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¿Qué condena reciben los padres del autor de la matanza en Serbia?

Serbia condena a los padres del autor de la matanza escolar de Belgrado y reabre el debate sobre las armas, los menores y la responsabilidad.

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Tribunal Superior de Belgrado
Tribunal Superior de Belgrado

El Tribunal Superior de Belgrado ha condenado a Vladimir Kecmanović a 14 años y seis meses de prisión y a Miljana Kecmanović a dos años y 11 meses. Son los padres del menor que, con 13 años, mató a nueve estudiantes y al vigilante de la escuela Vladislav Ribnikar en mayo de 2023. El fallo, dictado durante la repetición del proceso, aún no es firme y puede ser recurrido.

La sentencia responsabiliza al padre por un delito grave contra la seguridad pública y por desatención y maltrato de un menor. La madre ha sido condenada por este último delito, aunque volvió a quedar absuelta de la acusación relacionada con la posesión ilegal de armas. El adolescente no puede ser juzgado penalmente por la matanza: cuando ocurrió tenía menos de 14 años, la edad mínima de responsabilidad penal establecida por la legislación serbia.

Las penas dictadas en el nuevo juicio

La condena contra Vladimir Kecmanović mantiene exactamente la pena pronunciada en el primer proceso: 14 años y medio de cárcel. Para Miljana Kecmanović, el tribunal ha fijado 35 meses, uno menos que los tres años impuestos inicialmente.

La Fiscalía había reclamado las penas máximas previstas dentro de la acusación: 14 años y 11 meses para el padre y tres años para la madre. El tribunal se ha quedado ligeramente por debajo. Una distancia corta sobre el papel, apenas unos meses, pero suficiente para que la acusación pública haya anunciado su intención de discutir la duración de las penas mediante un recurso.

La defensa sostuvo durante el juicio que no existían pruebas suficientes para atribuir a los progenitores los delitos planteados por la Fiscalía. También puede apelar. Así que la decisión del 18 de junio representa un avance judicial importante, pero no el último folio del expediente. La sentencia no es definitiva.

La condena del padre

El núcleo del caso contra Vladimir Kecmanović está en la custodia de las pistolas que utilizó su hijo. Las armas eran de su propiedad y estaban adquiridas legalmente, pero la legalidad de la compra no resolvía la cuestión esencial: cómo fueron guardadas y por qué un niño pudo acceder a ellas.

El tribunal lo ha considerado culpable de un delito grave contra la seguridad pública, además de la desatención y el maltrato del menor. La Fiscalía defendió que el padre no había almacenado las armas conforme a las exigencias legales y que esa negligencia hizo posible que el adolescente las tomara.

No se le condena por haber disparado ni como autor indirecto de los asesinatos. La responsabilidad penal apreciada es la de sus propios actos y omisiones: tener armas, no impedir eficazmente el acceso del menor y desatender obligaciones básicas de protección y supervisión.

La diferencia jurídica importa. Una tragedia de esta magnitud empuja con facilidad hacia explicaciones absolutas, pero un tribunal debe trabajar con conductas concretas, pruebas y delitos previstos en la ley. En este proceso, la pregunta central no era si los padres podían ocupar el lugar penal del hijo, sino si incumplieron deberes propios de una manera suficientemente grave como para ser condenados.

La acusación sostuvo también que el menor había recibido una atención psicológica y familiar insuficiente. El tribunal consideró probado el abandono necesario para condenar a ambos progenitores por desatención y maltrato. El fallo coloca así la custodia de las armas y el cuidado parental en el mismo paisaje judicial, aunque sean responsabilidades distintas.

La condena de la madre

Miljana Kecmanović ha recibido una pena de dos años y 11 meses por desatención y maltrato de un menor. El tribunal, sin embargo, la absolvió de la parte de la acusación relativa a la posesión ilícita de armas y explosivos.

Su responsabilidad queda circunscrita, por tanto, al comportamiento mantenido respecto a su hijo, no a la custodia material de las pistolas. La reducción frente al primer fallo es mínima —un mes—, pero refleja que el nuevo tribunal volvió a valorar las pruebas después de que la condena anterior fuese anulada.

El proceso no ha establecido una responsabilidad idéntica para los dos progenitores. La pena del padre es mucho mayor porque incorpora el delito contra la seguridad pública relacionado con las armas. La de la madre descansa únicamente en el incumplimiento del deber de cuidado.

Por qué el menor no se sienta en el banquillo

El autor de la matanza tenía 13 años el 3 de mayo de 2023. Al encontrarse por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal, no podía ser procesado ni condenado como un adulto o como un adolescente penalmente responsable. Permanece internado en una institución psiquiátrica especializada para menores.

Esta circunstancia produjo una sensación difícil de digerir entre las familias de las víctimas: quien disparó y causó diez muertes no podía recibir una condena penal. La ley, sin embargo, no permite levantar retrospectivamente la edad de responsabilidad cuando el crimen provoca una conmoción nacional. El horror no modifica el código a mitad del caso, aunque a veces la opinión pública —comprensiblemente— desearía lo contrario.

El procedimiento contra los padres no funciona como un sustituto jurídico del juicio imposible contra el hijo. Examina otras conductas: el acceso a las armas, la supervisión familiar y la protección del menor. Confundir ambos planos convertiría la responsabilidad penal en una herencia automática de padres a hijos, algo incompatible con un sistema basado en actos individuales.

Por qué se tuvo que repetir el proceso

La primera sentencia fue pronunciada en diciembre de 2024. Vladimir Kecmanović recibió entonces 14 años y seis meses de prisión, mientras que Miljana Kecmanović fue condenada a tres años. En noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Belgrado anuló aquellas condenas debido a infracciones procesales y ordenó celebrar un nuevo juicio.

La anulación no equivalía a declarar inocentes a los acusados. Significaba que el procedimiento contenía defectos suficientemente relevantes como para impedir que el fallo se mantuviera. El expediente regresó al Tribunal Superior, las pruebas volvieron a ser examinadas y se escucharon de nuevo los argumentos de la acusación y las defensas.

La resolución conocida es, técnicamente, una segunda sentencia de primera instancia. Una expresión algo enrevesada —la justicia también tiene sus pasillos sin ventanas— que significa que el juicio se ha repetido, pero el nuevo fallo todavía debe superar la posible revisión del Tribunal de Apelación.

La sentencia y el vacío que no puede reparar

La matanza ocurrió en la mañana del 3 de mayo de 2023 en la escuela Vladislav Ribnikar, situada en el distrito de Vračar, en Belgrado. El menor mató inicialmente a ocho alumnos y al vigilante del centro, e hirió a otros cinco estudiantes y a una profesora. Una de las alumnas heridas murió después en el hospital, elevando a diez el número de víctimas mortales.

El adolescente se entregó a la Policía tras el ataque. La dimensión de la matanza, inédita en una escuela serbia, abrió un debate feroz sobre la disponibilidad de armas de fuego, la violencia social, la seguridad en las aulas y la capacidad de los adultos para detectar señales de riesgo. Al día siguiente se produjo otro tiroteo masivo en varias localidades próximas a Belgrado. El país salió a la calle; primero con flores, después con rabia.

Tres años más tarde, el nuevo fallo intenta delimitar la responsabilidad de los adultos que rodeaban al autor. No puede responder a todas las preguntas ni reparar el hueco dejado en diez familias. Una sentencia hace cuentas con la ley; el duelo, en cambio, no entiende de meses, recursos ni tecnicismos.

La decisión envía al menos un mensaje nítido: poseer legalmente un arma no rebaja el deber de custodia ni la obligación de mantenerla lejos de un menor, y la patria potestad no consiste solo en proporcionar techo, colegio y comida. Incluye vigilancia, escucha y límites. Cuando todo eso falla y las consecuencias son irreparables, la omisión también puede terminar ante un juez.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.