El campo protesta contra Mercosur: mapa de las tractoradas

Entre el 8 y el 18 de enero de 2026, agricultores y ganaderos ocuparon carreteras, calles y accesos logísticos en varias comunidades autónomas. Las movilizaciones expresaron el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y la preocupación por los cambios debatidos en la Política Agraria Común (PAC). La protesta tuvo alcance territorial, pero no una única convocatoria ni un pliego idéntico: junto a las reivindicaciones compartidas afloraron problemas ligados a cada zona y a sus producciones.

Hubo cortes en vías como la AP-7 y la N-II en Girona, interrupciones en accesos urbanos de Ourense y concentraciones con cientos de tractores en ciudades como Oviedo, Burgos y Santander. El mapa también incluyó acciones en Tarragona, Lugo, Valladolid, Soria, Extremadura, Navarra, el País Vasco y Guadalajara. La variedad de lugares y formatos explica por qué las afecciones cambiaron de una jornada a otra: no se trató de una marcha única que recorriera el país, sino de protestas locales conectadas por un malestar común.

Ese marco compartido fue la percepción de que las decisiones comerciales y agrarias pueden dejar al campo en una posición más débil frente a competidores de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, no todas las demandas se reducían a Mercosur: la PAC, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, los costes de producción y cuestiones sanitarias o de fauna salvaje también aparecieron en las reivindicaciones. La oleada combinó una causa común con conflictos que ya estaban presentes en cada territorio.

Un rechazo común con varias causas de fondo

El acuerdo entre la UE y Mercosur se convirtió en el principal símbolo de la movilización porque los participantes temen que facilite la entrada de productos capaces de competir con los nacionales en condiciones que consideran diferentes. Su argumento no se limita a la cantidad de importaciones: apunta a la posibilidad de que agricultores y ganaderos locales soporten exigencias de producción y costes que, a su juicio, no se aplicarían del mismo modo a quienes venden desde terceros países. La preocupación central es la competencia en condiciones que el sector percibe como desiguales.

En ese debate aparecen las llamadas cláusulas espejo, mencionadas en las protestas de Burgos. La expresión alude a la demanda de que los productos importados cumplan requisitos equivalentes a los exigidos a quienes producen dentro de la UE. En las movilizaciones, esa idea sirvió para explicar por qué el rechazo comercial no se presenta solo como una cuestión de precios, sino también como una discusión sobre las reglas que ordenan la producción y el acceso al mercado. El reclamo es que la apertura comercial no deje las obligaciones de un solo lado.

La PAC añadió otra fuente de inquietud. En el periodo de las protestas se hablaba de posibles recortes y de cambios en la política agraria, una perspectiva que los manifestantes vinculaban con la viabilidad económica de las explotaciones. Los datos disponibles sobre las convocatorias no detallan una cifra concreta de reducción ni un calendario común para todas las regiones, por lo que no cabe presentar esos recortes como una medida ya cuantificada en estas movilizaciones. Lo que se expresó fue temor ante el rumbo de la política agraria, junto a críticas a la incertidumbre que afronta el sector.

También se repitieron demandas sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, que busca ordenar las relaciones entre los distintos eslabones de la producción y la comercialización. Los agricultores reclamaron que se cumpla, en un contexto en el que los costes de producir y la remuneración obtenida forman parte de las quejas. Aun así, las referencias disponibles no aportan cifras comparables sobre márgenes o costes ni identifican una misma infracción en todas las comunidades. La reclamación fue general, pero sus motivos concretos variaron según la actividad y el lugar.

Una oleada repartida entre carreteras, ciudades y puertos

Las tractoradas tuvieron efectos distintos porque cada convocatoria eligió un escenario diferente. En unos puntos, la protesta se hizo visible en el centro urbano; en otros, buscó interrumpir el tráfico o llamar la atención sobre un acceso estratégico. El puerto de Tarragona y las carreteras de Girona ilustran esa dimensión logística, mientras que las marchas en Burgos, Oviedo o Santander llevaron los tractores hasta zonas urbanas. El lugar de la protesta formó parte de su mensaje: mostrar que las demandas del campo también afectan a la movilidad y a la actividad cotidiana.

La concentración de tractores no siempre permite medir por sí sola el respaldo social a una convocatoria. Algunas cifras difundidas por organizadores o publicadas en las informaciones disponibles se refieren a vehículos; otras, a asistentes, y no todas proceden del mismo recuento. Por eso, una cifra local no debe sumarse sin más a otra para construir un total nacional fiable. Los recuentos de cada ciudad describen movilizaciones concretas, no necesariamente una medición homogénea de toda la oleada.

También conviene distinguir entre la coincidencia de fechas y la existencia de una dirección única. Revolta Pagesa, Unió de Pagesos, organizaciones agrarias y colectivos provinciales participaron en distintas convocatorias, con demandas que podían solaparse sin ser exactamente iguales. Las acciones en Biriatou, por ejemplo, fueron impulsadas por organizaciones del País Vasco y Navarra, mientras que en Lugo la movilización se sostuvo durante varios días con participación de colectivos del sector provincial. La coordinación fue parcial y territorial, una característica que ayuda a entender la diversidad de reivindicaciones.

Cataluña y Galicia: cortes, accesos y permanencias

En Cataluña, Girona y Tarragona concentraron algunas de las afecciones más destacadas. En la provincia gerundense hubo interrupciones en la AP-7 y la N-II, dos corredores de gran importancia para los desplazamientos; también se registraron incidencias en Barcelona, en la C-16 a la altura de Berga. En Tarragona, el bloqueo del acceso al puerto por la A-27 trasladó la protesta a un punto especialmente sensible para el transporte de mercancías. La elección de esas vías y accesos amplificó el impacto más allá de las explotaciones agrarias.

El bloqueo del puerto de Tarragona se levantó y el acceso recuperó la normalidad después de que Revolta Pagesa comunicara una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El movimiento planteaba llevar sus demandas a Madrid y Bruselas, lo que refleja que una parte de la disputa se dirige a instituciones con capacidad de decisión en ámbitos distintos. El fin de un corte concreto no equivalió al cierre de las reivindicaciones: Unió de Pagesos anunció nuevas tractoradas y acciones posteriores, con el acuerdo europeo y cuestiones sectoriales como la fruta seca y la avellana entre sus motivos.

En Galicia, Lugo mantuvo la protesta durante varios días. La movilización pasó de recorridos de tractores por la ciudad a concentraciones y permanencias en el entorno de la Ronda da Muralla. Los colectivos convocantes insistieron en el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y en la preocupación por las condiciones de competencia. Que la protesta se prolongara permitió sostener la atención sobre el conflicto, aunque las informaciones disponibles no ofrecen un balance único de participantes para todas las jornadas. La continuidad, más que una sola marcha multitudinaria, definió el caso lucense.

Ourense vivió otra forma de presión: una acción con tractores bloqueó la N-120 en la avenida Ribeira Sacra, uno de los accesos a la ciudad. Participaron decenas de vehículos y varios centenares de personas, según los datos difundidos. La convocatoria enlazó el rechazo a Mercosur con desacuerdos sobre condiciones y compromisos asociados a movilizaciones anteriores. En Galicia, por tanto, el malestar comercial convivió con reclamaciones locales y con el seguimiento de conflictos previos.

La cornisa cantábrica y el paso fronterizo

En Oviedo, centenares de participantes acompañaron a alrededor de 200 tractores por el centro de la ciudad. La protesta se planteó como respuesta a un escenario comercial y regulatorio que, según sus convocantes, coloca al campo en desventaja ante productores de terceros países. La dimensión urbana hizo visible una actividad que suele permanecer lejos de los centros de decisión y del debate cotidiano, pero el argumento de fondo fue el mismo que apareció en otros lugares: la preocupación por competir bajo reglas que el sector considera distintas.

Santander reunió a varios centenares de participantes y en torno a 260 tractores. Allí, el rechazo al acuerdo se sumó a las críticas a la PAC y a reclamaciones relacionadas con los ataques del lobo y la dermatosis nodular. Esa combinación muestra cómo una protesta puede servir de cauce para problemas que afectan a una misma comunidad rural, aunque no todos tengan relación directa con el comercio internacional. El acuerdo actuó como detonante visible, no como explicación completa de cada demanda local.

En el País Vasco, la concentración se situó en Biriatou, junto a la AP-8 y en el entorno de Irún. ENBA, EHNE y UAGN convocaron la acción, en la que participaron entre 60 y 70 tractores y alrededor de 300 personas. Además de rechazar Mercosur, los asistentes denunciaron la situación relacionada con la dermatosis nodular contagiosa. La cercanía de un paso fronterizo dio al acto un escenario coherente con el debate sobre circulación de mercancías, pero las reivindicaciones sanitarias mantuvieron su propio peso. La frontera hizo visible la dimensión europea del conflicto sin borrar su componente ganadero.

Navarra tuvo una convocatoria en Pamplona con más de 140 agricultores y ganaderos. Sus dos ejes principales fueron el rechazo al acuerdo con Mercosur y la gestión de la crisis de la dermatosis nodular contagiosa. La coincidencia de ambas cuestiones ayuda a entender por qué no basta con describir las movilizaciones como una protesta exclusivamente comercial: para parte del sector, las reglas de mercado se suman a problemas sanitarios que pueden condicionar la actividad. La agenda rural reúne asuntos distintos que se cruzan en una misma jornada de protesta.

Castilla y León, entre grandes concentraciones y marchas lentas

Burgos registró una de las tractoradas más numerosas de esta oleada. Por la ciudad circularon más de 500 tractores y acudió más de un millar de asistentes, según distintos recuentos publicados. Los participantes vincularon el rechazo a Mercosur con las críticas a la PAC y con la petición de cláusulas espejo. La concentración condensó así tres niveles de preocupación: el acceso de productos de fuera de la UE, el marco de ayudas agrarias y la equivalencia de las exigencias productivas. La magnitud de la marcha hizo de Burgos uno de los focos más visibles.

En Valladolid, el entorno de las Cortes de Castilla y León volvió a funcionar como punto de concentración. La convocatoria, impulsada por UNASPI, reunió a más de 200 tractores. Elegir la sede del legislativo autonómico situó la protesta ante una institución cercana a los intereses territoriales, aunque el acuerdo comercial y la PAC implican decisiones que también se debaten en otros niveles. El recorrido y el destino de los tractores señalaron a quién querían hacer llegar el mensaje, sin que eso convierta todas las reclamaciones en competencias de una sola administración.

Soria aportó un formato menos concentrado: hubo movilizaciones a velocidad lenta en la N-122, en la Ribera del Duero soriana. En lugar de reunir todos los vehículos en una plaza, la marcha trasladó la protesta a una carretera y alteró el ritmo de circulación. Este tipo de acción muestra por qué las incidencias no se limitan a las grandes ciudades: también pueden afectar a vías de paso y a zonas agrícolas. La oleada se expresó tanto mediante concentraciones como con acciones itinerantes.

Extremadura y Guadalajara: producciones y demandas propias

En Extremadura se organizaron tractoradas en distintos puntos, convocadas por varias organizaciones agrarias. El discurso compartía el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y la inquietud por la reforma de la PAC, pero también incluyó reclamaciones sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Entre los argumentos se citaron la vulnerabilidad de sectores como el arroz y el tabaco y el peso de los costes de producción. La estructura productiva regional dio un contenido concreto a una protesta de alcance más amplio.

La mención a arroz y tabaco no significa que todas las explotaciones extremeñas afronten exactamente el mismo problema ni que la movilización tuviera una única demanda sectorial. Indica que quienes protestaban relacionaban la apertura comercial y los cambios agrarios con actividades que consideran expuestas. Las informaciones disponibles no detallan importaciones, precios o pérdidas atribuibles a cada cultivo, por lo que no es posible cuantificar ese riesgo a partir de los datos de las convocatorias. La preocupación está documentada; su impacto económico preciso no queda establecido en este balance.

En Guadalajara, una marcha con más de 60 tractores se enmarcó en las movilizaciones contra Mercosur y en defensa del sector primario. La cifra permite situar la dimensión de la acción local, pero no compararla automáticamente con concentraciones de ciudades mayores ni utilizarla como medida del apoyo en toda Castilla-La Mancha. El dato describe una convocatoria provincial concreta, dentro de una oleada que se extendió por territorios con distinta población, actividad agraria y capacidad de movilización.

Qué revela la protesta y qué no permite afirmar

La extensión geográfica de las tractoradas evidencia que el debate sobre el acuerdo comercial y la política agraria encontró respuesta en territorios muy distintos. También revela que la oposición no se articuló únicamente alrededor de una consigna: a las inquietudes sobre competencia se añadieron asuntos sanitarios, daños de fauna, producciones específicas y reclamaciones sobre la cadena alimentaria. El denominador común fue la sensación de vulnerabilidad del campo, mientras que las causas inmediatas variaron de una comunidad a otra.

La escala de las movilizaciones no permite, por sí sola, determinar cuál será el resultado del debate institucional ni si el acuerdo tendrá los efectos que temen los participantes. Las convocatorias documentan la posición de los sectores movilizados y sus argumentos, pero no aportan una evaluación comparativa de los costes o de las consecuencias comerciales. Tampoco un corte levantado tras una reunión equivale necesariamente a un acuerdo definitivo. Protestar expresa presión y desacuerdo; no resuelve automáticamente el conflicto que los originó.

La firma de un acuerdo, su desarrollo y sus efectos son cuestiones distintas, y el material sobre estas jornadas no ofrece detalles suficientes para fijar un calendario de aplicación ni para medir consecuencias futuras. Por eso, las demandas de garantías y de igualdad de condiciones deben leerse como peticiones de los agricultores y ganaderos, no como prueba de que todos los productos importados estén sujetos a reglas idénticas o diferentes en cada aspecto. El debate seguirá dependiendo de cómo se concreten las normas y de cómo se apliquen, asuntos que no quedan resueltos por el número de tractores en una carretera.

Entre el 8 y el 18 de enero, las calles, las carreteras y los accesos logísticos se convirtieron en escenarios de una discusión que normalmente se desarrolla en despachos y negociaciones. Las protestas hicieron visible la distancia entre las decisiones comerciales y agrarias y la percepción de quienes trabajan en el campo. La diversidad de reivindicaciones es, precisamente, la clave para entender su alcance: Mercosur unió las convocatorias, pero las respuestas que reclaman los territorios no son necesariamente las mismas.