezcla tres materiales inflamables: salud, dinero público y religión.

El derecho religioso existe; la prioridad se discute

Conviene no hacer trampa. La asistencia religiosa en hospitales públicos no nace de un capricho local de la Junta ni de una ocurrencia aislada. España reconoce en su marco jurídico el derecho de las personas internadas en hospitales, sanatorios y centros similares a recibir asistencia religiosa. Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 ya recogían esa garantía, y la normativa posterior sobre centros hospitalarios públicos desarrolló la asistencia católica con respeto a la libertad religiosa y de conciencia.

España, además, no es un Estado confesional. La Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero también ordena a los poderes públicos tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Ahí vive una ambigüedad muy española: ni altar oficial ni laicismo francés de cuchillo limpio. Más bien una zona gris, heredada, pactada, reformada a medias, donde el crucifijo sale por una puerta y vuelve por la ventanilla administrativa.

La cuestión, por tanto, no es si un paciente creyente puede pedir un sacerdote cuando atraviesa una operación, una agonía o una noche de miedo. Puede. Y para muchas personas ese acompañamiento no es decorativo: es alivio, rito, consuelo, una mano simbólica cuando el cuerpo se vuelve territorio ajeno. La cuestión es otra, bastante más terrenal: quién paga, cuánto cuesta, con qué transparencia y por qué se comunica ahora como una medida sanitaria relevante en un sistema tensionado.

La comunicación oficial detalla número de capellanes, distribución por jornada, acceso a hospitales, funciones pastorales y duración del convenio, pero no expone con la misma claridad el coste económico del acuerdo. Ese hueco es gasolina política. Por Andalucía, a través de la parlamentaria electa Rosa Rodríguez, ha criticado el convenio por considerarlo una prioridad equivocada mientras persisten los problemas de personal sanitario y ha reclamado explicaciones sobre su coste para las arcas públicas.

El dato que incendia la sala: listas de espera

La indignación no se entiende sin mirar el fondo blanco de la sala: las listas de espera. Andalucía aparece en los últimos registros sanitarios con una demora media quirúrgica muy superior a la media nacional y con miles de pacientes esperando más de seis meses para una intervención. No es una diferencia cosmética. Son meses de dolor, baja laboral, ansiedad, deterioro, familiares haciendo malabares y enfermedades que no entienden de calendarios administrativos.

En consultas externas, Andalucía también acumula demoras relevantes para primeras citas con especialistas. En algunas áreas, como dermatología, neurología o traumatología, la espera se vuelve especialmente áspera. No son números para decorar una rueda de prensa. Son meses de vida detenida. Son ese zumbido gris que se instala en casa cuando alguien dice: “todavía no me han llamado”.

Por eso la palabra capellán ha funcionado como chispa. No porque un cura en un hospital sea necesariamente un escándalo democrático, sino porque la secuencia pública parece escrita por un guionista con mala leche: falta personal, las listas pesan, la atención primaria cruje, las pruebas se demoran, y el titular institucional que circula es que la sanidad pública garantiza 117 capellanes. Uno puede defender la libertad religiosa y, al mismo tiempo, preguntarse si la política sanitaria andaluza ha perdido el oído. Las dos cosas caben en la misma cabeza.

Hay un punto de sarcasmo inevitable, pero el problema es serio. Los hospitales no son solo máquinas clínicas. También son lugares de miedo, silencio, olor a desinfectante, café quemado de madrugada y familiares que aprenden palabras que nunca quisieron aprender. La dimensión espiritual puede existir. La atención psicológica también. La compañía social también. La cuestión es que un sistema público no puede ordenar sus prioridades como si todos los dolores pesaran igual en el presupuesto. Un paciente esperando una colonoscopia no necesita una homilía sobre la paciencia. Necesita una cita.

Qué dice exactamente el convenio y qué no dice

El convenio establece que en cada centro hospitalario del SAS habrá un servicio u organización para prestar asistencia religiosa católica. Los capellanes serán designados por el obispo de cada diócesis y podrán atender de forma prioritaria a los pacientes que lo soliciten; si la persona no puede hacerlo por incapacidad, podrá pedirlo un familiar, allegado o representante legal, tras consultar su declaración de voluntad vital anticipada. Este detalle es delicado, porque toca el terreno de la autonomía personal al final de la vida. Y ahí no cabe brocha gorda.

También se crea una comisión paritaria de participación y seguimiento para vigilar la ejecución del convenio. La palabra “paritaria” aquí significa que habrá representación de las partes implicadas, no una auditoría ciudadana abierta. El acuerdo se firma con las provincias eclesiásticas andaluzas, que agrupan archidiócesis y diócesis de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Asidonia-Jerez, Granada, Almería, Jaén, Málaga y Guadix. El mapa religioso encaja así con el mapa hospitalario. Una vieja arquitectura que sigue en pie, aunque la sociedad que pasa por debajo ya no sea exactamente la de 1979.

Lo que no aparece con suficiente detalle es igual de importante que lo que sí aparece. No se detalla el coste total del dispositivo, ni el régimen económico concreto, ni la comparación con otros servicios de acompañamiento emocional, psicológico o espiritual no confesional. Tampoco se explica si hay demanda acreditada suficiente para justificar esa dotación de 117 personas, ni cuántas solicitudes de asistencia religiosa se han registrado en los hospitales andaluces en los últimos años. Sin esos datos, el debate queda cojo. Y cuando el debate queda cojo, cada bando le pone la muleta que más le conviene.

La Junta puede alegar que cumple la ley y garantiza derechos. Sus críticos pueden responder que cumplir derechos no exime de rendir cuentas sobre recursos públicos. Ambas frases son ciertas. La democracia adulta empieza justo ahí, cuando dos verdades se sientan en la misma mesa y dejan de fingir que la otra no existe.

La religión en el hospital: consuelo privado, estructura pública

Hay que separar el consuelo de la estructura. Que una persona enferma quiera rezar, confesarse, recibir la unción o hablar con un sacerdote es un asunto íntimo y respetable. El hospital, por duro que suene, es uno de los últimos lugares donde la modernidad pierde arrogancia. Allí el cuerpo manda. Allí el ateo duda, el creyente se agarra, el familiar promete cosas imposibles y el médico mira el reloj porque tiene otros veinte pacientes esperando. La asistencia espiritual no es un lujo absurdo para quien la necesita.

Otra cosa es convertir esa necesidad en un servicio organizado con personal designado por autoridades religiosas, acceso libre a centros públicos y espacios específicos dentro de hospitales financiados por todos. Esa es la parte institucional. Y ahí la sensibilidad cambia. En una sociedad plural, con creyentes católicos, musulmanes, evangélicos, judíos, agnósticos, ateos y gente que sencillamente no quiere etiquetas, la presencia de una confesión concreta en el engranaje público exige precisión quirúrgica. Nunca mejor dicho.

La defensa más razonable del convenio diría que se atiende una demanda real de pacientes vulnerables y que la libertad religiosa no se suspende al cruzar la puerta de urgencias. La crítica más razonable diría que la cooperación con una confesión no puede parecer privilegio, que los recursos deben explicarse con luz completa y que el sistema sanitario andaluz tiene incendios más urgentes que atender. Entre ambas posiciones hay espacio para una política más fina. Pero ya se sabe: la política fina vende poco, grita menos y rara vez gana el corte de vídeo.

El error político: comunicar religión como refuerzo sanitario

El problema no está solo en el convenio. Está en el envoltorio. Presentar la medida dentro del universo de la sanidad pública, en plena tensión asistencial, suena a provocación involuntaria. O voluntaria, vaya usted a saber. Las administraciones no solo hacen cosas; también emiten señales. Y esta señal ha llegado a muchos ciudadanos como un chasquido: mientras usted espera, nosotros organizamos la asistencia religiosa.

La Junta seguramente no lo diría así. Diría que garantiza un derecho, que respeta la libertad religiosa, que atiende a pacientes y familias, que el convenio dura cuatro años y que el servicio se presta a solicitud. Todo eso puede ser cierto. Pero la verdad administrativa no siempre coincide con la verdad social. En la calle, la noticia se traduce de otra manera: 117 capellanes frente a médicos saturados, centros de salud llenos, especialistas demorados y quirófanos que avanzan con lentitud de procesión. La metáfora se escribe sola. Demasiado sola.

La oposición ha visto el hueco y ha entrado. Por Andalucía acusa al Gobierno andaluz de destinar recursos públicos a sacerdotes mientras faltan sanitarios y crecen las listas de espera. Es una crítica previsible, sí, pero no por previsible deja de tocar una fibra real. El debate sobre la sanidad pública en Andalucía lleva años contaminado por acusaciones cruzadas: herencias recibidas, planes de choque, conciertos privados, falta de profesionales, gestión de agendas, demoras diagnósticas. Sobre ese suelo embarrado, cualquier noticia que huela a prioridad simbólica cae como una piedra.

Y la Iglesia, por su parte, tampoco debería sentirse cómoda convertida en arma arrojadiza de la bronca sanitaria. Una cosa es acompañar a un paciente que lo pide. Otra, aparecer en el imaginario público como beneficiaria de una decisión administrativa mal explicada. Para una institución que conoce bien los símbolos, el símbolo aquí es peligroso: el sacerdote entrando sin horario en el hospital mientras el ciudadano no consigue entrar en la consulta.

Lo que debería aclararse cuanto antes

El debate necesita menos incienso y más datos. El primero, evidente, es el coste anual del convenio y su desglose: retribuciones, jornadas completas, parciales, cotizaciones, espacios, mantenimiento, materiales y cualquier otro gasto asociado. Sin esa cifra, la discusión se llena de espuma. El segundo es la demanda real: cuántas asistencias religiosas se solicitan, en qué hospitales, con qué frecuencia y por qué número de pacientes. El tercero es la comparación con otros apoyos esenciales: psicología clínica, trabajo social, cuidados paliativos, mediación intercultural, acompañamiento al duelo.

También sería razonable explicar cómo se garantiza la igualdad de trato con otras confesiones y con quienes no profesan ninguna. Un hospital público no debe ser hostil a la religión, pero tampoco puede transmitir que una tradición concreta tiene llave maestra. La neutralidad institucional no consiste en borrar las creencias, sino en impedir que una creencia parezca incorporada al mobiliario del Estado.

Hay otra pregunta, más áspera, que no se resuelve con una nota de prensa: por qué el sistema sanitario comunica con tanta facilidad aquello que organiza alrededor de la institución y con tanta dificultad aquello que afecta al paciente concreto. La persona que espera una prótesis, una consulta de neurología o una revisión digestiva no necesita grandes discursos sobre derechos abstractos. Necesita saber cuándo le toca. Y necesita que ese cuándo no suene a estación lejana.

Entre el consuelo y la cola

La noticia de los 117 capellanes no debe leerse como una caricatura simple de curas contra médicos. Sería demasiado fácil, y las cosas fáciles suelen envejecer mal. El derecho a la asistencia religiosa existe, la enfermedad abre grietas que no siempre tapa la farmacología y muchos pacientes agradecen una presencia espiritual cuando el hospital se vuelve noche cerrada. Negar eso sería una forma de soberbia laica, tan torpe como cualquier dogma.

Pero tampoco puede despacharse el malestar ciudadano como anticlericalismo de reflejo. Hay una razón poderosa para la incomodidad: la sanidad pública andaluza arrastra demoras altas y una sensación de saturación que no se arregla con lenguaje de convenio. En ese contexto, anunciar 117 capellanes sin acompañar la medida de una explicación económica y asistencial robusta es políticamente imprudente. Como mínimo.

Andalucía no necesita elegir entre respetar la fe de quien la tiene y exigir una sanidad pública que funcione. Necesita, más bien, que sus gobernantes distingan entre consuelo y prioridad, entre derecho y propaganda, entre acompañar al enfermo y tapar con solemnidad lo que sigue sin resolverse. Porque en un hospital puede haber capilla, claro. Lo que no puede faltar es médico, diagnóstico, quirófano y tiempo. Sobre todo tiempo. Ese bien humilde, invisible, que para quien espera una llamada del SAS vale más que todos los cirios encendidos.