¿Por qué policías y guardia civiles piden jubilarse antes?

Policías y guardia civiles exigen jubilación anticipada, profesión de riesgo y salarios justos en un pulso al Estado que sigue abierto.

La protesta de este sábado en Madrid no nace de un calentón sindical ni de una foto más frente al Congreso. Nace de algo bastante más áspero: policías nacionales y guardia civiles sostienen que el Estado les exige trabajar como si su oficio fuese de desgaste extremo, pero se resiste a reconocerles por ley las consecuencias de ese desgaste. Por eso han salido a la calle para reclamar tres cosas muy concretas y muy materiales: la aprobación inmediata del real decreto de jubilación anticipada para la Policía Nacional, el reconocimiento efectivo de la actividad policial como profesión de riesgo y una equiparación salarial que, a su juicio, sigue sin ser real frente a cuerpos autonómicos. La marcha ha ido de Sol al entorno del Congreso, con una batalla de cifras ya clásica, pero el fondo no cambia por mucho que cambie la calculadora.

Lo que hay detrás es una mezcla muy española de sentencia favorable, reglamento sin rematar y agravio comparativo dentro del propio sistema. El Tribunal Supremo obligó a la Administración General del Estado a iniciar el procedimiento para regular la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social en igualdad con los cuerpos autonómicos y locales, pero en abril de 2026 ese desarrollo sigue sin haberse aprobado definitivamente. Y, mientras tanto, la Guardia Civil queda fuera de esa solución concreta y buena parte de los agentes más veteranos continúan atrapados en el viejo mosaico de Clases Pasivas. Traducido al castellano llano: mismo uniforme, mismo riesgo en la calle, salidas distintas según la fecha de ingreso y el régimen jurídico que te tocó en suerte.

No es una protesta aislada

La movilización la han impulsado Jusapol, Jupol y Jucil, y no es casual que las pancartas mezclaran jubilación, profesión de riesgo y sueldo. Para estas organizaciones, los tres asuntos forman una sola discusión: la de si el Estado trata a sus policías estatales como fuerza esencial o como personal al que se le pide mucho y se le reconoce tarde. Incluso la presencia política en la marcha, con representantes de Vox y del PP, ayuda a leer el momento: el conflicto sigue vivo, aunque el ciclo de grandes manifestaciones de este ámbito ya no tiene el volumen de otros años y muestra signos claros de desgaste. La protesta, en ese sentido, no es un estallido sino una fase más larga, casi sedimentaria, de un malestar que lleva años acumulándose.

Ese desgaste no invalida la reivindicación; casi la vuelve más seria. Cuando una protesta pierde épica pero conserva persistencia, suele ser porque el problema no se ha resuelto. Los convocantes repiten que el Gobierno ha ido dando vueltas al asunto mientras otros cuerpos policiales ya disfrutan de mecanismos de retiro más favorables. El núcleo del enfado está en la demora: exigen que se apruebe de forma inmediata el real decreto de jubilación anticipada y denuncian la falta de avances con Interior. Ahí está el nervio del asunto. No piden una medalla simbólica. Piden una puerta legal de salida antes de que la carrera policial se convierta, para demasiados, en una carrera de desgaste a pulso.

Qué piden de verdad

La primera demanda es la más inmediata y la menos abstracta: que se convierta en norma efectiva el decreto para aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación de los policías nacionales del Régimen General. El propio Gobierno ha reconocido en sede parlamentaria que la sentencia del Supremo impone a la Administración la obligación de iniciar el procedimiento y elaborar la disposición reglamentaria para la Policía Nacional encuadrada en la Seguridad Social. Ese expediente existe. La base legal existe. La demanda no es humo. Lo que no existe todavía es el final del recorrido.

La segunda demanda, la de “profesión de riesgo”, suena a consigna, pero debajo tiene mucha letra pequeña. En el lenguaje jurídico español, lo decisivo no es tanto colgar una placa con esa expresión como activar el mecanismo que permite anticipar la jubilación en ocupaciones especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, con indicadores objetivos de morbilidad, mortalidad, incapacidad y exigencia psicofísica. Por eso los sindicatos usan esa fórmula como paraguas político de algo muy concreto: acceso a un régimen de retiro anticipado sin que el agente tenga que llegar al borde de la avería para demostrar que su oficio desgasta más que la mayoría.

La tercera demanda es la equiparación salarial real. Y aquí el adjetivo importa más que el sustantivo. Porque la discusión no va solo de sueldo base, sino de suplementos, turnos, noches, festivos, productividad, segunda actividad, horas extraordinarias y, en el fondo, del valor presupuestario que el Estado asigna a cada uniforme. Los organizadores de la protesta hablan de una brecha del 20% al 30% respecto a cuerpos autonómicos. Esa horquilla no es una cifra uniforme para todos los destinos y todas las categorías, pero describe bien el agravio que expresan en la calle: no se comparan con un ideal europeo etéreo, se comparan con compañeros armados y uniformados que, dentro de España, ya juegan con otra tarifa y otra jubilación.

El laberinto de Clases Pasivas y la Seguridad Social

Aquí aparece la pieza que más desconcierta al lector y más irrita a la plantilla: la fragmentación del sistema. Desde el 1 de enero de 2011, los funcionarios de nuevo ingreso quedaron incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones, mientras que quienes ya estaban dentro conservaron Clases Pasivas. Esa fractura administrativa, aparentemente técnica, ha terminado convirtiéndose en un problema político y laboral de primer orden dentro de las fuerzas de seguridad. El policía que entró antes y el que entró después no miran la jubilación con las mismas reglas. Y eso, en un cuerpo jerarquizado y expuesto, genera la sensación de que el Estado reparte destinos también al final de la carrera, según la fecha del BOE que te tocó.

En Clases Pasivas existe la jubilación voluntaria desde los 60 años con 30 años de servicios efectivos al Estado. Eso da una vía de salida que no es menor. El problema es que no equivale exactamente a tener reconocido el mismo sistema de coeficientes reductores que ya disfrutan otros cuerpos, ni resuelve por sí solo la homogeneidad reclamada por los sindicatos. En paralelo, para el común de los trabajadores del Régimen General la edad ordinaria de jubilación sigue avanzando, y los agentes discuten sobre retiro anticipado porque el marco general se va alargando y su profesión no se ha hecho menos áspera con los años; más bien al revés.

La comparación interna española explica buena parte de la rabia. Los policías locales ya cuentan desde hace años con un sistema específico de coeficientes reductores, y el propio Supremo, al entrar en el caso de la Policía Nacional, parte de que los cuerpos autonómicos y locales disponen de mecanismos homogéneos de este tipo. Así que el argumento sindical no es extravagante: mientras unos ya están dentro del sistema de anticipación, otros siguen peleando por entrar y algunos ni siquiera saben en qué puerta les tocará esperar. Eso no parece una arquitectura seria; parece una reforma hecha a parches.

Qué pasa en otros países de la UE

Mirar a Europa sirve, pero conviene hacerlo sin trampas. No existe una tabla limpia, perfecta y universal que permita decir que un policía español cobra exactamente una cantidad cerrada menos que un policía francés o italiano; cada país publica cifras de forma distinta, unas veces en neto, otras en bruto, con complementos incluidos o sin ellos, con pagas prorrateadas o no. Aun así, el mapa general deja una idea bastante firme: España no sería una rareza por reconocer a sus policías una salida anticipada o un trato específico por penosidad; la rareza está en haber llegado tarde, a trompicones y con varios regímenes conviviendo mal entre sí.

Francia e Italia, dos modelos con una misma lógica

Francia ofrece el contraste más claro. Allí, para buena parte de la Police nationale, la ley fija una edad límite más baja y contempla un régimen de categoría activa que permite jubilarse antes que en el sistema general. No es un premio ni una cortesía administrativa. Es una forma de admitir, sin rodeos, que ciertos empleos públicos presentan un riesgo particular o fatigas excepcionales. El Estado francés no discute si el trabajo policial desgasta. Discute cuánto, cuándo y con qué condiciones debe compensarlo. Esa diferencia cultural y jurídica es importante.

Italia mantiene otra fórmula, distinta en el detalle pero parecida en el fondo. El personal de defensa, seguridad y socorro público dispone de vías específicas de acceso a la pensión, con requisitos adaptados a la naturaleza del servicio. No es idéntico al esquema que reclaman en España, pero responde a la misma lógica: quien pasa décadas en seguridad pública no entra en el mismo molde que quien ha desarrollado su carrera fuera de ese tipo de exposición. Otra vez, el problema español no es pedir algo exótico. El problema es llegar tarde a algo que otros sistemas ya han incorporado con mayor naturalidad.

Portugal y el reconocimiento del riesgo en la nómina

Portugal introduce un matiz revelador: allí el riesgo aparece de forma visible también en la retribución. En la PSP, el sueldo incorpora un suplemento por servicio y riesgo, además de otros complementos ligados a patrulla y turnicidad. Parece un detalle menor, no lo es. Cuando un Estado reconoce en la nómina que tu trabajo incorpora riesgo, evita parte del desgaste moral que provoca tener que manifestarse para recordar lo evidente. No resuelve todos los problemas, claro. Pero cambia la relación simbólica entre el funcionario y la Administración.

Eso ayuda a entender por qué en España la protesta no se agota en la jubilación. La nómina y la jubilación forman parte del mismo relato. Si te pagan menos que a cuerpos equivalentes y además llegas peor protegido al final de la carrera, el mensaje que recibes es bastante transparente: eres esencial cuando hay que desplegarse, pero no tanto cuando toca ordenar el coste humano de ese despliegue.

La equiparación salarial y la brecha interna española

En el terreno salarial, el espejo que más duele no es París ni Roma. Es Barcelona, Vitoria o Pamplona. Las retribuciones de cuerpos autonómicos como Mossos d’Esquadra, Ertzaintza o Policía Foral llevan años funcionando como referencia constante en el debate. No porque todo pueda compararse céntimo a céntimo, sino porque el propio diseño retributivo autonómico revela otra filosofía: el coste del servicio policial aparece más claramente asumido en los complementos, en la turnicidad, en la penosidad y en el salario final.

De ahí que la consigna de “equiparación real” siga viva. El acuerdo de equiparación se vendió en su día como una especie de cierre histórico, pero la herida no se cerró del todo porque los agentes no comparan solo nóminas base. Comparan el paquete entero de la carrera: jubilación, segunda actividad, pluses, noches, festivos, movilidad geográfica, presión operativa y salida del servicio. Y además hay una paradoja bastante cruel. Si el Gobierno sostiene que Policía Nacional y Guardia Civil son columna vertebral de la seguridad pública, pero permite que la diferencia con cuerpos autonómicos siga siendo estructural en salario final y en retiro, el mensaje a la plantilla es evidente: columna vertebral, sí; con precio de oferta, también.

Aquí conviene no caer en una trampa habitual. No todo el malestar policial se explica por el dinero. Hay también un componente de reconocimiento institucional, de sensación de abandono, de carrera larga bajo tensión y de plantillas que sienten que siempre se les pide un poco más. Pero sería ingenuo fingir que el dinero no pesa. Pesa, y mucho. Porque el salario no solo paga el trabajo; mide el valor que el Estado está dispuesto a atribuirle.

De quién es la responsabilidad

Echar toda la culpa a un solo despacho sería cómodo y falso. Interior tiene una responsabilidad central porque dirige políticamente a Policía Nacional y Guardia Civil y porque la protesta va dirigida, en gran parte, contra la falta de avances con ese ministerio. Pero la jubilación anticipada por coeficientes reductores depende también de Seguridad Social, que es quien tramita y propone la norma correspondiente dentro del sistema de pensiones. Y detrás aparece Hacienda, o si se prefiere, el Gobierno en bloque, porque cualquier mejora estable en jubilación o equiparación tiene coste presupuestario.

También hay una responsabilidad heredada. La asimetría no se inventó este fin de semana. Se ha ido formando a base de reformas parciales, regímenes distintos y soluciones que beneficiaban a unos cuerpos antes que a otros. El nuevo marco general sobre actividades penosas y peligrosas no surgió para ellos solos, pero la sentencia del Supremo sí obligó a traducirlo a la Policía Nacional del Régimen General. Esa es la clave política: no basta con tener un procedimiento abstracto; hay que aplicarlo sin dejar agentes de primera, de segunda y de tercera según la fecha de ingreso o el cuerpo al que pertenecen.

Si uno intenta responder con honestidad a quién debe arreglarlo, la respuesta es incómoda porque tiene varios nombres. Interior debe cerrar la interlocución laboral y asumir que la cuestión no va a desaparecer con una nota de prensa. Seguridad Social debe culminar el decreto y hacerlo sin vaciarlo. El Gobierno central debe decidir si quiere un parche solo para una parte de la Policía Nacional o una solución coherente también para guardia civiles y para el colectivo que sigue en Clases Pasivas. Y el Parlamento, si el encaje de fondo lo exige, tendrá que dejar de mirar al tendido. La protesta no denuncia una sola omisión; denuncia una cadena de omisiones.

Qué se podría hacer sin seguir dando vueltas

La salida razonable no parece especialmente misteriosa. Primero, aprobar el decreto pendiente que afecta a la Policía Nacional del Régimen General, porque esa pieza tiene respaldo judicial, base legal y una tramitación ya muy avanzada. Segundo, abrir un calendario verificable para que Guardia Civil y agentes de Clases Pasivas no queden como un apéndice incómodo, que es justo lo que alimenta la protesta. Tercero, ordenar de una vez la discusión salarial con una comparación pública y homogénea entre cuerpos estatales y autonómicos, incluyendo no solo sueldo base sino complementos y condiciones reales de servicio.

Eso no resolvería todos los problemas de golpe. Seguirían ahí el déficit de reconocimiento, la discusión sobre medios, la tensión territorial, las plantillas envejecidas y el desgaste silencioso de una profesión que no termina al acabar el turno. Pero sí desmontaría la parte más irritante del conflicto: la sensación de que el Estado conoce el problema, acepta que existe y aun así lo administra a cámara lenta. En política laboral, pocas cosas indignan más que esa mezcla de reconocimiento verbal y parálisis práctica.

El uniforme también envejece

La marcha de Madrid cuenta algo más profundo que una pelea corporativa. Cuenta que el Estado español ha aceptado sin demasiado problema que policías locales, Mossos, Ertzaintza o Policía Foral tengan salidas específicas, y sin embargo ha tardado demasiado en dar un encaje equivalente a sus propios cuerpos estatales. Cuenta que en Europa hay fórmulas diversas, sí, pero casi todas parten de una premisa simple: la seguridad pública no se presta gratis al cuerpo ni a la cabeza de quien la sostiene durante décadas.

Y cuenta, sobre todo, que cuando policías y guardia civiles dicen que no quieren privilegios sino reglas homologables, lo que están señalando no es una extravagancia, sino una anomalía española. La discusión no va de regalar prejubilaciones ni de inflar agravios por costumbre sindical. Va de decidir si el país asume de una vez que el uniforme también envejece, que el riesgo acumulado existe y que no todo puede resolverse con medallas, palabras solemnes y otra promesa más aplazada para la siguiente legislatura.