¿Por qué la UCO exculpa a Ángel Víctor Torres en caso Koldo?

El informe de la UCO descarta cohecho contra Ángel Víctor Torres y aclara su papel en el caso Koldo: claves, mensajes, fechas y lo que sigue.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al juez un extenso informe que no aprecia indicios de cohecho ni mordidas atribuidas a Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial. El documento, clave en el llamado caso Koldo sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, no propone su imputación, ni solicita diligencias penales contra él por presuntos sobornos. Al mismo tiempo, reconoce que el dirigente se interesó por pagos pendientes a la empresa Soluciones de Gestión, dentro de gestiones administrativas que —según los agentes— se enmarcan en la influencia que habría ejercido Koldo García. Esa combinación —ausencia de delito y constatación de gestiones— explica por qué el dictamen se interpreta como exculpatorio en lo penal, aunque deja aristas políticas.

En lo sustancial, la UCO descarta la versión del empresario Víctor de Aldama sobre una supuesta comisión exigida por Torres, concluye que no hay rastro de cobros ilícitos y que no existe relación estrecha entre ambos más allá de un encuentro puntual y contactos vinculados a la resolución de pagos por material sanitario. A la vez, el informe incorpora mensajes en los que Torres escribe “estoy encima de tu pago”, referencias a una reunión del 15 de julio de 2020 en Madrid y conversaciones donde aparece presionando —o, si se prefiere, apremiando— para desbloquear 7,8 millones de euros en facturas atrasadas. Esto no basta para imputar un delito, señalan los agentes, pero ilustra el grado de influencia de Koldo y el impacto de la urgencia de la pandemia sobre los mecanismos de contratación.

Qué dice exactamente el informe y qué no dice

El documento —de cientos de páginas— delimita dos planos. Primero, el penal: no hay pruebas de que Torres pidiera o aceptara comisiones; no se detectan pagos sospechosos hacia él ni testaferros, no se acredita el cohecho relatado por Aldama. Segundo, el institucional: sí hay evidencias de que Koldo García empujó para colocar y cobrar el negocio con Soluciones de Gestión, y que Torres, como presidente autonómico en plena emergencia sanitaria, intercedió para que se pagara lo suministrado. La frontera entre ambas cosas —gestión política intensa frente a delito— la traza la UCO a favor de la inocencia penal del ministro. No hay tipicidad, no hay contraprestación. No hay caso contra él, en términos de cohecho.

Ahora bien, el informe también señala mensajes y reuniones que dibujan el contexto en que se produjeron los pagos y el papel de intermediarios: la cena en el Jai Alai; los chats del verano de 2020; y el itinerario de un contrato cuestionado por precio por técnicos de contratación. Todo ello encaja en la tesis de que Koldo utilizó su capacidad de influencia para llegar a altos cargos y acelerar trámites. Sí a la influencia, no a la mordida: esa es la línea central.

Claves del caso Koldo y la compra de mascarillas

Para entender el alcance del dictamen conviene repasar cómo nace el caso. En los primeros meses de 2020, con mercados en tensión, Soluciones de Gestión cerró ventas de mascarillas por más de 12 millones a la Comunidad Autónoma de Canarias. Poco después, se abrió una guerra de facturas, retrasos y reclamaciones. La UCO reconstruye esa ruta con mensajería, actas y testimonios. El eje: Koldo García, asesor en Transportes, habría pavimentado puertas para que la compañía cerrara contratos y cobrara. Y en esa cadena aparece Torres: como presidente, y con el sistema público estresado por la demanda de material, presionó para que se abonara lo servido. Penalmente, repite el informe, no hay delito. Políticamente, las explicaciones son inevitables.

La narrativa que ha dominado el debate público durante meses —¿hubo mordidas?, ¿comisiones?, ¿tráfico de influencias?— no encuentra respaldo contra Torres. De hecho, la acusación concreta de Aldama sobre un pago de 50.000 euros queda desmentida por falta de pruebas: ni movimientos bancarios, ni conversaciones que apunten a una contraprestación. El juez no lo ha citado en calidad de investigado y la UCO no lo propone. Es ahí donde se posicionan quienes hablan de exculpación.

Qué ocurrió aquel verano: mensajes, cenas y pagos

La pieza documental más comentada son mensajes donde Torres escribe a Koldo: “estoy encima de tu pago”. En paralelo, los agentes sitúan una reunión el 15 de julio de 2020 en Madrid, como espacio en el que se abordó el retraso de las facturas. El contenido no prueba delito, pero sirve para dimensionar la proximidad operativa en un contexto de emergencia. Si se mira con lupa, el lenguaje de los chats muestra prisa y molestia por las demoras; lo que no muestra es contraprestación. No hay rastro de una mordida exigida, ni de un acuerdo corrupto. Mobilización política, sí. Cohecho, no.

En este punto conviene subrayar lo esencial a ojos de un juez: el tipo penal requiere ofrecimiento o aceptación de dádiva, vinculación causal con un acto administrativo y evidencia de beneficio ilegítimo. La UCO no encuentra ese esqueleto, pese a que reconstruye el entorno de presión de Koldo para cobrar y repartir influencias. Esta lectura equilibra el relato: exculpa penal de Torres, reprobación política del circuito de intermediarios.

Qué implicaciones legales tiene: hoy por hoy, ninguna

¿Implica el informe que el caso se haya cerrado para todos? No. Las diligencias sobre la red, sus cobros y posibles delitos siguen su curso en la Audiencia Nacional. Pero en el plano individual de Torres, hoy, no hay investigación abierta ni petición de imputación. De hecho, el propio ministro se ha mostrado confiado en público: sostiene que el documento “prueba que no hay nada” penal contra él. No es un sobreseimiento —no lo necesita, porque no está imputado— pero se le parece en su efecto reputacional.

Técnicamente, el informe de la UCO es policial, no judicial. Es decir, ilustra y apoya la instrucción; no condena ni absuelve. Si mañana aparecieran nuevos indicios, el tablero cambiaría. A día de hoy, lo noticiable es la ausencia de base penal contra Torres y la invitación implícita a separar responsabilidades políticas de responsabilidades penales. En el ecosistema institucional español, esa distinción cuenta.

Reacciones: entre la exigencia de dimisión y la demanda por honor

La respuesta política ha sido inmediata. El Gobierno interpreta que el informe “demuestra la falsedad de las acusaciones”; el PP, por su parte, ha exigido la dimisión del ministro e incluso ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que lo cese si no lo hace. En paralelo, Torres ha anunciado acciones legales por intromisión en el honor contra Víctor de Aldama, al considerar que mintió sobre una supuesta mordida. El choque es frontal: exculpación penal frente a responsabilidad política y reparación reputacional.

En la trastienda, la comunicación pública opera con su propia lógica. Parte de la prensa ha subrayado la exculpación; otra parte ha enfatizado los mensajes y reuniones que “señalan” a Torres. Ambas cosas son compatibles si se entiende el matiz: no hay delito, sí hubo gestiones para que se pagara a una empresa señalada por la investigación. El votante y el lector no siempre piden lo mismo que el Código Penal.

Los hechos probados y los hechos debatidos

Entre los hechos probados hoy, con respaldo documental, están estos: no hay rastro de comisiones vinculadas a Torres; existe una traza de comunicaciones que muestran su interés en que se pagaran facturas a Soluciones de Gestión; se produjo una reunión con Aldama en julio de 2020; y Koldo operó como palanca para abrir puertas en la Administración. No constan pagos, ni regalos, ni sobrecostes asociados a Torres. Los hechos debatidos orbitan en torno a la valoración ética de esas gestiones y al precio que pagó la Administración por el material.

La UCO va más allá de una negación genérica: analiza extractos bancarios, intervenciones telefónicas, registros y testificales. Si hubiese huellas de pagos irregulares, lo razonable es que aparecieran ahí. No aparecen. Y conviene decirlo sin rodeos, porque de eso se trataba la acusación nuclear contra el ministro. Lo que sí aparece, insisto, es la intermediación de Koldo y su capacidad para apretar los mecanismos de pago en plena tormenta sanitaria.

Qué ocurre con Soluciones de Gestión: la otra cara del expediente

El nombre de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. se ha convertido en sinécdoque de todo el mercado de mascarillas de 2020. La empresa logró contratos pese a reparos técnicos por el precio del material. Más tarde, reclamó pagos; y ahí es donde la UCO encaja las conversaciones y la reunión de julio de 2020. Incluso si el producto llegó y fue utilizable, la dimensión económica y el procedimiento seguirán bajo lupa. De nuevo: eso no implica delito de Torres; sí implica una revisión de controles y protocolos para compras de emergencia.

Los instructores apuntan a que Aldama pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo, cifra que refuerza la tesis de la influencia. Y ese rastro de dinero, en su caso, podrá sostener delitos de otros investigados. Para Torres, en cambio, no hay esa vinculación dineraria. El diferencial jurídico es evidente, y ahí reside el núcleo de la exculpación: sin dádiva ni contraprestación, no hay cohecho.

Por qué este informe importa fuera de los tribunales

En política, una exculpación penal no siempre blanquea por completo. El coste reputacional de un escándalo se gestiona con tiempo y transparencia. Torres, que ha anunciado una demanda por honor contra Aldama, busca algo más que un auto: quiere un relato que restituya su prestigio. Sus detractores, en cambio, se agarran a los mensajes y a la reunión para sostener que, aunque no haya delito, hay responsabilidad política. En el ecosistema español, ese debate no está tipificado; se decide en los medios y en las urnas.

A efectos prácticos, el informe ancla varias certezas. Primera: el Supremo no ha imputado a Torres ni la UCO lo pide. Segunda: el sumario del caso Koldo sigue, con otros protagonistas en el foco. Tercera: el episodio obliga a repensar los protocolos de compras en emergencias, para que la urgencia no vuelva a abrir un mercado paralelo de mediadores y comisionistas. Y, de paso, recuerda que las investigaciones policiales pueden limpiar —o ensuciar— una reputación más que cualquier discurso.

La frontera entre gestión y delito: lo que enseña 2020

En 2020, muchos presidentes autonómicos, alcaldes y ministros llamaban, pedían, aceleraban. El país se asfixiaba sin material, y al final la Administración terminó comprando a quien vendía. La jurisprudencia no penaliza gestionar ni empujar: penaliza cobrar por hacerlo o intercambiar favores. Por eso es importante leer el informe con calma. La UCO no blanquea los abusos del entorno Koldo–Aldama; lo que hace es separar la exigencia de pagos —para cumplir un contrato— de una mordida a cambio de ese cobro. Y Torres, guste o no, cae en el primer lado.

Quedan lecciones de fondo: reforzar los filtros en compras públicas, blindar las mesas de contratación, trazar mejor la huella documental de cada decisión, proteger a los técnicos que advierten sobre sobrecostes. La política —toda— se juega también en esos procedimientos. Cuando falla la estructura, aparecen los intermediarios con prisas y teléfonos. La crónica de 2020 lo enseña con crudeza.

Qué podemos afirmar con seguridad

A 5 de noviembre de 2025, lo verificable es esto: la UCO no acusa a Ángel Víctor Torres de cohecho, no propone su imputación y descarta la mordida que le atribuyó Víctor de Aldama. Sí documenta comunicaciones y una reunión en las que el entonces presidente canario apremió para pagar a Soluciones de Gestión, dentro de un engranaje en el que Koldo García ejercía influencia. Todo lo demás —dimisiones, ceses, reproches— pertenece al espacio de la política y a cómo cada quien interpreta los hechos. En derecho penal, no hay caso contra el ministro; en el debate público, la conversación sigue.

La palabra final la tendrá el juez

Puede que el informe cierre una puerta —la del cohecho atribuido a Torres—, pero abre otras: la revisión de compras de emergencia, la cartografía de intermediarios y la discusión sobre responsabilidades políticas cuando no hay delito. La Audiencia Nacional y, cuando corresponda, el Supremo, irán fijando los contornos de cada responsabilidad. De momento, lo que hay es un documento policial que exculpa penalmente a un ministro y señala a quienes hicieron de la urgencia un atajo. En la política, como en el periodismo, conviene leer la letra pequeña.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, HuffPost, RTVE, El Confidencial, Cadena SER, ABC, elDiario.es, Infobae.