Trump amenaza con salir de la OTAN: presión y riesgos para Europa

Donald Trump ha vuelto a amenazar con retirar a Estados Unidos de la OTAN, pero una salida formal no es el único desenlace posible ni el más sencillo. El tratado permite que un país se marche, aunque en Washington una ley aprobada en 2023 exige el respaldo de dos tercios del Senado o una autorización del Congreso. Mientras ese pulso institucional sigue sin resolverse, la Casa Blanca puede reducir su compromiso militar o condicionar la cooperación para presionar a sus aliados europeos. La diferencia entre abandonar la alianza y vaciar de credibilidad su promesa de defensa colectiva es decisiva.

El mensaje de Trump combina un reproche por el gasto europeo en defensa con el enfado ante la falta de apoyo de algunos socios a la guerra contra Irán y otras decisiones de Washington. También funciona como instrumento de negociación: elevar el coste de discrepar y empujar a Europa a asumir más responsabilidades. No hay base suficiente para asegurar que la retirada vaya a ejecutarse, pero sí para afirmar que la amenaza ya está alterando el cálculo político de los aliados.

Una amenaza con varios destinatarios

Las críticas de Trump a la OTAN no empezaron con la crisis actual. Desde hace años presenta la alianza como un acuerdo desequilibrado: según su argumento, Estados Unidos soporta una parte excesiva del gasto y de los riesgos, mientras algunos países europeos dependen de su protección sin aportar lo suficiente. La novedad no está, por tanto, en el reproche, sino en que el presidente vuelve a vincularlo con una posible ruptura y con desacuerdos concretos de política exterior. La pertenencia a la alianza aparece así como una relación que Washington puede renegociar.

El episodio se ha agravado por las diferencias sobre la guerra contra Irán. Trump ha censurado que varios socios no acompañaran las operaciones estadounidenses, y desde la Casa Blanca se han estudiado medidas contra países considerados poco cooperativos. Entre las opciones atribuidas a funcionarios estadounidenses figuran trasladar tropas desde algunos miembros hacia otros y limitar la participación en ejercicios militares. España y Alemania aparecen en las informaciones sobre posibles represalias, aunque los despliegues en suelo extranjero dependen de acuerdos y no son piezas que un presidente pueda mover sin más. La presión puede dirigirse tanto al presupuesto como a las decisiones políticas de cada aliado.

También hay un destinatario dentro de Estados Unidos. La idea de que Europa se beneficia de la protección estadounidense mientras Washington paga la factura encaja con un mensaje dirigido a los votantes que recelan de los compromisos exteriores. Presentar la alianza como un coste injusto permite a Trump defender una política más transaccional: el apoyo estadounidense, en esa lógica, no sería una garantía automática, sino una prestación sujeta a condiciones. Esa lectura simplifica una relación de seguridad mucho más amplia, pero tiene fuerza política porque convierte una discusión estratégica compleja en una cuenta que parece fácil de entender.

Qué permite el tratado y qué limita la ley estadounidense

El Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, sí contempla que un país abandone la organización. Su artículo 13 establece que un miembro puede retirarse después de notificarlo al Gobierno de Estados Unidos; la salida se hace efectiva un año después de esa notificación. El mecanismo no exige que los demás aliados acepten la decisión. En el plano internacional, por tanto, existe una vía formal para que Washington deje la OTAN. El tratado no convierte la membresía estadounidense en irrevocable.

La dificultad está en cómo se aplica esa posibilidad dentro del sistema constitucional de Estados Unidos. La Constitución explica cómo se celebran los tratados, con el consejo y consentimiento del Senado, pero no fija con claridad quién puede retirarse de ellos ni mediante qué procedimiento. En 2023, el Congreso aprobó una norma que prohíbe al presidente suspender, denunciar o abandonar el tratado de la OTAN sin el apoyo de dos tercios del Senado, integrado por 100 miembros, o una autorización legislativa. La ley también impide destinar fondos a una retirada que no cumpla esas condiciones. La barrera existe, aunque su alcance frente a una decisión presidencial unilateral aún no está probado en los tribunales.

El conflicto no es puramente teórico. En 2020, una opinión jurídica del Departamento de Justicia sostuvo que el presidente tiene autoridad exclusiva para retirarse de tratados. El Ejecutivo podría invocar ese razonamiento contra la norma aprobada por el Congreso, mientras sus críticos defenderían que la ley limita legítimamente esa facultad. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en febrero de 2026 señaló que el asunto podría acabar en los tribunales, pero una impugnación afrontaría obstáculos, entre ellos determinar quién tiene legitimación para presentar la demanda. El Tribunal Supremo nunca ha resuelto el fondo de un caso sobre la retirada de un tratado. Por eso, una salida podría abrir una disputa constitucional además de una crisis internacional.

La experiencia reciente tampoco despeja todas las dudas. Los presidentes estadounidenses se han retirado de acuerdos internacionales sin una autorización expresa del Congreso, y Trump abandonó en 2020 el Tratado de Cielos Abiertos. Pero cada acuerdo tiene su propio marco y el precedente no resuelve por sí solo qué ocurriría con la OTAN. La ley de 2023 fue aprobada precisamente para cerrar esa puerta en este caso; que un presidente intente ignorarla no demostraría automáticamente que puede hacerlo sin consecuencias. La respuesta jurídica depende de un choque institucional que todavía no se ha producido.

La alianza no desaparece, pero su garantía puede debilitarse

La OTAN reúne a 32 países de Europa y Norteamérica y se apoya en una promesa central: el artículo 5 considera que un ataque armado contra un miembro afecta a todos. Eso no significa que cada país deba responder con idéntica fuerza ni que exista un botón que active una guerra automática. Cada aliado decide qué medidas considera necesarias, incluida la posibilidad de emplear fuerza. La flexibilidad permitió que gobiernos con capacidades e intereses distintos compartieran un marco común. La defensa colectiva es una obligación política y estratégica, no una respuesta militar idéntica para todos.

El artículo 5 se invocó una sola vez, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Ese antecedente muestra que la alianza puede actuar en apoyo de un miembro atacado, pero también que su credibilidad depende de que los gobiernos crean que los demás cumplirán. Si un presidente cuestiona públicamente el compromiso estadounidense o da a entender que la ayuda dependerá de la conducta previa de cada socio, el texto del tratado permanece intacto, pero los adversarios pueden empezar a dudar de su aplicación. En una alianza defensiva, la incertidumbre también tiene consecuencias materiales.

Por eso, la OTAN podría seguir existiendo formalmente incluso si Estados Unidos reduce de manera drástica su participación. Permanecerían los demás miembros, las estructuras de coordinación y los compromisos establecidos en el tratado. Pero una organización puede conservar su nombre y perder parte de su capacidad de disuasión si el principal aliado deja de aportar medios o no transmite que defenderá a los demás. El deterioro sería gradual: menos ejercicios, decisiones aplazadas, despliegues más pequeños y dudas recurrentes sobre la respuesta ante una crisis. Una alianza debilitada desde dentro puede ser menos previsible que una ruptura declarada.

Por qué una salida tendría un coste militar para ambos lados

Estados Unidos aporta mucho más que dinero. Su presencia incluye fuerzas desplegadas, inteligencia, vigilancia, transporte estratégico, reabastecimiento en vuelo, capacidades espaciales, logística, mando y sistemas de defensa antimisiles. También ofrece una parte esencial de la disuasión nuclear de la alianza. En las estimaciones difundidas sobre el gasto militar de la OTAN, la cuota estadounidense varía según el método de cálculo: algunas referencias la sitúan cerca del 62% y otras en torno al 70%. La diferencia aconseja no presentar una cifra única como si fuera inmutable; ambas reflejan, en cualquier caso, una dependencia considerable. El peso de Washington se mide también por capacidades que no se sustituyen con una partida presupuestaria.

Las cifras de efectivos tampoco son fijas, porque las unidades rotan y los despliegues cambian. Las estimaciones citadas sitúan en alrededor de 85.000 los militares estadounidenses estacionados en Europa, una fuerza que sirve de plataforma para operaciones y desplazamientos hacia otras regiones. La posibilidad de retirar 5.000 soldados de Alemania y los escenarios de nuevos recortes han alimentado la inquietud de otros gobiernos, con Italia también mencionada en las informaciones sobre posibles cambios. Un traslado de tropas no equivale a abandonar la OTAN, pero puede alterar la disponibilidad de fuerzas y la confianza en la presencia estadounidense. La reducción gradual sería una señal política y un cambio operativo al mismo tiempo.

Washington también asumiría costes. Las bases europeas facilitan que Estados Unidos proyecte fuerzas hacia Oriente Medio, África y Asia Central; perder acceso, cooperación o instalaciones complicaría esa capacidad. Un quiebre podría afectar además a las ventas de armamento estadounidense, porque los gobiernos europeos tendrían más incentivos para desarrollar proveedores propios. El exgeneral estadounidense Gordon Davis ha advertido que una reducción significativa de la presencia militar perjudicaría también a Estados Unidos, no solo a los países que la Casa Blanca quisiera presionar. La dependencia es asimétrica, pero no unilateral.

La escala de la disuasión nuclear también importa, aunque no agote el debate. Las referencias disponibles atribuyen a Estados Unidos cerca del 91% de las ojivas nucleares asociadas a la alianza; Francia y el Reino Unido mantienen sus propios arsenales, pero eso no reemplaza sin más la función estadounidense ni resuelve cómo se organizaría una garantía nuclear europea. La cuestión no es únicamente cuántas armas existen, sino quién decide, bajo qué doctrina y con qué credibilidad se comunica que podrían emplearse. La capacidad militar incluye sistemas, mando y voluntad política, no solo inventarios.

Europa puede reforzarse, pero no sustituir a Washington de inmediato

Europa cuenta con ejércitos experimentados, industrias de defensa y dos potencias nucleares, Francia y el Reino Unido. También ha elevado el gasto militar ante el deterioro de la seguridad y las dudas sobre la continuidad del respaldo estadounidense. Sin embargo, sumar presupuestos nacionales no crea automáticamente una fuerza integrada. Los países deben coordinar compras, producción, munición, transporte, defensa aérea, inteligencia y cadenas logísticas, además de ponerse de acuerdo sobre quién toma decisiones en una crisis. El problema europeo no consiste solo en gastar más, sino en convertir el gasto en capacidades disponibles y coordinadas.

Algunas funciones son especialmente difíciles de reemplazar a corto plazo. La movilidad estratégica permite desplazar tropas y material con rapidez; la vigilancia y la inteligencia ayudan a detectar amenazas; el reabastecimiento en vuelo amplía el alcance de las aeronaves. A ello se suman los sistemas de mando y la protección antimisiles. La exrepresentante estadounidense ante la OTAN Julianne Smith ha estimado que los países europeos necesitarían entre cinco y diez años, o más, para garantizar su seguridad sin la contribución de Estados Unidos. Es una valoración sobre el tiempo requerido, no una fecha exacta en la que Europa quedaría plenamente preparada. Las capacidades militares se construyen a lo largo de años, no al ritmo de una cumbre.

La guerra de Ucrania añade otra capa. Europa ha asumido una parte creciente del apoyo financiero y militar, pero sigue comprando armamento estadounidense. Si la relación se rompe, los gobiernos europeos podrían acelerar la producción propia y diversificar proveedores; aun así, esa transición no cubriría de inmediato todas las necesidades. Ucrania, por su parte, ha desarrollado una industria de drones con capacidad de producción que podría tener relevancia para futuros mercados, aunque el fin de la guerra no garantiza por sí mismo que esa experiencia se convierta en una alternativa suficiente para la defensa europea. La autonomía industrial depende de sostener la producción y coordinar la demanda, no solo de anunciarla.

Una mayor inversión europea podría, además, responder a una demanda histórica de Washington sin provocar la ruptura. Ese es uno de los motivos por los que las amenazas pueden servir como palanca: al elevar el temor a quedarse sin protección, Trump acelera decisiones que varios gobiernos aplazaban. Pero el resultado no está predeterminado. Una Europa más armada puede fortalecer el pilar europeo de la OTAN y mantener la cooperación con Estados Unidos; también podría buscar más independencia si la confianza se deteriora. Reforzar la defensa europea y preservar la alianza no son objetivos incompatibles, aunque exigen coordinación política.

De la retirada formal a la presión cotidiana

Entre una salida completa y el statu quo hay numerosos grados de repliegue. Washington puede reducir tropas, cancelar o limitar ejercicios, cambiar prioridades de despliegue y condicionar el acceso a capacidades. También puede rebajar la claridad de sus declaraciones sobre el artículo 5 sin denunciar el tratado. El efecto acumulado de esas decisiones puede ser profundo aunque no haya una notificación formal de retirada. La membresía tiene una dimensión jurídica, pero el funcionamiento de la alianza depende de decisiones diarias.

Las propuestas de trasladar efectivos desde países con los que la Casa Blanca está insatisfecha hacia otros considerados más cooperativos encajan en esa zona intermedia. También se ha planteado que Estados Unidos deje de participar en determinados ejercicios o revise planes militares, como el despliegue previsto de misiles de largo alcance en Alemania. Son opciones que, de materializarse, no equivaldrían a una salida del bloque. Sí podrían premiar a unos socios, castigar a otros y convertir la cooperación militar en una herramienta para obtener alineamiento político. El riesgo es que la solidaridad común se fragmente en acuerdos bilaterales sujetos al clima político.

Las amenazas repetidas dificultan distinguir entre una posición negociadora y una decisión que la Casa Blanca pretende ejecutar. El Gobierno alemán ha tratado las declaraciones como un fenómeno recurrente y ha sostenido que la alianza no está acabada. Esa cautela es comprensible: preparar una ruptura que quizá no ocurra puede ser costoso, pero ignorar la posibilidad también tendría consecuencias. La frecuencia de los avisos no prueba que Trump vaya a retirarse; tampoco permite concluir que solo sean retórica. La incertidumbre misma se convierte en parte de la presión.

Una crisis que puede cambiar la relación aunque no haya ruptura

El escenario más drástico sería que Estados Unidos notificara su salida y mantuviera la decisión durante el año previsto por el tratado. Eso abriría una crisis legal en Washington, obligaría a los aliados a reorganizar su defensa y alteraría el equilibrio de seguridad en Europa. Otro desenlace, quizá menos visible pero también serio, sería que Estados Unidos siguiera dentro mientras redujera sus aportaciones o hiciera depender cada apoyo de una negociación. Un tercer camino consistiría en que los gobiernos europeos aumentaran su capacidad y Washington utilizara esa respuesta para sostener una alianza con un reparto de cargas distinto. La decisión no se reduce a permanecer o marcharse: también importa cuánto compromiso queda en medio.

Para Europa, el reto será convertir la alarma en capacidad sin confundir urgencia con autosuficiencia inmediata. El continente puede producir más, coordinar mejor sus fuerzas y asumir una parte mayor de la defensa común, pero necesita tiempo y acuerdos entre gobiernos. Para Estados Unidos, una ruptura supondría perder una red de aliados, instalaciones y acceso estratégico que también beneficia a sus intereses. Y para la OTAN, la cuestión de fondo es si sus miembros siguen entendiendo la defensa colectiva como una garantía compartida o como un servicio que cada crisis vuelve a poner en venta. La confianza tarda años en construirse y puede erosionarse antes de que cambie una sola línea del tratado.

Trump puede querer obtener concesiones, más gasto europeo y mayor alineamiento con Washington sin llegar a consumar la retirada. También puede impulsar medidas que reduzcan de hecho la presencia estadounidense, aunque la salida formal choque con el Congreso y los tribunales. Lo que ya está en juego es la previsibilidad del compromiso: si los aliados deben preguntarse en cada crisis si recibirán apoyo, la organización seguirá existiendo, pero su promesa pesará menos. El futuro de la alianza depende tanto de las fuerzas desplegadas como de la certeza de que acudirán cuando llegue el momento.