¿Quién es Junts y por qué puede tumbar al Gobierno?

Junts per Catalunya y su palanca: siete diputados inclinan leyes, financiación, amnistía y agenda catalana en Madrid con presión calculada

Junts per Catalunya es un partido independentista catalán —liberal en lo económico, conservador en lo identitario— que hoy ocupa la bisagra del poder en Madrid. Su bancada de siete diputados en el Congreso decidió la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y, dos años después, ha anunciado la ruptura con el PSOE y el bloqueo de la agenda legislativa. La consecuencia es inmediata: sin sus votos (o, al menos, sin su abstención), el Ejecutivo no suma para aprobar leyes, presupuestos y decretos. En la XV legislatura, la aritmética manda y esa aritmética pasa por Junts.

La clave de su influencia no es un secreto: hay fragmentación parlamentaria, el Gobierno está en minoría y la oposición no reúne una mayoría alternativa. Junts ha convertido ese hueco en una palanca para su programa —amnistía, reconocimiento del catalán en la UE, nuevo marco de financiación, traspasos sensibles— y también en un seguro de supervivencia política. Cuando considera incumplidos los pactos, cierra el grifo. Lo hizo en Cataluña en 2022, saliendo del Govern; lo hace ahora en Madrid con una orden clara de su militancia: bloqueo total salvo excepciones acotadas. Con esa presión fuerza mesas de negociación, explora cesiones y reordena el tablero.

Un origen con memoria: del espacio convergente al partido de Puigdemont

Junts no apareció de la nada. Desciende del tronco convergente que gobernó Cataluña durante décadas —la CiU de Pujol y, más tarde, el PDeCAT—, pero cristaliza como partido propio en 2020, cuando Carles Puigdemont rompe definitivamente con el PDeCAT y ordena su espacio bajo unas siglas únicas. Antes, la marca “Junts” se había usado como paraguas electoral en 2017, a toda prisa tras el 1-O y la aplicación del 155. Esa fase líquida dio paso a una estructura estable con liderazgo de Waterloo, una militancia movilizada y cuadros veteranos que conocían tanto el Palau de la Generalitat como las federaciones comarcales.

La identidad se definió con nitidez: independentismo sin ambages, defensa del catalán, una economía proempresa, insistencia en la bilateralidad con el Estado y una idea-fuerza: la “internacionalización” del conflicto. Esa matriz explica su apuesta por un mediador internacional en las conversaciones con el Gobierno central y por la batalla en Bruselas. También su instinto de control organizativo: Junts aprende de la implosión convergente y evita que la marca vuelva a diluirse.

La ruptura con el PDeCAT y el cierre del círculo

El verano de 2020 fue quirúrgico: el entorno de Puigdemont tomó el control orgánico de Junts, se celebró congreso, la marca dejó de ser solo una coalición y pasó a ser el vehículo exclusivo del espacio posconvergente. Hubo fricciones, demandas y ajustes, pero el plan salió adelante. Con ello, Junts se presentó en solitario a las catalanas de 2021 y empezó a levantar su propio andamiaje: secretaría general en manos de Jordi Turull, portavocías de impacto —como la de Míriam Nogueras en el Congreso— y una militancia reclutada a base de círculos locales que hoy le sirven para pulsar el territorio con rapidez.

La salida del Govern en 2022: un giro que acabó en Madrid

Tras las autonómicas de 2021, Junts gobernó con ERC. Fue una cohabitación tensa y corta: en octubre de 2022, la militancia votó salir del Govern de Pere Aragonès. Ese movimiento tuvo doble efecto. En Cataluña, dejó a Junts con las manos libres para fiscalizar al ejecutivo de Esquerra y, más tarde, al de Salvador Illa. En Madrid, le situó como árbitro en un Congreso fraccionado. La jugada se entenderá mejor un año después, cuando sus siete escaños se vuelvan imprescindibles.

Cuántos son y dónde pesan: resultados, mapa y sociología

En las generales del 23-J de 2023, Junts obtuvo siete diputados y alrededor del 11% del voto en Cataluña (algo menos del 2% en el total estatal). Ese “siete” es el número mágico que abre o cierra la legislatura. Un año después, en las catalanas del 12-M de 2024, la candidatura Junts+ subió a 35 escaños y superó a ERC, con Puigdemont como cabeza de cartel. El PSC ganó aquellas elecciones y el 8 de agosto de 2024 el Parlament invistió a Salvador Illa como president, pero Junts consolidó músculo y volvió a disputar la centralidad del independentismo. En Barcelona, el resultado municipal de 2023 lo ilustra: Xavier Trias ganó los comicios, aunque no logró la vara de mando por un giro de alianzas que acabó llevando a Jaume Collboni a la alcaldía.

El electorado de Junts presenta un rasgo identitario claro y un perfil demográfico reconocible. Sobresale entre catalanohablantes, concentra mucho voto en comarcas interiores y Girona, y cuaja especialmente entre mayores de 50 años, con buen anclaje también en franjas jóvenes cuando la oferta agita el orgullo nacional. Sociológicamente es un voto clase media y profesional, con apoyo notable de titulados universitarios, que se siente cómodo con un discurso de eficiencia gestora y de autoafirmación. En el área metropolitana de Barcelona resiste en nichos concretos, aunque compite con menos viento de cola. En 2025, la irrupción de Aliança Catalana —con mensajes identitarios y un discurso duro en inmigración— muerde sobre todo en zonas rurales donde Junts había sido hegemónico, un aviso que la dirección de Puigdemont ha leído con inquietud.

Qué defienden hoy: independencia, catalán en Europa y una financiación con apellido

La independencia se formula como horizonte, no como calendario. Junts habla de “hacer efectiva” la república catalana por vías democráticas y pactadas, con referéndum y mediación internacional. A la vez, ha llenado la agenda de palancas graduales: una amnistía que desjudicialice el procés, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un modelo de financiación “singular” que dote a la Generalitat de capacidad recaudatoria plena, y traspasos que den poder real en servicios críticos como Rodalies.

El capítulo europeo está encallado por un motivo simple: la unanimidad. A pesar de meses de diplomacia, la oficialidad del catalán no ha conseguido el “sí” de los 27. España ha reiterado que seguirá buscando apoyos, pero varias capitales piden evaluar costes de traducción y precedentes. En financiación, la Generalitat y el Gobierno han abierto una vía técnica para que la Agència Tributària de Catalunya pase a gestionar y recaudar grandes impuestos —empezando por el IRPF— con un calendario que aún no está blindado. La oposición reclama igualdad de trato con el resto de autonomías; Junts exige singularidad efectiva, con ordinalidad y reducción del déficit fiscal.

En inmigración, Junts empujó una proposición de ley para que Cataluña asumiera competencias de gestión. La iniciativa generó un choque ideológico y se topó con vetos en el Congreso. El asunto sigue vivo en el debate político y alimenta la dialéctica con Sumar. Para Junts, es un símbolo: si la Generalitat gestiona el IRPF y el tren de cercanías, también debe poder ordenar políticas migratorias en su territorio. Para otros, es una línea roja.

Qué ha conseguido en la práctica: amnistía aprobada, financiación abierta y trenes en marcha lenta

La Ley de Amnistía es el gran hito medible. Se aprobó en junio de 2024 y entró en vigor tras su publicación en el BOE. Su objetivo: cerrar causas penales, administrativas y contables ligadas al procés entre 2012 y 2023. Desde entonces, la aplicación es caso por caso. En varias instancias se han archivado procedimientos; en otros, se ha rechazado la amnistía para malversación al apreciar enriquecimiento o un uso privado de caudales. El Tribunal Supremo ha confirmado esa interpretación en autos que afectan a Carles Puigdemont y otros dirigentes, camino ahora del Tribunal Constitucional. Resultado a día de hoy: la amnistía existe y ha tenido efectos notables, pero su alcance final está pendiente de lo que digan los tribunales en recursos que siguen su curso.

En la agenda europea, el balance es modesto: el catalán ha ganado visibilidad y se han autorizado usos parciales en foros concretos, pero la oficialidad plena permanece bloqueada, con el expediente vivo y España intentando sumar países clave.

En financiación, la novedad es un acuerdo político-técnico que sienta bases para un marco singular. Sobre el papel, la Hacienda catalana tendría la recaudación de impuestos estatales, con especial foco en el IRPF, y se reforzaría la Agència Tributària de Catalunya. Lo que falta: fechas, normas orgánicas y el detalle del reparto que garantice la ordinalidad y reduzca el desfase entre lo que Cataluña aporta y lo que recibe. Junts acusa al Gobierno central de convertir un concierto prometido en una gestión compartida sin potencia real; el Ejecutivo replica que el modelo será singular, pero compatible con la solidaridad y que se desplegará por fases.

En Rodalies, el traspaso integral se acordó a finales de 2023 entre el PSOE y ERC e incluye una empresa mixta con mayoría de la Generalitat. Los usuarios, sin embargo, juzgan por los retrasos, no por los papeles: la mejora del servicio aún no es visible de forma sostenida. Junts lo reivindica como exigencia histórica del conjunto del catalanismo, si bien el mérito formal de ese pacto correspondió a ERC. Otro dossier que medirá resultados reales en el andén y no en las ruedas de prensa.

Quién manda y cómo se ordena: un liderazgo a dos niveles

El rostro de Junts es Carles Puigdemont, eurodiputado y referente estratégico. Desde Waterloo marca el ritmo político y arbitra los giros tácticos. La gestión cotidiana recae en el secretario general Jordi Turull y, sobre todo en Madrid, en la portavoz Míriam Nogueras, una dirigente con discurso directo y manejo quirúrgico del margen parlamentario. Laura Borràs, presidenta del partido en su día y referente simbólico, ha perdido peso tras su condena por prevaricación y falsedad, asunto no amnistiable. Alrededor orbitan cuadros de perfil técnico en economía, seguridad y lengua, con diputados que combinan pragmatismo negociador y defensa de líneas rojas.

Esa arquitectura reproduce la doble alma del partido: una corriente que exige coherencia con el mandato independentista —con retórica dura y poca tolerancia al “pacto por el pacto”— y otra más gestora, que busca rentabilidad institucional y resultados tangibles. La dirección ha conseguido mantener unidad en los momentos clave, como la salida del Govern en 2022 o el voto de ruptura de 2025, avalado por la militancia con porcentajes muy holgados.

El método Junts en el Congreso: palanca, veto y casos contados

El “método Junts” consiste en dos movimientos encadenados. Primero, construir una lista de verificación (amnistía, catalán, financiación, traspasos, inmigración). Segundo, someter cada ley a esa lista. Si hay avances medibles, se abren compensaciones puntuales; si no, veto. La formación ha dejado negro sobre blanco su decisión: no habrá colaboración mientras considere incumplidos los acuerdos firmados. De hecho, ha registrado enmiendas a la totalidad contra una batería de proyectos y ha anunciado vetos selectivos. Salvo excepciones —normas de consenso social o de salud muy acotadas—, el mensaje es inequívoco: legislatura bloqueada.

Ese guion otorga a Junts un doble beneficio. En la escena estatal, lo convierte en actor imprescindible: cada semana se habla de si hay votos o no hay votos. En casa, refuerza la idea de que “sin apretar, no se mueve nada”. Pero también tiene costes: proyecta imprevisibilidad y alimenta el relato de que la supervivencia de la marca —la palanca por la palanca— pesa tanto como los resultados. El equilibrio es delicado y, a veces, ingrato: si la presión falla, paga en credibilidad; si triunfa, otros comparten la foto del logro.

Luces y sombras: lo conseguido, lo pendiente, lo que desgasta

Entre las luces, Junts ha logrado que España y Europa coloquen en su agenda asuntos que parecían inatacables hace un lustro. La amnistía ya es ley y ha aliviado la situación de centenares de personas; la financiación catalana ha saltado del terreno de las promesas a una mesa formal con documentos; el catalán en la UE ya no es una ocurrencia y tiene expediente activo; Rodalies transita hacia un modelo con mando catalán. Y, quizá lo más relevante políticamente, Junts ha certificado que con siete escaños se pueden arrancar compromisos y marcar los ritmos del BOE.

Las sombras son conocidas. La justicia mantiene límites claros a la amnistía en supuestos de corrupción o enriquecimiento, lo que deja a cuadros simbólicos —como Puigdemont— pendientes de la última palabra del Constitucional y da munición a sus adversarios. El balance práctico de Rodalies y de la financiación depende de calendarios que se mueven. Y el crecimiento de Aliança Catalana amenaza feudos rurales que parecían blindados. A eso se suma una crítica persistente: que Junts tiende a tensionar hasta el límite, saliendo del Govern en 2022, amenazando con elecciones implícitamente ahora, y que esa táctica puede quemar puentes necesarios para cerrar lo que reclama.

Propaganda, relato y supervivencia: qué hay detrás del discurso

Junts repite una consigna: “volver la política a la política”. Con ella justifica la verificación internacional, el tono duro en Madrid y la exigencia de plazos escritos. Es, por supuesto, relato —como el de cualquier actor político—, pero no es un cascarón vacío. La ley de amnistía se aprobó, el expediente del catalán está vivo y la financiación ha dado un salto institucional. A la vez, el partido calibra su supervivencia en un ecosistema competitivo: con el PSC en la Generalitat, ERC disputando el nicho soberanista y AC proponiendo una vía aún más identitaria, Junts necesita diferenciarse. El “no pasarán” parlamentario de 2025 es parte de esa diferenciación.

Ese relato, sin embargo, exige resultados. Si al final de la cuenta no hay catalán oficial en la UE, ni ordinalidad en la caja común, ni trenes que lleguen a la hora, el coste lo pagará quien monopolizó la palanca. Junts lo sabe. Por eso habla de verificadores, de anexos con calendarios y de mecanismos que vayan más allá de la foto. En eso se juega la credibilidad con su base, que no es infinita.

Personajes clave y anatomía del poder en Junts

Carles Puigdemont es el vértice. Desde Bélgica, equilibra la estrategia de choque con un pragmatismo adquirido en años de negociación a distancia. Jordi Turull, exconseller, aporta el oficio organizativo y el control de la militancia y los cuadros territoriales. Míriam Nogueras ha mutado en el rostro parlamentario de la firmeza, una dirigente que no rehúye los ultimátums y domina la aritmética del hemiciclo. Laura Borràs, icono para un sector de la base, arrastra una condena que limita su proyección institucional. A su alrededor, un equipo que combina juristas —clave en la batalla de la amnistía—, economistas especializados en financiación autonómica y responsables de política lingüística con agenda en Bruselas. El mensaje de conjunto: orden interno para sostener el choque externo.

Escenarios inmediatos: presupuestos, decretos y la presión del calendario

Con la ruptura formalizada, el Gobierno afronta un sudoku permanente. Cada decreto, una subasta; cada ley, un muro. Los presupuestos son la pieza mayor: sin Junts, la opción de prorrogar cuentas gana peso; con Junts, solo si hay papeles y fechas en financiación, lengua y traspasos. A su vez, Junts camina por una línea fina. Si bloquea todo durante meses, se expone a que el relato vire del “defendemos lo firmado” al “dinamitamos por sistema”. Si abre la mano en medidas sociales o sectoriales, corre el riesgo de que su base lea cesión. Entre la coherencia y el desgaste, ahí juega la partida.

En Cataluña, los barómetros de 2025 dibujan un PSC fuerte y a Junts peleando por consolidar la segunda plaza frente a ERC y el mordisco de AC. La presidencia de Illa avanza en paralelo a la pugna en Madrid, y ese desacople condiciona la estrategia de Puigdemont: cuanto más sólido sea el Govern socialista, más necesitará Junts demostrar que su presión en el Congreso obtiene contrapartidas específicas para Cataluña.

Aritmética y estrategia: el nudo del momento

La respuesta a por qué de Junts depende el Gobierno cabría en una pizarra: siete escaños que inclinan la balanza en una Cámara sin mayorías naturales. Pero un análisis serio obliga a levantar la mirada de los números. Junts es heredero de una tradición de gobierno, producto del paréntesis traumático del procés y consecuencia de la fragmentación política española. Su fuerza reside en la capacidad de condicionar sin ocupar ministerios, de transformar exigencias programáticas en cláusulas de acuerdos y de convertir cada debate en una prueba de cumplimiento. El coste es evidente: una imagen de dureza que a veces bordea la intransigencia y un nivel de expectativas que puede atropellar la realidad.

El tablero de noviembre de 2025 deja, por tanto, una ecuación abierta. La amnistía avanza entre resoluciones judiciales; la financiación se discute con borradores sobre la mesa; la oficialidad del catalán choca con vetos en Bruselas; el traspaso de Rodalies pone a prueba la paciencia de los usuarios. Y Junts, que se ha reservado el papel de árbitro en Madrid, necesita que al final del camino haya hechos que enseñar: causas cerradas, impuestos recaudados desde la Generalitat, carteles de tren con menos retrasos y un expediente europeo que pase de pendiente a aprobado. Si eso ocurre, su método se verá refrendado; si no, la palanca parecerá mero espectáculo.

Hasta entonces, el guion es nítido: el Gobierno no legislará con facilidad sin Junts; Junts no cederá sin concesiones fechadas y medibles. Entre la aritmética y la estrategia, ahí se decide la legislatura. Y, como siempre en política, ese empate no durará para siempre. O se mueve una ficha —y se activa el intercambio— o se acabará moviendo el propio tablero. En ambos desenlaces, Junts ha demostrado que ha venido a jugar hasta el último minuto. Y que, mientras la Cámara se lo permita, seguirá decidiendo el resultado del partido.