¿Quién está detrás del atentado de Cauca con 20 muertos?

El atentado en Cauca deja 20 muertos, 36 heridos y una ruta estratégica rota mientras Colombia señala a las disidencias de las FARC.

El atentado en Cajibío, en el departamento colombiano del Cauca, ha dejado al menos 20 muertos y 36 heridos después de una explosión contra vehículos que circulaban por la Vía Panamericana, en el sector conocido como El Túnel, una carretera esencial que conecta Popayán con Cali. La cifra ha ido subiendo con las horas: Medicina Legal había activado primero labores forenses sobre 19 víctimas, y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, elevó después el balance a 20 fallecidos, 15 mujeres y cinco hombres, todos adultos; entre los heridos hay cinco menores fuera de peligro y tres personas en cuidados intensivos.

Las autoridades colombianas atribuyen el ataque a disidencias de las antiguas FARC vinculadas al Estado Mayor Central, la estructura armada asociada a Iván Mordisco, y señalan especialmente a la red de alias Marlon, identificado como Iván Jacobo Idrobo Arredondo. No se trata de una explosión aislada caída del cielo, como un rayo en tarde seca, sino de una ofensiva más amplia en el suroccidente de Colombia, donde los grupos armados ilegales pelean territorio, rutas de narcotráfico, zonas de cultivo de coca y control social sobre comunidades que, una vez más, ponen los muertos.

Una bomba en la carretera que partió el sábado en dos

El ataque ocurrió el sábado 25 de abril de 2026 en Cajibío, municipio situado a unos 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca. El punto no es menor: la Vía Panamericana no es una carretera secundaria perdida entre montañas, sino una arteria estratégica para el suroccidente colombiano, una cinta de asfalto por la que pasan autobuses, camiones, campesinos, comerciantes, familias, mercancías, café, fruta, miedo y rutina. Allí, en El Túnel, la explosión golpeó un autobús y otros vehículos, destruyó parte de la vía y dejó un cráter de grandes dimensiones en la calzada. La escena posterior tuvo algo de país roto: hierros retorcidos, polvo caliente, gente buscando nombres en medio de la confusión, teléfonos sonando sin respuesta.

La versión difundida por las autoridades apunta al uso de un cilindro cargado con explosivos, un método tristemente conocido en el conflicto colombiano: rudimentario, brutal, barato, impreciso y por eso mismo especialmente peligroso para civiles. El artefacto cayó o fue activado sobre el área donde transitaban o permanecían vehículos, con una onda expansiva suficiente para destrozar automóviles, abrir el pavimento y convertir una carretera de paso en una zona de rescate. La Defensoría del Pueblo ya había advertido ese mismo día de una escalada de ataques con artefactos explosivos y acciones armadas en Cauca y Valle del Cauca, con población civil y corredores de movilidad como blancos directos o daños inevitables de una guerra que siempre promete precisión y casi siempre cobra al azar.

El dato forense añade una capa fría, burocrática, casi insoportable. Medicina Legal movilizó equipos interdisciplinarios de médicos forenses, odontólogos y antropólogos para identificar a las víctimas y facilitar la entrega de los cuerpos a sus familias. Esa frase, “equipos interdisciplinarios”, suena limpia en un comunicado; en realidad habla de cuerpos dañados, de documentos quemados, de familias esperando en una puerta, de la dificultad de poner nombre a lo que la explosión quiso borrar. Entre los fallecidos figura Patricia Mosquera, líder afrodescendiente del Cauca, vinculada al Consejo Comunitario del Puro y al Mecanismo Especial de Consulta de la subregión Alto Patía Norte del Cauca.

La autoría señalada: Iván Mordisco, alias Marlon y el Estado Mayor Central

El Gobierno colombiano y mandos militares han señalado a disidencias de las FARC que no aceptaron o se apartaron del acuerdo de paz de 2016. En concreto, la atribución oficial apunta al entorno de Iván Mordisco, uno de los jefes más conocidos del Estado Mayor Central, y a la columna Jaime Martínez, estructura con presencia en Cauca y Valle del Cauca. En el centro de las acusaciones aparece alias Marlon, presentado por el Gobierno como cabecilla operativo de la ofensiva reciente y objetivo prioritario de las autoridades.

Conviene decirlo sin humo: una atribución oficial no equivale todavía a una sentencia judicial. Pero en este caso el señalamiento encaja con una secuencia de ataques en la región y con el patrón de actuación de estructuras armadas que buscan demostrar capacidad de daño, imponer presencia territorial y castigar al Estado donde lo ven débil. La Defensoría del Pueblo situó estos hechos dentro de un deterioro crítico de la seguridad en el suroccidente colombiano, con estructuras ilegales de la línea de Iván Mordisco operando en zonas donde también hay disputas por control territorial y corredores estratégicos.

El presidente Gustavo Petro endureció el tono tras el atentado y calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”, además de ordenar una intensificación de operaciones militares, seguimiento financiero y mecanismos de persecución internacional. También habló de llevar a los cabecillas ante la Corte Penal Internacional, una fórmula de gran peso político y jurídico que busca sacar el caso del terreno local y colocarlo en el escaparate global de los crímenes graves.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos por información que conduzca a la captura de alias Marlon. La cifra, equivalente aproximadamente a 1,2 millones de euros, tiene una doble lectura: por un lado, muestra la prioridad que el Gobierno quiere dar a la captura del señalado cabecilla; por otro, revela hasta qué punto las autoridades necesitan romper redes de silencio en zonas donde hablar puede costar la vida. En Cauca, la información no circula como en una oficina con aire acondicionado. Circula con miedo, en voz baja, mirando por la ventana.

Por qué Cauca vuelve a ser el mapa de una guerra vieja

Cauca no aparece en esta historia por accidente. Es uno de los territorios donde el conflicto colombiano ha dejado raíces más profundas: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas conviven con economías legales frágiles, presencia estatal intermitente, cultivos ilícitos, pasos hacia el Pacífico y rutas que interesan a quienes mueven droga, armas, dinero y poder. La geografía ayuda al que se esconde y castiga al que resiste. Montaña, selva, carretera, costa relativamente cercana. Un tablero áspero.

Las autoridades y la Defensoría han insistido en que el suroccidente del país vive una presión sostenida por el control de corredores de movilidad y zonas estratégicas. Los grupos armados ilegales compiten en la región por áreas de cultivo de hoja de coca y rutas marítimas y fluviales utilizadas para operaciones de narcotráfico hacia Centroamérica y Europa. Esa es la explicación de fondo, aunque no consuele a nadie: la bomba en la carretera es la traducción sangrienta de una economía criminal que necesita territorio, miedo y obediencia.

El atentado de Cajibío llegó, además, en medio de una cadena de acciones violentas. La Gobernación y la Defensoría hablaron de una situación de orden público agravada por ataques en varios municipios del Cauca, entre ellos Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbío y Patía. También se registraron ataques o intentos con explosivos en el Valle del Cauca, incluidos episodios contra instalaciones militares en Cali y Palmira, y un ataque contra el radar de Santana, en El Tambo, infraestructura vinculada al control del tráfico aéreo.

El mensaje parece diseñado para ser leído por varios destinatarios a la vez: al Estado, para mostrarle capacidad de desestabilización; a las comunidades, para recordarles quién manda de noche; a los grupos rivales, para marcar territorio; y al país entero, para meter ruido político cuando Colombia se aproxima a elecciones generales y presidenciales. La ofensiva llega en un clima ya cargado por la discusión sobre la política de paz total de Petro, sus negociaciones con grupos armados y las críticas de quienes consideran que la estrategia ha dejado espacios de poder a estructuras que nunca se desmovilizaron de verdad.

La Vía Panamericana, algo más que una carretera rota

El golpe en la Vía Panamericana tiene una carga simbólica y práctica. Cuando una organización armada ataca una carretera así, no solo mata a quienes están allí en ese minuto; también corta una rutina nacional. Suspende viajes, encarece mercancías, paraliza ambulancias, rompe planes familiares, deja camiones varados y obliga al Estado a correr detrás de los hechos. La carretera se convierte en un mensaje. Y el mensaje dice: podemos tocar el nervio.

La explosión obligó a intervenir el cráter abierto en la calzada, estimado por el gobernador en unos 200 metros cúbicos, con previsión de restablecer el paso en cuestión de horas. Pero el arreglo del asfalto es la parte rápida, casi la fácil. Lo difícil es devolver confianza a quienes deben volver a montar un autobús por la misma ruta, pasar por el mismo sector, mirar por la ventanilla y fingir que el miedo no está sentado al lado.

Las autoridades regionales decretaron tres días de duelo, anunciaron atención humanitaria, apoyo psicosocial y auxilios funerarios, especialmente para familias de la vereda Pedregosa, donde residían varias de las víctimas. También se adoptaron restricciones nocturnas sobre el uso de motocicletas, reuniones, aglomeraciones y venta o consumo de alcohol. Medidas de emergencia, sí. Pero también parches sobre una herida que no empezó el sábado.

En estos casos, la palabra “víctimas” corre el riesgo de volverse una sábana demasiado grande, una categoría que cubre y borra. Hubo mujeres y hombres concretos, personas que iban en vehículo, que trabajaban, que viajaban, que volvían, que quizá pensaban en asuntos domésticos: una compra, una llamada, una cita, la cosecha, el almuerzo. La violencia política y criminal tiene esa obscenidad añadida: entra en la vida cotidiana sin pedir permiso y luego obliga a todos a hablar su idioma.

La respuesta del Gobierno y la presión sobre la paz total

El atentado coloca al Gobierno de Petro ante una presión inmediata. Su política de paz total nació con una promesa ambiciosa: negociar o someter a grupos armados para reducir la violencia. El problema, visible desde hace tiempo en varias regiones, es que las organizaciones ilegales también negocian con el reloj, con la geografía y con el negocio. Mientras hablan, se rearman; mientras anuncian voluntad, extorsionan; mientras piden reconocimiento político, administran economías criminales. La realidad, siempre tan grosera, no cabe bien en los eslóganes.

Petro ha impulsado negociaciones y ceses intermitentes con guerrillas y otros grupos armados, una estrategia ahora sometida a escrutinio por la escalada violenta. La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de minimizar la violencia y reclama apoyo pleno a Fuerzas Armadas y Policía. La discusión es previsible, incluso necesaria, pero corre el riesgo de convertirse en otro duelo de megáfonos mientras en Cauca siguen enterrando gente.

La respuesta estatal anunciada combina operaciones militares, inteligencia financiera, recompensas y presión judicial internacional. Sobre el papel, suena a despliegue completo. En el terreno, sin embargo, la eficacia dependerá de algo menos vistoso: permanencia institucional, protección real a testigos y líderes sociales, control de carreteras, investigación criminal paciente, presencia civil del Estado y capacidad de impedir que las disidencias vuelvan a llenar el vacío al día siguiente de cada operativo. Porque el helicóptero pasa, la cámara se apaga y el miedo se queda.

La Defensoría ha sido especialmente clara al hablar de fallas de prevención y respuesta institucional en corredores donde las alertas no son nuevas. Esa es una de las partes más incómodas del caso. No basta con condenar la barbarie después de la explosión. Colombia, como tantos países con conflictos enquistados, tiene demasiada experiencia en llegar tarde con flores, discursos y promesas de persecución. La pregunta de fondo no es solo quién puso la bomba, sino por qué el territorio seguía tan expuesto para que esa bomba encontrara carretera, vehículos y civiles.

Un atentado con lectura nacional

El ataque de Cajibío llega en un momento político delicado. Colombia se aproxima a una cita electoral y la seguridad vuelve a ocupar el centro del debate, ese viejo péndulo que el país conoce demasiado bien: paz o mano dura, negociación o ofensiva, Estado social o Estado armado. La trampa está en creer que son opciones puras. En territorios como Cauca, la gente suele pedir algo bastante menos ideológico: que no la maten, que no la extorsionen, que sus hijos lleguen vivos a casa, que una carretera sea una carretera y no una ruleta rusa.

Las disidencias de las FARC no son las FARC de antes, aunque usen parte de su memoria, su gramática y sus mapas. Son estructuras fragmentadas, más criminalizadas, con mando irregular y fuertes incentivos económicos. Algunas conservan discurso político; muchas actúan como empresas armadas de control territorial. La vieja épica revolucionaria, cuando aparece, suele venir ya muy manoseada, como un cartel desteñido sobre una pared llena de impactos. Lo que pesa es el negocio.

Por eso el atentado en la Panamericana no puede leerse solo como una acción militar contra el Estado. Fue un ataque contra civiles, contra movilidad básica, contra una zona donde la población lleva años atrapada entre actores armados y promesas institucionales incompletas. Organismos de derechos humanos han condenado los ataques contra población civil y han pedido investigaciones que garanticen justicia para las víctimas. La fórmula institucional es sobria; el fondo, devastador.

Cauca, después del humo

El atentado de Cajibío deja una fotografía nítida y amarga: 20 muertos, decenas de heridos, una carretera estratégica golpeada, una comunidad en duelo y un Estado obligado a demostrar que sus anuncios no se disuelven cuando termina la rueda de prensa. La autoría señalada mira hacia las disidencias de las antiguas FARC, especialmente hacia la red de Iván Mordisco y alias Marlon, pero la responsabilidad política y social del momento es más amplia: proteger a la población civil, recuperar control territorial sin atropellar a las comunidades y cortar las economías criminales que convierten cada corredor del Cauca en botín.

Lo ocurrido no necesita adornos. Una bomba en una carretera, un autobús alcanzado, cuerpos por identificar, familias esperando. Colombia ha visto demasiadas veces esa escena como para fingir sorpresa, pero no tantas como para permitirse indiferencia. En Cauca, la violencia no volvió; nunca se fue del todo. Solo cambió de uniforme, de siglas, de jefe y de excusa. Y el sábado, en El Túnel, volvió a hablar con su idioma más pobre: el estruendo.