¿Qué dijo Susana Díaz sobre la gestión y los avisos previos en Ceuta?

Susana Díaz ha marcado distancias con el discurso oficial del PSOE sobre la crisis de Ceuta. La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora socialista sostiene que el Gobierno llegó tarde y que existieron avisos previos sobre el riesgo de entradas irregulares, una tesis que enlaza directamente con lo que había defendido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La dirigente socialista fue bastante clara durante su intervención en laSexta Xplica: considera “evidente” que la reacción del Ejecutivo no llegó a tiempo y reclama autocrítica dentro del PSOE. Eso sí, Díaz separa esa crítica de las acusaciones más graves lanzadas desde la oposición. Una cosa, viene a decir, es admitir errores de gestión; otra muy distinta sostener que hubo una actuación deliberada o dolosa por parte del Gobierno.

Susana Díaz se aparta de la versión defendida por el PSOE

Las palabras de Díaz tienen especial peso porque chocan con la posición expresada por otros dirigentes socialistas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, había defendido que el Gobierno no estuvo desaparecido ni reaccionó tarde, poniendo el acento en que las autoridades no conocían de antemano la extraordinaria magnitud que acabaría alcanzando la entrada de personas.

Díaz no entra en una guerra interna abierta, pero tampoco corrige una coma de su diagnóstico. Ante esa diferencia respondió que la opinión de López era tan respetable como la suya. El matiz político es importante: una figura histórica del socialismo andaluz admite públicamente errores mientras la dirección intenta defender la actuación del Ejecutivo.

Su argumento es sencillo. El Gobierno debía haber actuado “desde el minuto uno” y, a su juicio, no lo hizo. Esa demora habría contribuido después a agravar una situación que en Ceuta se ha convertido no solo en un desafío migratorio y de seguridad, sino también en una tormenta política sobre quién sabía qué y cuándo lo supo.

Los documentos del CNI dan contexto a las palabras de Díaz

Aquí está el punto más delicado. Los 40 documentos y comunicaciones desclasificados por el Gobierno han permitido reconstruir con bastante más detalle las horas anteriores a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

El CNI comunicó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil su preocupación por varias convocatorias que circulaban en redes sociales para intentar entrar en Ceuta al día siguiente. En esas comunicaciones aparecía la posibilidad de un “asalto” por mar y tierra y se señalaba que los grupos implicados en la difusión reunían alrededor de 180.000 seguidores.

Apenas un minuto después de uno de esos mensajes consta también una comunicación con la Guardia Civil sobre intentos de entrada a nado y saltos de la valla. El contexto era especialmente sensible porque las convocatorias coincidían con la Fiesta del Trono de Marruecos, circunstancia que podía afectar al despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Hubo avisos, pero no una previsión de lo que acabaría ocurriendo

Ese detalle explica buena parte de la disputa política. Que existiera información previa no significa necesariamente que los servicios de inteligencia hubiesen anticipado una entrada de más de 70.000 personas de las dimensiones finalmente registradas.

El propio CNI ha sostenido que no previó la magnitud ni la naturaleza excepcional de los acontecimientos. La Moncloa, por su parte, insiste en una distinción casi quirúrgica: hubo comunicaciones sobre convocatorias y presión migratoria, pero no una alerta formal que pronosticara una entrada masiva de semejante tamaño.

Ahí está el nudo. No tanto en decidir si alguien vio venir exactamente lo sucedido —los documentos no demuestran eso— como en determinar si las señales conocidas eran suficientemente serias para justificar más prevención y más medios antes del 30 de julio.

Y en ese terreno Susana Díaz sí toma posición.

Robles y Marlaska ya habían mostrado versiones diferentes

La controversia venía de antes. Margarita Robles afirmó que el CNI había advertido a la Delegación del Gobierno en Ceuta un día antes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo después que no existía ningún informe que alertara de una entrada como la que terminó produciéndose.

Las dos afirmaciones no son exactamente incompatibles, aunque políticamente sonaban como dos puertas cerrándose a distinto tiempo. Los documentos posteriores muestran que sí hubo comunicaciones del CNI, incluidas conversaciones por WhatsApp y teléfono, pero sigue en discusión qué categoría tenían, qué responsables conocieron su contenido y qué capacidad real ofrecían para anticipar el volumen del episodio.

Robles ha insistido posteriormente en que la magnitud de determinados escenarios puede ser imprevisible y que cada organismo realizó su trabajo. Interior mantiene igualmente que no recibió una advertencia que permitiera prever algo comparable a lo sucedido. La discrepancia semántica —“información”, “aviso”, “alerta”, “informe”— puede parecer burocracia con corbata, pero aquí importa: determina qué responsabilidad política puede atribuirse a cada nivel de la Administración.

La dimisión que volvió a encender la polémica

La discusión ganó todavía más cuerpo con la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Sanz aseguró que había trasladado al delegado la información recibida del CNI el mismo 29 de julio.

La Delegación del Gobierno sostiene, en cambio, que su máximo responsable no tuvo conocimiento previo de aquel mensaje y recalca que el CNI no hizo una estimación del número de personas que podían movilizarse ni determinó la probabilidad de que las convocatorias llegaran realmente a materializarse.

No es un detalle menor. La discusión deja de ser abstracta y entra en la cadena concreta de transmisión de información: quién recibió el aviso, a quién se lo comunicó y qué decisiones se tomaron después.

Díaz critica al Gobierno, pero también carga contra PP y Vox

La intervención de Susana Díaz no puede leerse como una adhesión al relato de la oposición. Precisamente ahí está lo más singular de sus palabras.

La senadora considera necesaria la autocrítica del Gobierno, pero rechaza de manera frontal que pueda hablarse de una actuación dolosa. Frente a las acusaciones del PP, especialmente las formuladas por Miguel Tellado, Díaz cree que se está cruzando una frontera política peligrosa y acusa a los populares de dejarse arrastrar por el discurso de Vox.

Para la expresidenta andaluza, reconocer errores del Ejecutivo no convierte automáticamente esos errores en una conducta intencionada. Es una diferencia bastante elemental, aunque el ruido político español tenga cierta habilidad para convertir los matices en una especie en peligro de extinción.

Díaz también reclama otra actitud al principal partido de la oposición. Considera que, ante una crisis de estas características, quien aspira a gobernar España debería haberse puesto a disposición del Ejecutivo, mientras advierte de que la situación social en Ceuta continúa siendo extremadamente delicada.

Una crítica interna que llega en un momento delicado para el Gobierno

Susana Díaz no habla desde fuera del PSOE. Es una de las figuras más reconocibles del socialismo español de la última década, fue presidenta de Andalucía entre 2013 y 2019 y mantiene actualmente su escaño en el Senado como parlamentaria socialista por designación autonómica. Ese currículum convierte su crítica en algo bastante más incómodo que el reproche habitual de la oposición.

Tampoco supone necesariamente una rebelión contra Pedro Sánchez. Díaz hace algo más matizado: acepta una parte de las críticas a la gestión, reclama que su partido reconozca los errores y, al mismo tiempo, rechaza convertir esos fallos en acusaciones de deslealtad o actuación deliberada contra los intereses de España.

Es una posición incómoda precisamente porque no cabe bien en las trincheras. Y los documentos conocidos durante los últimos días dificultan todavía más una respuesta simple: hubo advertencias sobre movimientos y convocatorias, pero no una previsión precisa de la dimensión que alcanzaría la crisis. Hubo información circulando, aunque sigue bajo discusión hasta dónde ascendió por la cadena de mando.

Ceuta deja abierto el debate más incómodo

Las palabras de Susana Díaz colocan el foco donde probablemente permanecerá durante algún tiempo: la gestión previa a la crisis. No basta con discutir si existió un documento llamado formalmente “alerta”. Lo relevante políticamente será determinar qué señales estaban disponibles, qué responsables las conocieron y si la respuesta institucional estuvo a la altura.

Díaz ya ha dado su respuesta sobre una parte de ese debate. Para ella, el Ejecutivo reaccionó tarde y debería reconocerlo. Pero también pone un límite claro: admitir fallos no equivale a aceptar las acusaciones más graves lanzadas contra el Gobierno.

Entre ambas posiciones quedan los documentos, las versiones contradictorias y una Ceuta que soportó en pocas horas una presión fronteriza sin precedentes. Los avisos existieron; la magnitud no fue anticipada. Precisamente en esa distancia —entre lo que se sabía y lo que terminó ocurriendo— se juega buena parte de la responsabilidad política.