¿Por qué Zapatero quiere frenar a Calama por sus negocios en Bolivia?

José Luis Rodríguez Zapatero ha llevado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su batalla contra una parte de la investigación que dirige el juez José Luis Calama. El expresidente del Gobierno pretende que quede fuera del caso Plus Ultra el informe de la UDEF que analiza sus actividades profesionales en Bolivia y que atribuye a esas gestiones un posible tráfico de influencias. Su defensa sostiene que la Policía ha rebasado los límites de la causa y denuncia una investigación demasiado abierta, una suerte de “patente de corso” para revisar su vida económica y profesional.

El movimiento no significa que Calama haya abierto una causa nueva contra Zapatero por Bolivia. Es más preciso decir que la discusión gira alrededor de hasta dónde puede llegar la investigación ya existente. La UDEF vincula un pago de 200.000 euros con gestiones realizadas por el expresidente en beneficio del Grupo Gloria, mientras su abogado niega que esos hechos formen parte legítimamente del perímetro del caso Plus Ultra. Ese choque jurídico —qué puede examinar la Policía con el material incautado y qué queda fuera— es el corazón del recurso.

El recurso que pone el foco sobre los límites de Calama

La defensa de Zapatero, ejercida por el abogado Víctor Moreno Catena, pide a la Sala de lo Penal que expulse del procedimiento el informe de la UDEF sobre Bolivia. No se trata, por tanto, de solicitar únicamente que se interprete de otra manera ese documento: pretende que esa línea de investigación quede apartada del expediente.

El argumento es bastante concreto. La causa nació alrededor del rescate público de Plus Ultra, de 53 millones de euros, y las sospechas sobre una posible red de influencias relacionada con aquella operación. Para el equipo jurídico del expresidente, encontrar entre la documentación intervenida referencias a otras actividades profesionales no permite convertirlas automáticamente en nuevas líneas policiales.

La defensa invoca el principio de especialidad previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sostiene que una investigación judicial no puede utilizarse como una red de arrastre: se entra buscando unos hechos determinados y, según esa tesis, no vale aprovechar todo lo encontrado para rastrear cualquier posible delito sin una delimitación previa. Dicho de manera menos jurídica, una cosa es seguir una pista y otra, abrir todos los cajones de la casa porque ya se tiene la llave.

Calama había rechazado anteriormente las objeciones de la defensa. Su posición es que los datos relativos a Bolivia aparecieron al analizar material ya incorporado legalmente al procedimiento, entre él documentación vinculada con la empresa que efectuó los pagos investigados. El nuevo recurso desplaza ahora esa discusión a la Sala de lo Penal.

Bolivia: 200.000 euros y una intervención bajo sospecha

La pieza más delicada es un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que atribuye a Zapatero una intermediación ante autoridades bolivianas en beneficio de Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano con intereses en ese país.

Según la tesis policial, las gestiones estaban relacionadas con Soboce, Sociedad Boliviana de Cemento, empresa vinculada al grupo. La compañía afrontaba las consecuencias de un litigio por competencia desleal que suponía alrededor de 107 millones de dólares. Los investigadores sitúan a Zapatero realizando contactos con responsables políticos bolivianos de primer nivel y sostienen que posteriormente recibió unos 200.000 euros a través de Focus Social Research SAC.

Aquí conviene colocar cada palabra en su sitio. Se trata de la hipótesis de la UDEF, no de unos hechos declarados probados por sentencia. La Policía interpreta que contratos aparentemente destinados a servicios de asesoramiento habrían servido para encubrir la remuneración de una intermediación. La defensa rechaza precisamente que esa actividad pueda investigarse de esta forma dentro del procedimiento abierto por Plus Ultra.

Qué sostiene la UDEF sobre las gestiones de Zapatero

Los investigadores relacionan las gestiones con contactos mantenidos durante 2024 y posteriormente con responsables del Gobierno boliviano, entre ellos el entonces presidente Luis Arce y miembros de su Ejecutivo. El informe considera que Zapatero habría utilizado su capacidad de interlocución política en favor de los intereses empresariales de Soboce y que Focus Social Research habría funcionado como vehículo para canalizar la remuneración.

La defensa ofrece la lectura opuesta. Considera que esos ingresos proceden de actividades profesionales ajenas a Plus Ultra y sostiene que no existían previamente indicios suficientes para investigar esa relación comercial. Precisamente ahí se abre la grieta: para una parte, el material encontrado justifica seguir la pista; para la otra, seguirla supone comenzar una investigación prospectiva, es decir, buscar posibles delitos sin partir de unos hechos delictivos suficientemente delimitados.

La defensa habla de una investigación demasiado amplia

El recurso adquiere especial importancia porque no discute solo los 200.000 euros. Discute el método. Durante las pesquisas se intervino abundante documentación y se analizaron comunicaciones, información fiscal y movimientos financieros. En julio, Calama autorizó a la UDEF a obtener información bancaria relacionada con 57 productos financieros, entre ellos cuentas de Zapatero, de sus hijas, de su secretaria y de diversas sociedades relacionadas con la investigación.

En el caso concreto del expresidente, los investigadores habían detectado 174 transferencias por aproximadamente 2,6 millones de euros correspondientes a varios años de actividad profesional. La Policía examinó esos movimientos para determinar su procedencia y distinguir operaciones ordinarias de aquellas que pudieran tener relación con los hechos investigados. Entre ellas aparecen los 200.000 euros vinculados a Focus Social Research, que son precisamente los que desembocaron en la pista boliviana.

Para la defensa, examinar todo ese universo financiero sin una conexión suficientemente concreta con Plus Ultra invade un terreno protegido. Para los investigadores y para el instructor, en cambio, parte de esos datos puede resultar necesaria para reconstruir unos flujos económicos complejos que no aparecen etiquetados amablemente como prueba del delito. Así suelen ser las investigaciones financieras: muchas columnas, transferencias aparentemente anodinas y, de vez en cuando, una operación que cambia el paisaje.

La llamada intimidad económica entra en juego

El recurso incorpora otra cuestión especialmente sensible: el derecho a la intimidad económica. Moreno Catena sostiene que la UDEF utilizó información bancaria que, en el momento en que elaboró su informe sobre Bolivia, excedía la autorización judicial existente.

La defensa afirma que el acceso y análisis de esa información permitió reconstruir prácticamente toda la actividad financiera del expresidente durante varios años y teme que ese material sirva para abrir sucesivamente nuevas investigaciones. Su pretensión es que la Sala marque una frontera: lo relacionado con Plus Ultra, dentro; las actividades profesionales sin vínculo acreditado con aquella operación, fuera.

La cuestión jurídica dista de ser ornamental. Los tribunales deberán determinar si la pista boliviana deriva legítimamente de evidencias obtenidas dentro de la causa o si, como sostiene Zapatero, se produjo un salto desde la investigación de unos hechos concretos hacia un barrido patrimonial indiscriminado.

Plus Ultra sigue siendo el origen del procedimiento

Todo vuelve, de una manera u otra, al rescate concedido a Plus Ultra en 2021. La aerolínea recibió 53 millones de euros de financiación pública, y la investigación dirigida por Calama trata de esclarecer si alrededor de aquella operación existieron pagos e intermediaciones ilícitas.

Zapatero figura como investigado en la causa y ha negado haber influido irregularmente para conseguir el rescate. En junio declaró ante Calama y rechazó haber cobrado comisiones por la operación. El procedimiento, sin embargo, ha ganado intensidad durante las últimas semanas después de las declaraciones de antiguos responsables de Plus Ultra.

El expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han declarado sobre un acuerdo para pagar una comisión del 1% asociada a las gestiones para lograr la ayuda estatal. Sus testimonios apuntan hacia Julio Martínez Martínez, empresario próximo a Zapatero y responsable de Análisis Relevante. Ahora bien, esas declaraciones no resuelven por sí mismas la cuestión fundamental: qué actuaciones concretas realizó el expresidente, ante quién y con qué finalidad. Esa parte continúa sometida a investigación.

Ese matiz importa. Mucho. Una investigación penal no convierte automáticamente las hipótesis policiales ni las declaraciones de otros investigados en hechos probados. Zapatero mantiene su presunción de inocencia, mientras Calama continúa reuniendo documentación y testimonios para determinar qué ocurrió alrededor del rescate y de los movimientos económicos asociados a su entorno.

Una batalla por el perímetro de la causa

El último recurso de Zapatero abre así un frente que va bastante más allá de Bolivia. La Sala de lo Penal tendrá que valorar si José Luis Calama permitió legítimamente seguir una pista que apareció dentro de una investigación en marcha o si la UDEF terminó recorriendo territorios que exigían una justificación judicial más específica.

Para el expresidente, la frontera está clara: Plus Ultra no puede convertirse en una autorización para investigar toda su trayectoria profesional. Para la investigación, lo relevante es determinar si negocios aparentemente distintos forman parte de una misma red de relaciones, pagos e influencias. Son dos maneras radicalmente diferentes de dibujar el mapa.

Y Bolivia queda justo en esa línea fronteriza. Los 200.000 euros, Focus Social Research y Grupo Gloria, las gestiones atribuidas a Zapatero y sus contactos con autoridades bolivianas seguirán bajo discusión mientras la Sala decide si pertenecen jurídicamente al caso que instruye José Luis Calama o si, como reclama el expresidente, deben salir de él. No es una cuestión menor: de esa decisión depende hasta dónde puede ensancharse una de las investigaciones políticas y judiciales más delicadas del momento.