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¿Quién mató a Preston Davey y cómo falló el sistema de protección?

Preston Davey murió con 13 meses tras sufrir abusos. La sentencia desvela cómo falló el sistema que debía protegerlo desde sus primeros días.

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Quién mató a Preston Davey

Preston Davey murió con apenas 13 meses después de sufrir una sucesión de agresiones físicas y sexuales en la casa de Jamie Varley, el profesor de secundaria que tramitaba su adopción junto a su pareja. La autopsia descartó la versión de un ahogamiento accidental y estableció que el bebé falleció por una obstrucción aguda de las vías respiratorias.

Varley, de 37 años, ha sido condenado a prisión de por vida sin posibilidad de obtener la libertad condicional. John McGowan-Fazakerley, de 32, recibió una pena de 25 años de cárcel por permitir la muerte del niño, maltrato infantil y agresión sexual. La sentencia se pronunció el 18 de junio de 2026 en el Tribunal de la Corona de Preston, en el norte de Inglaterra.

El caso desborda la responsabilidad penal de los dos condenados. Preston había sido examinado por sanitarios, trabajadores sociales y policías durante las semanas anteriores a su muerte. Visitó el hospital tres veces, presentaba hematomas y llegó a sufrir una fractura en un brazo. Hubo señales. Varias. Ninguna se convirtió en una barrera capaz de protegerlo.

Preston había quedado bajo tutela pública cuando tenía cinco días de vida. Durante sus primeros nueve meses con una familia de acogida fue descrito como un bebé alegre, saludable y despierto. El Estado asumió su cuidado para ofrecerle una vida segura; cuatro meses después de confiarlo a la pareja elegida dentro del proceso de adopción, estaba muerto.

Preston Davey murió asfixiado, no ahogado

El 27 de julio de 2023, Varley llevó a Preston al Blackpool Victoria Hospital inconsciente y en parada cardiaca. El personal médico trató de reanimarlo durante cerca de 50 minutos, pero no pudo salvarlo. El niño fue declarado muerto aquella misma tarde.

Varley aseguró que había dejado al bebé durante unos minutos en la bañera y que, al regresar, lo encontró sumergido. La escena descrita no coincidía con las pruebas: Preston llegó al hospital completamente seco, conservaba el pañal y no presentaba señales clínicas compatibles con haber tragado agua.

El examen forense determinó que la causa de la muerte había sido una obstrucción de las vías respiratorias. Los especialistas concluyeron que podía haber sido provocada mediante asfixia o por la introducción de objetos en la boca. No fue un accidente doméstico. Fue un homicidio.

La autopsia documentó alrededor de 40 lesiones traumáticas, algunas recientes y otras anteriores. También encontró una fractura en proceso de curación y evidencias compatibles con abusos sexuales. El cuerpo del niño desmontó, una por una, las explicaciones ofrecidas por Varley.

Una condena excepcional para Jamie Varley

El juez Andrew Turner impuso a Varley una whole-life order, la modalidad más severa de cadena perpetua prevista en Inglaterra y Gales. En la práctica significa que nunca podrá acceder a la libertad condicional y permanecerá encarcelado hasta su muerte.

Esta pena se reserva para delitos de gravedad extrema. El tribunal consideró probado que Varley no solo asesinó a Preston, sino que lo sometió durante meses a maltrato, agresiones sexuales, humillaciones y abandono. También produjo y almacenó fotografías y vídeos considerados imágenes indecentes.

El magistrado señaló que el condenado había utilizado su profesión, su aparente cordialidad y su facilidad para relacionarse como una pantalla. Era profesor, ejercía como responsable de curso y transmitía una imagen respetable. Esa fachada tranquilizó a quienes debían observarlo con desconfianza profesional. El traje social funcionó. Demasiado bien.

Su resentimiento hacia el bebé comenzó a aparecer poco después de que Preston llegara a la vivienda familiar, situada en Staining, cerca de Blackpool. En mensajes enviados a conocidos, Varley se quejaba del cansancio y de las noches sin dormir. Más tarde llegó a comentar a una compañera que sufría pensamientos oscuros relacionados con ahogar o asfixiar al niño.

Los delitos probados contra los dos acusados

Varley fue declarado culpable de asesinato, agresiones sexuales, lesiones graves, crueldad infantil y numerosos delitos relacionados con la creación y distribución de imágenes indecentes. Las pruebas recuperadas de sus teléfonos móviles permitieron reconstruir buena parte de lo ocurrido durante aquellos cuatro meses.

McGowan-Fazakerley no fue condenado por el asesinato, ya que el tribunal consideró que Varley estaba solo con Preston durante los ataques que causaron su muerte. Sí fue declarado culpable de permitir el fallecimiento de un menor, dos delitos de crueldad infantil y una agresión sexual.

Su pena de 25 años refleja que conocía el maltrato, participó en parte de los abusos y no protegió al niño. No era un espectador ajeno a lo que ocurría dentro de la casa. Los vídeos, mensajes y fotografías examinados durante el juicio mostraron una violencia compartida, normalizada entre ambos y escondida detrás de una vida familiar cuidadosamente representada.

La adopción, conviene precisarlo, todavía no había sido completada jurídicamente. Preston vivía con la pareja dentro de un proceso de colocación preadoptiva, bajo la supervisión de los organismos públicos responsables. La distinción legal no altera el fondo: el niño había sido entregado a dos adultos previamente evaluados y considerados aptos para cuidarlo.

Cuatro meses bajo una apariencia de normalidad

Preston nació el 16 de junio de 2022, cuatro semanas antes de la fecha prevista. Cinco días después quedó bajo una orden provisional de tutela del Ayuntamiento de Oldham y fue enviado con una familia de acogida. Allí pasó sus primeros nueve meses.

Los profesionales que lo atendieron durante esa etapa lo describieron como un bebé sano, sonriente y en pleno desarrollo. Sus cuidadores de acogida, Sandra y Paul Cooper, mantuvieron el contacto durante la transición hacia la nueva familia. Sandra Cooper llegó a comunicar a una trabajadora social que tenía la sensación de que algo no iba bien, especialmente después de encontrar dificultades para volver a ver al pequeño.

Jamie Varley y John McGowan-Fazakerley habían sido aceptados como posibles adoptantes por Adoption Now, el organismo regional que presta servicios a varios ayuntamientos británicos. El panel correspondiente aprobó la colocación de Preston en marzo de 2023 y el bebé pasó su primera noche con ellos a finales de ese mismo mes.

Sobre el papel, todo parecía encajar: empleo estable, vivienda, relación consolidada y deseo de formar una familia. El expediente estaba ordenado. La realidad, en cambio, comenzó a torcerse casi desde el principio. La apariencia de normalidad ocultaba un deterioro acelerado.

Pocas semanas después de la llegada de Preston, los teléfonos de los condenados ya contenían imágenes que mostraban hematomas y episodios de maltrato. Varley empezó también a grabar material sexual del niño y a compartir parte de él con su pareja. El daño fue rápido, sostenido y, pese a todo, visible desde fuera.

Tres visitas al hospital y señales desatendidas

En mayo de 2023 se produjo una llamada al número británico de emergencias que fue cortada a los pocos segundos. Cuando el operador devolvió la llamada, la pareja afirmó que se había equivocado de número y que pretendía consultar por unos problemas respiratorios de Preston. Después no respondieron a la llamada médica concertada ni explicaron el episodio al profesional sanitario que acudió al domicilio.

El 25 de mayo, Varley llevó al bebé al hospital con dificultades respiratorias, un supuesto ataque y pérdida de respuesta. Varias enfermeras observaron hematomas en la cabeza. El informe médico mencionó lesiones sin explicación clara e inconsistencias en el relato ofrecido por el adulto.

El equipo de protección infantil del hospital avisó a los servicios sociales y a la policía. Sin embargo, tras las consultas realizadas, las heridas fueron atribuidas a golpes propios de un niño que estaba aprendiendo a desplazarse. La intervención terminó ahí.

Preston regresó al hospital el 30 de junio con fiebre, vómitos, diarrea y nuevos hematomas. Varley mostró un vídeo en el que el bebé tiraba accidentalmente una caja de juguetes sobre sí mismo. La grabación parecía explicar las marcas. Solo más tarde se comprobó que había sido filmada 12 días antes, por lo que difícilmente podía justificar los moratones observados.

La tercera visita se produjo el 6 de julio. Preston tenía una fractura en el codo. Varley ofreció distintas versiones: un incidente en la cuna, un golpe mientras lo colocaba en el asiento del coche o una caída que supuestamente había logrado frenar. Las explicaciones cambiaban según el interlocutor.

La trabajadora social recibió información del hospital, visitó la vivienda y comunicó a la pareja que los médicos no habían expresado preocupación. Al día siguiente, otra profesional observó al niño y dejó escrito que había reflexionado sobre la posibilidad de que existiera un problema oculto, dadas las recientes visitas hospitalarias. Finalmente decidió que no lo había.

La protección quedó fragmentada entre organismos

Cada profesional vio una pieza distinta. El hospital observó lesiones, la policía recibió una comunicación, los trabajadores sociales realizaron visitas y la antigua cuidadora expresó inquietud. Nadie reunió todas esas piezas en una imagen completa. Los fallos de protección no surgieron de un único gesto, sino de una cadena de decisiones pequeñas y desconectadas.

Ese es uno de los principales asuntos que deberá esclarecer la revisión independiente de protección infantil abierta por el Ayuntamiento de Oldham. El procedimiento se inició después de la muerte de Preston, quedó suspendido durante el juicio penal y ha sido reactivado tras el veredicto.

La investigación deberá determinar si se compartió correctamente la información entre servicios sociales, médicos, policía y responsables del proceso adoptivo; también si las explicaciones de Varley fueron aceptadas con demasiada facilidad por su condición de profesor y su imagen de persona educada y colaboradora. Ahí está uno de los agujeros del sistema de protección.

La comisionada para la Infancia de Inglaterra, Rachel de Souza, calificó la muerte de Preston como un fallo del Estado y del sistema de protección. La frase resulta dura, pero difícilmente exagerada: las instituciones retiraron al bebé de su entorno original porque entendían que no estaba seguro y asumieron la obligación de buscarle un hogar protector. El desenlace fue exactamente el contrario.

La revisión de salvaguarda tendrá que precisar responsabilidades, examinar los protocolos y aclarar si la supervisión posterior a la colocación preadoptiva fue suficiente. No bastará con la habitual promesa de aprender lecciones, ese paraguas burocrático que suele abrirse cuando la tormenta ya ha pasado.

Una sentencia máxima y una deuda todavía abierta

La sentencia responde con la máxima dureza disponible a la responsabilidad de Jamie Varley. También reconoce penalmente el papel de John McGowan-Fazakerley. El tribunal ha establecido quién mató a Preston, cómo murió y qué abusos sufrió durante sus últimos meses. La responsabilidad penal está fijada.

Queda, sin embargo, una cuestión institucional que ninguna condena puede encerrar entre barrotes: por qué las señales no activaron una protección efectiva. Tres visitas hospitalarias, una fractura, hematomas repetidos, relatos contradictorios, una llamada de emergencia abandonada, la preocupación de una cuidadora y varias visitas profesionales formaban algo más que una colección de incidentes aislados. Era una alerta sostenida.

Preston era un menor tutelado y, por tanto, un niño especialmente vigilado. Aun así, las distintas administraciones actuaron como compartimentos estancos. Cada aviso pareció desvanecerse al llegar al siguiente despacho, como agua entre los dedos. La protección pública existía en los documentos, pero no alcanzó al niño.

Preston Davey vivió solo 13 meses. Durante nueve fue recordado como un bebé feliz y sonriente. En los cuatro últimos quedó atrapado en una casa donde quienes debían cuidarlo lo maltrataron, mientras quienes debían vigilar su seguridad contemplaban fragmentos de una tragedia sin reconocerla entera. La justicia ha condenado a los culpables; el sistema todavía debe explicar su fracaso.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.