¿Por qué Singapur bate récord de ahorcamientos en 2025?

Singapur ahorca a dos reos por drogas y eleva a 12-14 las ejecuciones del año. Claves legales, cifras y el pulso con ONG y la vecina Malasia.

Singapur ha ejecutado hoy a dos hombres condenados por narcotráfico, ambos ciudadanos del país, por ahorcamiento tras agotar los recursos judiciales y sin lograr clemencia. Con estas muertes, el balance de este año asciende —según recuentos que varían entre autoridades y organizaciones— a entre 12 y 14 ejecuciones, una cifra que activistas locales y observatorios de derechos humanos califican ya como “récord desde 2003”. El dato es duro y claro: el ritmo de ahorcamientos se ha intensificado en 2025 y vuelve a situar a la ciudad-Estado en el centro del debate internacional sobre pena de muerte por delitos de drogas.

El episodio de hoy llega cinco días después del Día Mundial contra la Pena de Muerte y apenas una semana después de otra ejecución, la de un ciudadano malasio condenado por introducir 51,84 gramos de heroína. Las autoridades de la Central Narcotics Bureau (CNB) remarcan que los ejecutados contaron con abogado durante el juicio y la apelación, y subrayan el “debido proceso”. Las ONG locales como Transformative Justice Collective (TJC) elevan el conteo de 2025 a 14 ahorcamientos y advierten de casos en cola de los que ya han sido alertadas las familias. El resultado, hoy por hoy, es una tendencia sostenida, acentuada tras el parón de la pandemia.

Qué ha pasado hoy y cómo queda el cómputo anual

El CNB ha confirmado dos ejecuciones por la horca practicadas esta mañana en la prisión de Changi, el recinto donde se materializan las sentencias capitales en Singapur. Los condenados, de 64 y 50 años, fueron declarados culpables de tráfico de estupefacientes. La comunicación oficial se mantiene en su formato habitual: una nota sucinta, sin detalles sobre las cantidades exactas ni los pormenores procesales, más allá del recordatorio de que el caso superó la revisión de la Corte de Apelaciones y que se rechazó la petición de clemencia.

La cuestión de los números concentra la disputa pública: el Gobierno había admitido 12 ejecuciones este año antes de esta jornada, y las ONG fijan 14 tras los dos ahorcamientos de hoy. La divergencia no es nueva. Se explica por el carácter fragmentario de la información oficial, que suele publicarse caso a caso, y por el seguimiento comunitario que aportan colectivos como TJC, nutrido de comunicaciones familiares, abogados y voluntarios. Con todo, el balance de 2025 ya se sitúa en el tramo alto de las dos últimas décadas, equiparable o superior a los repuntes registrados tras la pandemia.

El marco legal que sostiene la horca: umbrales y método

La Misuse of Drugs Act, la ley antidrogas vigente, establece umbrales cuantitativos a partir de los cuales el tráfico puede castigarse con pena capital. Los más citados son 15 gramos de diamorfina (heroína) y 500 gramos de cannabis, además de límites específicos para cocaína, metanfetamina y otras sustancias. Cuando la acusación demuestra importación, exportación o posesión con fines de tráfico por encima de esas cantidades, la presunción legal cae del lado de la culpabilidad, y la defensa debe desvirtuarla.

El método de ejecución es la horca por “long drop”, vigente desde época colonial y mantenido en el marco del Código de Procedimiento Penal. En la práctica, la aplicación de la pena capital en Singapur incorpora un margen de discrecionalidad acotado: el tribunal puede conmutar a cadena perpetua si se cumplen requisitos estrictos, como que el condenado haya actuado exclusivamente como correo y la fiscalía emita el llamado “certificado de asistencia sustantiva”, que acredita una cooperación significativa para desmantelar redes. La experiencia de los últimos años indica que ese certificado es difícil de conseguir y, de facto, determina el desenlace en buena parte de los casos.

El debate jurídico se ha centrado en dos vectores: la proporcionalidad de castigar con muerte delitos sin homicidio y la opacidad del proceso que lleva a conceder o denegar el certificado. Jueces y Gobierno defienden el esquema como una herramienta necesaria para “subir en la cadena” del tráfico regional, golpeando organizaciones y no solo eslabones bajos. Defensas y activistas, en cambio, consideran que el umbral cuantitativo no capta el rol real del acusado y que el filtro fiscal no es revisable en lo sustantivo, lo que deja la vida del reo en manos de una valoración administrativa.

Por qué Singapur aprieta: la tesis de la disuasión y los datos disponibles

El Ejecutivo sostiene, con encuestas internas y series policiales de incautaciones, que el régimen sancionador actual disuade la entrada de drogas por una ruta clave del sudeste asiático. El argumento es recurrente: “La horca salva vidas”. La CNB y el Ministerio del Interior apuntan a que el país, pese a su conectividad y su condición de hub logístico, presenta tasas de consumo y criminalidad asociada más bajas que su entorno. También subrayan que el apoyo social a la pena de muerte sigue siendo elevado cuando se pregunta por “delitos muy graves”.

Ese es, sin duda, el núcleo del choque con estándares internacionales. Organismos de la ONU, Amnistía Internacional y plataformas académicas especializadas replican que no hay evidencia sólida de que la pena capital sea más eficaz que penas largas de prisión a la hora de reducir el tráfico, y recalcan que los condenados suelen ser correos, reclutados en entornos vulnerables, con poca capacidad de decisión dentro de las redes. El diagnóstico que devuelven esos informes es contundente: la amenaza de la cuerda no altera la economía del narcotráfico, que se reconfigura con rapidez, mientras multiplica el coste humano y los riesgos de errores irreversibles.

En 2025, el perfil de las personas ejecutadas no desmiente esa fotografía. Hay nacionales y extranjeros, edades que oscilan desde la treintena hasta la tercera edad, y un patrón común: cantidades por encima del listón legal pero muy lejos de grandes cargamentos, historias de apuros económicos y relatos de captación para transportar o introducir paquetes a cambio de pagos modestos. La narrativa oficial se mantiene, línea a línea, sobre dos pilares: la gravedad del daño social que causan las drogas y la garantía de que todos los casos han pasado por un debido proceso.

El espejo regional: Malasia cambia el paso y deja sola a Singapur

Mientras Singapur dobla su apuesta punitiva, su vecino inmediato ha emprendido una reforma de calado. Malasia abolió en julio de 2023 la pena de muerte obligatoria para delitos como narcotráfico o terrorismo, y sustituyó la horca por penas de hasta 40 años de cárcel, con azotes en algunos supuestos. El giro malasio no implica una abolición total, pero sí devuelve discrecionalidad al juez y abre la puerta a revisiones de condenas dictadas bajo la antigua obligatoriedad. En paralelo, Kuala Lumpur mantiene un parón de facto en las ejecuciones desde 2018.

Ese contraste pesa en el debate. ONG locales y regionales usan a Malasia como contraejemplo para demostrar que un país vecino, con dinámicas criminales similares, ha podido modular su respuesta sin que el sistema colapse. Singapur responde que su posición geográfica y su rol como centro financiero y logístico justifican una exigencia mayor, y que su éxito contra el tráfico depende de señales claras. De fondo, hay un pulso político y cultural sobre qué riesgos está dispuesto a asumir cada Estado en nombre de la seguridad y qué límites éticos fija a su poder punitivo.

Cómo funciona el reloj de una ejecución en Singapur

El calendario que rodea a cada ahorcamiento es repetitivo y, para las familias, devastador. El aviso suele llegar con pocos días de antelación —a menudo entre cuatro y siete—. En ese margen, se aceleran las visitas, se presentan los últimos escritos y se piden suspensiones de emergencia. Las autoridades no anuncian la fecha con antelación al público; la confirmación oficial llega después de consumada la ejecución. El contacto físico no está permitido en los días previos, y los allegados se despiden detrás de un cristal. Es un ritual administrativo que se repite sin excepción conocida, con variaciones menores según el historial procesal del caso.

La prisión de Changi se ha convertido, por esa rutina, en un símbolo. A primera hora de la mañana, las horcas se practican con escrupuloso secreto y, horas después, la nota del CNB fija el encabezado del día. En 2025, esa cadencia ha sido más frecuente de lo habitual, con semanas en las que dos comunicados consecutivos han marcado el ritmo informativo. Ese goteo explica que el conteo sea impreciso: cuando hay silencios oficiales o retrasos en las publicaciones, los colectivos que acompañan a las familias van rellenando con datos confirmados por parientes o abogados.

La cifra que incomoda y el lugar de Singapur en el mundo

La etiqueta de “récord desde 2003” no flota en el vacío. En 2022, el país ya sorprendió con 11 ejecuciones tras dos años de parón por la pandemia. En 2025, con 12-14 a mediados de octubre, el salto es incuestionable y coloca a Singapur entre los Estados que ejecutan de manera regular por delitos de drogas. El dato incomoda en las relaciones exteriores del país —que combina excelentes indicadores socioeconómicos con una imagen internacional de eficiencia y orden— porque choca con las preferencias de sus socios comerciales y aliados políticos, especialmente en Europa.

El contexto global no ayuda a atemperar la controversia. Pese a que el número de países que aplican la pena de muerte sigue bajando, los picos de ejecuciones en algunos Estados han devuelto el tema a la agenda multilateral. Singapur suele rechazar que se le mencione en el mismo párrafo que esas jurisdicciones, alegando garantías procesales y estándares altos en policía y tribunales. Pero, en términos de política criminal, su línea roja frente a las drogas es nítida y excepcional entre economías avanzadas.

Qué dicen hoy las partes: Gobierno, tribunales, ONG y diplomacia

La posición oficial está consolidada. El Ministerio del Interior y la CNB enmarcan cada caso en un relato de daño social severo y de necesidad de disuasión. Las cortes insisten en que se ha aplicado la ley con rigor y que las excepciones previstas —certificado de asistencia o alteraciones mentales que mermen la responsabilidad— se valoran caso a caso. El Gobierno añade un mensaje hacia el exterior: “Respetamos las opiniones”, pero no aceptamos que se impongan estándares foráneos sobre soberanía penal.

Las ONG —TJC a la cabeza— documentan aviso por aviso y resaltan la asimetría entre el impacto de la pena capital y el perfil de los ejecutados. Amnistía Internacional y otras entidades globales han pedido una moratoria inmediata, recordando el estándar internacional que limita la pena de muerte a los “más graves crímenes”, expresión que habitualmente se interpreta como homicidios intencionales. En paralelo, la diplomacia europea ha elevado comunicados en clave de derechos humanos, y Malasia ha hecho llegar protestas consulares cuando los condenados eran sus ciudadanos.

Lo que cambia con dos ejecuciones más en octubre

Sumar dos ahorcamientos en la mitad de octubre no es un detalle menor. Fija un ritmo de fin de año que podría elevar aún más el conteo y reafirma la determinación del Ejecutivo de no levantar el pie. Octubre es, además, un mes simbólico por el Día Mundial contra la Pena de Muerte, lo que multiplica la visibilidad internacional y tensa el debate doméstico. En Singapur, el desacuerdo social con la pena capital por drogas existe, pero no aparece como fuerza mayoritaria en encuestas. Ese contexto facilita que el Gobierno mantenga su hoja de ruta.

En el corto plazo, los siguientes pasos dependen de notificaciones que ya se han enviado a familias y representantes legales, según activistas. Si la cadencia observada este año se mantiene, no sería extraño que nuevas notas del CNB aparezcan en las próximas semanas. De fondo, persiste la pregunta central que las autoridades responden con datos de incautaciones y detenciones, y que los críticos replantean con estudios comparados y testimonios: ¿disuade realmente la horca el tráfico de drogas o castiga sobre todo a intermediarios sustituibles por la maquinaria del negocio?

Lo que significan 15 gramos de heroína y 500 de marihuana

Los umbrales legales merecen una explicación directa, porque son, en la práctica, el interruptor que activa la posibilidad de pena capital. Quince gramos de diamorfina —heroína— equivalen a un puñado de dosis en jerga callejera; 500 gramos de cannabis son medio kilo, una cantidad elevada en mercados minoristas pero modesta si se compara con tráfico mayorista. La ley no hace distinciones por contexto socioeconómico, ni por ingresos del acusado, ni por presiones o amenazas recibidas. Importa la cantidad y el tipo de conducta (introducir, exportar, poseer con intención de vender). Por encima del listón, el caso entra en la zona roja.

Aquí se sitúa una de las fricciones más visibles con estándares internacionales: cuando el homicidio no está presente, la pena de muerte pierde en legitimidad comparada. Singapur discrepa, amparado en una lectura de la seguridad pública que incluye “la defensa de la vida” frente a amenazas como las drogas. La batalla semántica —“los más graves delitos”— no es académica: determina qué países soportan presión diplomática y qué reformas se vuelven viables. En Malasia, por ejemplo, esa ventana se abrió tras años de litigios estratégicos, debate parlamentario y movilización social.

Un año con nombres propios y una rutina implacable

2025 deja ya una lista de nombres y nacionalidades que atraviesan el mapa del Estrecho de Johor. El caso del malasio ejecutado el 8 de octubre por 51,84 gramos de heroína quedó marcado por el rechazo de última hora a nuevos recursos y por una nota que subrayó el impacto de la droga en jóvenes y familias. Los dos ahorcados de hoy, singapurenses de 64 y 50 años, llegan con perfiles muy distintos en edad, pero con el mismo desenlace. Abogados consultados en casos recientes insisten en que, sin el certificado de cooperación, la cuerda es altamente probable cuando los números superan los umbrales.

El itinerario procesal se conoce: detención, instrucción, juicio en el Tribunal Superior, apelación a la Corte de Apelaciones y petición de clemencia ante la Presidencia. Suspensiones temporales por alegaciones nuevas o recursos ante el Tribunal Superior han aparecido en algunos casos, sin alterar el resultado final. El mensaje que sale del sistema es consistente: “Las reglas son claras, las consecuencias también.” En los pasillos de la prisión, ese lema suena a sentencia.

Lo que puede cambiar de aquí a final de año

Con la secuencia actual, el escenario de más ejecuciones en lo que resta de octubre y noviembre es plausible. Activistas hablan de avisos ya emitidos y de familias que han recibido instrucciones para visitas ampliadas, un indicador que en Singapur suele anticipar el día. Si el Gobierno decide frenar, lo hará por razones internas —una reevaluación discreta, por ejemplo—, no por presiones externas, según se desprende del histórico reciente. La única fisura en el mecanismo son los casos excepcionales: cuando el condenado logra acreditar un trastorno mental o cuando la fiscalía emite el certificado de asistencia sustantiva.

Mientras, la diplomacia seguirá trazando su perímetro. Misiones europeas, agencias de la ONU y ONG intensifican los llamamientos en fechas señaladas. La próxima ola de pronunciamientos llegará, previsiblemente, cada vez que un nombre se acerque a la horca. En el barrio de Geylang o en la frontera con Johor Bahru, las redes de apoyo sostienen a viudas, madres y hermanos que aprenden a leer el calendario de Changi. Ese es, al final, el rostro público de una política que se decide en despachos y se ejecuta a primera hora de la mañana.

Dónde queda Singapur tras los dos ahorcamientos de hoy

Lo que sabemos sin rodeos es suficiente para situar a Singapur en el mapa de 2025: dos ejecuciones más por narcotráfico, un total anual que ya oscila entre 12 y 14, y la etiqueta de “récord desde 2003” que marca el año. La ley que lo permite —umbrales duros para heroína y cannabis, horca como método— no muestra grietas. El Gobierno mantiene su tesis de disuasión; las ONG replican con casos y estudios que cuestionan esa eficacia. En medio, una práctica administrativa que notifica con apenas una semana de margen y que desemboca en Changi a la salida del sol.

La pregunta de si estas cifras suponen un récord encuentra hoy la respuesta que importa: sí, porque superan los picos más recientes y reactivan una política que parecía congelada durante la pandemia. Lo que queda por ver —y no es menor— es si el resto del año consolidará aún más ese registro o si algún gesto institucional —una conmutación, una revisión, un certificado— abrirá una brecha en la maquinaria de la pena capital por drogas. Entretanto, lo innegociable es el dato: dos horcas más en octubre, y un año que empuja al límite las estadísticas de ejecuciones en la ciudad-Estado.

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Este artículo se ha redactado con información contrastada y reciente procedente de medios y organizaciones con sede en España. Fuentes consultadas: Agencia EFE, RTVE, ElDiario.es, La Vanguardia, Amnistía Internacional España.