Begoña Gómez: apoyos, acusaciones y una causa aún abierta

La causa contra Begoña Gómez ha llegado a la apertura de juicio oral, pero no a una sentencia: el juez Juan Carlos Peinado ha acordado que se la juzgue ante un jurado popular por presunto tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio que el procedimiento siga adelante por esos dos delitos y retiró las medidas cautelares que le impedían salir de España. Gómez no ha sido condenada y la responsabilidad penal sigue pendiente de juicio.

En el plano político, Pedro Sánchez, el PSOE y buena parte de los socios progresistas del Gobierno la respaldan y cuestionan la instrucción; el PP y Vox sostienen que el caso refleja una trama de privilegios y exigen responsabilidades. Entre ambos relatos están las decisiones de los tribunales, los informes policiales y periciales, y una Fiscalía que pide la absolución. Ese choque entre hechos aún discutidos y consecuencias políticas ya visibles explica por qué la causa se ha convertido en algo más que un expediente judicial.

Qué se investiga y en qué punto está la causa

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió diligencias el 16 de abril de 2024, después de recibir una denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno. El escrito se apoyaba en informaciones periodísticas y señalaba, entre otros asuntos, la actividad profesional de Gómez, sus contactos con el empresario Juan Carlos Barrabés y la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La Fiscalía pidió archivar la denuncia al considerar que no ofrecía base jurídica suficiente. La apertura de una investigación no equivale a una declaración de culpabilidad: sirve para comprobar si hay indicios que deban examinarse.

Con el avance de la instrucción, el foco se desplazó entre varias líneas: las cartas de recomendación vinculadas a contratos públicos de empresas relacionadas con Barrabés, el funcionamiento de la cátedra y un programa informático desarrollado en ese entorno, además de las gestiones de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa. El juez incorporó distintos delitos a la investigación, pero algunas acusaciones no han llegado a la fase de juicio. La delimitación más reciente de la Audiencia dejó fuera la apropiación indebida y la corrupción en los negocios, además de apartar a Barrabés del juicio principal.

El 21 de septiembre de 2026, Peinado abrió juicio oral contra Gómez y Álvarez. La acusación contra Gómez se limita ahora al presunto tráfico de influencias y la malversación; Álvarez será juzgada por su posible cooperación necesaria en la malversación relacionada con el software. La Audiencia había confirmado en julio que el caso debía continuar por esos delitos, aunque revocó la retirada del pasaporte y las demás restricciones impuestas por el instructor. La fecha de la vista no figura todavía en la información disponible.

Una investigación con informes y decisiones en sentidos distintos

Una parte central del expediente examina las adjudicaciones públicas a empresas relacionadas con Barrabés. En 2024, informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no encontraron indicios delictivos ni pruebas de que Gómez hubiera favorecido al empresario o influido en el rescate de Air Europa. La Audiencia Provincial pidió que la investigación se centrara en las adjudicaciones vinculadas a Barrabés y dejara al margen la operación de la aerolínea. Ese primer resultado policial no cerró el caso, pero sí contradijo algunas de las sospechas iniciales.

La información posterior añadió elementos diferentes. En 2025, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado detectó un incumplimiento de la normativa de contratación en una adjudicación de Red.es a Innova Next, empresa vinculada a Barrabés, y señaló irregularidades en otros contratos. Otro informe trasladado a la Fiscalía Europea sostuvo que la valoración de cartas de recomendación habría beneficiado a determinadas ofertas. En 2026, la UCO examinó comunicaciones internas sobre adjudicaciones de Red.es y describió indicios de irregularidades en los procedimientos. Son hallazgos que deben leerse como resultados de informes incorporados a investigaciones, no como una condena firme ni como prueba de que Gómez cometiera un delito.

La Fiscalía Europea también asumió parte de las pesquisas relacionadas con contratos que podían afectar a fondos de la Unión Europea y citó a Barrabés como investigado en una investigación propia. Esa vía no es idéntica al procedimiento principal contra Gómez: las competencias y los hechos examinados pueden diferir. A la vez, la Universidad Complutense comunicó al juez que había gastado 113.509,32 euros en el desarrollo del software y se personó como perjudicada, mientras las defensas sostienen que la institución no sufrió un daño económico. El desacuerdo sobre quién financió, controló y podía usar el programa es uno de los nudos todavía por resolver.

Quién la arropa y qué sostiene cada apoyo

El respaldo más directo procede de Pedro Sánchez, que ha defendido públicamente a su esposa y ha presentado el procedimiento como parte de una ofensiva política contra su entorno. Esa posición marcó la respuesta del PSOE, cuya dirección ha cerrado filas con Gómez y ha cuestionado la actuación del juez. El presidente también compareció como testigo en La Moncloa y se acogió a su derecho a no declarar contra su cónyuge. El apoyo familiar y partidista se convirtió pronto en una interpretación política del caso: para Sánchez y los socialistas, el objetivo último sería debilitar al jefe del Ejecutivo.

Varios miembros del Gobierno han reforzado esa lectura, aunque con distintos tonos. Félix Bolaños y Óscar Puente han criticado la instrucción y la forma en que se ha conducido, mientras otros cargos socialistas han insistido en que las acusaciones no están probadas. La defensa de Gómez ha sostenido que el juez desplegó una investigación prospectiva, es decir, que amplió las pesquisas sin partir de indicios concretos suficientes. Es una crítica de la defensa, no una conclusión judicial definitiva sobre la legalidad de toda la instrucción.

Sumar y Podemos también han cuestionado el proceso y, en el caso de Podemos, han utilizado el concepto de lawfare para describir lo que consideran una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Ese apoyo no elimina los matices: los socios del Gobierno pueden denunciar una persecución y, al mismo tiempo, reclamar mayor transparencia cuando se mezclan actividades privadas con recursos o espacios institucionales. Arropar a Gómez en el terreno político no implica que todos sus aliados compartan sin reservas cada decisión del PSOE ni que puedan anticipar el resultado judicial.

La defensa jurídica y el apoyo político son planos distintos. El abogado de Gómez ha pedido su absolución y sostiene que los hechos investigados no constituyen delitos; la Fiscalía también ha solicitado la absolución de Gómez, Álvarez y Barrabés en su escrito de conclusiones de julio de 2026. En cambio, la acusación popular unificada pide una condena de 13 años para Gómez y reclama penas para Álvarez. La distancia entre esas posiciones muestra que el caso aún está abierto a una discusión probatoria que corresponde al tribunal y al jurado, no a los partidos.

PP y Vox mantienen la presión política

El Partido Popular ha convertido el caso en uno de sus principales argumentos contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la investigación con la responsabilidad política del presidente y con la necesidad de aclarar posibles conflictos entre la actividad de Gómez y su posición como esposa del jefe del Gobierno. El PP promovió además una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la cátedra y su funcionamiento. Para los populares, la cuestión no se agota en si hay condena: también afecta a la confianza y a la apariencia de imparcialidad en el uso del poder.

Vox ha adoptado una posición más combativa y se ha personado en distintas fases como acusación popular, junto con otras organizaciones. Su discurso presenta el caso como una prueba de corrupción del Gobierno y de un sistema de favores. Esa retórica política va más allá de lo que los tribunales han establecido hasta ahora: en el procedimiento principal no hay una condena que confirme esas afirmaciones. Una acusación pública, por contundente que sea, no sustituye la prueba que debe examinarse en juicio.

Las acusaciones populares han tenido un papel visible desde el comienzo, pero no todas las organizaciones han permanecido en la causa de la misma forma. Manos Limpias inició el proceso con una denuncia basada en recortes de prensa; su abogado renunció a representarla en noviembre de 2025 y argumentó que el procedimiento se había convertido en una controversia política. La Audiencia también retiró a Barrabés del juicio principal y redujo los delitos que se juzgarán. Estos cambios procesales impiden tratar la causa como un bloque inalterable desde su origen.

Por qué se habla de lawfare y qué permite afirmar el expediente

Lawfare se emplea aquí como una acusación política: la idea de que herramientas judiciales se utilizan para perjudicar a un adversario o erosionar a un Gobierno. Quienes aplican ese término al caso señalan el origen de la denuncia, el uso intensivo de la investigación en la disputa partidista y las decisiones del juez que fueron recurridas o corregidas por instancias superiores. La defensa y dirigentes socialistas también han criticado la amplitud de algunas diligencias. Esos elementos alimentan el debate sobre una posible instrumentalización, pero no prueban por sí solos una conspiración judicial.

La historia procesal ofrece motivos para examinar con cuidado la actuación del instructor. La Audiencia Provincial delimitó el alcance de la investigación y, en distintos momentos, revocó imputaciones o decisiones procesales por falta de fundamento o motivación suficiente. El Tribunal Supremo rechazó investigar al ministro Bolaños porque no apreció respaldo indiciario para hacerlo. También se archivó la causa contra la secretaria general de Presidencia después de que declarara que la asesora no dependía de ella. Que un tribunal corrija una resolución no demuestra automáticamente que el juez actuara por motivos políticos; sí forma parte del balance que debe tenerse en cuenta al valorar la instrucción.

La interpretación contraria subraya que el procedimiento no desapareció y que los tribunales permitieron que siguiera adelante en algunos de sus aspectos. La Audiencia avaló la continuación de determinadas pesquisas y, en julio de 2026, confirmó que Gómez y Álvarez fueran a juicio por tráfico de influencias y malversación. Además, informes posteriores de organismos públicos detectaron cuestiones que siguen bajo examen. La existencia de una fase de juicio no certifica culpabilidad, pero tampoco permite presentar toda la investigación como un expediente ya anulado.

Por eso, las dos etiquetas absolutas se quedan cortas. No hay una sentencia que confirme las acusaciones de corrupción, y la Fiscalía pide la absolución; tampoco es exacto decir que todo el caso haya sido archivado o que ninguna instancia judicial haya visto razones para continuar. La cuestión central se decidirá con pruebas y argumentos sobre hechos concretos, mientras la discusión sobre el uso político del proceso pertenece a otro plano.

El coste institucional de mezclar justicia y combate partidista

La causa también se convirtió en un pulso entre el Gobierno y el juez instructor. En julio de 2024, Sánchez declaró como testigo en La Moncloa y se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa. Ese mismo día, la Abogacía del Estado presentó una querella contra Peinado por prevaricación en representación del presidente. Gómez presentó otra querella, que no fue admitida por la Fiscalía Superior de Madrid. Los recursos y las querellas forman parte del recorrido judicial, pero su lectura pública quedó rápidamente absorbida por la confrontación política.

Las críticas a Peinado llegaron también al Consejo General del Poder Judicial, que examinó varias quejas sobre su actuación. Una de las más controvertidas se relacionó con el razonamiento empleado al valorar el riesgo de fuga y la posibilidad de que los escoltas de Gómez pudieran ayudarla a salir del país. La Audiencia retiró las medidas cautelares y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó después una queja disciplinaria sobre esas palabras. El episodio mostró cómo una decisión procesal puede abrir un debate institucional sobre el lenguaje judicial y la confianza en la Policía.

Al mismo tiempo, atacar públicamente a un juez desde el Gobierno plantea una preocupación distinta de la solidez de sus resoluciones. La independencia judicial exige que las decisiones se recurran por las vías previstas, pero no vuelve intocable a un instructor ni impide criticar sus actuaciones con argumentos. El equilibrio importa en las dos direcciones: preservar la crítica legítima y evitar que una causa se convierta en un juicio político paralelo.

Una causa abierta y una reputación ya sometida a juicio público

El proceso ha recorrido más de dos años entre informes policiales, recursos, nuevas líneas de investigación y cambios en los delitos atribuidos. En septiembre de 2026, el juicio oral se abrió finalmente por dos acusaciones contra Gómez, no por las cuatro que el juez había planteado al proponer inicialmente su procesamiento. La Fiscalía pide la absolución, la acusación popular reclama penas de prisión y la Universidad Complutense plantea una reclamación económica si se acredita un perjuicio. Esas posiciones deberán contrastarse en la vista, donde la diferencia entre sospecha, indicio y prueba tendrá consecuencias concretas.

Mientras tanto, el daño político no espera al veredicto. Para los partidarios de Sánchez, la causa ejemplifica el uso partidista de la justicia; para sus adversarios, revela una cercanía problemática entre poder, actividad privada y recursos públicos. Cada bloque tiende a presentar su interpretación como un hecho cerrado, aunque el expediente conserva zonas discutidas y la decisión final sigue pendiente. La prudencia no consiste en fingir que el caso carece de importancia, sino en no confundir el impacto público con una condena penal.

La respuesta más sólida, por ahora, es menos rotunda que los lemas: hay una controversia política de gran alcance y un procedimiento judicial que continúa, pero no una culpabilidad establecida. También hay decisiones judiciales que han corregido aspectos de la instrucción y otras que han permitido que dos acusaciones lleguen a juicio. El tribunal tendrá que resolver los hechos; la calidad del debate público dependerá de que nadie convierta esa tarea en una sentencia dictada de antemano.