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¿Por qué Zaira afronta su quinto desahucio en Madrid con tres menores?

Zaira encara en Vicálvaro un quinto intento de desahucio junto a su familia, con tres menores y sin una alternativa habitacional estable en Madrid

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casas en vicalvaro

Imagen: MottaW / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Resumen

  • Zaira afronta en Vicálvaro su quinto intento de desahucio
  • La familia vive con tres menores y sin alternativa habitacional estable
  • La ONU cuestionó el desalojo por falta de proporcionalidad y alternativa

Zaira Salazar, su marido y sus cuatro hijos —tres de ellos menores de edad— afrontan este lunes 28 de septiembre un nuevo intento de desahucio de la vivienda en la que residen en Vicálvaro, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Se trata del quinto intento de lanzamiento al que se enfrenta la familia después de que el previsto para junio quedara aplazado para conceder más tiempo a los Servicios Sociales municipales en la búsqueda de una alternativa habitacional.

El motivo jurídico del desalojo es claro, aunque detrás hay una historia bastante menos sencilla: la familia ocupa la vivienda pública sin título legal. Zaira y su marido sostienen desde hace años que quieren regularizar su situación y pagar un alquiler social adaptado a sus ingresos; la Agencia de Vivienda Social, en cambio, reclama el inmueble para recuperarlo y administrarlo dentro del parque público de vivienda. El conflicto arrastra procedimientos judiciales, varios intentos de lanzamiento y un dictamen de Naciones Unidas que concluyó en 2025 que España vulneró el derecho de esta familia a una vivienda adecuada.

Las últimas informaciones públicas conocidas este lunes seguían situando el lanzamiento en esta jornada y no ofrecían todavía una confirmación suficientemente sólida sobre su desenlace. El caso llega, por tanto, otra vez al mismo punto delicado: una orden de desalojo sobre una vivienda de titularidad pública y una familia que asegura no disponer de otra casa a la que trasladarse.

Por qué quieren desahuciar a Zaira de la vivienda de Vicálvaro

El origen del caso se remonta mucho más atrás que este quinto intento. La familia vivía anteriormente de alquiler en una vivienda privada, pero la enfermedad del marido de Zaira y la pérdida de recursos económicos acabaron haciendo imposible mantener aquel arrendamiento. Según la documentación del procedimiento ante Naciones Unidas, después ocuparon sin título una vivienda que pertenecía al entonces Instituto de la Vivienda de Madrid, posteriormente convertido en la Agencia de Vivienda Social.

El marido de Zaira tiene reconocido un 65% de discapacidad. El dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge que padece esclerosis múltiple y esquizofrenia paranoide y que la familia trató de encauzar su situación durante años mediante distintas solicitudes relacionadas con vivienda social. También deja constancia de un dato relevante para comprender la posición administrativa: una solicitud presentada en 2018 fue archivada porque la familia no aportó toda la documentación requerida.

Ahí aparece el nudo del asunto. Para la Agencia de Vivienda Social, una vivienda pública ocupada sin autorización debe volver al parque disponible para poder adjudicarse conforme a los procedimientos establecidos. Para la familia y los colectivos que la apoyan, en cambio, la extraordinaria vulnerabilidad del hogar justificaba buscar una solución que permitiera transformar aquella ocupación en un alquiler social, evitando dejar a los menores y al padre dependiente sin alojamiento.

No son posiciones equivalentes desde el punto de vista jurídico, pero ambas forman parte del conflicto real. Reducirlo simplemente a una familia expulsada de una vivienda pública borra la ocupación sin título; describirlo únicamente como recuperación de una vivienda ocupada borra años de precariedad, discapacidad, menores y solicitudes administrativas. Y precisamente esa segunda dimensión terminó entrando en la discusión internacional.

Un conflicto que llegó hasta Naciones Unidas

El nombre de Zaira no aparece de pasada en un informe genérico de Naciones Unidas. Su caso fue objeto de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentada junto a su marido, Luis Miguel Rodríguez. El organismo aprobó su dictamen el 14 de febrero de 2025.

El expediente reconstruye una historia bastante larga. En julio de 2018 un juzgado condenó a Zaira por un delito leve de usurpación y ordenó el desalojo. En noviembre de 2019 se intentó efectuar un lanzamiento que acabó aplazándose ante la presencia de vecinos y asociaciones. El 13 de diciembre de aquel año el desalojo sí fue ejecutado; dos días después, la familia volvió a entrar en la misma vivienda. En febrero de 2020 llegó una nueva condena por usurpación.

Naciones Unidas había solicitado entretanto a España que evitara daños irreparables mientras estudiaba el caso, bien suspendiendo el desahucio, bien facilitando una vivienda alternativa adecuada. Años después, el Comité adoptó su dictamen definitivo. El procedimiento había dejado de ser una simple disputa por la posesión de un piso para convertirse también en una discusión sobre derecho a la vivienda y proporcionalidad.

Qué dijo realmente la ONU sobre el caso

El Comité concluyó que las decisiones de desalojo no habían realizado un examen suficiente de las circunstancias particulares de la familia, entre ellas su vulnerabilidad económica, el interés superior de los menores, la discapacidad y dependencia del padre y la ausencia de una alternativa adecuada. Consideró que esas carencias habían supuesto una vulneración del derecho a una vivienda adecuada reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También pidió una reparación efectiva y una nueva evaluación de las necesidades habitacionales de la familia si seguía sin disponer de una vivienda adecuada, además de medidas para evitar vulneraciones semejantes. El pronunciamiento, sin embargo, no convirtió a Zaira y su familia en propietarios del piso ni declaró legal su ocupación. Tampoco eliminó las condenas por usurpación. La cuestión era otra: carecer de título no borra las garantías que deben ponderarse antes de un desalojo cuando existe riesgo de que una familia vulnerable quede sin alojamiento.

La Agencia de Vivienda Social sostiene, por su parte, que debe recuperar el inmueble ocupado irregularmente para gestionar correctamente su parque y defiende que los dictámenes internacionales no funcionan como una sentencia directamente ejecutable por los tribunales españoles. Ese choque entre recuperación posesoria y protección social explica buena parte del laberinto en el que el caso lleva años atrapado.

El intento de regularizar la vivienda y una ley que cambió

Hay otro detalle que ayuda a entender por qué el asunto se ha enquistado. Durante años existió en Madrid una vía excepcional para regularizar determinadas ocupaciones antiguas de viviendas públicas. El artículo 14 de la Ley 9/2015 permitía a la Agencia de Vivienda Social formalizar contratos de alquiler con ocupantes sin título que cumplieran una serie de requisitos y acreditaran una residencia continuada anterior al 1 de enero de 2016.

No era una amnistía automática ni bastaba con estar viviendo en el inmueble. La norma fijaba condiciones y exclusiones, y cada expediente debía ser valorado. Zaira y su marido sostienen que intentaron regularizar su situación mediante un alquiler social desde 2015. El propio dictamen de Naciones Unidas recoge esa alegación, aunque también precisa que en el expediente no se aportó documentación que acreditara aquella primera petición en los términos señalados por la pareja.

El paisaje legal cambió después. La Ley 11/2022 de la Comunidad de Madrid derogó expresamente el artículo 14 de la Ley 9/2015, con lo que desapareció aquella vía excepcional de regularización para nuevos procedimientos. Para una familia instalada desde hace tantos años en la misma vivienda, no es un pequeño detalle perdido entre boletines oficiales. Es una puerta jurídica que existió y después dejó de existir.

Por qué el desahucio volvió a señalarse para septiembre

El lanzamiento previsto antes del verano fue aplazado tras una petición de prórroga presentada a instancias del Ministerio Fiscal. La decisión pretendía conceder más tiempo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para buscar una solución habitacional antes de ejecutar el desalojo. El nuevo día señalado fue el 28 de septiembre de 2026.

Según Stop Desahucios de Vicálvaro, esa alternativa no había llegado al aproximarse la nueva fecha. De ahí que la familia alcanzara otro lanzamiento prácticamente en la misma situación material que tenía cuando recibió la prórroga: permanece en la vivienda pública, carece de título para ocuparla y afirma no disponer de otra solución estable donde vivir. La plataforma convocó una concentración en Vicálvaro para intentar impedir la ejecución.

La pareja tiene cuatro hijos, aunque actualmente tres son menores de edad. Cuando comenzaron algunos de los procedimientos anteriores, los cuatro eran menores. El paso del tiempo se aprecia incluso ahí: la disputa ha durado tantos años que uno de los hijos que figuraban como menores en el expediente internacional ya alcanzó la mayoría de edad.

El dictamen de Naciones Unidas puso especial énfasis en este punto. Señaló que debía examinarse cómo podía afectar el desalojo a los hijos y valorar su interés superior, además de la situación del padre por su discapacidad y dependencia. No es un detalle decorativo. En procedimientos de este tipo, la presencia de menores y personas vulnerables forma parte de las circunstancias que deben ponderarse.

Vivienda pública, ocupación y una contradicción difícil de resolver

La historia de Zaira contiene una paradoja incómoda. La vivienda pertenece precisamente a un organismo cuya función es gestionar vivienda social y atender, mediante los procedimientos establecidos, a personas con necesidades habitacionales. Al mismo tiempo, ese organismo defiende que no puede permitir que cada inmueble sea adjudicado al margen de requisitos, prioridades y expedientes porque eso afectaría a otras familias que también esperan una vivienda pública.

Ese argumento apareció igualmente durante el procedimiento internacional: el Estado defendió la necesidad de mantener criterios objetivos para repartir un recurso escaso. La ocupación de una vivienda, por sí sola, no puede convertirse automáticamente en una vía preferente para obtener su adjudicación. El reverso del problema es que una familia en situación de vulnerabilidad acreditada tampoco desaparece jurídicamente porque carezca de contrato.

El Comité aceptó que los Estados pueden fijar procedimientos y requisitos de acceso a la vivienda pública. Lo que cuestionó fue que el desalojo pudiera ejecutarse sin una valoración suficiente de sus consecuencias y sin abordar adecuadamente la ausencia de alternativa habitacional. Ahí está la fricción: ordenar un parque público escaso y evitar que un lanzamiento deje a menores y dependientes sin alojamiento son obligaciones distintas que terminan chocando en la misma puerta.

La Comunidad de Madrid mantiene procedimientos de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social para situaciones de especial necesidad, aunque entre sus requisitos figura precisamente no estar ocupando un inmueble sin título suficiente y sin consentimiento del propietario. La existencia de estos mecanismos tampoco significa que cualquier solicitante tenga derecho automático a una vivienda concreta.

Quince años después, el problema sigue siendo el mismo

Tras expedientes administrativos, condenas, recursos, desalojos, reocupaciones, movilizaciones vecinales, un procedimiento internacional y varios intentos de lanzamiento, el centro del caso apenas se ha movido: una familia vulnerable continúa viviendo sin título en una vivienda pública y no dispone de una alternativa habitacional estable que permita resolver el conflicto sin devolverla a la precariedad que lo originó.

La Agencia de Vivienda Social conserva la responsabilidad de gestionar su patrimonio conforme a las reglas de adjudicación. La familia, mientras tanto, afronta otro lanzamiento con tres menores en casa y un padre dependiente. Entre ambas realidades hay juzgados, servicios sociales, legislación autonómica y un dictamen internacional que obliga a mirar bastante más allá de quién tiene formalmente las llaves.

Eso explica por qué el caso de Zaira lleva tantos años regresando a la misma puerta de Vicálvaro. El desahucio puede resolver la posesión de una vivienda. El problema habitacional de una familia, como demuestra esta historia, es bastante más difícil de hacer desaparecer.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.