¿Por qué Tanzania arde: 150 muertos tras las elecciones?

Crisis en Tanzania tras elecciones: 150 muertos según fuentes hospitalarias, toques de queda, internet restringido y exigencia de investigar.

La crisis abierta tras las elecciones en Tanzania ha estallado con una violencia que desborda cualquier cálculo prudente. Al menos 150 personas han muerto, según fuentes sanitarias del Hospital Nacional Muhimbili, en Dar es Salaam, desde que comenzaron las protestas contra el proceso electoral. El dato, crudo, habla por sí solo y retrata un país en el que la disputa política ha transitado de las urnas a la calle, y de ahí a un terreno más oscuro: el de las morgues colapsadas, los barrios en toque de queda y una ciudadanía que, de golpe, se sabe expuesta a la fuerza del Estado.

Lo que se describe ya no es solo un episodio de tensión postelectoral. Es una crisis de seguridad pública y de legitimidad política. Las autoridades han desplegado policías y militares en los puntos neurálgicos, se han registrado interrupciones de internet que dificultan la verificación independiente y varios distritos metropolitanos han vivido noches de disparos, sirenas y calles vaciadas por el miedo. La oposición denuncia un proceso “vacío de garantías”, organizaciones de derechos humanos piden contención y la cifra de víctimas se ha convertido en una batalla paralela: las fuentes hospitalarias señalan al menos 150, mientras recuentos conservadores de organismos internacionales van por debajo y las denuncias de la oposición empujan el número mucho más arriba, sin que, de momento, exista un registro nacional claro y contrastado.

Cómo se ha encadenado el estallido

La secuencia se entiende mejor si se mira con lupa el día de voto, cuando la tensión latente terminó por derramarse. Las acusaciones de exclusión de líderes opositores del proceso y las trabas para fiscalizar el recuento alimentaron la desconfianza. Pronto hubo cargas policiales para dispersar concentraciones, gases lacrimógenos en áreas céntricas de Dar es Salaam y carreras por avenidas que, a media tarde, parecían de otra ciudad. La noche trajo toques de queda en sectores estratégicos y un despliegue que, lejos de apagar la movilización, la dispersó. Al día siguiente, los hospitales comenzaron a recibir heridos y cuerpos en un goteo que no cesó. En el Muhimbili, el mayor centro sanitario público del país, el personal habló de un flujo constante de cadáveres desde el miércoles electoral.

Ese es el primer eje. El segundo es la geografía. El foco inicial en la capital económica se replicó —con otras formas— en Arusha, Mbeya y Morogoro, donde se reportaron bloqueos de carreteras, incendios de neumáticos y barricadas. En Dar es Salaam, el perímetro del puerto y las arterias que lo conectan con la red viaria nacional se blindaron con cordones policiales. En torno al aeropuerto, patrullas mixtas de agentes y militares marcaron la presencia del Estado. En algunas intersecciones, apenas quedaban taxis; los autobuses urbanos circulaban a medias; los comercios bajaban persianas con horas de anticipo.

No hubo, sin embargo, un liderazgo único ni un manual cerrado. La protesta fue heterogénea: estudiantes, trabajadores informales, pequeños comerciantes, profesionales. En unos puntos, concentraciones expresas; en otros, marchas cortas que se disolvían a la llegada de los antidisturbios. La contramedida también fue conocida: saturación de efectivos, escopetas con perdigones, munición real en algunos escenarios, detenciones por desórdenes, presencia de vehículos blindados ligeros en avenidas anchas. Con internet estrangulado durante horas clave, la circulación de imágenes saltó a canales privados, lo que dificultó la verificación y alimentó la sensación —no siempre justa— de caos perpetuo.

Cifras que no cuadran, relatos que se enfrentan

El balance de víctimas se ha convertido en un terreno minado. La referencia de “al menos 150” que ofrecen sanitarios del Hospital Nacional Muhimbili es un dato hospitalario, parcial por definición: cuenta lo que entra por sus puertas. En paralelo, recuentos de organismos internacionales —siempre prudentes— hablan de una decena larga confirmada por vías independientes y abierta a revisión. La oposición repite que los muertos serían “cientos”, diagnóstico imposible de cotejar hoy de forma independiente y que, sin embargo, encaja con la dimensión del despliegue policial y el número de escenarios en los que se reportaron disparos.

¿Quién tiene razón? En situaciones así, la respuesta corta es incómoda: nadie del todo. En entornos donde se limita el acceso a la información, los recuentos hospitalarios tienden a subestimar lo ocurrido fuera de las grandes ciudades; los organismos internacionales tienden a ser conservadores, porque reportan únicamente lo que pueden comprobar por varias vías; y las cifras de la oposición, aunque verosímiles a ojos de quienes palpan la represión, necesitan auditoría. Lo que sí sabemos es esto: 150 cuerpos en el principal hospital público de la capital marcan un umbral de tragedia nacional. Por sí solos obligan a explicar qué pasó, dónde, cuándo y bajo qué órdenes.

Cómo se construyen los balances en una crisis

El método —cuando se puede— combina cuatro capas. Primera, hospitales: la cifra mínima de lo que ingresa. Segunda, morgues y registros forenses, con retrasos inevitables y presiones políticas. Tercera, informes locales: asociaciones vecinales, parroquias, ONG con presencia territorial. Cuarta, auditorías externas: misiones de la ONU, organizaciones de derechos humanos con metodologías públicas. El cruce ofrece un rango razonable. Hoy, el rango disponible ya es alarmante: de la decena confirmada por canales conservadores al suelo hospitalario de 150 en la capital, con la oposición marcando un techo más alto.

Claves políticas que encendieron la mecha

Tanzania ha sido, durante décadas, el bastión del Chama Cha Mapinduzi (CCM), el partido hegemónico. La presidenta Samia Suluhu Hassan llegó con promesas de deshielo tras el mandato de John Magufuli, pero la temporada electoral se ha ido cerrando a golpe de inhabilitaciones, detenciones selectivas y trabas administrativas a la vigilancia del escrutinio. En ese contexto, la exclusión de figuras opositoras de la papeleta presidencial se leyó como jaque mate al pluralismo real. Y con las reglas percibidas como trucadas, la legitimidad de los resultados pasó a un segundo plano para una parte significativa de la población.

El partido opositor Chadema —con estructura capilar en las zonas urbanas— ha capitalizado ese malestar. Sus portavoces cuestionaron el árbitro electoral, denunciaron irregularidades en la preparación de actas y llamaron a movilizaciones. El Estado respondió levantando el muro clásico: “restauración del orden” y “incidentes aislados” como explicación oficial. La distancia entre ambas narrativas —la de la calle y la del poder— se transformó de inmediato en choques. Y cada choque alimentó otro. Un círculo vicioso de manual.

Zanzíbar, el eco de una memoria incómoda

El archipiélago de Zanzíbar ya ha vivido elecciones traumáticas, con episodios de represión que dejaron decenas de muertos a comienzos de siglo. Esa memoria no se borra. Vuelve cuando suenan las sirenas, cuando aparecen detenciones masivas, cuando las familias dudan si salir a buscar a un detenido por miedo a quedar atrapadas. A día de hoy no hay un balance separado y fiable para el archipiélago, pero sí indicios de registros, golpes y presión policial sobre activistas. La historia no se repite calcada, pero rima.

La calle frente al Estado: escenas verificadas de una crisis

En Dar es Salaam, la tensión se palpa en los ejes que conectan el puerto con los polígonos logísticos. Vallas metálicas, cintas, patrullas cada dos cuadras, sirenas sin descanso por la noche. Avenidas que de día mantienen una apariencia de normalidad y, al caer el sol, cambian de piel. Restaurantes que cierran antes, camiones que esperan horas para entrar o salir, mercados que se vacían en minutos si alguien grita “corred”. En Arusha, las arterias que conectan con el parque industrial han sido escenario de fugas y de concentraciones relámpago. En Mbeya y Morogoro, barricadas con neumáticos y madera vieja, fuego en intersecciones y un juego del gato y el ratón con los antidisturbios.

La frontera con Kenia, paso de Namanga, se ha convertido en termómetro. Cierres intermitentes, atascos kilométricos de camiones y vecinos que optan por no cruzar. Es el recordatorio de que Tanzania no es una isla. El corredor comercial regional depende de esa fluidez. Y cada corte tiene un coste real: alimentos que tardan más, repuestos que no llegan, precios que se disparan en mercados locales.

En paralelo, varias embajadas han emitido avisos de seguridad recomendando evitar desplazamientos no esenciales y refugiarse en caso de disturbios. Universidades y centros educativos han aplazado exámenes o han mudado algunas clases a modalidad remota (cuando la conexión lo permite). Hospitales secundarios piden donaciones de sangre y materiales, a la vez que insisten en que no todos los heridos van al gran hospital de la capital: muchos se quedan —o se pierden— en la red de centros periféricos.

Economía y vida diaria: el país que vuelve a casa antes de tiempo

Un toque de queda en la mayor ciudad de Tanzania implica, de hecho, apagones económicos. Se cortan turnos de noche en fábricas y almacenes, se rompen cadenas logísticas, sube el coste del transporte y se encarecen alimentos básicos. Comercios que solían cerrar a las diez ahora bajan la persiana a las siete. Conductores de dala-dala (minibuses) reducen rutas al caer la tarde. Mercados como Kariakoo ajustan horarios. Y el puerto —una arteria de primer orden para el comercio regional— funciona a tirones, con ventanas de actividad y pausas no planificadas.

Las consecuencias no aparecen todas hoy. Algunas se verán en semanas: subida de precios en importaciones, retrasos en la distribución de combustibles, falta de repuestos, caída del turismo urbano. El sector hotelería y restauración reporta cancelaciones en bloque; transportistas elevan tarifas por el riesgo acumulado; empresas medianas detienen inversiones previstas para el último trimestre. En el campo, donde la protesta llega filtrada, la incertidumbre por el abastecimiento de fertilizantes y piezas también pesa.

La salud mental, intangible pero real, entra en la conversación. Médicos y docentes describen insomnio, ansiedad y fatiga. Padres que no sueltan el teléfono; jóvenes que guardan vídeos por miedo a perder pruebas; familias que no salen de casa después de la puesta de sol. Hay barrios donde basta con el sonido de una motocicleta acelerando para provocar, por un instante, la sensación de que la policía vuelve a cargar.

Qué miran las instituciones, qué teme la oposición

Hay cinco señales que, juntas, ayudan a leer hacia dónde va el país. La primera, si se levantan los toques de queda en la capital y ciudades satélite. La segunda, si se restablece internet sin filtros relevantes. La tercera, si observadores independientes acceden a morgues y centros de detención. La cuarta, si la policía abre expedientes por uso excesivo de la fuerza y los lleva a un juez con nombres y apellidos. Y la quinta, si el árbitro electoral publica resultados desagregados (detalle de mesa y actas digitalizadas) en un portal accesible.

Para la oposición, el objetivo inmediato es romper el bloqueo informativo y forzar mecanismos de verificación. Para el Gobierno, el reto es reducir la temperatura sin dar señales de debilidad. Dos críticas conviven: una exige investigar la represión y reparar a las víctimas; otra pide reabrir el proceso donde haya actas cuestionadas. Ambas demandas no se excluyen. Pero juntas, y en caliente, son difíciles de gestionar.

Escenarios en las próximas 72 horas

Se dibujan tres trayectorias plausibles. Un escenario de contención, con gesto político (liberación de detenidos sin cargos sólidos, apertura a observadores) y reducción del despliegue visible. Un escenario de escalada, con una noche negra que dispare la cifra de víctimas y fuerce un estado de excepción de facto, con más daño económico y condena internacional. Y un escenario mixto: calma aparente en la capital, nervio en ciudades secundarias, goteo de choques y presión sostenida sobre la administración. La clave, en cualquiera de los casos, pasará por el recuento: cómo y cuándo se anuncian resultados definitivos y si existe puente legal para impugnaciones con garantías.

Derechos humanos y control de daños: lo urgente y lo posible

En el corto plazo, hay medidas concretas que pueden cambiar la foto. Garantizar el acceso de observadores y médicos forenses a morgues y centros de detención. Publicar un protocolo de actuación policial, con mecanismos claros de identificación de agentes en operativos. Abrir una comisión independiente para auditar el uso de la fuerza, con facultades para nombrar responsables y recomendar sanciones. Asegurar vías para denunciar desapariciones y encontrar a personas detenidas sin registro. Ofrecer un calendario lógico para la publicación de resultados con desagregación suficiente para el escrutinio cívico.

Ese paquete no resuelve la disputa política, pero reduce el daño. En paralelo, organizaciones médicas insisten en prioridades operativas: rutas seguras para ambulancias, reservas de sangre, material de trauma y equipo de protección para personal sanitario. Los colegios de abogados piden listas de detenidos y garantía de acceso a defensa. Y universidades y escuelas reclaman claridad para planificar exámenes y prácticas.

La reconstrucción de confianza requiere algo más que frenar el uso indiscriminado de la fuerza. Pasa por reconocer a las víctimas, reparar daños y dejar un rastro de rendición de cuentas. La pregunta que sobrevuela los despachos —sin signos de ser respondida hoy— es si la autoridad está dispuesta a abrir esa puerta o si preferirá apostar por el argumento de la normalidad: menos patrullas a la vista, más aparente calma y cicatrices sin nombre.

Lo que se sabe del dispositivo de seguridad

El mapa de la respuesta estatal muestra una combinación de policía y Ejército en zonas sensibles. En Dar es Salaam, los nudos de tráfico y los alrededores de ministerios y sedes estratégicas concentran efectivos. Vehículos blindados ligeros se han visto en arterias anchas, a menudo estáticos, como elemento disuasorio. Drones y helicópteros han sobrevolado áreas de mayor densidad. En barrios periféricos, el control recae en patrullas móviles que dispersan grupos antes de que se organicen.

El uso de munición real en algunas escenas se ha reportado de forma recurrente por testigos y personal sanitario que recibe heridas compatibles. También se documentan detenciones sin registro formal. Un patrón que preocupa es el de lesiones por perdigones a corta y media distancia, con riesgo ocular y daños permanentes. Abogados han empezado a compilar casos, y médicos piden guías públicas de actuación para evitar lesiones irreversibles en dispersión de protestas.

La oposición, entre la calle y el altavoz internacional

Sin canales institucionales abiertos de par en par, la oposición ha apostado por dos frentes: mantener la movilización (con concentraciones breves, difíciles de reprimir sin coste político) y elevar el relato a medios internacionales. Esta última estrategia busca romper la narrativa oficial y obligar a una respuesta visible. El riesgo es conocido: si algunas cifras —las más altas— no se confirman después, el Gobierno intentará desacreditar el conjunto señalando exageraciones. Aun así, la constancia de los testimonios y la coherencia de los relatos, ciudad por ciudad, dan consistencia al cuadro general de uso excesivo de la fuerza.

El factor información: cuando internet no llega

En situaciones de apagón digital, el tiempo se deforma. Lo que pasó hace dos horas no entra en el torrente de redes. Los vídeos circulan por mensajería y llegan a periodistas y organizaciones tarde y fragmentados. La verificación independiente —clave para fijar balances y responsables— se vuelve lenta. Por eso los números se mueven en horquillas: hay muertos que se cuentan dos veces y muertos que no se cuentan nunca. Hay heridos que no llegan al hospital. Y detenidos que desaparecen del radar durante horas o días.

Ese bloqueo no impide que la realidad exista. La diferencia es que cuesta nombrarla. Cuando vuelven los datos, suele volver también una oleada de pruebas que obliga a recomponer el relato. La experiencia regional indica que los balances iniciales son conservadores y que, a medida que se cruzan registros, crecen. En Tanzania, la combinación de morgues desbordadas en la capital, denuncias en ciudades secundarias y detenciones en cadena anticipa semanas de ajuste estadístico y, si hay voluntad política, de investigación.

Un apunte sobre la economía política del conflicto

Aunque el eje es la represión y el derecho a la protesta, la economía política ayuda a entender la resistencia. El CCM domina el aparato estatal y buena parte de los resortes económicos. El puerto de Dar es Salaam, vitrina del país, es también su talón de Aquiles: bloquearlo duele, protegerlo cuesta. En clase media urbana y juventud se acumula el hartazgo por expectativas frustradas: empleo que no llega, servicios que se atascan, promesas que no cuajan. Cuando la contienda electoral parece cerrada de antemano, la calle se convierte en canal de expresión y presión. Y en la calle, el cálculo del poder se complica: aplicar fuerza reduce hoy el volumen, pero multiplica el coste político y global mañana.

Qué esperan las familias y qué teme el poder

En hogares de barrios populares corre la misma pregunta: ¿dónde están los nuestros? Quien no vuelve de una protesta puede estar herido, detenido o muerto. Los teléfonos dejan de sonar en la madrugada y vuelven a activarse al amanecer. Madres que esperan en la puerta, padres que recorren hospitales y comisarías buscando nombres en listas informales. Ese dolor —que no es estadística— también es política. Y pesa.

En los despachos, el temor es otro. Que una cifra —la del Muhimbili, por ejemplo— se convierta en símbolo. Que la economía se enfríe más de lo esperado. Que la comunidad internacional dé un paso más allá de los comunicados y conecte ayuda o cooperación a condicionalidades. Que se rompa la imagen de estabilidad que Tanzania ha vendido durante años, con razón en muchas etapas. Por eso el reflejo es rebajar la tensión visible y proyectar vuelta a la normalidad. Pero esa normalidad —cuando 150 muertos están sobre la mesa— no existe.

Un país obligado a contar a sus muertos

Tanzania está en la encrucijada. El país puede optar por el camino corto —dar por cerrado el episodio, replegar tropas a la vista, archivar denuncias y esperar a que el ciclo informativo gire— o abordar lo que sí puede hacer: contar a sus muertos, nombrar a los responsables de abusos, garantizar que nadie está detenido fuera de registro y abrir una auditoría seria sobre la conducción del proceso electoral. No es una cuestión de retórica. Es el único modo de recomponer un mínimo de confianza.

No habrá soluciones perfectas en días. Habrá, con suerte, decisiones claras. Una orden que limite el uso de la fuerza a estándares internacionales. Una lista pública de detenidos, con acceso a abogados. Un compromiso verificable de publicación de resultados desagregados. Un mecanismo de reparación a víctimas y garantías de no repetición. Si esas piezas aparecen, la tragedia será menos árida. Si no, el país caminará semanas —quizá meses— con un murmurio de fondo: el de familias que no encuentran a los suyos y el de una estadística que, al final, hará su trabajo y pondrá negro sobre blanco lo que ocurrió los días después de las urnas.

Ese es el dilema hoy, 31 de octubre de 2025. No el de las etiquetas, sino el de los hechos: al menos 150 muertos según el principal hospital público de la capital. Toques de queda que aún se sienten en barrios enteros. Internet que va y viene. Cifras que chocan y relatos que pelean por imponerse. Aun con los números en disputa, hay una certeza: la política que ignora esta sangre no vuelve indemne a la vida cotidiana. Y Tanzania, que tantas veces se mostró más estable que su vecindario, no es inmune a su propia historia.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo se ha elaborado con información de calidad, contrastada y actual. Fuentes consultadas: Agencia EFE, RTVE, Europa Press, Reuters, AP, Amnistía Internacional, The Washington Post.