Regularización extraordinaria: requisitos, plazos y permiso de trabajo

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de personas migrantes en España terminó el 30 de junio de 2026. El procedimiento, abierto desde el 16 de abril para la vía telemática y desde el 20 de abril para la atención presencial, se dirigía a personas que ya estaban en el país y cumplían las condiciones fijadas en el real decreto. No es, por tanto, una convocatoria abierta en la actualidad: la fecha límite ya pasó.

La medida permitía obtener una autorización temporal de residencia y trabajo en España durante un año. Para acceder, había que acreditar que se estaba en el país antes del 1 de enero de 2026, demostrar al menos cinco meses de permanencia continuada en el momento de presentar la solicitud y carecer de antecedentes penales, además de no representar una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicos. En algunos casos también se exigía justificar una circunstancia de trabajo, unidad familiar o vulnerabilidad.

Qué estableció el proceso y a quién se dirigía

La regularización se aprobó mediante real decreto como una medida extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en España. Se contemplaron dos grandes situaciones: encontrarse en situación administrativa irregular o haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026. La medida no estaba pensada para quien todavía no había llegado al país ni para quienes ya tenían una autorización vigente o en proceso de renovación o prórroga.

La fecha de llegada y el tiempo de permanencia eran criterios distintos, y ambos resultaban decisivos. No bastaba con demostrar que la persona había entrado antes del 1 de enero de 2026: también debía probar, como regla general, que llevaba cinco meses seguidos en España al presentar la solicitud. La documentación tenía que permitir identificar al interesado y situar su presencia en fechas concretas. Así, un papel sin nombre o sin referencia temporal podía no servir para demostrar el requisito, aunque describiese una situación real.

Para quienes no habían solicitado protección internacional, además de las condiciones generales, el decreto exigía acreditar al menos una circunstancia adicional: haber trabajado en España o contar con intención de hacerlo, convivir con hijos menores o con hijos mayores con discapacidad que necesitasen apoyo, o encontrarse en situación de vulnerabilidad. La protección internacional constituía una categoría específica dentro del procedimiento, por lo que no se debía trasladar automáticamente a sus solicitantes el requisito adicional previsto para los demás casos.

Las estimaciones difundidas durante la preparación del proceso apuntaban a unas 750.000 solicitudes y alrededor de 500.000 autorizaciones. Eran previsiones, no el número confirmado de personas beneficiarias. La diferencia entre solicitudes estimadas y permisos calculados reflejaba que presentar la documentación no garantizaba una resolución favorable: la Administración debía comprobar cada expediente y podía denegarlo si faltaban condiciones o pruebas suficientes.

Las fechas clave y el fin del plazo

El real decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril de 2026. Al día siguiente se abrió la presentación telemática y también se habilitó la solicitud de cita para quienes querían entregar la documentación presencialmente. La atención en oficinas comenzó el 20 de abril. Ambas vías estuvieron disponibles hasta el 30 de junio de 2026, fecha que marcó el fin del periodo para presentar solicitudes.

Ese calendario tiene una consecuencia práctica central: a 23 de septiembre de 2026, ya no es posible iniciar una solicitud dentro de esta convocatoria. El plazo máximo de resolución era de tres meses desde el día siguiente a la entrada de la petición en el registro, aunque ese límite no significa que todos los expedientes se resolvieran el mismo día ni que la autorización se concediera automáticamente. Si no se notificaba una resolución dentro de ese periodo, el decreto establecía que la solicitud se entendía desestimada por silencio administrativo.

La Administración podía necesitar tiempo para comprobar documentos, consultar registros y recabar certificados, en particular los antecedentes penales expedidos fuera de España. Por eso, el cierre de la presentación y la resolución de los expedientes son momentos distintos: que el plazo para solicitar haya terminado no permite deducir por sí solo en qué estado se encuentra un caso concreto. Las notificaciones debían llegar preferentemente por el canal usado para iniciar el trámite y, cuando intervenía un representante, podían dirigirse a este.

La Dirección General de Gestión Migratoria era el órgano competente para resolver. El procedimiento se diseñó para recibir un volumen elevado de expedientes, pero las previsiones de carga no alteraban los requisitos individuales ni el plazo legal máximo. Tampoco convertían una estimación pública de beneficiarios en una garantía para quienes presentaron sus documentos.

Cómo se demostraban la llegada y la permanencia

La norma admitía cualquier prueba válida en derecho que permitiera acreditar la presencia en España y relacionar el documento con la persona solicitante. Entre los ejemplos difundidos figuraban el padrón, los informes de citas médicas, los justificantes de asistencia a servicios sociales, los contratos de alquiler nominativos, los billetes de transporte, las transacciones bancarias realizadas en España y los certificados oficiales de formación. También podían ayudar los sellos de entrada en el pasaporte o los billetes nominativos de viaje.

La clave no era acumular papeles sin conexión, sino que la documentación aportase identidad y una fecha verificable. Un contrato de alquiler a nombre del solicitante podía situar su residencia en un periodo; un billete nominativo, un desplazamiento; un documento bancario, una operación fechada en una sucursal española. Una combinación de pruebas podía mostrar continuidad con más claridad que un único justificante aislado, siempre que los documentos fueran auténticos y pertinentes.

El expediente debía incluir una copia completa del pasaporte, aunque estuviera caducado, o de una cédula de inscripción o título de viaje reconocido como válido en España. La aceptación de un pasaporte expirado no eliminaba la obligación de identificar a la persona ni sustituía la prueba de permanencia. Son requisitos con funciones distintas: el documento de identidad acredita quién solicita; los justificantes fechados, cuándo estaba en el país.

La exigencia de cinco meses continuados también hacía importante el orden temporal de las pruebas. Un documento que acreditase presencia antes del 1 de enero de 2026 podía ayudar a cumplir el requisito de llegada, pero no demostraba por sí solo los cinco meses previos a la solicitud. A la inversa, varios documentos recientes no bastaban si no permitían acreditar que la persona ya se encontraba en España antes de la fecha de corte establecida.

Antecedentes penales: el certificado no era sustituible por una declaración

La ausencia de antecedentes penales era una condición esencial. La unidad encargada de tramitar los expedientes podía recabar de oficio información del Registro de Penados español para quienes llevasen más de cinco años en España; el plazo indicado para emitir ese informe era de 15 días. Para quienes hubieran residido durante los últimos cinco años en otros países, se requería el certificado de antecedentes penales o un documento equivalente expedido por las autoridades correspondientes.

El trámite podía complicarse si el país que debía emitir el certificado no respondía. Según el procedimiento descrito, si no llegaba contestación en un mes, el Gobierno podía intervenir por vía diplomática y paralizar el expediente durante un máximo de tres meses. Si tampoco había respuesta en ese periodo, se concedían otros 15 días a la persona interesada para aportar el documento. El decreto aprobado descartó que una simple declaración responsable de no tener antecedentes sirviera como sustituto del certificado.

Ese matiz separaba dos situaciones que podían parecer iguales: no tener antecedentes y poder acreditarlo en la forma requerida. La Administración no valoraba únicamente una afirmación personal, sino un certificado oficial o una actuación de comprobación prevista en el procedimiento. Por eso, la demora de una autoridad extranjera no equivalía a una dispensa automática del requisito ni aseguraba la concesión del permiso.

Además de carecer de antecedentes, la persona no debía suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. La ausencia de condenas y esa valoración administrativa estaban relacionadas, pero no eran expresiones idénticas en los requisitos publicados. La comprobación de cada expediente correspondía a las autoridades competentes, no a una interpretación general aplicable sin conocer las circunstancias de la persona.

Presentación telemática y atención presencial

Durante el periodo habilitado, la solicitud podía presentarse por internet o de forma presencial. La vía telemática estuvo abierta las 24 horas del día, todos los días del plazo, y contemplaba la presentación individual con certificado electrónico, mediante una persona apoderada inscrita en el Registro Electrónico de Apoderamientos, a través de profesionales habilitados o con la representación de entidades incluidas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La vía presencial requería cita previa. Se habilitaron oficinas de la Seguridad Social y de la Tesorería General, oficinas de Correos y algunas oficinas de extranjería. En las oficinas de la Seguridad Social y en las de extranjería la atención se prestaba, según la información oficial del proceso, de lunes a viernes entre las 16 y las 19 horas. En Correos, el horario indicado era de 8.30 a 17.30. La disponibilidad concreta dependía de los puntos habilitados, por lo que no cualquier oficina de esas redes tenía necesariamente que tramitar solicitudes.

La cita podía gestionarse en el portal específico del procedimiento con Cl@ve, mediante un formulario web o llamando al teléfono 060. Con Cl@ve era posible escoger oficina, día y hora; el formulario asignaba una oficina cercana según los datos aportados, sin permitir elegir esos detalles. Una misma cita podía organizar las solicitudes de integrantes de una unidad de convivencia. Estos mecanismos sirvieron durante la convocatoria, pero no reabren el plazo una vez vencido.

La solicitud podía presentarse personalmente, sin representante. También se admitía el apoyo de abogados, graduados sociales y gestores administrativos habilitados. El Registro de Colaboradores de Extranjería reunía entidades sociales y sindicatos que podían ofrecer asesoramiento gratuito y actuar como representantes. Esa colaboración facilitaba la presentación, pero no sustituía la decisión administrativa ni garantizaba un resultado favorable.

Qué autorización se concedía y cuándo se podía trabajar

La resolución favorable otorgaba una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales, vinculada al arraigo social, con vigencia inicial de un año. Permitía residir y trabajar por cuenta ajena o propia en cualquier lugar de España y en cualquier sector de actividad. No era una autorización limitada a un empleador, una ocupación o una comunidad autónoma, pero tampoco concedía por sí misma permiso para establecerse o trabajar en otro país de la Unión Europea.

La comunicación oficial de inicio del procedimiento podía habilitar para trabajar antes de que se resolviera el expediente. No debía confundirse con el justificante de haber enviado la solicitud: se trataba de una comunicación posterior emitida por la Unidad de Tramitación de Expedientes. La distinción era importante, porque el mero resguardo de presentación no equivalía al documento que reconocía el inicio del procedimiento ni producía automáticamente los mismos efectos.

Al comenzar el procedimiento, la información oficial indicaba que se asignaría de oficio un Número de Seguridad Social y se reconocería el derecho a recibir asistencia sanitaria. Esos efectos se vinculaban a la comunicación administrativa correspondiente, no a la simple intención de solicitar ni a una autorización para trabajar fuera de España. El permiso extraordinario seguía siendo de ámbito nacional.

Tras una resolución favorable, había que solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero ante la Unidad de Documentación de la Policía Nacional en el plazo de un mes desde la fecha de resolución. La tarjeta materializaba la identificación asociada a la autorización concedida, pero no ampliaba su vigencia inicial. Al terminar el año, la persona debía incorporarse a alguna de las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, según las condiciones que correspondieran a su situación.

Quién quedaba fuera y qué ocurría con otros trámites

El procedimiento no estaba dirigido a personas que ya tenían una autorización de residencia en vigor ni a quienes estaban en proceso de renovación o prórroga. Tampoco se planteó como la vía aplicable a personas procedentes de Ucrania que contasen con residencia vigente o protección internacional temporal. Para estos supuestos se señalaban procedimientos separados, de modo que la convocatoria extraordinaria no debía confundirse con las vías específicas ya disponibles.

Las personas apátridas también quedaban fuera de este mecanismo, porque disponían de un régimen propio de reconocimiento y protección, regulado por el Real Decreto 865/2001. La exclusión no significaba que careciesen de derechos o de una vía administrativa, sino que su situación debía tramitarse bajo su normativa específica. En el debate sobre el alcance de la medida se señaló asimismo la exclusión de saharauis solicitantes de apatridia, una cuestión distinta de la elegibilidad general de quienes cumplían los requisitos del decreto.

Quienes ya habían solicitado una autorización por arraigo u otras circunstancias excepcionales y todavía esperaban una resolución no tenían que iniciar automáticamente un segundo trámite. La solicitud previa debía seguir su curso y ser tenida en cuenta. Esa previsión evitaba duplicar expedientes, aunque la situación concreta de cada persona dependía del estado y del tipo de solicitud que ya estuviera en marcha.

En casos con autorizaciones, renovaciones pendientes, protección internacional o solicitudes de apatridia, la diferencia entre regímenes puede cambiar la vía aplicable. La información general permite describir el marco, pero no sustituye la valoración del expediente individual por las autoridades competentes o por un profesional habilitado. Esa cautela es especialmente relevante cuando concurren varios procedimientos o documentos de residencia de distinto tipo.

Una medida extraordinaria dentro de una historia más larga

El Gobierno presentó el proceso como una regularización de gran alcance y estimó que podía beneficiar a medio millón de personas. España ya había aprobado otras regularizaciones extraordinarias desde la llegada de la democracia; la última anterior se situó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005-06. La nueva medida se incorporó a un debate más amplio sobre derechos, integración, empleo y la presencia de personas que viven en el país sin autorización administrativa.

Su diseño combinó una fecha de corte, un periodo mínimo de permanencia, controles de antecedentes y una condición adicional para parte de los solicitantes. Esa arquitectura buscaba delimitar quién podía acogerse y, al mismo tiempo, abrir una vía temporal de residencia y trabajo. No era una regularización automática de todas las personas en situación irregular: cada solicitud requería pruebas y una resolución individual.

La autorización de un año también muestra que el permiso extraordinario no equivalía a una residencia permanente. La medida ofrecía una situación administrativa regular inicial y permitía trabajar en España, pero después las personas debían pasar a las vías ordinarias previstas por la normativa de extranjería. Ese tránsito dependía de las circunstancias y requisitos aplicables en ese momento, no de una conversión automática por el mero hecho de haber obtenido el primer permiso.

Con el plazo de presentación ya cerrado, el proceso entra en una fase distinta: la tramitación y notificación de las solicitudes entregadas a tiempo. La fecha límite, las condiciones documentales y el alcance territorial de la autorización son los datos que permiten entender qué ofreció la medida y cuáles eran sus límites. Las estimaciones de beneficiarios describían su dimensión potencial; el derecho efectivo a residir y trabajar dependía de que cada expediente superase la comprobación administrativa.