¿Vuelve el chabolismo a España por la crisis de vivienda y alquiler?

España no ha regresado, sin más, a los poblados de barracas de los años 50 y 60. Pero sería igualmente engañoso despachar la cuestión como una exageración: el chabolismo nunca desapareció por completo y en distintos puntos del país vuelven a crecer asentamientos precarios, mientras se extienden formas menos visibles de exclusión residencial, desde el hacinamiento hasta familias y trabajadores que solo pueden pagar una habitación.

No existe todavía un censo nacional de 2026 que permita afirmar que España esté viviendo una explosión generalizada de nuevas chabolas. Lo que sí existe es una suma bastante incómoda de datos: la vivienda se encarece mucho más deprisa que los ingresos de numerosos hogares, faltan viviendas allí donde se concentra la demanda y reaparecen o crecen asentamientos en Madrid, Valencia y determinadas zonas agrícolas de Andalucía. La palabra “vuelve”, por tanto, necesita un matiz. Más que regresar, el chabolismo se está transformando y, en algunos lugares, ensanchando.

El debate ha saltado también a la política. El PP ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del deterioro del acceso a la vivienda y ha hablado abiertamente de un regreso del chabolismo y el hacinamiento. La acusación pertenece al terreno partidista; los problemas de fondo, no. El Banco de España, el INE, las entidades sociales y distintos ayuntamientos llevan tiempo describiendo un desequilibrio severo entre vivienda disponible y hogares que necesitan una.

El chabolismo no había desaparecido, aunque España dejara de mirarlo

La primera precisión resulta incómoda, pero necesaria: España seguía teniendo chabolas antes de la actual crisis inmobiliaria. El fenómeno se había reducido de manera espectacular respecto a mediados del siglo XX y había dejado de formar parte del paisaje cotidiano de la mayoría de las grandes ciudades, pero nunca llegó a cero.

El último Censo de Población y Viviendas con una fotografía amplia de esta realidad corresponde a 2021. El INE contabilizó entonces 7.199 personas residentes en 2.607 “alojamientos”, una categoría estadística que comprende chabolas, caravanas y otras soluciones que no son viviendas familiares convencionales. Es una cifra útil, aunque no puede confundirse con un censo exhaustivo del chabolismo actual: quedan fuera muchas situaciones irregulares difíciles de registrar y, sobre todo, han pasado cinco años.

Hay otra fotografía. La Fundación Secretariado Gitano estima que alrededor de 18.000 personas gitanas continúan viviendo en asentamientos chabolistas o de infravivienda y señala la existencia de unos 270 asentamientos de este tipo repartidos por España. La mitad de esas personas son menores de 16 años. La misma organización recuerda, al mismo tiempo, que el chabolismo entre la población gitana se ha reducido un 87% durante las últimas cuatro décadas. Dos verdades caben aquí sin pelearse: se ha avanzado muchísimo y el problema sigue siendo demasiado grande para considerarlo una reliquia.

De la barraca de madera al “chabolismo vertical”

También ha cambiado la forma. Una chabola se reconoce enseguida: tablones, plásticos, chapas, un generador, bidones de agua, barro cuando llueve y polvo cuando no. La nueva precariedad urbana, en cambio, puede tener ascensor, telefonillo y una dirección perfectamente normal.

La economista Carme Trilla ha empleado la expresión “chabolismo vertical” para referirse a una parte del mercado de habitaciones: hogares enteros que terminan confinados en una estancia porque alquilar una vivienda completa ha quedado fuera de su alcance. No significa, claro, que todo piso compartido sea una infravivienda. Compartir casa por elección no tiene nada que ver con amontonar personas porque el mercado no ofrece otra salida. Ahí está la frontera.

Ese chabolismo invisible resulta más difícil de contar. No ocupa un descampado y rara vez provoca una excavadora, pero aparece en viviendas sobreocupadas, habitaciones subdivididas, locales convertidos precariamente en dormitorios o familias que comparten metros cuadrados hasta límites que hace una década habrían parecido excepcionales. La pobreza residencial ya no siempre tiene techo de uralita; a veces tiene vitrocerámica y cuatro nombres pegados al mismo timbre.

Valencia, Madrid y Andalucía muestran que la alarma no es teórica

En Valencia, uno de los ejemplos más llamativos ha aparecido precisamente donde hubo escaparate y focos. El antiguo circuito urbano de Fórmula 1, en el entorno del Grao, ha visto multiplicarse las construcciones improvisadas entre solares, escombros y terrenos pendientes de transformación urbanística. Entidades sociales han advertido de un fuerte aumento del asentamiento, mientras el Ayuntamiento maneja recuentos notablemente inferiores a los de esas organizaciones. Sobre el mismo suelo donde rugían los monoplazas están proyectadas miles de nuevas viviendas. La metáfora viene prácticamente escrita sola, quizá demasiado.

Madrid ofrece una imagen distinta y más fragmentada. En la Casa de Campo llegaron a instalarse durante meses decenas de chabolas y tiendas de campaña antes de que la Policía Municipal desalojara el asentamiento a finales de abril. El Ayuntamiento había desmantelado centenares de asentamientos ilegales desde 2025, una categoría que incluye campamentos de características muy diversas y que, por ello, tampoco debe utilizarse como si cada intervención equivaliese a eliminar un poblado chabolista estable. Aun con esa cautela, el movimiento existe: pequeños refugios aparecen, se desmontan y reaparecen en otro punto.

La realidad más dura y menos novedosa está en algunas comarcas agrícolas. Lucena del Puerto, en Huelva, concentraba según datos de la Junta de Andalucía unas 750 chabolas distribuidas en 16 asentamientos, con alrededor de 950 residentes. Allí el problema no consiste simplemente en carecer de un piso: hay trabajadores que recogen fruta para una de las zonas agrícolas más productivas del país y después regresan a construcciones sin agua potable, saneamiento ni electricidad.

El campo español conserva un chabolismo que nunca se fue

Níjar, en Almería, es otro de esos lugares donde hablar de “regreso” resulta casi absurdo porque el chabolismo lleva décadas allí. Las estimaciones de entidades sociales han situado en miles el número de personas que viven entre asentamientos y otras infraviviendas dispersas por el campo, muchas vinculadas laboralmente a los invernaderos.

El patrón se repite con una crudeza casi burocrática. Hay empleo, pero no vivienda accesible. Hay trabajadores con documentación regular que tampoco encuentran alquiler. Hay viviendas sociales, proyectos de realojo y planes municipales, pero los ritmos administrativos rara vez coinciden con los de una familia que esta noche necesita una cama. En algunas zonas, cuando se desmantela un asentamiento sin que exista suficiente alternativa habitacional, una parte de sus residentes simplemente se desplaza. La chabola desaparece de una parcela y reaparece unos kilómetros más allá.

Esto importa porque rompe un tópico demasiado cómodo: el chabolismo contemporáneo no está formado exclusivamente por personas sin actividad económica. En los cinturones agrícolas hay residentes que trabajan, cobran y aun así no consiguen acceder a una vivienda ordinaria. El empleo, que durante décadas fue la escalera clásica para salir de la precariedad residencial, ya no garantiza por sí solo alcanzar el primer peldaño.

Una vivienda cada vez más cara frente a una oferta que no alcanza

La crisis inmobiliaria no explica cada asentamiento español, pero actúa como acelerador. El precio de compraventa de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, según el INE. La vivienda usada, precisamente la puerta de entrada habitual para hogares con menos capacidad económica, se encareció un 13,5%.

Detrás hay un desfase que ya ha dejado de ser pequeño. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 la diferencia acumulada entre creación de hogares y viviendas residenciales terminadas ronda las 750.000 viviendas. No significa que España necesite construir exactamente 750.000 casas mañana por la mañana ni que cualquier nueva promoción vaya a resolver el problema; significa que la formación de hogares ha corrido sensiblemente más que la nueva oferta residencial en los lugares donde la presión es mayor.

El desequilibrio termina apareciendo en el bolsillo. El propio Banco de España sitúa el alquiler medio en torno al 30% de la renta neta de los hogares en varias zonas de alta demanda, con porcentajes superiores en Málaga, Cádiz, Baleares o Madrid. Para quien parte de un salario bajo, el problema no se resuelve diciendo que el porcentaje medio todavía es asumible: después del alquiler siguen llegando la luz, el transporte, la comida y, qué detalle, la vida.

Hay otro colchón que España tiene especialmente fino. El Banco de España calcula que el parque público representa alrededor del 1,5% de las viviendas principales, aproximadamente una de cada 65, muy lejos del peso que alcanza en países como Francia, Austria o Países Bajos. Cuando el mercado privado expulsa a un hogar vulnerable, la red pública dispone de pocas llaves con las que recogerlo.

No todo se arregla construyendo, ni todo se arregla regulando

Reducir el fenómeno a una sola causa resulta tentador porque permite fabricar culpables sencillos. La realidad tiene peor gusto para los eslóganes. Falta vivienda donde aumenta la población y el empleo, pero también pesan la lentitud urbanística, la escasez de parque público, los salarios bajos y la discriminación en el alquiler, junto a la vulnerabilidad administrativa de algunos migrantes y la concentración de empleo temporal en territorios con muy poca oferta residencial.

Construir más forma parte de la respuesta, especialmente vivienda asequible y pública allí donde existe demanda estructural. Movilizar inmuebles vacíos puede ayudar en determinados mercados. La rehabilitación también. Y las ayudas económicas sirven cuando hay vivienda que alquilar; cuando no la hay, una subvención puede acabar persiguiendo al mismo piso que persiguen otros veinte candidatos.

Tampoco todos los territorios españoles padecen la misma enfermedad. Hay municipios con miles de viviendas vacías y escasa demanda mientras Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Baleares o determinados enclaves turísticos soportan una presión feroz. España puede tener casas de sobra y viviendas disponibles de menos al mismo tiempo. La geografía, aquí, manda bastante más que el promedio nacional.

El Estado ya reconoce el problema en su nuevo plan de vivienda

El propio marco legal aprobado este año desmonta la idea de que el chabolismo sea una anécdota marginal. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, regulado mediante el Real Decreto 326/2026 y dotado globalmente con 7.000 millones de euros, incorpora de forma expresa a las personas en situación de chabolismo e infravivienda entre los colectivos que requieren soluciones habitacionales. También da preferencia dentro de las actuaciones de regeneración a las áreas donde existen este tipo de asentamientos.

La norma permite financiar rehabilitación, renovación urbana, realojos, adquisición de viviendas y soluciones habitacionales inmediatas, y vincula las actuaciones con el objetivo de erradicar asentamientos segregados y chabolismo. Sobre el papel, por tanto, el diagnóstico ha llegado al BOE. Queda la parte menos vistosa de cualquier política pública española: convertir millones, convenios entre administraciones y artículos de un real decreto en viviendas concretas, con puerta, agua corriente y una llave en la mano.

La cuestión tampoco puede solucionarse únicamente derribando. Una excavadora elimina una construcción en minutos; eliminar la necesidad que llevó a alguien a levantarla cuesta bastante más. Cuando el realojo no acompaña al desmantelamiento, existe el riesgo de que se desplace la pobreza sin reducirla.

España no ha vuelto a los años 60, pero la alarma es real

Hablar de un regreso masivo del chabolismo a España sería, con los datos disponibles, una exageración. No hay evidencia de una vuelta generalizada a los grandes cinturones de barracas que rodearon Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla durante el desarrollismo. Aquel fenómeno respondió a una migración interior gigantesca, a ciudades incapaces de absorberla y a un parque residencial radicalmente distinto.

Pero convertir esa precisión en tranquilidad sería hacerse trampas. En 2026 continúan existiendo centenares de asentamientos, algunos crecen, aparecen nuevos campamentos en zonas urbanas y se extiende una precariedad residencial más discreta que cabe entera detrás de la puerta de un piso. A eso se suma un mercado donde la vivienda sube a dos dígitos, la oferta nueva no acompaña al crecimiento de hogares y el parque público apenas tiene músculo para amortiguar el golpe.

Quizá la imagen del nuevo chabolismo español no sea únicamente una fila de tejados de chapa en el extrarradio. Puede ser el temporero que sale del invernadero y vuelve a una caseta sin agua. La pareja que trabaja y alquila una habitación porque un piso se ha convertido en lujo. El campamento que aparece junto a una gran ciudad, dura unos meses y cambia de descampado. El niño que todavía crece en un asentamiento que debía haber desaparecido antes de que naciera.

El chabolismo, en definitiva, no vuelve de un pasado remoto porque nunca terminó de marcharse. Lo preocupante en la España de 2026 es otra cosa: que una crisis de vivienda cada vez más profunda esté ensanchando las condiciones que permiten que sobreviva y encuentre formas nuevas. Una sociedad puede acostumbrarse a casi cualquier paisaje. Incluso a ver una chabola al fondo y dejar de preguntarse qué hace todavía ahí.