¿Que contaron las victimas de la dana ante Les Corts?

Víctimas de la dana del 29-O relatan en Les Corts, fallos de aviso y coordinación, abandono en l’Horta Sud y foco en Mazón y su aforamiento.

Casi año y medio después, Les Corts Valencianes escucharon por primera vez, cara a cara y con nombres propios, a representantes de las asociaciones que han cargado con el duelo y con el barro tras la dana del 29 de octubre de 2024, la riada que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. La comisión de investigación arrancó esa jornada con un dato que ya pesa como una losa: 482 días de espera para que las principales voces organizadas de afectados y familiares pisaran el parlamento autonómico y expusieran lo que, para ellos, no es una discusión política sino un relato de fallos evitables, coordinación difusa y un aviso que —repitieron— no llegó a tiempo ni con el contenido adecuado.

Sonia Fuster, coordinadora de SOS Desaparecidos en la Comunitat Valenciana y familiar de un fallecido, abrió con una frase que ha quedado como emblema de esta comparecencia: “seguimos llorando lágrimas de barro”. Detrás no había un recurso literario, sino una idea concreta: el dolor no se “pasa” cuando aún se discute lo esencial, quién decidió qué, cuándo, con qué información y por qué se tardó. A continuación intervino Alejandro Carabal, presidente de la asociación Damnificados por la Dana Alfafar/l’Horta Sud y bombero, que llegó con el gesto tenso de quien lleva meses llamando a puertas: “por fin estamos aquí, por fin estamos en casa”, dijo, para rematar con una crítica que dolía por sencilla: Les Corts habían sido “el último sitio” al que les habían recibido.

“Lágrimas de barro”: el testimonio de Sonia Fuster y el aviso que no llegó

En su intervención, Fuster puso el foco donde más duele: las personas mayores y la falta de oportunidad para protegerse. Lo dijo sin rodeos, casi como una acusación técnica: muchos no pudieron hacer nada porque no hubo un aviso “en tiempo y forma” que hubiera marcado la diferencia entre la vida y la muerte. La comisión la escuchó con esa mezcla de solemnidad y vergüenza ajena que se instala cuando alguien habla desde la pérdida y, además, trae trabajo hecho: insistió en que es incuestionable que hubo fallo en el aviso y en la gestión, y deslizó una frase que resume la atmósfera posterior al desastre: desde aquel día, explicó, se vive con ansiedad, incertidumbre y desconfianza, tres palabras que suenan a diagnóstico colectivo más que a estado de ánimo pasajero.

La representante de SOS Desaparecidos evitó convertir la comparecencia en una cacería. Subrayó algo muy medido: “no buscamos culpables, pero exigimos responsabilidades”, porque la responsabilidad, tal como la planteó, no es un castigo simbólico, sino un mecanismo para revisar, corregir y actuar. Y al hablar de mando —sin necesidad de convertir el hemiciclo en una tarima— apuntó a la idea que atraviesa toda la investigación política y judicial: quién estaba al mando aquel día y qué peso tuvieron las decisiones del Govern valenciano entonces presidido por Carlos Mazón, hoy expresident. El núcleo de su explicación se sostuvo en un concepto que repitió con distintos ángulos: la dana fue un colapso en cadena, un encadenado de piezas que fallaron a la vez, desde la coordinación multinivel al despliegue logístico, desde la gobernanza a la capacidad de respuesta… y por encima de todo, los avisos.

El momento más “operativo” de su declaración llegó cuando habló de propuestas. Fuster presentó un paquete de medidas elaborado con apoyo de un grupo multidisciplinar, un informe amplio que, por lo que se vio en sala, incomodó a unos por lo concreto y alivió a otros por la posibilidad de acuerdo. No era un documento para quedar bien, sino una especie de mapa de grietas: habló de brechas operativas que multiplicaron el daño social y económico y defendió reforzar, con criterios técnicos, la resiliencia frente a inundaciones. Ahí entraron palabras que, en boca de víctimas, adquieren otro peso: comunicaciones, energía, gobernanza multinivel, ayuntamientos, ayudas rápidas y transparentes, protección social y recuperación humana. No era “queremos ayuda”, era “queremos que no vuelva a pasar”, y que si vuelve —porque el clima y el territorio mandan— el sistema responda como un sistema y no como un puzle desordenado.

La intervención también dejó retratadas las reacciones del hemiciclo. José María Llanos (Vox) valoró su tono “positivo” y su empeño en plantear medidas; Nando Pastor (PP) subrayó la importancia de “dar voz”; desde el PSPV, M.ª José Salvador habló de deber moral y de no entender el futuro sin verdad, justicia y reparación; Jesús Pla (Compromís) agradeció el esfuerzo de hablar desde el dolor con racionalidad. Y Fuster, ya en su segunda intervención, soltó una frase que sonó extraña precisamente por ser infrecuente: “sí se puede”, celebrando que, al menos en ese momento, los grupos parecían moverse hacia un terreno común. Un paréntesis. Un respiro. Luego volvió la fricción.

“Por fin estamos en casa”: Alejandro Carabal y el relato del abandono

Carabal llevó la comisión a la calle, al portal, al garaje, al ascensor que no funciona. Arrancó con orgullo por estar allí, sí, pero ese orgullo venía mezclado con amargura: “hemos dado muchas vueltas” hasta llegar al parlamento, que debería haber sido un lugar natural para escuchar a víctimas y damnificados y, sin embargo, llegó tarde. Su discurso tuvo dos ejes que se fueron alternando sin necesidad de subrayados: dignidad y tiempo. La dignidad, dijo, está por delante de cualquier cifra. El tiempo —cada minuto— es lo que separa una alerta útil de una alerta decorativa.

La crítica política, cuando apareció, lo hizo en forma de pregunta casi doméstica: Carabal señaló que no aceptan que el máximo responsable de la emergencia siga aforado y no haya acudido voluntariamente a declarar ante la jueza. Hablaba de Carlos Mazón, que dimitió y mantiene su escaño en Les Corts, con el blindaje procesal que eso implica, y al que el PP ha asignado además cargos parlamentarios con complemento económico y estructura de apoyo. Carabal lo tradujo al lenguaje de la calle: si no hay nada que esconder, se va y se entrega el móvil “o lo que sea”. Y fue más lejos: afeó que se le haya dado otro cargo de responsabilidad, que se le haya subido el sueldo y que conserve privilegios como asesores. No estaba pidiendo un linchamiento; estaba señalando una incoherencia simbólica: una tragedia de esta magnitud y, a la vez, premios institucionales a quien muchos consideran parte del problema.

En otro punto, el presidente de Damnificados por la Dana Alfafar/l’Horta Sud regresó a lo esencial: quieren saber qué se hizo y qué no se hizo. Lo dijo con una frase que corta porque evita el chisme y clava el centro: “me da igual dónde estuviera cada uno; importa lo que se hizo o no se hizo”. Y desde ahí pidió planes de emergencia, medidas de prevención, avisos más tempranos y una comisión mixta entre administraciones para trabajar “codo con codo”. Su lectura de lo ocurrido fue contundente: lo del 29-O fue gravísimo, y lo grave no fue solo la lluvia, sino la forma en que el engranaje público tardó en acoplarse.

Su descripción de la poscatástrofe fue quizá lo más difícil de oír porque no se puede discutir con argumentos, solo con hechos. Habló de tres o cuatro días “eternos” sin una administración que se hiciera cargo, de la sensación de abandono, de la gente limpiando de día y vigilando de noche porque no había puertas, de calles con personas gritando buscando familiares. Y soltó una imagen que funciona como espejo cruel: si entraron ladrones de madrugada, también podían haber entrado equipos de ayuda. En esa comparación hay una acusación de vacío: no es que faltaran buenas intenciones; es que faltó presencia organizada.

Carabal no escondió el desgaste psicológico. Dijo que hay preocupación, psicosis y problemas de salud mental. Habló de ansiedad y depresión en afectados que, además del trauma, arrastran una vida cotidiana convertida en obstáculos: ascensores sin funcionar, mayores que no pueden bajar a la calle, garajes sin recuperar, barro que aún aparece como un fantasma seco, comercios que reabren con lo mínimo. Aquí el barro no es metáfora, es residuo real. Y esa persistencia, insistió, erosiona familias y barrios, acumula presión y rompe rutinas.

El aviso Es-Alert y la pelea por cada palabra

En medio de tanta emoción contenida, Carabal introdujo un debate de precisión quirúrgica: Es-Alert funciona y salva vidas, dijo, pero lo determinante es cuándo se manda y qué dice. Su crítica no fue al sistema, fue al uso: defendió mensajes claros y concisos y dejó una frase que, escuchada con el contexto judicial encima, cae como un martillo: no se puede perder el tiempo en “poner este acento aquí o allá”. La referencia no era casual. En los juzgados, varios testimonios han apuntado a discusiones y retoques del texto mientras la situación empeoraba.

Ese debate sale del hemiciclo y entra en la causa judicial con nombres y horas. Un técnico encargado de enviar el Es-Alert declaró que el equipo empezó a planificar el envío alrededor de las 18:00, que desde poco después de las 19:00 ya estaban preparados y que el mensaje no se mandó hasta las 20:11 porque se esperó la orden de la entonces consellera Salomé Pradas, quien, según ese testimonio, dictó el texto palabra por palabra y se revisó “mil veces”, con cambios mínimos de comas o acentos. El técnico llegó a describir la escena con crudeza burocrática: estuvieron “de brazos cruzados” esperando la orden frente al ordenador. Además, según esas declaraciones, se propuso incluir una instrucción clave —subir a pisos altos— que finalmente no se incorporó al primer mensaje. No es una discusión lingüística: es una discusión de supervivencia.

La propia comisión de Les Corts, aunque es un escenario político, está atravesada por ese calendario de minutos. La dana del 29 de octubre no se recuerda solo por el agua; se recuerda por el sonido del móvil, por el mensaje que llegó cuando ya había calles convertidas en ríos y coches atrapados. Carabal lo explicó con sencillez: si es inundación, el aviso no puede limitarse a “eviten desplazamientos”; debe ordenar, con claridad, subir a plantas altas y mantenerse atento a canales oficiales. Un mensaje que guía. Un mensaje que, en el peor momento, no añade confusión.

La comisión, el ruido y la mezcla que reabrió heridas

La jornada en Les Corts no fue solo la voz de Fuster y Carabal. La comisión, dirigida por una mayoría de PP y Vox, ordenó comparecencias que han generado polémica por la mezcla de perfiles: asociaciones de víctimas y damnificados, sí, pero también entidades y figuras señaladas por haber alimentado bulos o por cuestionar sin pruebas concluyentes el relato judicial. Ese encuadre, para muchos familiares, tiene algo de ofensa: no es lo mismo hablar desde una pérdida real que desde una sospecha lanzada al aire. Y, aun así, compartieron escenario.

En la primera jornada declararon, además de SOS Desaparecidos y Damnificados de Alfafar/l’Horta Sud, la asociación Liberum, con su presidenta Concepción Cuevas, que volvió a poner en duda el número oficial de fallecidos, apelando a comentarios de la “zona cero” y admitiendo que no sabía si eran ciertos. Cuevas cargó con dureza contra la tardanza de los avisos y repartió responsabilidades desde el Gobierno central al último ayuntamiento, además de denunciar falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Aemet. El choque aquí es evidente: mientras unas asociaciones buscaban aterrizar medidas y responsabilidades concretas, Liberum entraba con un tono más de denuncia general y de sospecha sobre cifras, un terreno especialmente sensible cuando hay familias que aún no han cerrado el duelo.

También pasó por la comisión Fernando Catalán, portavoz de Tots a una veu, una agrupación ciudadana con alrededor de 1.400 inscritos que se define como transversal e independiente y que dijo no buscar responsabilidades ni presentarse como asociación de damnificados, sino empujar soluciones de futuro en infraestructuras y actualización de protocolos de avisos y alertas, con campañas de información y formación. Cerró la jornada Alba Bodelón, de la asociación vecinal Ecos del agua de Benetússer, con una frase que resumió el cansancio de muchos barrios: “estábamos muy solos y seguimos un año después solos”; añadió que no se supera y que la ayuda no es suficiente, que “es horroroso”. El peso de esa declaración no está en el adjetivo, está en el tiempo verbal: seguimos.

El martes, según el orden previsto, debían comparecer también las dos asociaciones mayoritarias de familiares de víctimas mortales que han liderado protestas y críticas, con Rosa Álvarez y Mariló Gradolí como nombres centrales. Y, dentro de esa misma arquitectura diseñada por la mayoría parlamentaria, figura el youtuber Rubén Gisbert, presidente de la asociación Solo el pueblo salva al pueblo, un perfil muy discutido por su papel en la difusión de afirmaciones falsas o no verificadas en los días posteriores a la riada, incluido el bulo sobre supuestos “cientos de cadáveres” en el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia, además de un vídeo en el que se le veía manchándose de barro antes de un directo. El mero hecho de colocarlo en el mismo marco que familiares de fallecidos ha sido denunciado por la oposición como una forma de infligir más dolor.

Mazón, el aforamiento y el hilo judicial que vuelve al 29-O

La comparecencia de las asociaciones se produce mientras la investigación judicial sigue sumando piezas y el foco vuelve una y otra vez a la tarde del 29-O, al Cecopi reunido en l’Eliana y al itinerario político de aquel día. La jueza de Catarroja ha pedido a la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat información sobre el listado de llamadas del chófer de Carlos Mazón para averiguar a qué hora fue movilizado para trasladarlo al Cecopi. La solicitud se centra en el tramo entre las 19:00 y las 20:00, buscando concretar cuándo recibió la llamada para regresar al Palau y cuándo se activó el movimiento hacia el centro de coordinación. El chófer declaró como testigo que cuando sonó el Es-Alert a las 20:11 llevaba a Mazón hacia el Cecopi y que lo dejó en su casa entre medianoche y la una de la madrugada. Es un detalle que, sumado a otros, alimenta el debate sobre timings y prioridades en las horas decisivas.

En paralelo, el mapa político valenciano cambió: Mazón dimitió y el actual president es Juanfran Pérez Llorca, que el mismo día de estas comparecencias defendió que, desde su llegada al Consell, ha intentado “reconducir” la relación con las asociaciones de víctimas, subrayando que era necesario hacerlo y que en ese trabajo está. En ese intento de recomponer puentes, el Consell aprobó una ayuda directa para cada víctima mortal y, días antes, se anunció una indemnización de 80.000 euros por familia, con un decreto que, en conjunto, suma 18,5 millones. Las asociaciones han sido claras con este punto: el dinero puede ayudar, sí, pero no es una cuestión de dinero, sino de reconocimiento, responsabilidad, transparencia, prevención y cambios de políticas. Dicho de otra forma: sin verdad y sin garantías de no repetición, la indemnización no limpia el barro moral.

Carabal, en la sala, lo expresó con crudeza: las indemnizaciones están bien, pero la dignidad está por delante. Fuster lo formuló en términos de derechos: no pedimos privilegios, pedimos verdad, justicia y garantías de no repetición. Y añadió una idea esencial que explica por qué el debate no se apaga: los seres queridos ya no pueden hablar, por eso hablan ellos. Es una frase simple, casi una evidencia… y a la vez, una acusación directa a la lentitud institucional.

Verdad, justicia y una alerta que no vuelva a sonar tarde

El primer día de comparecencias dejó una fotografía nítida, con bordes ásperos. En Les Corts se escuchó, por un lado, el testimonio personal de Sonia Fuster, sostenido por la experiencia y por propuestas concretas; por otro, el relato de Alejandro Carabal, pegado a la poscatástrofe y al reproche político sobre el aforamiento y los privilegios del expresident. En medio, el ruido de una comisión que mezcla voces legítimas con perfiles polémicos y abre un debate sobre cómo se gestiona el dolor en sede parlamentaria, sin convertirlo en espectáculo ni en campo de batalla.

Lo que queda claro —y esto fue común a casi todas las intervenciones de víctimas y damnificados— es que la dana se sigue viviendo en presente: en la salud mental, en los ascensores parados, en garajes aún pendientes, en comercios reabriendo “con lo poco que tienen”, en la desconfianza hacia instituciones que tardaron en llegar. Y, al fondo de todo, late el mismo sonido: el del móvil vibrando con un mensaje que, según los afectados, debió llegar antes y con una instrucción más clara. Perder tiempo cuesta vidas, repitió Carabal con una lógica que nadie discutió. En esa frase cabe toda la comisión, toda la instrucción judicial y toda la política que viene: la pelea por el minuto, por la decisión, por la cadena de mando… y por que la próxima alerta no sea un parte tardío, sino una puerta abierta a tiempo.