¿Por qué las víctimas de la DANA exigen que Mazón deje su escaño?

Las víctimas de la DANA han vuelto a concentrarse en València para exigir que Carlos Mazón renuncie a su acta de diputado en Les Corts Valencianes y pierda así el aforamiento ligado a su condición de parlamentario autonómico. La protesta, celebrada este sábado 29 de agosto en la plaza de la Virgen, coincidió con los 22 meses de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, cuyo balance judicial se sitúa actualmente en 231 fallecidos.

La reclamación tiene una dimensión política evidente, pero también otra procesal mucho más concreta. Mazón dejó la Presidencia de la Generalitat en noviembre de 2025, aunque conservó su escaño. Como diputado continúa aforado, de modo que una eventual investigación penal dirigida contra él corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y no directamente al juzgado de Catarroja que instruye la causa principal. Su salida de Les Corts eliminaría esa prerrogativa procesal, aunque —detalle nada menor— no equivaldría automáticamente a una imputación ni determinaría su responsabilidad penal.

Valencia vuelve a la calle 22 meses después de la DANA

La concentración comenzó a las 19:00 horas en la plaza de la Virgen y reunió de nuevo a asociaciones de víctimas, familiares, colectivos ciudadanos, sindicatos y movimientos vinculados a las zonas afectadas por las inundaciones. La convocatoria estuvo respaldada por más de 200 entidades, además de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano.

El lema que lleva meses acompañando estas protestas, «Mazón a presó», volvió a ocupar pancartas y camisetas. Pero esta vez los convocantes quisieron colocar en primer plano una reivindicación muy precisa: que el antiguo presidente valenciano entregue el acta que mantiene desde las elecciones autonómicas y deje de estar aforado.

Durante el acto se formularon 22 preguntas, una por cada mes transcurrido desde la riada. Las cuestiones giraron alrededor de las alertas, la información disponible aquel 29 de octubre, las decisiones de la Generalitat y las medidas adoptadas desde entonces para evitar que una emergencia semejante vuelva a tener consecuencias tan devastadoras.

No era una protesta surgida de la nada en mitad del verano. Las movilizaciones de las víctimas se han sucedido prácticamente cada mes. En junio llegaron hasta Paiporta; en julio, una concentración ante el Palau de la Generalitat convirtió la plaza de Manises en un velatorio simbólico, con carteles negros y velas dedicadas a las víctimas. Agosto tampoco ha pasado página. Para los familiares, esa página sigue clavada al calendario.

El escaño de Mazón, centro de la reivindicación

Conviene separar aquí la política del derecho, porque juntas hacen mucho ruido y a veces explican poco. El PPCV puede reclamar a Mazón que abandone Les Corts, retirarle respaldo político o ejercer presión interna, pero el partido no puede simplemente arrebatarle el acta de diputado como quien retira una acreditación.

El escaño pertenece jurídicamente al parlamentario. Para que Mazón dejara de ser diputado tendría que renunciar o producirse alguno de los supuestos legales que provocan la pérdida de la condición parlamentaria.

Lo que reclaman las asociaciones, por tanto, es que el Partido Popular fuerce políticamente su salida. El resultado que buscan es claro: que deje de existir el aforamiento autonómico que acompaña al acta.

Mazón dimitió como presidente de la Generalitat el 3 de noviembre de 2025, algo más de un año después de la DANA. Aquella renuncia terminó con su etapa al frente del Consell, pero no con su presencia en Les Corts Valencianes. Y ahí está la cuestión que las víctimas han llevado de nuevo a la plaza: salió del Palau, sí, pero no de la política.

Qué supone realmente el aforamiento de Carlos Mazón

El aforamiento no es inmunidad ni impunidad. Tampoco significa que un diputado no pueda ser investigado. Es una regla especial de competencia judicial: determinados procedimientos penales contra parlamentarios autonómicos deben ser conocidos por el tribunal que establece el Estatuto de Autonomía, en este caso el TSJCV.

Esa diferencia ha tenido consecuencias muy concretas en la causa de la DANA. La magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la emergencia, elevó al TSJCV una exposición razonada relacionada con Mazón. El alto tribunal valenciano decidió en marzo de 2026 no abrir una investigación contra el expresidente y confirmó esa decisión en abril al desestimar los recursos presentados.

El TSJCV entendió que no existían entonces elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal y señaló, entre otras cuestiones, que Mazón no tenía jurídicamente la posición de garante que permitiría construir la imputación planteada en los términos examinados por el tribunal.

Es una distinción esencial. Que las víctimas reclamen retirar el aforamiento no significa que los tribunales hayan declarado culpable a Mazón, ni siquiera que exista actualmente una resolución judicial que ordene investigarlo penalmente. La responsabilidad política y la penal caminan por carreteras distintas, aunque a veces se crucen en el mismo paisaje.

La causa de Catarroja todavía puede aportar nuevos datos

La historia procesal tampoco terminó con aquella negativa del TSJCV. En junio, la Audiencia Provincial de Valencia permitió que Mazón se personara en la causa de la DANA al amparo de las garantías previstas para quien puede verse afectado por una investigación.

La Audiencia sostuvo que todavía existían diligencias capaces de aportar información con eventual trascendencia inculpatoria futura. Precisamente por esa situación, la jueza dejó después sin efecto la citación de Mazón como testigo: su nueva posición procesal hacía incompatible tratarlo simplemente como tal.

Desde entonces, el expresidente puede conocer el contenido del procedimiento y ejercer derechos de defensa. Entretanto, el juzgado continúa reconstruyendo qué ocurrió dentro de la Administración valenciana durante aquellas horas, quién conocía cada información y cuándo, cómo circulaban las comunicaciones y qué decisiones desembocaron en el envío del Es-Alert a las 20:11 horas.

En la investigación han aparecido también conversaciones de WhatsApp de miembros del antiguo Consell y se han practicado numerosas declaraciones. La causa mantiene su atención sobre la gestión de la emergencia, con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso entre las figuras investigadas durante la instrucción.

Por qué perder el escaño cambiaría el escenario judicial

La renuncia de Mazón al acta tendría una consecuencia inmediata: dejaría de estar aforado como diputado autonómico. Eso modificaría las reglas que determinan qué tribunal puede investigar directamente hechos que eventualmente pudieran atribuírsele.

Pero conviene poner freno a una interpretación demasiado automática. Perder el aforamiento no reescribiría las resoluciones ya adoptadas ni convertiría por arte de magia una sospecha en delito. Tampoco implicaría que al día siguiente Mazón fuese llamado a declarar como investigado. El cambio sería procesal, no una declaración anticipada de culpabilidad.

Lo que sí cambiaría sería el tablero judicial. Sin la condición de aforado, una eventual investigación sobre hechos nuevos o sobre elementos que adquirieran relevancia penal ya no estaría condicionada del mismo modo por la competencia especial del TSJCV. Esa es la razón por la que el acta se ha convertido en una prioridad para una parte importante de las asociaciones de víctimas.

Hay algo singular, casi incómodo, en todo ello. El cargo que Mazón ya no ejerce —la Presidencia de la Generalitat— dejó de determinar su situación institucional. El que conserva, un escaño de diputado, es ahora el que marca dónde podría desarrollarse una eventual investigación penal. Un asiento parlamentario puede parecer poca cosa frente a una catástrofe de esta magnitud. Procesalmente, pesa bastante.

Las 231 víctimas y una cifra que cambió en julio

La concentración se ha celebrado con un balance oficial distinto al que acompañó buena parte de los primeros meses de la investigación. En julio de 2026, la jueza de Catarroja elevó a 231 el número de fallecidos vinculados judicialmente a la DANA.

La nueva víctima incorporada al procedimiento fue un hombre de avanzada edad que murió de un infarto agudo de miocardio en su domicilio de Benetússer la noche del 29 de octubre de 2024. Tras el correspondiente informe de la Fiscalía, la magistrada consideró procedente relacionar aquel fallecimiento con la catástrofe.

Ese dato ayuda a entender por qué, casi dos años después, la DANA continúa lejos de ser una cuestión archivada en la memoria valenciana. La reconstrucción física avanza, las instituciones han cambiado de responsables y Juanfran Pérez Llorca ocupa actualmente la Presidencia de la Generalitat, pero la investigación penal sigue abierta y las asociaciones mantienen sus movilizaciones.

No todo se reduce a Mazón. Las víctimas llevan meses reclamando explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de emergencias, la transmisión de las alertas, las decisiones del Cecopi y la actuación de las distintas administraciones. Pero el expresidente conserva un valor político evidente: era la máxima autoridad autonómica aquel día y su comportamiento durante las horas críticas continúa bajo el foco público.

Un escaño que mantiene abierta una vieja herida

La protesta de este 29 de agosto deja una fotografía política bastante nítida. Mazón ya no gobierna la Comunitat Valenciana, pero tampoco ha desaparecido del escenario de la DANA. Sigue siendo diputado, mantiene el aforamiento y está personado en una causa judicial que continúa acumulando declaraciones, documentos y comunicaciones sobre la gestión de aquel 29 de octubre.

Las víctimas quieren que entregue el acta. El argumento que sostienen es que ninguna prerrogativa parlamentaria debería dificultar que se esclarezcan todas las responsabilidades posibles. Jurídicamente, sin embargo, el aforamiento es una garantía prevista por el ordenamiento y los tribunales ya han adoptado decisiones concretas sobre el expresidente que no desaparecen porque cambie su condición política.

Ahí está la tensión, sin necesidad de adornarla demasiado: 231 muertos, 22 meses de movilizaciones y una investigación todavía viva. Mientras los tribunales continúan delimitando responsabilidades penales, las familias mantienen otra batalla, la política y moral, para que el antiguo presidente abandone definitivamente Les Corts. La Presidencia quedó atrás hace meses. El escaño, por ahora, sigue ahí.