Trump desmonta la ley climática de Obama y vuelve al carbón

Trump pretende borrar el dictamen climático de 2009, tumbar reglas de CO₂ y reanimar el carbón con el Pentágono: así impacta en EEUU y fuera.

En Washington se da por hecho un golpe de palanca esta semana: la Administración de Donald Trump prevé publicar la norma final que revoca el “dictamen de peligro” de 2009 (endangerment finding), la pieza que durante 16 años ha servido de base legal para que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) trate los gases de efecto invernadero como un problema de salud pública y bienestar. No es un matiz: es tocar la columna vertebral de la regulación climática federal moderna en EE. UU., con efectos inmediatos sobre el transporte y, por arrastre, sobre el resto del tablero.

La Casa Blanca lo presenta como “desregulación histórica” para abaratar costes y “liberar” energía; los críticos lo describen como el mayor retroceso federal frente al calentamiento global. La propia EPA, a través de su administrador Lee Zeldin, lo ha verbalizado sin rodeos: sería “el mayor acto de desregulación” del país. Y el paquete llega con un gesto paralelo, deliberadamente ruidoso: una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa firme acuerdos de compra de electricidad a centrales de carbón, más financiación para reactivar y modernizar cinco plantas en varios estados.

La pieza que Trump quiere arrancar: el dictamen de 2009

El dictamen de 2009 no nació de un eslogan, sino de un carril jurídico bien marcado. En 2007, el Tribunal Supremo, en el caso Massachusetts v. EPA, abrió la puerta al considerar que los gases de efecto invernadero encajan en la definición de “contaminante” bajo la Ley de Aire Limpio; a partir de ahí, la EPA debía pronunciarse sobre si esas emisiones podían anticiparse como un peligro para la salud o el bienestar. Dos años después, llegó el sí: la EPA determinó que las concentraciones actuales y previstas de seis gases amenazan a generaciones presentes y futuras.

Esos seis gases, conviene decirlos con nombres y apellidos porque en política climática las siglas no son decoración: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆). El dictamen no solo afirmaba “hay problema”, también establecía el “causa o contribuye” en el ámbito de los vehículos nuevos. Desde ahí se construyó una cadena regulatoria: estándares de emisiones, programas de cumplimiento, créditos, reportes… el típico entramado federal que, visto desde fuera, parece una maraña; visto desde dentro, es la manera de hacer que la norma aterrice en fábrica, concesionario y carretera.

Trump pretende desmontar ese fundamento con una norma final que, según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses, se hará pública “esta semana”, tras revisión interagencias. La Casa Blanca, por boca de su portavoz Karoline Leavitt, lo vende como una ofensiva para “impulsar el dominio energético” y reducir costes; la portavoz de la EPA Brigit Hirsch lo ha descrito como una rectificación de “una de las decisiones más dañinas de la historia moderna”. La clave está en el verbo: rescindir. Rescindir el dictamen no es solo cambiar el tono; es intentar borrar la condición que activa la obligación regulatoria bajo la Ley de Aire Limpio.

Qué cambia de inmediato: coches, camiones y el tornillo del cumplimiento

El punto más concreto —y por eso, el más explosivo— es el de los vehículos. La operación, tal como la describen funcionarios citados por The Wall Street Journal y por Reuters, busca eliminar requisitos federales para medir, reportar, certificar y cumplir estándares de emisiones de gases de efecto invernadero en turismos y camiones, además de derogar programas asociados, provisiones de créditos y obligaciones de reporte para industrias ligadas al sistema. Traducido a lenguaje de taller: si dejas sin base el dictamen, intentas dejar sin base la regla que obliga a demostrar que un modelo cumple.

Aquí aparece un matiz importante que en estos días se mueve como arena bajo los pies: la propia arquitectura del plan —según las versiones conocidas— pondría el foco en emisiones de tubo de escape y, al menos por ahora, no “aplicaría” de forma directa a reglas de fuentes estacionarias como centrales eléctricas u otras instalaciones fijas. Reuters recoge precisamente esa separación: coche sí, centrales no, de entrada. Pero incluso con esa frontera, la lógica es obvia: si el dictamen cae, el precedente cae, y la puerta para reabrir otras normas se entreabre aunque se empiece por el transporte.

La Administración sostiene que el alivio regulatorio equivaldría a más de 1 billón de dólares en recortes de regulación (sin detallar el cálculo) y que el ahorro medio por vehículo superaría los 2.400 dólares. Son cifras enormes, de las que piden lupa; en el otro lado, organizaciones de salud pública y ambientales recuerdan que las normas climáticas federales han sido defendidas como herramientas para evitar muertes prematuras y reducir costes sanitarios derivados de contaminación y eventos extremos. Es, en el fondo, el choque habitual en EE. UU.: coste inmediato en la hoja de Excel frente a coste acumulado en hospitales, aseguradoras y desastres.

Hay un detalle político que también empuja. El entorno de Trump insiste en el relato del “mandato del coche eléctrico” como imposición regulatoria de demócratas; quitar el dictamen facilitaría desactivar una parte del andamiaje que sostenía estándares cada vez más exigentes. Y, aunque el debate suela reducirse a gasolina contra batería, el corazón del asunto es más pedestre: quién fija el mínimo federal y con qué herramientas. Sin ese mínimo, la discusión se fragmenta, y los litigios, casi por reflejo, se disparan.

El paquete del carbón: el Pentágono como comprador y el premio como pancarta

El anuncio previsto no llega solo. Según los detalles publicados, Trump celebrará un acto el miércoles en la Casa Blanca junto a Lee Zeldin y el secretario de Energía Chris Wright para presentar la orden ejecutiva que dirige al Departamento de Defensa a entrar en acuerdos de compra de electricidad procedente de centrales de carbón. La escena tiene intención: el Pentágono no es un consumidor cualquiera; es una red inmensa de bases, logística y contratos, un cliente con peso simbólico y presupuestario. Convertirlo en “comprador” es, en términos políticos, poner un ancla.

A la vez, la Administración prevé asignar financiación para cinco plantas de carbón en Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky con el objetivo de recomisionar (volver a poner en servicio) y actualizar instalaciones. En paralelo, Trump recibirá el premio inaugural “Undisputed Champion of Coal” del Washington Coal Club, un grupo procarbón con vínculos con la industria de combustibles fósiles, según funcionarios citados en la información adelantada por The Wall Street Journal. Es difícil hacerlo más explícito: carbón como política energética y carbón como trofeo.

La Administración enmarca esta ofensiva en el coste de la vida y el precio de la energía. El propio reportaje de WSJ alude a sondeos que sitúan la inflación cotidiana —incluida la factura eléctrica— como una preocupación central de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año. Dentro del Gobierno, el argumento se repite con distintos acentos: más oferta fósil, más “abundancia”, menos precio. Doug Burgum, secretario de Interior, lo ha resumido en una frase que, por su sencillez, funciona casi como lema: “más energía impulsa el florecimiento humano”. El discurso suena épico; la factura, en EE. UU., se decide por mercados regionales, redes tensas y contratos.

La red eléctrica, la “fiabilidad” y el fantasma de los picos de demanda

Detrás del carbón hay una palabra que en Washington vale oro: fiabilidad. Chris Wright sostiene que reenergizar el carbón ayudaría a cubrir objetivos de inteligencia artificial, reindustrialización y contención de precios eléctricos. La Administración lleva meses usando el auge de centros de datos y la presión sobre la red como justificación para mantener plantas viejas en funcionamiento o retrasar cierres. En ese carril, el carbón se presenta como energía “disponible” cuando la red va justa, aunque el debate sobre costes comparativos y contaminación sea feroz.

WSJ añade otro elemento con peso regional: la Tennessee Valley Authority (TVA) podría votar pronto mantener operativas dos plantas de carbón que estaban encaminadas a apagarse. En paralelo, el Departamento de Energía ha emitido órdenes de emergencia en 2025 para evitar cierres de unidades concretas en varios estados, y ha convertido la intervención federal en una rutina más que en excepción. Ese contexto ayuda a entender por qué el Pentágono aparece ahora en la ecuación: si quieres sostener carbón, necesitas demanda estable y narrativa de seguridad nacional.

La tormenta judicial: años de demandas, pero también un golpe de efecto inmediato

Este tipo de movimientos en EE. UU. casi nunca se decide en una sola semana, pero sí se redefine en una sola semana. Los grupos ambientalistas han anunciado que irán a los tribunales, y la experiencia dice que los pleitos pueden alargarse años. En el caso del dictamen de 2009, hay un antecedente especialmente incómodo para la Administración: desde la decisión del Supremo de 2007, los tribunales han rechazado de forma reiterada los intentos de tumbar la base legal del dictamen; AP recuerda que incluso en 2023 el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington (D.C. Circuit) mantuvo el respaldo. En otras palabras: no es un folio fácil de arrancar porque está grapado con jurisprudencia.

A esa dificultad se suma un tropiezo reciente que Reuters destaca y que puede convertirse en munición procesal: el 30 de enero, un tribunal federal dictaminó que el Departamento de Energía violó la ley al crear un grupo asesor de ciencia climática cuyo informe estaba destinado a respaldar el intento de la EPA de derogar el dictamen. Si esa pieza de apoyo se considera irregular, la norma final puede quedar más expuesta a impugnaciones por forma, no solo por fondo. Y en derecho administrativo estadounidense, la forma —procedimiento, comité, registros, justificación— es a menudo el filo que corta.

El proceso venía de lejos. La EPA propuso la rescisión en julio de 2025 y abrió un ciclo de audiencias públicas virtuales en agosto, con cientos de intervenciones en contra y un apoyo menor, pero ruidoso, de quienes alegaban daño económico por estándares más estrictos. Los detractores hablan de “abdicación” de autoridad regulatoria; los defensores lo llaman “volver al sentido común”. En el medio, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) aparece como estación de paso: el borrador pasó a revisión el 7 de enero y, según seguimientos de la tramitación, seguía bajo revisión mientras se acercaba el anuncio.

Los nombres propios del choque: Zeldin, Hirsch, Leavitt y los que demandan

Al frente del movimiento está Lee Zeldin, excongresista republicano, elegido por Trump para dirigir la EPA. Su crítica es constante: sostiene que administraciones demócratas usaron el dictamen para colocar regulaciones sobre vehículos, aviones y fuentes estacionarias que, a su juicio, amenazan sectores enteros de la economía. Del lado de la comunicación institucional, Brigit Hirsch ha insistido en que la agencia prepara una acción “histórica” y que el dictamen de 2009 fue una decisión dañina; Karoline Leavitt, desde la Casa Blanca, encuadra el paquete en energía “dominante” y reducción de costes. El lenguaje importa porque anticipa la defensa jurídica: economía, costes, autoridad legal.

La respuesta también tiene caras y apellidos. Peter Zalzal, abogado y vicepresidente asociado del Environmental Defense Fund, acusa a la EPA de empujar hacia más contaminación climática y más costes en salud y combustible, con muertes prematuras evitables. El presidente del EDF, Fred Krupp, ha prometido batalla judicial “donde importan las pruebas”. Desde el Natural Resources Defense Council (NRDC), Manish Bapna ha definido la maniobra como un “regalo envuelto” para la industria fósil y también ha anticipado demanda. En el terreno político, el senador Edward J. Markey ha llamado al ataque al dictamen “peligro claro y presente” para la salud pública.

Un actor menos visible pero determinante será el bloque de fiscales generales estatales, especialmente en estados demócratas. WSJ recoge que fiscales generales de estados como Massachusetts, Nueva York y California ya se opusieron formalmente en septiembre a la rescisión propuesta, alegando que viola ley asentada, precedentes del Supremo y consenso científico, y que pone en riesgo la vida de millones. En EE. UU., cuando un estado grande entra en litigio climático, no entra solo: arrastra coaliciones, recursos y estrategia coordinada.

Empresas, mercados y estados: el país puede partirse en dos carriles

Hay un efecto menos intuitivo de la “desregulación”: puede generar incertidumbre en empresas con operaciones globales. Si el estándar federal baja, muchas multinacionales siguen obligadas a cumplir reglas más duras fuera —por normativa o por contrato— y terminan gestionando dos catálogos: uno para EE. UU. y otro para el resto. WSJ advierte de esa trampa: estándares domésticos más laxos, obligaciones externas más estrictas, y el resultado no siempre es ahorro; a veces es doble coste y más exposición legal. Reuters añade una idea parecida con frase de laboratorio: aprietas un lado del globo y la presión salta a otro, en forma de políticas estatales, pleitos por daños o futuras leyes.

El automóvil es el mejor ejemplo. Incluso si la norma final se centra en emisiones de vehículos y no toca de inmediato las fuentes estacionarias, el sector se mueve por horizontes de inversión largos. WSJ señala que la industria del auto no pidió expresamente tumbar el dictamen y que, aun así, seguirá invirtiendo en reducir emisiones para competir globalmente y por si llega otro giro político en el futuro. En ese contexto, el “alivio” regulatorio puede ser pan para hoy y planificación más cara para mañana: decisiones de plataformas, motores, baterías, cumplimiento en distintos mercados, y el miedo a una nueva vuelta de tuerca en cuatro años.

A nivel interno, el carril estatal cobra fuerza, sobre todo California, el mayor mercado de automóviles del país. WSJ recuerda que California ha defendido que, si el Gobierno federal no regula gases de efecto invernadero, el estado puede avanzar sin necesidad de ciertas autorizaciones de la EPA para controlar emisiones de tubo de escape. Es un pulso con historia, y también un aviso: si el centro se retira, los bordes se organizan. Para fabricantes y proveedores, eso significa que la “unidad” regulatoria federal podría convertirse en un mosaico con piezas que no encajan.

En paralelo, también crece la vía de la responsabilidad civil. Cuando baja el paraguas federal, aumentan las tentaciones de litigio por daños: ciudades, condados, estados, colectivos que buscan compensaciones por impactos asociados a eventos extremos o costes sanitarios. No hace falta que un tribunal condene mañana para que la amenaza influya hoy: basta con que el riesgo de demanda suba para que aseguradoras, financiación y reputación corporativa empiecen a recalcular. Esa es la parte menos visible del “acto de desregulación”: el coste se mueve de la norma al juzgado.

La ciencia como pared: el dictamen era de 2009, pero el mundo ya no es el de 2009

Uno de los elementos más incómodos para la Administración es que el soporte científico del dictamen no se ha debilitado, sino que se ha endurecido. AP recoge que, tras la propuesta de Zeldin de derogar el dictamen, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina reexaminaron la base científica y concluyeron que era “precisa”, que había resistido el paso del tiempo y que hoy está reforzada por evidencia aún más sólida. Es un contraste fuerte: el Gobierno intenta retirar una conclusión científica mientras las principales instituciones científicas insisten en que, desde 2009, hay menos incertidumbre, no más.

El debate político se apoya en dos palancas: economía y legalidad. En el plano legal, la EPA argumenta que han cambiado “la comprensión de la ciencia y la ley” desde 2009; Roll Call recuerda que parte del razonamiento de la propuesta citaba un informe del Departamento de Energía que cuestionaba la ciencia climática y sus impactos en salud humana, informe que ahora también está en el radar por el litigio sobre cómo se construyó el asesoramiento científico. En el plano económico, la Administración vuelve a la idea de costes regulatorios “trillonarios” y ahorro por vehículo. En el plano factual —y aquí está la pared—, la evidencia climática acumulada es masiva y cada vez más difícil de esquivar sin pagar un precio reputacional y judicial.

Hay además un componente geopolítico que Reuters coloca sobre la mesa con una frase que duele en Detroit: la medida, dicen críticos citados por la agencia, podría beneficiar a China y a su industria de vehículos eléctricos en el mercado global si EE. UU. se queda sin impulso regulatorio y tecnológico. El argumento no es altruista, es competitivo: en un mundo donde la industria limpia también es poder industrial, debilitar herramientas de transición puede acabar reforzando al competidor que está dispuesto a subvencionar, fabricar y exportar. Puede sonar a guerra comercial disfrazada de política climática, y en parte lo es.

Un país con menos norma federal y más conflicto en la mesa

Si la norma final se firma y entra en vigor, el efecto inmediato será político y administrativo: la EPA enviará la señal de que su prioridad deja de ser la regulación climática federal tal como se entendió desde 2009. La ejecución práctica, sin embargo, se moverá entre dos velocidades: la velocidad de los anuncios y la velocidad de los tribunales. WSJ apunta incluso a la posibilidad de que la Administración reduzca aplicación y multas mientras el proceso judicial se alarga; y los demandantes, por su parte, buscarán bloquear o suspender lo que puedan, lo antes posible, en cortes federales.

El contexto energético que rodea el anuncio ayuda a entender por qué el carbón está tan presente en el guion. El Departamento de Energía ha defendido en los últimos meses la intervención para evitar cierres de plantas y ha difundido mensajes que presentan el carbón como herramienta de seguridad de red, con órdenes de emergencia y ejemplos concretos de unidades mantenidas operativas. En esa lógica, la compra del Pentágono no es solo consumo: es legitimación. Y la financiación a cinco plantas en varios estados apunta a una política industrial de mantenimiento, casi de “rescate”, en un sector que llevaba años perdiendo peso en la generación eléctrica frente a gas y renovables.

Al final, el movimiento de Trump se entiende como una suma de piezas que encajan por interés político más que por elegancia técnica: un dictamen que daba poder regulatorio, una norma que busca cortarlo, un acto en la Casa Blanca para escenificarlo, un Pentágono convertido en cliente, dinero para centrales concretas, un premio de un club procarbón y la promesa de abaratar la vida. Y enfrente, fiscales generales, organizaciones ambientales, científicos, fabricantes que piensan a diez años y jueces que leen el expediente como si fuera un motor: pieza a pieza, tornillo a tornillo.