Sánchez abre los archivos del 23-F y reabre sus incógnitas

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció la desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El Consejo de Ministros debía aprobar la medida el martes 24 de febrero de 2026 y su entrada en vigor estaba prevista para el día siguiente, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Moncloa anunció que el material accesible podría consultarse en su página web. La decisión pone fecha a una demanda histórica, pero no permite dar por hecho que se conozca todo lo que sigue rodeado de secreto: el alcance real depende de qué expedientes se publiquen y cuáles permanezcan reservados.

La apertura anunciada reúne dos debates que a menudo se confunden. Uno es histórico: qué ocurrió durante aquellas horas y qué información tuvo el Estado antes, durante y después del asalto al Congreso. El otro es político y administrativo: quién decide qué documentos pueden hacerse públicos y con qué límites. El Ejecutivo habló de más de un centenar de archivos, aunque el número, por sí solo, no indica si el material resolverá las cuestiones más delicadas. Un archivo público puede ampliar el conocimiento sin despejar todas las incógnitas, sobre todo si faltan documentos clave o se difunden con partes ocultas.

Una decisión con calendario, pero todavía pendiente del contenido

Sánchez comunicó el anuncio en redes sociales y lo presentó como una forma de saldar una deuda con la ciudadanía y de permitir que la democracia conozca mejor su pasado. El calendario anunciado era concreto: aprobación en el Consejo de Ministros el 24 de febrero y publicación de la desclasificación en el BOE el 25. Moncloa indicó que, una vez efectiva, la documentación quedaría disponible para consulta pública en su web. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, debía explicar los detalles tras la reunión del Ejecutivo. La publicación oficial es el paso que convierte el anuncio político en una apertura documental efectiva.

El presidente vinculó la iniciativa a una petición formulada durante la presentación de la serie basada en Anatomía de un instante, obra de Javier Cercas sobre el golpe. Sánchez agradeció al escritor haber contribuido a impulsar la reclamación. Ese gesto ayuda a presentar la medida como respuesta a una conversación pública de largo recorrido, no solo como una decisión de agenda. Pero el reconocimiento simbólico no sustituye a la información: la prueba de la apertura estará en los documentos disponibles, su integridad y la explicación de cualquier exclusión.

El anuncio tampoco permite equiparar desclasificar con publicar cada folio sin restricciones. Un expediente puede contener anotaciones, informes y comunicaciones que se hagan públicos con tachaduras, o puede quedar fuera de la colección una parte cuya reserva se justifique por razones de seguridad. La existencia de excepciones no demuestra por sí misma que haya una ocultación ilegítima, pero la falta de criterios claros alimentaría sospechas. De ahí que importe tanto saber qué se abre como conocer qué se retiene y por qué. La transparencia se mide también por la claridad con que se explican sus límites.

Qué documentos podrían aclarar las zonas menos conocidas

El interés se concentra en varias clases de material. Los archivos del antiguo CESID, antecesor del Centro Nacional de Inteligencia, podrían aportar informes y comunicaciones sobre el conocimiento que los servicios de inteligencia tenían de la trama. También se ha señalado la relevancia de las conversaciones telefónicas de la noche del golpe y de los documentos vinculados a la respuesta institucional. El Gobierno había hablado de más de un centenar de archivos, pero la información disponible antes de la publicación no permitía confirmar qué piezas concretas integrarían el conjunto. El valor histórico dependerá menos del volumen anunciado que de la relación de los documentos con las decisiones centrales.

Entre los materiales que despiertan mayor atención figuran grabaciones y registros de comunicaciones entre el Congreso y el exterior, así como posibles contactos con la Casa Real, la Moncloa y las distintas regiones militares. La existencia y el destino de algunas grabaciones son materia de versiones contradictorias. Alfonso Guerra ha dicho que, cuando el PSOE llegó al Gobierno en 1982, buscó las cintas y no las encontró; Francisco Laína, que encabezó el llamado Gobierno de los subsecretarios mientras el Ejecutivo permanecía retenido, ha sostenido que esas grabaciones no existieron, aunque en una entrevista concedida pocos días después del golpe habló de una conversación grabada entre Antonio Tejero y Juan García Carrés. En este punto, la discrepancia entre testimonios es parte del problema histórico, no una prueba de que las cintas estén conservadas.

Otro foco está en la documentación del CESID. Entre las referencias citadas en el debate figura un informe fechado en abril de 1981 que describiría la creación de una unidad especial para prestar apoyo logístico y técnico a quienes participaron en el asalto. Su relevancia sería considerable si el documento se confirma, se publica íntegro y puede analizarse en su contexto. Sin esos elementos, una mención aislada no basta para establecer responsabilidades ni para reconstruir una cadena de mando. Los documentos aportan evidencia que debe contrastarse, no conclusiones automáticas.

El sumario judicial es otra pieza decisiva y, a la vez, una de las más difíciles de incorporar a una desclasificación gubernamental. La causa contra los responsables del golpe se conserva en 89 legajos bajo custodia del Tribunal Supremo, según la información publicada. No se trata únicamente de una carpeta administrativa que el Ejecutivo pueda subir a una página: su custodia judicial introduce límites institucionales distintos. Por eso, una apertura de documentos del Gobierno no equivale necesariamente a la publicación íntegra del proceso. El acceso al archivo administrativo y el acceso al sumario judicial no son la misma operación.

Las horas del golpe que los papeles pueden poner en orden

El 23 de febrero de 1981, el Congreso celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, que debía suceder a Adolfo Suárez al frente del Gobierno. A las 18:24, Tejero entró en el hemiciclo con guardias civiles armados, disparó al techo y retuvo a los diputados. En Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch ordenó sacar tanques a la calle. La imagen de los parlamentarios bajo amenaza quedó fijada en la memoria colectiva, pero la escena visible no explica por sí sola la trama que la rodeaba. El golpe fue una acción armada y también una red de contactos, expectativas y decisiones que los documentos podrían ayudar a reconstruir.

En el relato del 23-F aparece la idea de un mando superior que debía presentarse para dar al golpe una apariencia de autoridad. A esa figura se la conoce como el Elefante blanco, aunque su identidad y el papel que debía desempeñar han seguido alimentando interpretaciones. El general Alfonso Armada ha sido relacionado con esa función y negó serlo. Los archivos podrían precisar qué conversaciones mantuvo, qué propuestas formuló y quiénes las conocían, siempre que incluyan registros relevantes y no solo referencias indirectas. Una cronología contrastada puede aclarar responsabilidades mejor que la repetición de una hipótesis como si fuera un hecho probado.

La madrugada del 24 de febrero dejó otro momento decisivo: a la 1:15, Televisión Española emitió el mensaje del rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general, en el que defendió el orden constitucional. Ese discurso se convirtió en un hito del fracaso del golpe. Sin embargo, conocer el contenido de la intervención no resuelve qué información había recibido la Corona, cuándo la recibió ni qué contactos se produjeron antes de la emisión. La sentencia del proceso descartó la implicación directa del rey en la conspiración, pero las preguntas sobre el contexto y el uso de su nombre han persistido en el debate público. Conviene distinguir entre lo que estableció la justicia y lo que los documentos podrían precisar sobre las comunicaciones de aquella noche.

Los papeles más útiles quizá no sean los que contienen una confesión espectacular, sino los que permiten fijar horas, órdenes y movimientos. Un informe fechado, una anotación interna o una comunicación entre mandos pueden confirmar una secuencia o revelar que una institución manejaba información distinta de la que luego transmitió. También puede ocurrir que la documentación sea fragmentaria y deje huecos. El archivo puede reducir el espacio de la especulación, pero no garantiza una narración única y completa.

Por qué permanecieron clasificados durante décadas

La reserva de documentos sobre el 23-F se ha apoyado durante años en la legislación de secretos oficiales, cuyo marco de referencia se estableció en 1968, durante la dictadura de Francisco Franco. Los sucesivos gobiernos han recurrido a esa normativa para mantener documentación clasificada. El Ejecutivo había situado la apertura de archivos en el contexto de una reforma legal más amplia, pero el anuncio de febrero llegó antes de que esa sustitución estuviera culminada. La decisión, por tanto, no equivale a una reforma general del sistema: resuelve una apertura concreta sin cambiar por sí sola las reglas que rigen el conjunto de los secretos oficiales.

En julio de 2025, el Gobierno aprobó un proyecto de Ley de Información Clasificada y lo remitió al Congreso, donde su tramitación no había avanzado por falta de apoyos suficientes. El texto planteaba plazos automáticos de desclasificación: 45 años para la categoría de alto secreto, 35 para secreto, entre siete y nueve años para información confidencial y entre cuatro y seis para información restringida. Esos plazos pertenecían a un proyecto legislativo, no a una ley ya vigente. La diferencia importa: una propuesta parlamentaria no modifica por sí misma el régimen actual.

La duración de los secretos plantea una cuestión más amplia que la del 23-F. Proteger fuentes, métodos de inteligencia o información cuya difusión pueda afectar a la seguridad puede ser legítimo; mantener expedientes cerrados por inercia o para evitar incomodidades políticas es otra cosa. La dificultad está en separar ambas situaciones con criterios comprobables. Una desclasificación caso por caso puede abrir información importante, pero también deja al Gobierno un margen de decisión que una ley con plazos y categorías más precisos podría limitar. La discusión no es solo cuánto tiempo debe guardarse un secreto, sino quién revisa que la reserva siga justificada.

Una reclamación sostenida por partidos e investigadores

La petición de conocer los documentos no nació con el anuncio de Sánchez. En febrero de 2012, Izquierda Unida presentó una iniciativa para reclamar la desclasificación de papeles y grabaciones telefónicas vinculados a la jornada del golpe, incluidas comunicaciones entre el Congreso y el exterior y desde la Zarzuela. Después se registraron nuevas demandas parlamentarias y propuestas para crear una comisión de investigación. El PSOE apoyó en junio de 2021, junto a formaciones nacionalistas e independentistas, promover cambios para abrir algunos documentos, aunque años más tarde el Congreso rechazó una moción de Podemos sobre la desclasificación. La trayectoria muestra que la demanda ha atravesado legislaturas y mayorías distintas.

En marzo de 2024, ERC, EH Bildu y el BNG reclamaron también la apertura durante la presentación en el Congreso de 23F. La farsa, del periodista Carlos Fonseca. En aquella discusión se planteó que el proceso judicial había alcanzado solo a una parte de los mandos y de la trama civil y que quedaban aspectos por investigar. El PNV, por su parte, ha presentado varias iniciativas para reformar la ley de secretos oficiales y ha pedido que la revisión no se limite al golpe. La demanda política abarca tanto el caso de 1981 como el modelo de acceso a la información clasificada.

Javier Cercas volvió a reclamar la desclasificación durante la presentación de la serie inspirada en su libro, argumentando que disponer de documentos oficiales permitiría contrastar versiones y reducir la circulación de bulos. Esa aspiración tiene una condición: que el material sea accesible, legible y suficientemente contextualizado. Un conjunto de archivos sin índice, fechas claras o explicación sobre su procedencia puede quedar reservado a especialistas y resultar poco útil para el público. Publicar documentos no basta si no se permite comprender qué son y cómo encajan entre sí.

El choque político alrededor de la transparencia

El PP cuestionó el momento elegido y presentó el anuncio como una cortina de humo frente a los problemas del Gobierno. Ester Muñoz, portavoz del partido en el Congreso, lo vinculó a una estrategia de distracción; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también puso en duda que la apertura fuese la noticia más relevante del momento. El reproche se dirigía menos al valor histórico del 23-F que a la intención política atribuida al Ejecutivo. La crítica convierte el calendario de la medida en parte del debate sobre su credibilidad.

ERC interpretó el anuncio como una iniciativa de Sánchez que podía servir para desviar la atención de dificultades de gestión y liderazgo. Su portavoz, Elisenda Alamany, reconoció que la apertura llegaba tarde, pero expresó dudas sobre el alcance de los documentos. Esa posición combina apoyo a la desclasificación como principio con escepticismo ante lo que realmente se publique. Para sus críticos, el gesto solo se juzgará cuando se conozca el contenido del archivo.

Junts desplazó la discusión hacia las llamadas cloacas del Estado y pidió que la transparencia no se limitara a la documentación de 1981. Su secretario general, Jordi Turull, describió la apertura como una forma de arqueología política y reclamó que se publicaran también materiales vinculados a espionajes y otros episodios recientes. La petición amplía el foco, aunque no convierte automáticamente esos casos en parte del procedimiento anunciado para el 23-F. Desclasificar una carpeta histórica no implica abrir de manera simultánea todos los archivos que reclaman los partidos.

Las tres respuestas dibujan posiciones distintas: el PP cuestiona el momento, ERC duda de la profundidad y Junts reclama extender la apertura. En medio, el Gobierno presenta la medida como una señal de madurez democrática. El conflicto no se resolverá con el lenguaje elegido por cada partido, sino con criterios verificables: cuántos documentos se publican, qué instituciones los conservaban, qué partes se suprimen y qué explicación acompaña a las reservas. La discusión política puede ser intensa, pero el documento disponible es el que permite contrastar las afirmaciones.

Qué puede cambiar cuando los archivos sean consultables

Si la documentación anunciada se publica con orden y contexto, investigadores, periodistas y ciudadanos podrán contrastar relatos con fuentes oficiales. Eso puede precisar cronologías, mostrar qué información circuló dentro de las instituciones y ayudar a separar hechos acreditados de versiones posteriores. No significa que cada archivo vaya a contener una revelación desconocida ni que la historia del golpe deba escribirse desde cero. El efecto más sólido puede ser corregir detalles y estrechar el terreno de las conjeturas.

La utilidad pública dependerá también del modo de consulta. Un portal con documentos identificados, fechas, organismo de origen y referencias cruzadas permite seguir una pista; una acumulación desordenada de archivos convierte la búsqueda en una tarea casi imposible. Las tachaduras plantean otro problema: si no se explica qué información se ha ocultado y bajo qué criterio, el lector no puede distinguir una protección necesaria de una omisión injustificada. El diseño del acceso forma parte de la transparencia, no es un detalle técnico secundario.

La apertura puede asimismo servir como prueba para la futura reforma de la clasificación de información. Si el Ejecutivo comunica con precisión qué queda fuera y por qué, habrá un criterio que pueda someterse a debate público. Si solo se anuncia una colección sin inventario ni razones para las exclusiones, aumentará la distancia entre la promesa de transparencia y la experiencia real de consulta. El episodio ofrece una oportunidad para discutir cómo se revisan documentos antiguos sin poner en riesgo información que todavía requiera protección. La rendición de cuentas exige explicar tanto la publicación como la reserva.

La memoria democrática depende de lo que pueda comprobarse

La desclasificación anunciada no cambia por sí sola los hechos del 23-F ni garantiza que aparezcan respuestas definitivas sobre cada protagonista. Sí puede modificar la manera de estudiar el golpe si incorpora materiales relevantes, completos y contrastables. Las investigaciones judiciales establecieron responsabilidades y descartaron otras; los nuevos documentos podrán aportar contexto, confirmar datos o abrir preguntas, pero no deben confundirse con una sentencia ni leerse fuera de su procedencia. La historia gana rigor cuando los documentos se interpretan junto con las pruebas y el conocimiento ya disponible.

El anuncio llega 45 años después de una jornada que puso en riesgo el orden constitucional y dejó imágenes imborrables. También llega en medio de una discusión más amplia sobre cuánto tiempo puede permanecer cerrada la información pública y qué razones justifican mantenerla así. El alcance de la medida dependerá de las páginas que puedan consultarse, de los huecos que persistan y de la transparencia con que se expliquen. La memoria deja de estar bajo llave solo cuando el acceso permite conocer, contrastar y discutir el pasado con pruebas.