¿Por qué fracasó el fichaje de Zapatero en Indra por 100.000 euros?

Moncloa intentó situar a José Luis Rodríguez Zapatero como asesor estratégico internacional de Indra, con especial foco en Iberoamérica, en una operación que habría superado los 100.000 euros anuales y que no llegó a salir adelante por las reticencias de consejeros independientes de la compañía. El movimiento, atribuido por informaciones publicadas en las últimas horas a fuentes próximas al consejo, vuelve a colocar a la tecnológica en esa zona gris donde el Estado, la empresa cotizada y la política se rozan como coches aparcando en una calle estrecha.

El dato sensible no es solo el nombre de Zapatero ni la cifra. Es el decorado completo: Indra es una compañía estratégica en defensa, tecnología y seguridad, y la SEPI, brazo empresarial del Estado, fue autorizada por el Consejo de Ministros para elevar su participación hasta un máximo del 28 %, con el argumento de reforzar una empresa vinculada a intereses esenciales del país. Traducido: no hablamos de una consultora de barrio ni de un contrato simpático para abrir puertas en América Latina. Hablamos de una pieza importante del tablero industrial español.

El contrato que no llegó a firmarse

Según la información publicada, la propuesta se produjo hace dos años, cuando Marc Murtra presidía Indra. El planteamiento habría sido incorporar a Zapatero como una figura con capacidad de interlocución en Iberoamérica, territorio donde el expresidente conserva agenda, relaciones y una biografía diplomática bastante más movida que la de muchos exmandatarios jubilados con despacho, chófer y memoria selectiva.

La operación contaba, siempre según esas informaciones, con el respaldo de consejeros vinculados a la SEPI. Entre ellos se cita al exministro socialista Miguel Sebastián, que habría defendido la utilidad de Zapatero por su capacidad de acceso a líderes latinoamericanos como Lula da Silva o Gustavo Petro, dos mercados con evidente interés para una compañía como Indra. La lógica empresarial era simple: contactos, puertas, conversación política. La lógica reputacional, menos cómoda: un expresidente socialista, una empresa participada por el Estado y un contrato sin publicidad por encima de los 100.000 euros. Ahí ya empieza a oler a moqueta caliente.

El freno llegó desde los consejeros independientes. La vicepresidenta Virginia Arce y consejeras como Coloma Armero y Belén Amatriain habrían expresado objeciones por el coste reputacional de la operación, sobre todo en una cotizada que ya venía soportando acusaciones de politización desde el nombramiento de Murtra en 2021. Al final, Zapatero fue informado de las dificultades internas y, según las mismas versiones, optó por no insistir para evitar una votación complicada y una polémica pública. Es decir: la puerta se abrió, entró el aire, alguien miró el patio y se cerró antes del portazo.

El choque con lo dicho en el Senado

La revelación resulta especialmente incómoda por el contraste con la declaración pública del propio Zapatero en el Senado, donde negó haber mantenido relación contractual con empresas del Ibex. Su frase fue tajante: “Nunca, jamás”, dijo al ser preguntado por ese tipo de vínculos empresariales. La información conocida ahora no prueba que el contrato con Indra se firmara, porque no se firmó, pero sí introduce una diferencia relevante entre no haber trabajado para una cotizada y haber estado cerca de hacerlo. No es lo mismo, claro. Pero tampoco es la nada.

En su comparecencia de marzo por el caso Koldo y Plus Ultra, Zapatero reconoció cobros de Análisis Relevante por consultorías escritas y orales, negó irregularidades y rechazó ser lobista. También aseguró que no intervino en el rescate de Plus Ultra, una ayuda pública de 53 millones de euros que sigue siendo uno de los puntos más delicados del caso. Ese contexto pesa. No convierte automáticamente el intento de fichaje por Indra en una irregularidad, pero sí lo deja bajo una luz bastante poco amable: la luz blanca de un despacho cuando ya no queda nadie para apagarla.

Indra, una empresa demasiado estratégica para parecer una agencia de contactos

Indra no es una compañía cualquiera. Es una tecnológica del Ibex con peso en defensa, seguridad, tráfico aéreo y sistemas críticos. La propia SEPI justificó el refuerzo accionarial del Estado por su importancia para la seguridad y la defensa, además de su papel en proyectos industriales europeos como el Futuro Sistema Aéreo de Combate. Cuando una empresa así ficha o intenta fichar a un expresidente, la pregunta no es solo cuánto cobra. La pregunta es qué compra exactamente: experiencia, agenda, influencia, prestigio, silencio ambiental o una mezcla de todo, agitada suavemente.

El problema de las llamadas puertas giratorias no está siempre en la ilegalidad. A veces está en algo más resbaladizo: la apariencia. Un contrato puede ser legal, un asesor puede aportar valor real y una empresa puede necesitar lectura política de mercados internacionales. Todo eso cabe. Pero cuando el potencial asesor ha gobernado España, cuando el accionista público tiene peso decisivo y cuando el contrato no exige publicidad, la escena queda cargada. Como esos ascensores antiguos donde nadie habla, pero todos saben perfectamente en qué piso se baja cada uno.

La línea roja reputacional

No hace falta imaginar delitos para detectar un problema de confianza pública. Basta con observar el encaje: un expresidente socialista, una cotizada estratégica, una empresa participada por el Estado y una asesoría internacional difícil de medir con una regla. La legalidad mira papeles; la reputación mira gestos. Y aquí el gesto, aunque abortado, dejó huella.

La crisis de gobernanza que ya arrastraba Indra

El episodio encaja en un periodo agitado para Indra. La compañía ha vivido salidas, cambios estratégicos y una crisis de gobernanza vinculada al intento fallido de integración con Escribano Mechanical & Engineering. Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos dejaron sus puestos tras la tensión generada por esa operación, mientras la SEPI, principal accionista, pidió resolver el conflicto de interés antes de avanzar. La empresa ha intentado recomponer el tablero con Ángel Simón en la presidencia y Josep Maria Recasens como consejero delegado.

Ese contexto importa porque cualquier incorporación sensible habría caído sobre una mesa ya llena de expedientes, equilibrios accionariales y sospechas políticas. Indra no necesitaba otro incendio reputacional, ni siquiera uno pequeño, de esos que empiezan en una esquina de la alfombra y terminan oliendo toda la planta. El intento de contratar a Zapatero, de haberse aprobado, habría alimentado justo la narrativa que la empresa intenta esquivar: la de una cotizada estratégica convertida en sala VIP del poder. Y esa imagen cuesta dinero, aunque no figure en la factura.

Iberoamérica, la coartada útil y el terreno natural de Zapatero

El argumento de Iberoamérica no era absurdo. Zapatero ha mantenido durante años una intensa actividad internacional, especialmente en Venezuela y en otros países de la región. También es cierto que las grandes empresas españolas suelen buscar perfiles con agenda política para interpretar gobiernos, regulaciones, licitaciones y climas de inversión. Hay mercados donde un contacto pesa más que una presentación de PowerPoint. Y América Latina, para las empresas españolas, nunca ha sido un paisaje neutral: es oportunidad, riesgo, memoria colonial, negocio, diplomacia y barro.

La cuestión es que la utilidad no borra el conflicto de percepción. Un expresidente puede saber mucho, muchísimo, de relaciones internacionales. También puede convertirse en un problema cuando su nombre llega a una empresa donde el accionista público tiene peso decisivo. Ese es el nudo. La frontera entre asesoría e influencia no siempre se ve desde lejos; de cerca, a veces parece una línea pintada con tiza en día de lluvia.

El punto político: Moncloa, SEPI y la sombra de las puertas giratorias

La palabra Moncloa en esta historia no es decorativa. Si el intento de incorporación se atribuye al entorno gubernamental y a consejeros próximos a la SEPI, el debate deja de ser una simple decisión corporativa y entra en el terreno de la gobernanza pública. El Estado puede y debe proteger empresas estratégicas. Lo que no puede hacer —o no debería, en una democracia liberal con cierta autoestima— es convertir esa protección en una red de colocaciones discretas para antiguos cargos, amigos útiles o perfiles con pedigrí partidista.

No consta que Zapatero llegara a cobrar de Indra. No consta que el contrato se aprobara. No consta que hubiera delito en ese intento. Conviene repetirlo, porque el periodismo no debe confundir una sombra con una sentencia. Lo que sí consta, según las informaciones conocidas, es que la propuesta existió, que se habló de más de 100.000 euros al año, que se planteó un papel internacional para Iberoamérica y que la resistencia interna evitó el desenlace. Bastante material, vaya, para que el asunto no se liquide con un encogimiento de hombros.

La factura invisible de la confianza

El caso deja una enseñanza bastante áspera: en empresas estratégicas, la confianza pública no se pierde solo con contratos firmados, sino también con intentos mal explicados. La ciudadanía puede aceptar que un expresidente trabaje, asesore y cobre por su experiencia. Faltaría más. Lo que cuesta digerir es la sensación de que algunos despachos funcionan como estaciones privadas donde los trenes del poder nunca dejan de pasar, aunque cambien de vía y de uniforme.

Indra se libró del contrato, pero no del ruido. Zapatero no entró, pero su nombre volvió a quedar asociado a consultorías, agendas internacionales y relaciones empresariales bajo escrutinio. Moncloa, por su parte, se encuentra otra vez ante esa pregunta incómoda que siempre vuelve, como humedad en pared vieja: dónde acaba la estrategia de Estado y dónde empieza el reparto de favores entre conocidos. En una democracia adulta, esa pregunta no debería molestar. Debería contestarse sola, con transparencia. Pero España, ya se sabe, tiene una habilidad casi artística para convertir una puerta giratoria en patrimonio nacional.