¿Quién saboteó 500 cajetines turísticos en Granada?

Sabotaje a 500 cajetines turísticos en Granada: zonas afectadas, reclamo del sindicato y el pulso por la vivienda, con mapa y datos sin lío.

Granada se levantó el miércoles 25 de febrero de 2026 con una señal muy concreta de conflicto urbano: unos 500 cajetines de llaves de viviendas de uso turístico aparecieron saboteados en distintos puntos de la capital, muchos de ellos con pegatinas y mensajes directos contra el alquiler vacacional. Los dispositivos, colocados en portales y fachadas para permitir la entrada autónoma de quienes llegan con maleta y móvil en la mano, quedaron inutilizados de forma que, en varios casos, impidieron el acceso a los alojamientos.

La autoría no se movió en el terreno del rumor: el Sindicato de Vivienda de Granada (SVG) reivindicó la acción en un comunicado y la enmarcó en una campaña propia para “pasar a la ofensiva” contra lo que denomina “el negocio de la vivienda”. Las zonas más señaladas por la organización fueron Albaicín, Realejo y Centro, precisamente los barrios donde la presencia de pisos turísticos es más visible, más discutida… y donde el portal de un edificio puede convertirse, de un día para otro, en un pequeño campo de batalla.

La madrugada del sabotaje: 500 cajetines fuera de juego

Lo que ocurrió esa noche —o, mejor dicho, lo que se descubrió a primera hora— tiene un componente casi silencioso: no hay grandes destrozos en una plaza, no hay humo ni sirenas como escena central, sino metal doblado, cerraduras bloqueadas, tapas que ya no cierran y códigos que dejan de servir. El cajetín, ese rectángulo discreto pensado para que nadie tenga que esperar a nadie, se convirtió en el objeto más fotografiado del día: maletas paradas, llamadas a gestores, turistas buscando cobertura en un zaguán de piedra y vecinos mirando de reojo, con esa mezcla granadina de curiosidad y hartazgo.

El SVG sostuvo que la acción se extendió por varios barrios y que tuvo especial intensidad en las zonas con mayor concentración de alojamientos turísticos. En el relato sindical, el sabotaje no es un acto suelto, sino un golpe contra un engranaje: la entrada autónoma que permite que un piso funcione “como hotel” sin recepción, sin llaves entregadas en mano, sin ese contacto humano que antes amortiguaba la fricción. Cuando el acceso se rompe, lo que aflora es la logística cruda: quién tiene copia, quién responde de madrugada, quién paga la urgencia del cerrajero, quién gestiona el enfado.

En paralelo, la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (Avitar) describió una “oleada” y habló de daños materiales acumulados en una sola noche que podían superar los 5.000 euros, dejando fuera el coste menos visible: cancelaciones, noches recolocadas a la carrera y huéspedes que llegaron tarde y se encontraron la puerta, literalmente, cerrada. El foco no estuvo solo en el objeto roto, sino en la consecuencia inmediata: no poder entrar en una ciudad desconocida a horas raras, con el frío pegado a la ropa y la batería del móvil ya en rojo.

El patrón, según varias versiones, apunta a una ejecución nocturna y repetida. Avitar habló de ataques que, en su experiencia, se han ido repitiendo, casi siempre por la noche y en áreas muy concretas. Ese detalle —la noche, la rutina, el mismo “modo”— es el que alimenta la sensación de que no fue una gamberrada improvisada, sino una acción coordinada, pensada para multiplicar el impacto con un gesto relativamente simple: inutilizar el sistema de acceso de cientos de viviendas de golpe.

Reivindicación y mensaje: “contra el negocio de la vivienda”

El comunicado del SVG no se quedó en la descripción del sabotaje. Puso encima una idea que lleva años creciendo en muchas ciudades: que el alquiler turístico, tal y como se ha extendido, actúa como acelerador de un problema mayor, el de la vivienda. Su argumentario habló de subida de alquileres, sustitución de residentes estables y transformación del comercio, con calles donde el negocio de proximidad se reconfigura a golpe de flujo turístico. Ese discurso no es nuevo; lo nuevo aquí es el volumen del ataque y la elección de un símbolo: el cajetín como marca física del cambio de modelo.

La pegatina —“Contra el negocio de la vivienda”— funciona como firma y como declaración. No es un grafiti abstracto: es un mensaje para quien vive en el edificio, para quien lo gestiona y para quien intenta entrar con un código. El cajetín, que ya de por sí llama la atención por su presencia en una fachada histórica, pasa a ser un cartel involuntario: el turismo no es un concepto, es un objeto atornillado al lado del timbre. Y cuando ese objeto aparece reventado en masa, la ciudad entiende el gesto sin necesidad de traducción.

Por qué Albaicín, Realejo y Centro

En Granada, hablar de Albaicín es hablar de un barrio que no solo se visita: se habita entre cuestas, plazas pequeñas y un equilibrio delicado entre vida cotidiana y postal. El Realejo comparte esa tensión, con un tejido residencial que convive con bares, apartamentos, grupos y horarios que no siempre casan con la rutina de quien madruga. El Centro, con su densidad, su comercio y su papel de núcleo, es el escenario donde la presión se vuelve más visible en los portales: más rotación, más entradas y salidas, más maletas rodando sobre piedra a horas que a nadie le parecen buenas. No extraña que el SVG señalara esas zonas como epicentro del sabotaje: allí el cajetín no es accesorio, es paisaje.

La elección también tiene un componente práctico: son barrios con alta concentración de alojamientos de corta estancia, donde un sabotaje masivo tiene efectos inmediatos y multiplicados. Romper un cajetín en un edificio aislado es una incidencia; inutilizar centenares repartidos por calles con gran densidad de VUT es un golpe de agenda. El propio sindicato vinculó el acto a una campaña en marcha, y lo presentó como una forma de respuesta a lo que consideran insuficiencia de las medidas institucionales frente a la expansión del alquiler turístico.

En el choque de relatos, el sindicato proyecta el sabotaje como acción política y el sector turístico lo define como vandalismo que afecta a una actividad legal. Entre esos dos marcos, la ciudad absorbe el impacto en lo más doméstico: llamadas a la comunidad, quejas al administrador, discusiones en el rellano, y esa pregunta que siempre aparece cuando un edificio se convierte en tránsito: quién entra, quién sale, quién responde si pasa algo.

La versión del sector: Avitar, daños y quejas a la policía

Avitar, con su presidente Antonio Jesús Castillo como voz principal, planteó el episodio como parte de una ofensiva más amplia contra el sector, y subrayó un punto que suele quedar enterrado bajo el titular: que, según su versión, muchos afectados son pequeños propietarios, autónomos y familias que explotan una o dos viviendas. Castillo llegó a describir el cansancio acumulado y el sentimiento de estar señalados, mientras aseguraba que han trasladado la situación en otras ocasiones a la Policía Local, con una dificultad obvia: si el ataque se produce de noche, sin presencia policial en el momento, identificar a los autores se vuelve una carrera cuesta arriba.

En su intervención, Castillo habló incluso de “bandas” que actúan por la noche y de la imposibilidad de actuar si no se les sorprende “con las manos en la masa”. Más allá del término, lo que deja esa frase es el marco mental: la sensación de que hay un patrón, de que se repite y de que la respuesta institucional no llega o llega tarde. En la misma línea, Avitar insistió en que el daño no es solo material; es también el de la convivencia inmediata que se rompe cuando un huésped, llegado de madrugada, se queda en la calle y la discusión se traslada a un portal donde vive gente que no tiene nada que ver con la reserva.

La asociación también introdujo un elemento de reputación: el “deterioro de la imagen turística” de Granada. Es un argumento clásico del sector, sí, pero aquí adquiere una textura concreta: no es un discurso genérico, es una incidencia multiplicada en cientos de puertas. Un alojamiento puede sobrevivir a una mala reseña; una ciudad sufre cuando se extiende la idea de que, al llegar, quizá no entras. Aun así, el debate no se queda en marketing: en la base está la seguridad y la gestión de una actividad que ocurre dentro de edificios residenciales, no en un complejo hotelero aislado.

Lo que dijo la Policía Nacional esa tarde

Hay un detalle que pesa más de lo que parece: fuentes del Cuerpo Nacional de Policía indicaron a Europa Press que, hasta ese momento, no constaban denuncias por el sabotaje. No significa que no existiera daño, sino que el circuito formal —la denuncia individual por cada destrozo— no se había activado todavía o no había llegado a registrarse. Es el tipo de cosa que, en casos masivos, marca el ritmo de todo: sin denuncias, la dimensión oficial queda difusa; con denuncias, el mapa se concreta y el asunto adquiere otro volumen procesal.

Por eso Avitar llamó a que se denunciara “por cada uno de los daños sufridos”, buscando precisamente que quedara constancia de la magnitud. En su planteamiento, la reiteración nocturna y la ausencia de detenciones alimentan una percepción de impunidad. Ese clima, sumado a la polarización del debate sobre vivienda, crea un cóctel muy granadino: la ciudad que vive del turismo discute, a la vez, cómo evitar que el turismo expulse la vida de los barrios que la hacen atractiva. Y en medio, el cajetín, pequeño y metálico, como chispa.

Granada intenta poner límites: el 10% y las zonas saturadas

El sabotaje cae sobre un terreno ya caliente por la regulación. Granada aprobó en pleno municipal el 30 de mayo de 2025 un acuerdo de limitación del número máximo de viviendas de uso turístico, fijando un tope del 10% por zona según la sectorización por área estadística y con base en un Informe de Impacto de la Vivienda Turística fechado el 31 de octubre de 2024. No es un matiz técnico menor: es la fórmula con la que el Ayuntamiento intentó convertir una discusión social en un criterio urbanístico aplicable.

El propio edicto describe zonas donde la presión turística sobre el parque residencial está “muy por encima” del porcentaje de referencia y, por tanto, señala que no podrá otorgarse ninguna autorización más para nuevas VUT en esas áreas estadísticas. Entre ellas aparecen el Distrito Centro (incluyendo Centro–Sagrario), las dos áreas del Distrito Albaicín, y Fígares en el Distrito Ronda; también figura Realejo–San Matías con una presión relevante. En el documento se recogen porcentajes que dan idea del fenómeno: Fígares 24%, Albaicín 24%, Centro–Sagrario 23% y Realejo–San Matías 13%.

Aquí se enlaza una paradoja: se intenta limitar el número de viviendas turísticas, pero el conflicto social se manifiesta en un objeto asociado al modelo de explotación, el cajetín de acceso. Y ese objeto, además, está tocado por normativa autonómica. El Decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía, que ajusta el marco de las viviendas de uso turístico, contempla expresamente que, si la entrega de llaves se hace mediante candados o cajetines de seguridad, estos no pueden ubicarse en elementos de mobiliario urbano de las vías públicas. Es decir, el cajetín existe, se usa, pero tiene límites sobre dónde se coloca.

A la vez, el contexto regulatorio estatal se ha endurecido con la creación de un registro obligatorio para arrendamientos de corta duración, articulado por el Real Decreto 1312/2024, que establece la obtención de un número de registro para poder ofertar el inmueble en plataformas online. El objetivo declarado es aumentar la transparencia y facilitar el control administrativo, aunque el debate político y competencial entre administraciones ha sido intenso. Esta capa nacional convive con la autonómica y con la municipal, y en ciudades como Granada el resultado es un tablero complejo: lo legal, lo tolerado, lo discutido y lo directamente contestado se pisan en la misma acera.

Lo que deja el sabotaje en la ciudad de la Alhambra

El sabotaje masivo de cajetines no se entiende solo como sucesos; es también una radiografía de cómo se ha desplazado el conflicto de la vivienda hacia símbolos cotidianos. En Granada, ese símbolo es el portal: el lugar donde se cruzan residentes de toda la vida y huéspedes de paso, donde una comunidad decide si cuelga un cartel de “prohibido hacer ruido” y donde el ascensor se convierte en el primer punto de fricción. Cuando un cajetín aparece destrozado, el mensaje llega en dos direcciones: hacia el negocio, sí, pero también hacia el vecindario, que se encuentra con el conflicto pegado a la pared.

Hay otra lectura que pesa en la vida real: la del riesgo. Si el acceso autónomo falla, se improvisa. Se recurre a copias, a llaves guardadas en otro sitio, a entradas “sobre la marcha”. Y cuando se improvisa con llaves en edificios residenciales, la conversación gira rápido hacia seguridad, control de entradas, responsabilidades. No hace falta dramatizar: basta con imaginar el zaguán de un edificio antiguo, la puerta pesada, el eco de pasos, y un grupo esperando instrucciones a medianoche. La ciudad turística funciona con precisión cuando todo va bien; cuando algo se rompe, se ve la costura.

En el lado político, el SVG pone el acento en un “modelo urbano orientado al turismo” y en la idea de que la regulación es insuficiente o se aplica con poco músculo. En el lado empresarial, Avitar habla de criminalización y de pequeños propietarios señalados, y exige investigación, identificación de responsables y refuerzo de la presencia policial nocturna en las zonas afectadas. La imagen completa, la de verdad incómoda, es que ambas miradas beben de una misma realidad: el alquiler turístico ha crecido hasta convertirse en un actor central del mercado de vivienda, y su impacto ya no se discute solo en informes, sino en el día a día de barrios con nombre propio.

En los próximos días, lo determinante no será el ruido del titular, sino la letra pequeña de lo que se vaya formalizando: si se presentan denuncias y cuántas, si se logra acotar el número real de dispositivos dañados, si se identifican responsables, si aparecen nuevas acciones o si el episodio queda como un pico excepcional. De momento, el dato que queda es este, áspero y muy granadino: quinientos cajetines fuera de servicio en una madrugada, una reivindicación directa, y una ciudad que vuelve a mirarse por dentro, por sus barrios, por sus portales, por el precio de vivir donde se vive.