Figaredo propone deportar inmigrantes para abaratar el precio de la vivienda

José María Figaredo ha situado la inmigración en el centro de la receta de Vox para rebajar la presión sobre la vivienda. Según la información publicada sobre una comida privada con grandes empresarios, el dirigente defendió dos movimientos consecutivos: construir mucha más vivienda privada y, antes incluso de que esa nueva oferta llegue al mercado, reducir la demanda residencial mediante una disminución considerable de la población inmigrante. Su cálculo fue concreto: con 1,5 millones de inmigrantes menos, habría menos presión sobre la vivienda.

La idea no aparece en el vacío ni parece una ocurrencia aislada de aquella comida. Vox lleva meses vinculando expresamente la crisis inmobiliaria con el crecimiento de la población extranjera y defendiendo conceptos como “remigración”, control fronterizo y prioridad de los españoles en determinadas políticas públicas de vivienda. Al mismo tiempo, el partido sostiene que España necesita construir muchas más casas y eliminar obstáculos administrativos que ralentizan los proyectos.

Figaredo lleva la inmigración al corazón del problema de la vivienda

El planteamiento trasladado por Figaredo parte de una lógica económica elemental: cuando aumenta rápidamente la población y no crece al mismo ritmo el número de viviendas disponibles, la competencia por un recurso escaso se intensifica. Hasta ahí, poca alquimia. La cuestión se complica al convertir esa relación en una receta política concreta, porque población, hogares y demanda de vivienda no son exactamente lo mismo, y los precios dependen también de dónde se encuentran las casas, del empleo, de los salarios, del crédito, del suelo disponible o de las restricciones urbanísticas.

Los datos oficiales sí muestran un crecimiento demográfico notable. España tenía 49.801.559 residentes el 1 de julio de 2026, de los que 7.437.543 poseían nacionalidad extranjera. Un año antes la población extranjera era de 7.091.318 personas. En paralelo, el número de hogares alcanzó los 19.874.860, casi 239.000 más que doce meses antes.

La presión demográfica, por tanto, existe. El mercado inmobiliario, sin embargo, tiene una peculiaridad bastante poco misteriosa: las personas se concentran precisamente allí donde las viviendas escasean y donde existe empleo. Un piso vacío en un pueblo que pierde habitantes no soluciona la falta de alquiler en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Palma. El ladrillo tiene esa mala costumbre: no se puede doblar y llevar en el bolsillo.

El dato que complica cualquier explicación sencilla: faltan viviendas

Hay un número que ayuda a entender por qué el debate va bastante más allá de la inmigración. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se acumuló una diferencia de alrededor de 750.000 viviendas entre la creación de nuevos hogares y las casas residenciales terminadas. Es decir, la demanda ha avanzado bastante más deprisa que la oferta.

En 2025, por ejemplo, el organismo calculó una creación neta de unos 225.000 hogares residentes, mientras se terminaron aproximadamente 92.000 viviendas nuevas. A esa demanda se sumaron unas 55.000 adquisiciones efectuadas por no residentes. El desequilibrio es visible casi a simple vista: se forman muchos más hogares de los que el parque nuevo puede absorber.

Aquí Figaredo y Vox coinciden con una parte importante del diagnóstico institucional: España necesita construir más. Donde aparece la gran bifurcación política es en qué hacer mientras esas viviendas tardan años en proyectarse, obtener licencias, financiarse y terminarse.

La propuesta combina menos demanda y más oferta privada

La propuesta atribuida a Figaredo no consiste únicamente en disminuir la inmigración. También plantea favorecer una mayor oferta privada de vivienda, acompañada de desregulación. Vox ha defendido públicamente durante 2026 que el problema inmobiliario requiere muchas más casas y mucha menos inmigración, además de introducir la llamada prioridad nacional en determinadas políticas de vivienda.

Así que la fotografía completa contiene dos palancas: construir más y contener la demanda derivada del crecimiento migratorio. Lo que provocó sorpresa entre algunos asistentes a la comida descrita en la información publicada fue, sobre todo, la dimensión atribuida a esa segunda palanca y la referencia a 1,5 millones de personas.

¿Se puede deportar a 1,5 millones de inmigrantes?

Aquí la economía deja paso al derecho, y las cuentas se vuelven bastante menos manejables. Una reducción de 1,5 millones de residentes extranjeros puede producirse de maneras muy distintas: salidas voluntarias, menor entrada futura, retorno incentivado, pérdida o no renovación de determinados permisos cuando legalmente proceda o expulsiones de personas sin derecho de residencia. No son categorías equivalentes.

El marco europeo exige que las decisiones de retorno respeten garantías individuales, el derecho de asilo, el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas. Las decisiones deben basarse en una valoración individual y están sujetas a mecanismos de recurso judicial.

Qué permite el marco europeo

Para los extranjeros con residencia legal de larga duración, las garantías son todavía más claras. La normativa europea establece que la expulsión exige que exista una amenaza real y suficientemente grave para el orden o la seguridad públicos y dispone expresamente que esa decisión no puede justificarse por razones económicas. También deben ponderarse el tiempo de residencia, la edad, las consecuencias familiares y los vínculos con el país de acogida.

Por eso, hablar políticamente de “1,5 millones menos” permite expresar un objetivo demográfico, pero no describe por sí solo el mecanismo jurídico para alcanzarlo. La diferencia entre inmigración irregular, residentes temporales, residentes de larga duración, ciudadanos comunitarios, refugiados o personas que ya han adquirido la nacionalidad española es enorme. Meter todo en la misma maleta puede funcionar en una frase; en un expediente administrativo, bastante menos.

La inmigración influye en la demanda, pero no explica todos los precios

El dato más útil para ordenar este debate probablemente sea éste: el crecimiento de la población aumenta la necesidad de vivienda cuando genera nuevos hogares, pero el Banco de España identifica al mismo tiempo un problema estructural de oferta. España lleva varios años generando muchos más hogares de los que puede alojar mediante nueva construcción.

Licencias lentas, disponibilidad de suelo, costes, financiación y concentración de la demanda en determinadas ciudades forman parte de una máquina bastante más grande. El propio Banco de España destaca diferencias territoriales importantes y señala factores de demanda y de oferta para explicar la evolución desigual de los precios de la vivienda entre provincias.

También conviene separar dos conceptos que suelen mezclarse en la conversación política. Una cosa es sostener que el crecimiento de la población eleva la demanda agregada; otra muy distinta es atribuir a cada inmigrante un efecto idéntico sobre el mercado inmobiliario. Una familia de cinco miembros puede ocupar una vivienda, cinco trabajadores pueden compartir dos pisos y una persona llegada del extranjero puede vivir en una casa donde ya residían familiares. Lo que importa para el mercado no es únicamente cuánta población entra, sino cuántos hogares adicionales se forman, dónde y con qué capacidad adquisitiva.

Y hay otra cara de la moneda: la inmigración también forma parte del mercado laboral que construye, reforma, limpia, financia, vende y alquila esas viviendas. Cualquier cálculo sobre una reducción masiva de población tendría que considerar simultáneamente su efecto sobre demanda, empleo, actividad económica y construcción. La vivienda, de nuevo, se resiste a convertirse en una simple regla de tres.

La intervención atribuida a Figaredo encaja, en cualquier caso, con una evolución visible del discurso de Vox durante 2026. El partido presenta inmigración y vivienda como dos piezas del mismo problema. En junio, el diputado Ignacio Hoces defendió públicamente que la solución pasaba por muchas más casas y mucha menos inmigración, mientras Carlos Hernández Quero había situado meses antes la remigración y el control fronterizo dentro de la política de vivienda de Vox.

Una crisis que no cabe en una sola resta

El debate abierto por Figaredo toca un punto real de la crisis española: el crecimiento de la población y de los hogares ha elevado la necesidad residencial mientras la construcción se quedaba muy por detrás. Los datos oficiales muestran ese desajuste entre nuevos hogares y viviendas terminadas. También muestran que reducir la discusión únicamente a la inmigración dejaría fuera buena parte del mecanismo que ha creado la escasez actual.

La cifra de 1,5 millones de inmigrantes menos tiene fuerza política porque convierte un mercado laberíntico en una operación aparentemente comprensible: menos personas compitiendo por casas escasas debería significar menos presión. Pero entre esa premisa y el precio que aparece finalmente en un portal inmobiliario hay suelo, licencias, salarios, hipotecas, inversores, alquiler turístico, movilidad laboral y cientos de miles de hogares nuevos.

Vox ha decidido colocar la reducción de la inmigración dentro de su política de vivienda y combinarla con un fuerte aumento de la oferta privada y la desregulación. Eso es lo sustancial de la propuesta atribuida a Figaredo. El debate real empieza precisamente ahí: cuánto podría variar el precio de la vivienda, a qué personas afectaría una reducción migratoria de semejante tamaño y mediante qué instrumentos legales podría ejecutarse.