¿Cómo quiere Sánchez regular la IA y qué cambios habrá en España?

Pedro Sánchez quiere someter el desarrollo de la inteligencia artificial en España a reglas más estrictas, supervisión pública y mayores responsabilidades para las empresas, pero sin pisar el freno a su implantación económica. El presidente del Gobierno ha presentado este 21 de septiembre el Plan IA360, una hoja de ruta para los próximos doce meses, y ha anunciado que en octubre convocará a los agentes sociales para buscar un gran acuerdo sobre el impacto de esta tecnología.

La propuesta no consiste en una única nueva ley española que vaya a regular de golpe toda la inteligencia artificial. España ya se mueve dentro del marco europeo de la Ley de IA, aplicable con diferentes calendarios según el tipo de sistema, mientras que el plan nacional mezcla regulación, vigilancia, ciberseguridad, inversión tecnológica, formación y ayudas a empresas. Dicho de otra manera: más freno en determinados usos y bastante más acelerador en otros.

Sánchez ha defendido que la autorregulación de las grandes tecnológicas no basta y ha cargado contra la concentración de esta tecnología en unas pocas compañías y países. Su planteamiento es que una transformación de semejante tamaño debe funcionar con reglas públicas y mecanismos que permitan exigir responsabilidades por determinados daños. Esa es la posición política expresada por el presidente; el alcance final de cada medida dependerá de su desarrollo normativo y de las negociaciones previstas.

Qué quiere regular Sánchez realmente con IA360

El Gobierno coloca varias piezas sobre la mesa: aumentar la capacidad tecnológica española, extender el uso de la IA entre empresas y trabajadores, reforzar su gobernanza y seguridad y abrir un nuevo marco de diálogo sobre sus consecuencias laborales y sociales. El calendario anunciado concentra numerosas actuaciones entre 2026 y 2027, aunque algunos proyectos tendrán recorrido más largo.

Una idea atraviesa todo el documento: los sistemas de inteligencia artificial deben poder ser supervisados y evaluados cuando sus efectos puedan afectar a derechos, seguridad o intereses públicos relevantes. Sánchez ha citado riesgos relacionados con los deepfakes, la ciberseguridad, los menores o la propiedad intelectual y ha defendido que las compañías respondan legal y financieramente por los daños que causen cuando exista responsabilidad.

España no parte de cero: Europa ya tiene la Ley de IA

Aquí conviene separar el discurso político de las normas que ya existen. La Ley europea de Inteligencia Artificial entró en vigor en 2024 y sus disposiciones se han ido aplicando por fases. Desde el 2 de agosto de 2026 funcionan, entre otras, nuevas obligaciones de transparencia y los poderes de ejecución de la Oficina de IA y las autoridades nacionales.

Eso afecta, por ejemplo, a determinados chatbots y contenidos sintéticos. Los usuarios deben ser informados en ciertos casos cuando interactúan con una máquina; los deepfakes están sujetos a obligaciones de identificación y el contenido generado o manipulado mediante IA debe incorporar, cuando corresponda, mecanismos que permitan reconocer su origen artificial.

La normativa europea utiliza un modelo basado fundamentalmente en el nivel de riesgo. No trata igual un filtro contra el correo basura que un algoritmo empleado para tomar decisiones en ámbitos como empleo, educación, migración, biometría o infraestructuras críticas. Las reglas específicas para determinados sistemas de alto riesgo están previstas desde diciembre de 2027, mientras que algunos sistemas incorporados a productos regulados tienen un calendario que llega a agosto de 2028.

El anuncio de Sánchez debe leerse, por tanto, como una capa española adicional —industrial, educativa, laboral y de supervisión— sobre una arquitectura jurídica que en gran medida llega desde Bruselas. Europa levanta el armazón; cada país tiene después que decidir cómo lo habita.

Un acuerdo sobre empleo antes de que la IA cambie más trabajos

El terreno políticamente más delicado probablemente sea el laboral. Sánchez ha anunciado que sindicatos y patronal serán convocados en octubre de 2026 para avanzar en un nuevo contrato social de la inteligencia artificial. El Plan IA360 prevé mesas sectoriales y un observatorio permanente para estudiar cómo evoluciona el impacto de la tecnología sobre el empleo.

La discusión irá bastante más allá de la imagen clásica de una máquina sustituyendo físicamente a una persona. La IA puede transformar la selección de personal, el reparto de tareas, la evaluación de productividad o la automatización de decisiones dentro de una empresa. Ahí está buena parte del debate laboral real: el puesto quizá no desaparezca, pero puede cambiar hasta resultar casi irreconocible.

Los sindicatos han comenzado a fijar posiciones. UGT ha planteado que se estudie cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a la Seguridad Social, mientras que CC.OO. ha reclamado controles frente a sesgos en procesos automatizados relacionados con el trabajo. Son propuestas sindicales dentro de una negociación que todavía no ha comenzado formalmente y en la que la posición empresarial será igualmente relevante.

Más IA en las empresas y más músculo tecnológico

La otra mitad del plan consiste precisamente en extender la inteligencia artificial. El Gobierno quiere que muchas más empresas incorporen estas herramientas y plantea un Bono Inteligencia Artificial de 600 millones de euros dirigido a financiar servicios y soluciones para pymes y autónomos. El diseño prevé una fase piloto durante el primer semestre de 2027 y una convocatoria general antes de que termine ese año.

La ayuda no estaría pensada para pagar simplemente la suscripción mensual a una herramienta. El documento prevé financiar desarrollo, integración, tratamiento de datos, conocimiento sectorial o rediseño de procesos. Cada empresa debería partir de un diagnóstico previo y evaluar posteriormente el impacto sobre su productividad. El objetivo oficial es alcanzar unas 25.000 empresas.

El Ejecutivo quiere que el porcentaje de compañías españolas que utilizan inteligencia artificial pase del 21,1% al 55% en 2030. Para intentar cerrar esa distancia se plantea también la Red NEURONA, una estructura territorial en la que las empresas podrán probar aplicaciones adaptadas a sus propios sectores y datos.

El primer piloto de esa red está previsto con 100 pymes en dos comunidades autónomas antes de finalizar 2026. Durante 2027, la previsión del Gobierno es extender el modelo hasta diez comunidades y unas 5.000 empresas. Es una apuesta bastante concreta: llevar la IA desde la conversación pública —donde sobra— hasta las pequeñas empresas, donde su implantación sigue siendo mucho más desigual.

De los centros de datos a una gigafactoría de IA

La inteligencia artificial suena etérea hasta que uno abre la puerta de un centro de datos: servidores, electricidad, refrigeración, agua, fibra óptica, chips. Mucho metal detrás de la nube. El Plan IA360 incluye una nueva regulación para los centros de datos, con criterios de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital, cuya aprobación está prevista para octubre de 2026.

A mayor escala aparece el proyecto de una gigafactoría de inteligencia artificial con unos 5.000 millones de euros de inversión público-privada. El plan fija como objetivo iniciar la construcción en febrero de 2027, abrir la infraestructura en 2028 y llegar a unos 100.000 aceleradores de IA operativos entre 2028 y 2029.

La cuestión energética no es menor. Los centros de datos necesitan mucha electricidad y pueden exigir inversiones adicionales en las redes. El Gobierno sostiene que su crecimiento debe producirse sin restar capacidad eléctrica al resto de la economía y quiere favorecer instalaciones acompañadas de nueva generación renovable, un uso eficiente del agua y mayor autonomía tecnológica.

Ciberseguridad, aulas y Administración: el plan se ensancha

IA360 reserva otro bloque a la seguridad. El Ejecutivo proyecta reforzar un escudo de ciberseguridad avanzada frente al uso ofensivo de la inteligencia artificial y preparar infraestructuras críticas para la transición hacia sistemas criptográficos capaces de resistir futuras amenazas asociadas a la computación cuántica.

Para octubre está previsto un proyecto piloto con el sector financiero y, entre octubre y noviembre, medidas frente a la IA ofensiva y la criptografía poscuántica. En 2027 se plantea además una fase de compra pública precomercial vinculada a estas tecnologías, con una dotación presupuestaria inicial de unos 300 millones de euros.

El plan contempla asimismo la creación dentro de la AESIA de un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, concebido como una unidad técnica para analizar y evaluar modelos avanzados antes y después de su despliegue. Su núcleo inicial debería constituirse antes de terminar 2026.

La estrategia entra también en las aulas. El Ejecutivo quiere integrar la inteligencia artificial en Secundaria y Formación Profesional, combinando el aprendizaje práctico con pensamiento crítico, seguridad y ética digital. La presentación de la iniciativa y su negociación con las comunidades autónomas están previstas para el primer trimestre de 2027.

La intención no es solamente enseñar a utilizar programas. El documento reconoce un dilema bastante familiar en los centros educativos: una herramienta puede ayudar a aprender y, a la vez, convertirse en un atajo para no pensar. Por eso se plantea también formación específica para profesores y se insiste en mantener supervisión humana sobre su uso educativo.

La Administración tampoco quedará fuera. El plan prevé incorporar un asistente de IA en la Carpeta Ciudadana durante 2027 y abrir un canal de mensajería mediante WhatsApp vinculado al 060 durante el primer trimestre de ese año, con el propósito de facilitar consultas y determinadas gestiones administrativas.

El pulso que queda por resolver

El plan presentado por Sánchez dibuja dos movimientos simultáneos. España quiere atraer inversión, construir infraestructura, formar trabajadores y extender la inteligencia artificial por las empresas; al mismo tiempo, el Ejecutivo pretende aumentar el control sobre sus riesgos, especialmente cuando afectan al empleo, los menores, la seguridad, la propiedad intelectual o los derechos de los ciudadanos.

La parte inmediata empieza en octubre de 2026, con la convocatoria a los agentes sociales y varias medidas regulatorias y de ciberseguridad. Pero el alcance definitivo del denominado gran acuerdo de país todavía está por construir: sindicatos, patronal, administraciones, expertos y fuerzas políticas tendrán posiciones distintas sobre cuánto regular, cómo repartir los beneficios económicos y qué garantías introducir.

Mientras tanto, el escenario europeo también ha cambiado. La discusión ya no gira únicamente alrededor de si la IA debe regularse: buena parte del marco normativo europeo está en aplicación y las obligaciones continúan desplegándose de forma escalonada. La disputa política y económica se mueve hacia un terreno bastante más tangible: quién fija las reglas que faltan, quién asume los costes de la transformación y hasta dónde puede llegar una tecnología que sigue avanzando con bastante más velocidad que los despachos encargados de gobernarla.