¿Por qué uno de cada tres LGTBI deja su hogar en España?

Un tercio del colectivo LGTBI deja su casa en España: datos clave, causas del sexilio, quién sufre más y qué respuestas empiezan a funcionar.

La cifra es rotunda: el 34% de las personas LGTBI en España ha tenido que dejar la casa familiar en los últimos cinco años por ser quienes son. El dato viene acompañado de una radiografía concreta del impacto residencial: un 17% se ha visto forzado a vivir con familiares o amistades, un 10% ha pasado por alojamientos temporales, un 9% ha residido en lugares inadecuados y un 4,5% ha dormido en la calle. Hablamos de sexilio —desplazamientos forzados por orientación sexual, identidad o expresión de género— y de sinhogarismo en sus distintas formas: desde el sofá prestado al recurso de emergencia, de la infravivienda al albergue o al raso.

El fenómeno no es marginal ni coyuntural. Está medido sobre una muestra de 800 entrevistas del programa Estado LGTBI+ 2025 y ha sido presentado en Madrid por la Federación Estatal LGTBI+. El equipo investigador —con participación académica y del movimiento asociativo— sitúa el foco en dos vectores que se cruzan: visibilidad y entorno familiar. La **presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha subrayado que el hogar sigue siendo, para demasiadas personas, el primer espacio de exclusión. Los datos se agravan en los perfiles trans: más de la mitad de las personas trans ha vivido situaciones de sinhogarismo en algún momento, y cerca de una de cada diez admite haber dormido en la calle. El mensaje que sale de la presentación es nítido: hay empeoramiento socioeconómico, más temporalidad y baja intensidad laboral, y, como consecuencia, una mayor fragilidad residencial.

El dato que rompe el mito: expulsiones, traslados y un país que se mueve

No se trata de “independizaciones” al uso ni de mudanzas por trabajo o estudios. Los autores del informe explican que el desplazamiento forzado tiene causas específicas, vinculadas a la LGTBIfobia en el núcleo de convivencia y a la imposibilidad de vivir con seguridad siendo visible. Cuando se pregunta por los motivos del sexilio a lo largo de la vida, destacan razones como la necesidad de no ocultarse (la más citada), el rechazo o la discriminación del entorno, el conflicto familiar y la violencia. Esa cadena de razones explica que la cronología del fenómeno no sea uniforme: hay picos recientes, un rastro que se lee en testimonios y en los cruces con edad, identidad de género y clase social.

Quien pone nombres y apellidos a esta foto es el equipo mixto que firma los informes de la serie Estado LGTBI+: Kerman Calvo (Universidad de Salamanca), José María Ramírez Dueñas (UNED), junto a Paula Iglesias, William Gil D’Avolio y María Rodríguez-Manzaneque en la dirección e investigación desde la Federación. El trabajo de campo —realizado por 40dB— permite desagregar desplazamientos recientes (últimos cinco años) y trayectorias vitales. Un hallazgo relevante: el sexilio no es, necesariamente, un viaje del campo a la gran ciudad. Hay tránsitos urbanos de ciudad a ciudad, retornos y, en un número nada menor, salidas desde otra ciudad o desde otro país, lo que desmiente el tópico de la “huida del pueblo”.

Quiénes sufren más: la lupa sociodemográfica y laboral

La desigualdad atraviesa todo el documento. La tasa de desempleo del colectivo se sitúa en torno al 12,2%, por encima de la media general, y la baja intensidad laboral (trabajar tres meses o menos al año) alcanza el 21,9%, siete puntos más que el año pasado. No son porcentajes que se expliquen solos por la edad media más joven de la población LGTBI+. Pesan la discriminación —abierta o sutil— en determinadas ocupaciones, los contratos temporales encadenados, la rotación y la infrarrepresentación en sectores estables y de salarios medios altos.

Los ingresos refuerzan el patrón de vulnerabilidad: un 11,5% de las personas LGTBI+ vive con menos de 1.000 euros netos al mes; la tasa de riesgo de pobreza se dispara en hogares monomarentales del colectivo, y casi la mitad de las personas trans se reconoce en algún punto del continuo de precariedad económica. La foto del bienestar material es elocuente: retrasos en pagos de alquiler o recibos (tres de cada diez), dificultad para mantener la vivienda a temperatura adecuada (más de cuatro de cada diez), restricciones alimentarias (casi una de cada cuatro no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días). Si a ese cuadro le añadimos el estrés de la ocultación en el trabajo —la llamada “doble jornada” de esconderse—, se entiende por qué el terreno se inclina antes de que llegue el empujón del conflicto en casa.

La variable trans, el punto más débil de la cadena

No hay empates aquí. La categoría trans concentra la mayor exposición a violencia, rechazo familiar, paro y sinhogarismo. En esa intersección, cualquier grieta en el soporte económico o afectivo provoca desahucios de facto: la expulsión del armario va pegada, con demasiada frecuencia, a la expulsión del domicilio. Es donde el dato de sinhogarismo extremo —personas que han dormido en la calle— deja de ser anécdota para convertirse en patrón de riesgo. A esto se suma la discriminación en el alquiler (peticiones de documentación extra, fianzas abusivas, vetos encubiertos), un muro que obliga a aceptar habitaciones inadecuadas o a rotar de sofá en sofá, la cara menos visible del sinhogarismo.

Cuando el hogar deja de ser refugio: causas que se repiten

El primer desencadenante que describen los investigadores es el choque entre visibilidad e intimidad. Al hacerse visible en casa (o ser percibida como persona LGTBI+), se activan tensiones que muchos relatos definen con términos duros: “no te quiero aquí”, “mientras vivas bajo mi techo”, “ya se te pasará”. Quien firma el informe recuerda que el rechazo familiar directo convive con formas más soterradas de expulsión: hacer la vida imposible hasta que uno se va, dejar de financiar estudios o manutención, bloquear trámites como empadronamiento o acceso a documentación básica. Es el paso de la hostilidad al abandono.

La escuela y el barrio no amortiguan el golpe. En los relatos de los últimos años aparecen acosos en el instituto, bromas homófobas normalizadas, pintadas en centros educativos y agresiones en el entorno inmediato. Así se entiende el calendario: se producen movimientos en plena adolescencia y primera juventud, edades en las que falta músculo económico para sostener una vivienda y, a la vez, hay necesidad urgente de habitar espacios seguros. La edad media de quienes experimentan sexilio ronda los 32 años a lo largo de la vida, pero en el bloque de “últimos cinco años” el empuje de los 18-24 es nítido.

Motivos que suman: del miedo al futuro a las violencias muy específicas

En la matriz de razones que manejan los autores aparecen cinco grandes bloques: visibilidad/expresión, discriminación y riesgo de violencia en el entorno, rechazo o maltrato en la familia, soledad y falta de oportunidades de emancipación. No compiten entre sí, se acumulan. Para una persona bisexual, por ejemplo, el obstáculo puede ser la invalidadora idea de que “no eres nada”, que se solidifica en casa y se proyecta en el trabajo; para una mujer trans, el rechazo puede llegar desde el centro de salud a la inmobiliaria. El resultado práctico, uno y otro: mudarse para poder ser.

Consecuencias visibles (y medibles): del sofá prestado al albergue y a la calle

Cuando se pregunta por experiencias concretas de sinhogarismo en los últimos cinco años, los porcentajes trazan un mapa. Más de una de cada cinco personas LGTBI+ ha tenido que vivir temporalmente con familiares o amistades; alrededor de una de cada diez ha pasado por alojamientos de emergencia; casi una de cada diez ha residido en lugares no adecuados (habitaciones interiores sin ventilación, trasteros, caravanas sin condiciones, hacinamiento severo). Y ese 4,5% que admite haber dormido en la calle no se explica sin la cadena previa: rechazo en casa + precariedad laboral + discriminación en el alquiler.

Hay otro dato cualitativo que debería estar en todas las agendas públicas: entre las personas que ya sufrieron sexilio, el 17% cuenta que ha vivido “en ocasiones” en la calle y más del 22% que ha residido en espacios indignos. Traducción: el desplazamiento por ser LGTBI+ multiplica la probabilidad de caer en sinhogarismo crónico si faltan red y políticas. La epidemiología social aquí es testaruda: la salud mental se resiente —ansiedad, depresión— y el itinerario para “volver a estar de pie” se alarga cuando el acceso a una vivienda alternativa depende de contratos imposibles o de un aval que nadie en el entorno facilita.

El papel de las ciudades y los municipios medianos

El informe deshace una idea instalada: no todo es “pueblo vs. Madrid/Barcelona”. Muchas expulsiones y mudanzas se producen entre ciudades. Hay quienes se mueven de barrios hostiles a otros más seguros dentro de la misma capital, quienes cambian Valencia por Bilbao, o Sevilla por Málaga, atraídos por redes ya existentes o por servicios específicos (salud, apoyo psicológico, asesoría legal). Pesa el precio del alquiler y la disponibilidad de habitaciones; pesan también las listas de espera en servicios sanitarios y la cobertura de programas municipales. Una conclusión práctica: la política local y autonómica pueden acelerar o frenar el descenso por la pendiente.

Respuestas que ya existen: teléfonos, leyes y recursos… y dónde fallan

España cuenta desde julio de 2023 con el 028 Arcoíris, un servicio telefónico y multicanal gratuito 24/7 para atender violencia y discriminación por LGTBIfobia, con atención psicológica, jurídica y social. En sus dos primeros años superó las 22.000 atenciones, con un 37% de incremento interanual, lo que confirma una demanda real sostenida. El perfil de consulta es variado: expulsiones de casa, amenazas, acoso escolar, discriminación en el trabajo y negativas en el alquiler. Donde aprieta el zapato, según entidades que trabajan a pie de calle, es en la derivación efectiva: no siempre hay plaza o recurso habitacional a la altura de la urgencia, y el salto del asesoramiento a la solución material (techo, ingresos, seguridad) tarda.

En el plano normativo, el marco estatal ya prohíbe las llamadas “terapias de conversión” y varias comunidades autónomas las sancionan con multas. Este año, además, el Congreso dio luz verde a la tramitación de una reforma del Código Penal para penalizarlas con prisión —con una amplísima mayoría en la toma en consideración—. La diferencia no es menor: convertir una infracción administrativa en delito permitiría perseguir estas prácticas de forma más contundente. La tramitación sigue su curso y es uno de los asuntos sensibles que las entidades reclaman resolver.

La otra pata es vivienda. El movimiento LGTBI+ plantea paquetes integrales que conecten prevención, acompañamiento y soluciones habitacionales: bonos de emergencia vinculados a alquiler, cuotas reservadas en programas de Housing First para víctimas de LGTBIfobia intrafamiliar, protocolos específicos con servicios sociales y educación, y una financiación estable para entidades que median con propietarios y garantizan alquileres seguros. No es una lista teórica: hay pilotos en capitales que muestran reducciones rápidas de estancias en albergue cuando existe una vía directa a vivienda con apoyo psicosocial y gestión de fianzas.

El papel de la empresa y la escuela

La empresa aparece en el informe con doble cara. Por un lado, el 82,8% de la población LGTBI+ está activamente en el mercado de trabajo, por encima de la media. Por otro, se registran tasas de paro y temporalidad más altas, brechas salariales y climas laborales que empujan a ocultar la orientación o la identidad. Las políticas internas —protocolos antiacoso, planes LGTBI, redes de afinidad, formación a mandos intermedios— marcan diferencias medibles en retención y ascensos. En educación, protocolos de convivencia y coordinaciones LGTBI en centros permiten actuar antes de que el conflicto estalle en casa. Falta, según el propio sector, formación específica y recursos para tutores y orientación.

Voces, cifras y contextos que encajan

La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, ha insistido en tener una lectura estructural del dato del 34%: no es que un tercio de las personas LGTBI “decida” marcharse; es que han tenido que hacerlo. El matiz importa, porque asigna responsabilidad a instituciones y sociedad. Desde la Universidad de Salamanca, Kerman Calvo llama a no simplificar: el sexilio no siempre responde a una única causa y no se corrige con una sola política. El equipo recuerda que la satisfacción vital de quien logra recomponer su vida mejora, pero el peaje emocional y material del desplazamiento es alto, sobre todo cuando el entorno de acogida ofrece trabajo precario, alquileres imposibles y soledades nuevas.

En paralelo, los observatorios locales reportan incidentes en el ámbito familiar y educativo que encajan con la expulsión residencial. Hay casos en los que la intervención rápida del ayuntamiento y de entidades evita que la mudanza desemboque en calle; otros en los que el itinerario es más largo: depósito solidario para fianza, alquiler con aval social, seguimiento psicológico. La escala de las capitales introduce otra dificultad: listas de espera para una cita de salud mental, demandas de habitaciones que doblan la oferta, subidas de precios en barrios que hasta hace poco eran accesibles.

Un espejo europeo, una cifra española

La comparación europea ayuda a ubicar el dato. Los barómetros de la UE vienen registrando niveles sostenidos de discriminación que se traducen en peores resultados de empleo y vivienda para el colectivo. España combina avances legales con bolsas de hostilidad que la estadística deja ver: más discursos de odio en redes, agresiones que se denuncian más y, en especial, ese núcleo de rechazo doméstico que sostiene el 34%. En el terreno estrictamente español, la crisis de vivienda —alquiler tensionado, ingresos inestables, turismo— acentúa los efectos. Lo que para una pareja cishetero es un problema de precio, para una persona LGTBI+ puede ser una barrera de acceso.

Lo que dicen los números (y lo que nos obligan a hacer)

En la misma entrega del Estado LGTBI+ 2025 que revela el tercio expulsado del hogar, se confirma la subida de la baja intensidad laboral y se detalla una canasta de privaciones: desde las facturas atrasadas a la dificultad para calentar la vivienda. El riesgo de pobreza es más alto en las tipologías familiares del colectivo —hogares unipersonales, monomarentales—, y la enfermedad o la discapacidad amplifican todos los problemas. Con ese tablero, cualquier discusión sobre “decisiones personales” pierde sentido. No es una cuestión de gustos ni de modas; es seguridad, techo y derechos.

El informe, además, matiza que la visibilidad —salir del armario— se va adelantando en edades más tempranas, y sigue faltando soporte a esa visibilidad real. Si se quiere contener el sexilio y evitar la caída en sinhogarismo, las palancas son conocidas: refuerzo de 028 con capacidad de derivación a vivienda, bolsas de alquiler con garantía pública, líneas de emergencia que cubran fianzas y suministros, protocolos escolares con medidas inmediatas cuando hay riesgos en casa, régimen sancionador efectivo contra discriminación en el alquiler y, sí, responsabilidad penal frente a prácticas de “conversión” que siguen causando daño.

Un país que espera ser casa

Hay un país que se mueve por ser quien es. Las cifras de sexilio y expulsión del hogar no son un tema identitario, son política de vivienda, empleo, educación y salud pública. Un tercio del colectivo no abandona su casa para vivir aventuras: se va porque no puede quedarse. Lo hace con ingresos más precarios, contratos más frágiles, menos red, y a veces con el miedo de que el próximo dueño no alquile si intuye quién eres. La buena noticia —porque la hay— es que cuando hay red, los itinerarios se enderezan: teléfono de ayuda que empalma con recurso, bono de emergencia que abre la puerta a un alquiler, tutoría escolar que detiene el acoso, empresa que no tolera el chiste y promueve ascensos por mérito.

La otra noticia es que no basta con contar el dato del 34% y conmoverse. El próximo corte anual del Estado LGTBI+ nos dirá si hemos sido capaces de invertir la curva de la baja intensidad laboral, de bajar las privaciones materiales y, sobre todo, de reducir el número de quienes se van de casa porque ya no hay casa para ellos. Si el hogar es la primera institución de una sociedad, el reto es obvio: que deje de ser la primera frontera. Y que España pase del movimiento forzado a la pertenencia. Porque una casa —un país-casa— también se mide por a quién no expulsa.