Incendio de Benicalap: ¿quién lo provocó tras el desalojo judicial?

Todavía no se ha determinado quién causó el incendio de Benicalap. La Policía Nacional investiga el origen del fuego y mantiene abiertas distintas hipótesis: desde una acción intencionada relacionada con el desalojo judicial ejecutado aquella misma mañana hasta un accidente durante los trabajos realizados para cerrar los accesos. No existe, por ahora, una prueba pública que permita culpar a las familias desalojadas ni tampoco a los vecinos.

El dato más relevante frente al ruido, las acusaciones y la pólvora verbal es este: varios trabajadores estaban presuntamente sellando las persianas con equipos de soldadura o un soplete cuando se inició el incendio. Una familia que había residido en los bajos sostiene que dispone de un vídeo donde se observa a esos operarios abandonando el local poco después de aparecer las llamas. Es una pista, no una sentencia. La posibilidad de que una chispa alcanzara basura, neumáticos u otros materiales combustibles forma parte de las versiones que deberán contrastar los investigadores.

Lo que ocurrió en la calle Picayo

El incendio comenzó pasadas las cuatro de la tarde del jueves 2 de julio en los bajos de los números 23 y 25 de la calle Picayo, en el barrio valenciano de Benicalap. Una columna espesa, casi aceitosa, se levantó entre los edificios y pudo verse desde distintos puntos de la ciudad. El humo negro recordó inevitablemente al incendio de Campanar de 2024, aunque esta vez las llamas quedaron limitadas a las plantas bajas y no hubo víctimas.

Bomberos de los parques de Campanar, Oeste y Sur acudieron al lugar, mientras la Policía Nacional, la Policía Local y otros servicios de emergencia acordonaban la zona. Las viviendas superiores no fueron alcanzadas directamente por el fuego, pero sí quedaron invadidas por una concentración de humo que hacía desaconsejable permanecer en ellas. La combustión resultó especialmente intensa por la cantidad de enseres y material inflamable acumulado dentro de los locales.

Al menos una fuerte explosión fue escuchada por quienes se encontraban cerca. Algunas informaciones hablaron después de un segundo estruendo, aunque las autoridades no han establecido públicamente qué explotó ni si ese sonido marca el inicio del fuego o una consecuencia de su rápida propagación. La escena invitaba a las conclusiones instantáneas —las redes sociales suelen dictar sentencia antes de que se enfríen las cenizas—, pero el origen técnico sigue pendiente del informe policial.

El desalojo judicial de aquella misma mañana

Horas antes del incendio, la Policía Nacional había desplegado un operativo para ejecutar una orden judicial de desalojo en esos mismos bajos. Los espacios llevaban ocupados desde alrededor de 2020, según los testimonios recogidos, y en ellos llegaron a vivir numerosas personas, agrupadas en varias familias. El procedimiento llevaba tiempo judicializado y el 2 de julio vencía el plazo concedido para abandonar los inmuebles.

No fue, por tanto, una expulsión improvisada por residentes del barrio ni una intervención privada a empujones. Había una resolución judicial y presencia policial para garantizar su cumplimiento. Esa diferencia importa: permite separar un conflicto legal, sometido al control de un juez, de cualquier represalia o acto de fuerza que pudiera haberse producido después.

Fuentes vecinales aseguran que la convivencia se había deteriorado durante años. Hablan de suciedad, ruidos nocturnos, amenazas y episodios de agresividad. Algunos testimonios sitúan en torno a medio centenar el número de personas que habitaban los locales antes del desalojo. Son denuncias vecinales, no una autorización para atribuir colectivamente un delito a todas las familias que vivían allí.

La versión que apunta a una represalia

La coincidencia temporal alimentó desde el primer momento la sospecha de una venganza. El desalojo se había realizado por la mañana; unas horas después, los bajos ardían con enorme violencia. Algunos residentes acusaron a antiguos ocupantes de haber prendido fuego antes de marcharse o de haber regresado para hacerlo. Esa versión se propagó con rapidez, pero no está respaldada públicamente por una detención, una prueba pericial ni una identificación policial.

La Policía investiga si el incendio fue intencionado, una línea lógica por las circunstancias, aunque no es la única hipótesis. Hasta que los agentes analicen el punto de origen, los patrones de propagación, posibles acelerantes y las imágenes disponibles, afirmar que las personas desalojadas provocaron el fuego es ir más lejos de lo que permiten los hechos conocidos.

Una de las mujeres que había vivido en los bajos negó tajantemente la acusación. Según su relato, todavía quedaban algunos familiares recogiendo pertenencias, pero no fueron ellos quienes iniciaron el incendio. También denunció que se estaba utilizando su pertenencia a la comunidad gitana para convertir una sospecha en culpabilidad automática. El prejuicio, cuando entra en una investigación, se parece bastante al humo: ocupa todo el espacio y dificulta ver.

El vídeo de los operarios y la hipótesis del soplete

La principal versión alternativa señala a los trabajos de soldadura efectuados después del desalojo. Familiares de los antiguos ocupantes mostraron un vídeo grabado desde el edificio de enfrente en el que, según explicaron, aparecen trabajadores saliendo del bajo cuando el incendio acababa de comenzar. Esos operarios habrían estado cerrando o soldando las persianas para impedir una nueva entrada.

Algunos vecinos también relataron que había personas trabajando dentro del local con herramientas que producían chispas. Una de ellas podría haber alcanzado restos de basura, neumáticos o materiales combustibles. La explicación encaja con un posible accidente, pero tampoco está demostrada. El vídeo de los operarios no prueba por sí solo que esas personas provocaran un incendio, ni de manera deliberada ni por negligencia.

Lo que deberá aclarar la investigación

El análisis tendrá que localizar el foco inicial, determinar si había varios puntos de ignición y comprobar si se usaron líquidos acelerantes. También será relevante reconstruir quién permanecía dentro de los bajos, quién ordenó los trabajos de sellado, qué herramientas se estaban empleando y en qué momento exacto surgieron las primeras llamas.

Esa información permitirá distinguir entre tres escenarios muy distintos: incendio deliberado como represalia, imprudencia durante las labores de cierre o un origen accidental no relacionado directamente con ninguno de los dos grupos. De momento, ninguna de esas posibilidades puede presentarse con rigor como la explicación definitiva. La alcaldesa de València, María José Catalá, se limitó a confirmar que existían varias hipótesis y que correspondía a la Policía Nacional esclarecer las causas.

Ochenta vecinos fuera de sus casas

Los servicios de emergencia desalojaron preventivamente a unas 80 personas de los dos bloques. No constan heridos ni afectados por inhalación de humo en los balances municipales difundidos durante la intervención, pese a la espectacularidad de las imágenes. Los bomberos también buscaron y rescataron mascotas cuya presencia había sido comunicada por los residentes.

Pasadas las once de la noche, los vecinos de uno de los portales pudieron regresar a sus viviendas. Alrededor de 70 personas tuvieron que ser alojadas en tres hoteles porque el humo impedía garantizar condiciones seguras en el otro inmueble. El Ayuntamiento activó el Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Colaboración en Emergencias y habilitó un punto municipal para identificar necesidades, facilitar información y organizar el alojamiento.

Aunque el fuego no alcanzó directamente los pisos superiores, el humo de plásticos, neumáticos, muebles y residuos puede dejar partículas tóxicas, olores persistentes y superficies contaminadas. La ausencia de llamas en una vivienda no significa que esta sea habitable de inmediato. Antes del regreso completo será necesario comprobar la ventilación, las instalaciones, los elementos estructurales y la calidad del aire interior.

Un conflicto de vivienda convertido en riesgo colectivo

El incendio de Benicalap vuelve a mostrar el punto en el que los problemas de vivienda, la degradación de un inmueble y la mala convivencia dejan de ser una disputa privada. Cuando decenas de personas viven en locales sin condiciones adecuadas, se acumulan residuos y el conflicto permanece años bajo una capa de expedientes, el peligro termina alcanzando también a quienes pagan su hipoteca o su alquiler varios pisos más arriba.

Hay dos realidades que pueden convivir sin anularse. Los vecinos tienen derecho a no soportar amenazas, insalubridad o miedo en su propia calle. Las familias vulnerables, incluso cuando ocupan un inmueble sin título legal, mantienen sus derechos básicos y no pueden ser condenadas mediante rumores, castigos colectivos o estigmas étnicos. El desalojo judicial sirve precisamente para sustituir la ley de la fuerza por un procedimiento con garantías.

El problema aparece cuando la respuesta institucional llega tarde. Años de denuncias, precariedad y deterioro fabrican una mecha larga; después basta una chispa, literal o política, para que todo arda. La ocupación irregular no se resuelve fingiendo que no existe, pero tampoco convirtiendo cada desalojo en una guerra entre pobres, propietarios y comunidades de vecinos.

Las cenizas todavía no señalan a nadie

Lo probado es que hubo un desalojo judicial por la mañana, un incendio devastador en los mismos bajos por la tarde, unas 80 personas evacuadas y una investigación policial abierta. También consta la existencia de versiones enfrentadas: algunos vecinos hablan de represalia; los antiguos ocupantes lo niegan y apuntan a los trabajos de soldadura. Lo demás, por ahora, son hipótesis.

No hay elementos públicos para afirmar que los ocupantes prendieran fuego tras ser expulsados. Tampoco existe base para acusar a los vecinos de incendiar los locales con el fin de echarlos: el desalojo ya había sido ejecutado por orden judicial. La pista alternativa conocida afecta a unos operarios que estaban cerrando los accesos, pero ni su responsabilidad ni el carácter accidental del fuego han sido confirmados.

Benicalap tiene ahora las fachadas ennegrecidas, viviendas temporalmente vacías y una sospecha caminando de portal en portal. La respuesta seria no consiste en elegir culpable según simpatías políticas. Consiste en esperar las pruebas: origen del fuego, grabaciones completas, testimonios contrastados e informe pericial. Hasta entonces, la única afirmación contundente es también la menos vistosa: aún no se sabe quién inició el fuego.