¿Quién ofreció pagar la defensa de Ábalos? Declara su primer abogado

José Aníbal Álvarez, primer abogado de José Luis Ábalos en el caso Koldo, ha declarado este lunes 13 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez le ofreció canalizar mediante una sociedad el pago de sus servicios. El letrado asegura que rechazó aquella fórmula, exigió cobrar directamente de su cliente y terminó sin recibir dinero: ni del exministro ni del PSOE.

La declaración confirma, según las fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, que el ofrecimiento existió. No demuestra, sin embargo, que el pago llegara a ejecutarse, que el dinero procediera de Ferraz o que hubiese una orden del partido para financiar la defensa. Esa frontera —entre una propuesta reconocida y una operación consumada— es el centro de la noticia. Todo lo demás, por tentador que resulte en esta España aficionada a convertir un mensaje de WhatsApp en juicio sumarísimo, necesita pruebas.

Álvarez compareció como testigo durante cerca de una hora para explicar los contactos que mantuvo con Díez y el significado de varias conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Su versión contradice parcialmente la hipótesis de los investigadores: admite la intermediación de la exmilitante socialista, pero niega que el PSOE pagara sus honorarios o coordinara la estrategia jurídica de Ábalos.

La declaración que mueve el foco

Hasta ahora, el informe de la UCO situaba a Leire Díez como posible gestora del pago de la defensa de Ábalos. Los agentes habían analizado mensajes de noviembre y diciembre de 2024 en los que Álvarez reclamaba una solución para un asunto económico pendiente. Díez llegó a preguntarle si disponía de algún despacho de confianza a través del cual pudiera tramitarse el abono y, ante sus reparos, planteó utilizar una sociedad que ella tenía constituida.

El abogado ha reconocido ante Pedraz ese ofrecimiento, aunque sostiene que se negó porque no quería fórmulas ajenas a la relación ordinaria entre profesional y cliente. Dicho de manera menos notarial: no aceptó que un tercero apareciera con la chequera cuando quien debía pagar era Ábalos. Según su declaración, pidió que el dinero procediera directamente del exministro. No ocurrió.

Este matiz importa. Una sociedad mercantil no es, por definición, una maleta con doble fondo; tampoco una transferencia realizada por una empresa constituye automáticamente un delito. La relevancia judicial surge al preguntar quién aportaba realmente el dinero, por qué lo hacía, cómo se contabilizaba y qué esperaba obtener a cambio. Son cuestiones sencillas, casi domésticas. Precisamente por eso suelen incomodar tanto.

El ofrecimiento a través de una sociedad

La UCO interpretó los mensajes como un indicio de que Díez trataba de resolver el pago de la defensa con fondos vinculados al PSOE. Álvarez rechaza esa lectura en su parte esencial: asegura que nadie le pagó y que nunca recibió dinero del partido. Tampoco acepta que Leire Díez dirigiera la defensa del exministro ante el Tribunal Supremo.

Su testimonio no borra los mensajes. Los contextualiza desde la perspectiva de uno de sus participantes y obliga al juez a contrastar dos planos: lo escrito en aquellas conversaciones y la explicación ofrecida bajo la condición de testigo. Las palabras dejan huella, pero las cuentas bancarias suelen hablar con un acento bastante más claro.

Álvarez ha sido tajante en tres extremos: Ábalos no le pagó, el PSOE tampoco y la propuesta de utilizar una sociedad fue rechazada. Su abandono de la defensa estaría relacionado precisamente con ese impago, una circunstancia que la propia UCO ya recogía en su atestado basándose en informaciones públicas.

La declaración reduce, al menos por el momento, el alcance de una de las sospechas: no existe constancia de que el abogado recibiera los honorarios cuya posible financiación investigan los agentes. Pero mantiene viva otra cuestión menos vistosa y quizá más incómoda: por qué Leire Díez buscaba una vía de pago para una defensa que, formalmente, no era asunto suyo.

La respuesta judicial todavía no existe. El ofrecimiento puede ser interpretado como una gestión personal, como una intermediación política o como una pieza de una estructura más amplia. Elegir una de esas opciones antes de examinar el origen del dinero —si es que llegó a reservarse— sería sustituir la instrucción penal por una tertulia con toga.

Dos reuniones con Francisco Martínez

La comparecencia ha aportado otro dato relevante. José Aníbal Álvarez ha reconocido que puso en contacto a Leire Díez con Francisco Martínez, antiguo secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy y acusado en la causa de la operación Kitchen.

Según el relato del abogado, participó en dos reuniones entre Díez y Martínez. El objetivo era solicitar una segunda opinión sobre la situación procesal del antiguo alto cargo del Ministerio del Interior y estudiar la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo con la Fiscalía. Álvarez afirma que entraba y salía de esos encuentros y que no cobró a Martínez porque mantenía con él una relación de amistad.

El dato ensancha el paisaje. El caso ya no se limita a conversaciones sobre Ábalos o a movimientos relacionados exclusivamente con dirigentes socialistas. Aparecen también personas vinculadas a procedimientos heredados de la etapa del PP, abogados de investigados y contactos con quienes aseguraban tener capacidad para abrir puertas en instituciones judiciales.

Tener reuniones, pedir opiniones jurídicas o explorar un acuerdo con la Fiscalía no es delictivo. Es el pan cotidiano de muchos procesos penales. Lo relevante sería determinar si alguien ofreció influencias, favores institucionales o beneficios procesales a cambio de información, declaraciones o actuaciones destinadas a perjudicar otras investigaciones.

Qué investiga Pedraz y por qué importa este testimonio

Santiago Pedraz investiga una presunta red que habría tratado de interferir en procedimientos judiciales y policiales con consecuencias para el PSOE, el Gobierno o personas de su entorno. Los informes de la UCO atribuyen a Santos Cerdán una posición de liderazgo y a Leire Díez funciones de coordinación, hipótesis que deberán ser probadas y sometidas a contradicción durante el procedimiento.

Díez, antigua militante socialista, quedó situada en el centro del caso por sus contactos con empresarios, abogados, miembros de la Guardia Civil y personas investigadas en distintas causas. En varias conversaciones habría presentado soluciones judiciales, reuniones con fiscales o posibles ayudas profesionales. Algunas ofertas fueron consideradas poco creíbles por sus propios interlocutores; otras quedaron reflejadas en mensajes, agendas y testimonios que Pedraz intenta ordenar. Un rompecabezas enorme, y no todas las piezas pertenecen necesariamente a la misma caja.

La importancia de la declaración de Álvarez reside en que aporta una confirmación directa: Díez sí intervino en la búsqueda de una fórmula de pago. A la vez, introduce un límite muy concreto: la fórmula fue rechazada y el dinero no llegó al abogado. Para la investigación supone un avance y un freno simultáneos, esa clase de resultado que rara vez cabe en un titular furioso pero suele parecerse bastante a la realidad.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado 22 de junio a 24 años y tres meses de prisión por delitos relacionados con la trama de contratos de material sanitario durante la pandemia y otras actuaciones investigadas en el caso de las mascarillas. Koldo García recibió una condena de 19 años y ocho meses, mientras que Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio.

Una semana que amplía el perímetro judicial

La declaración del exabogado abre una semana especialmente intensa en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene previsto interrogar el jueves 16 de julio, como investigados, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas.

Ambos han sido citados por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, relacionados con las reuniones de González con Leire Díez y con la apertura de actuaciones internas que afectaron a miembros de la UCO. La directora ha negado haber interferido en investigaciones o haber ordenado medidas para perjudicar a la unidad. Será el juez quien deba separar el ruido político de los indicios penalmente relevantes.

El procedimiento también ha incorporado recientemente como investigado a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. La decisión llegó después de que la UCO señalara su relación con Díez y solicitara profundizar en mensajes y actuaciones desarrolladas durante la etapa de ambos en la empresa pública.

El perímetro crece, pero crecer no equivale a probar. Una instrucción puede acumular nombres, teléfonos y miles de mensajes sin que todos desemboquen en responsabilidades penales. De hecho, Pedraz ha retirado la condición de investigadas a dos trabajadoras del PSOE al no apreciar pruebas de que conocieran o compartieran los supuestos objetivos de la trama. También esto conviene contarlo; la presunción de inocencia no debería funcionar únicamente cuando el investigado nos cae simpático.

El dinero no apareció; la intermediación, sí

La declaración de José Aníbal Álvarez deja un resultado bastante preciso. Leire Díez le propuso pagar mediante una sociedad los servicios prestados a José Luis Ábalos. El abogado rechazó la oferta, reclamó que abonara los honorarios su propio cliente y asegura que jamás cobró por aquella defensa.

Por tanto, el testimonio no acredita que el PSOE financiara al letrado. Tampoco destruye la investigación, porque confirma una intermediación considerada significativa por la UCO y añade detalles sobre las reuniones organizadas con Francisco Martínez. Hay menos dinero del que sugería la sospecha inicial, pero más contactos de los que cabría esperar en una relación puramente casual.

Ahora faltan las huellas menos literarias: movimientos bancarios, facturas, contratos e instrucciones. La política española puede sobrevivir durante meses alimentándose de insinuaciones. Un procedimiento penal, por fortuna, necesita algo más sólido. En este episodio el pago sigue sin aparecer, aunque la mano que trató de organizarlo ya tiene nombre.