¿Escándalo o lawfare? Quién arropa a Begoña Gómez

El caso Begoña Gómez divide a España entre sospechas, apoyos y acusaciones de lawfare en una batalla política que erosiona a Sánchez a fondo.

Begoña Gómez no ha sido condenada, ni siquiera está aún ante una sentencia que cierre el caso, pero la investigación ha entrado en una fase bastante más áspera que la del simple ruido político. El procedimiento ya no vive solo de titulares, filtraciones y bronca parlamentaria. Vive también de un dato pesado, incómodo, casi de plomo: el juez ha decidido seguir adelante y procesarla por cuatro presuntos delitos. Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene su rechazo a la solidez del caso y el Gobierno insiste en que la instrucción se ha inflado hasta rozar lo extravagante. Ahí está el nudo. No hay una verdad judicial definitiva, pero sí una batalla política, mediática y simbólica de primer orden.

Quien está a su lado se reconoce sin esfuerzo: Pedro Sánchez, el núcleo duro del PSOE, varios ministros y una parte relevante del bloque que sostiene al Ejecutivo. Quien no lo está, también: PP y Vox han encontrado en este asunto una de las piezas más rentables para desgastar al presidente. Luego queda un tercer espacio, menos gritón, aunque decisivo, donde se mueven fiscales, jueces, juristas y observadores que no compran del todo ni la absolución sentimental del Gobierno ni la condena anticipada de la oposición. Y fuera de ese ring, la gente. La calle. Un país fatigado, dividido, con un oído puesto en los tribunales y otro en el espectáculo, sin saber a veces dónde acaba una cosa y empieza la otra.

Lo que se sabe de verdad

Lo primero conviene dejarlo limpio, sin perfume y sin pancarta. El caso ha avanzado porque el juez instructor sostiene que existen indicios suficientes para sentar a Begoña Gómez ante un juicio por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Esa es la fotografía procesal. No una sentencia. No una condena. No una absolución. Una fotografía, seria, sí, pero provisional. Y ese matiz importa mucho más de lo que parece en un país donde la mitad del debate público se hace a golpe de eslogan y la otra mitad a golpe de sospecha.

El foco judicial se ha ido posando sobre varios terrenos al mismo tiempo: la relación entre la actividad profesional de Gómez y su posición como esposa del presidente, el uso de una asesora pagada con fondos públicos, la captación de patrocinios para una cátedra vinculada a la Universidad Complutense, el registro de un software desarrollado en ese entorno y el papel de determinados empresarios y colaboradores. A partir de ahí, el juez ha construido una tesis según la cual habría existido un aprovechamiento impropio de una posición de influencia institucional. Eso es lo que afirma la instrucción.

Ahora bien, la otra mitad del retrato no es menor y además rompe la comodidad del relato simple. La Fiscalía ha pedido el archivo en varias ocasiones y las defensas han insistido en que la causa no se sostiene con la fuerza penal que pretende el instructor. Incluso durante el recorrido de la investigación se han ido cayendo o debilitando algunas piezas que parecían llamadas a tener gran impacto. No es un asunto marginal. Cuando el ministerio público insiste en que no ve base suficiente y cuando órganos superiores corrigen decisiones del juez, la discusión deja de ser un intercambio de consignas y entra de lleno en algo más delicado: si estamos ante un caso sólido o ante una instrucción demasiado expansiva, demasiado ambiciosa, demasiado elástica.

Una causa judicial y un problema político

Lo penal y lo impropio no siempre coinciden

Aquí está una de las claves que más se pierden cuando el debate se llena de fanáticos con traje o con avatar. Una cosa es el escándalo penal y otra el escándalo político. Pueden cruzarse, sí. A veces se alimentan, se reflejan, se agrandan. Pero no son exactamente lo mismo. Una conducta puede resultar jurídicamente irrelevante o insuficiente para condenar y seguir siendo políticamente tóxica. Y también puede pasar al revés: una investigación puede tener apariencia grave y acabar desinflándose cuando llega la hora de probar, no de insinuar.

En el caso de Begoña Gómez, incluso quienes consideran que la causa ha sido hinchada admiten algo evidente: su actividad profesional se desarrolló en una zona de altísima sensibilidad institucional. No se trata de una profesora cualquiera, ni de una empresaria anónima, ni de una figura sin conexiones con el centro del poder. Es la esposa del presidente del Gobierno. Esa condición no convierte automáticamente nada en delito, faltaría más, pero convierte cualquier gestión, cualquier reunión, cualquier patrocinio y cualquier sombra en materia inflamable.

Y ahí es donde empieza el problema político. Aunque todo terminara cayéndose, aunque el procedimiento acabara reducido a ceniza jurídica, seguiría habiendo una cuestión de fondo relacionada con la apariencia de privilegio, la confusión de papeles y la falta de un perímetro claro entre la esfera institucional y la esfera profesional. En democracias maduras, eso se corrige con transparencia temprana, con cortafuegos, con rendición de cuentas fría. Aquí se ha corregido, como casi siempre, con una mezcla de silencio, trincheras y espectáculo. Después llegaron el juzgado, los argumentarios y el barro. El orden de los factores, a veces, sí altera el desastre.

La instrucción que divide incluso a quienes no simpatizan con Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado no solo ha tomado decisiones de gran impacto político; también ha acumulado críticas por la forma de conducir la instrucción. Parte de esas críticas vienen del Gobierno, lo cual era esperable. Otras han llegado desde el ámbito jurídico, y ahí el asunto cambia de temperatura. Se ha discutido la amplitud de algunas diligencias, la motivación de determinadas resoluciones y el tono mismo de algunos autos. No es habitual que una instrucción de este calibre genere a la vez tanta munición para la oposición y tanta desconfianza técnica sobre su arquitectura.

Ese detalle es central porque impide cerrar el relato con una frase cómoda. No basta con decir que todo es lawfare. Tampoco basta con decir que todo está probado. Entre ambas caricaturas hay un terreno más áspero y bastante más real: una causa que ha sobrevivido, sí, pero no sin tropiezos; una investigación que avanza, sí, pero no sin correcciones; un caso que produce desgaste político automático, pero cuya consistencia penal sigue discutida incluso por quienes no tienen ningún interés en salvarle la cara al sanchismo.

Quién está a su lado

Pedro Sánchez y el cierre de filas del PSOE

El principal sostén de Begoña Gómez ha sido, naturalmente, Pedro Sánchez. No ha optado por la distancia institucional ni por esa frialdad teatral que a veces se ensaya en política cuando el círculo íntimo entra en apuros. Ha hecho justo lo contrario: ha defendido la inocencia de su esposa de forma pública, reiterada y nítida. Eso ha arrastrado al PSOE a una estrategia de cierre de filas casi total. No hay matices visibles en la dirección socialista. No hay un “esperemos”, no hay un “veremos”, no hay un “prudencia”. Hay respaldo político cerrado y la convicción expresada una y otra vez de que la causa terminará derrumbándose.

Ese apoyo no se limita a una defensa emocional o familiar. Se ha construido también un relato político: el de una operación destinada a golpear a Sánchez a través de su entorno. El sanchismo considera que el caso desborda la legalidad ordinaria y se inserta en una dinámica más amplia de hostigamiento judicial, mediático y político. Dicho de forma menos académica, creen que no están persiguiendo solo a Begoña Gómez, sino intentando herir al presidente en una zona íntima para erosionarlo donde más duele. Es una lectura que el PSOE da por buena y que repite con una disciplina casi militar.

Ministros como Félix Bolaños, Óscar Puente o Elma Saiz han reforzado esa tesis con distintos tonos. Unos han sido más duros contra el juez. Otros han preferido insistir en la falta de base penal y en la expectativa de que instancias superiores corrijan el rumbo. Pero el fondo es el mismo: consideran que la instrucción está contaminada por un exceso impropio, por una lógica política que se ha colado en el sumario. Cuando un Gobierno llega a hablar así de un juez, la fricción institucional deja de ser una anécdota y pasa a formar parte de la noticia.

Los aliados que la respaldan sin regalar cheques en blanco

A la izquierda del PSOE, el apoyo existe, aunque con sus matices. Sumar ha cuestionado la investigación y ha sugerido que la causa arrastra defectos serios de garantías y de proporcionalidad. Podemos, más directo, ha utilizado sin rodeos la palabra lawfare y la ha convertido en su marco interpretativo principal. Para ese espacio, lo que ocurre con Begoña Gómez encaja en una secuencia más amplia donde los aparatos judiciales y mediáticos son usados para desgastar a gobiernos progresistas o a figuras incómodas del poder político.

Pero ni siquiera ahí hay una ingenuidad total. Algunos aliados del Ejecutivo, incluso mientras denuncian una operación de acoso, deslizan que el PSOE tampoco ayuda demasiado cuando se trata de aclarar con limpieza las zonas grises de su entorno. Traducido: puede haber guerra sucia, sí, pero también una cultura política deficiente para blindarse frente a conflictos de interés, apariencias dudosas o mezclas de roles. Ese doble plano —defensa frente al procedimiento y reproche implícito por la gestión de la imagen pública— explica bastante bien por qué el bloque de apoyo a Begoña Gómez no es exactamente homogéneo. La arropan, sí. No todos la absuelven con la misma fe.

Quién no está con ella

PP, Vox y la oportunidad perfecta

En el otro extremo, la posición del PP y de Vox ha sido frontal desde el principio, aunque no idéntica. El Partido Popular ha intentado colocarse en el registro de la gravedad institucional: respeto a la justicia, preocupación por la erosión de la imagen del Gobierno y denuncia de lo que considera un clima de privilegio alrededor de Pedro Sánchez y su entorno. Alberto Núñez Feijóo ha utilizado el caso para insistir en la idea de que el presidente ha llevado a España a una degradación política constante, donde los problemas personales y los problemas públicos ya no se distinguen con claridad.

Vox, mientras tanto, ha optado por el tono que mejor domina: el del derribo total. Para el partido de Santiago Abascal, el caso no es un síntoma ni un episodio, sino casi la confirmación moral de todo lo que lleva años denunciando sobre el sanchismo. La palabra “mafia”, los paralelismos sombríos, las descripciones de un poder encerrado en sí mismo, autosatisfecho, blindado… toda esa escenografía forma parte del repertorio. No es solo una crítica jurídica. Es una narrativa de régimen. Y en esa narrativa, Begoña Gómez aparece como una pieza más de un sistema de favores y abusos.

Sería ingenuo fingir sorpresa. La oposición hace oposición y, en este caso, tiene delante una imagen potentísima: la esposa del presidente investigada, luego procesada, en un sumario que habla de influencias, dinero público, negocios y poder. Aunque parte de la causa terminara agrietándose, el impacto político ya existe. Y la oposición lo sabe. No está analizando un caso; está explotando una ocasión. En política, la frontera entre ambas cosas suele ser apenas una cortina de humo.

La judicatura corporativa no arropa a Gómez, pero tampoco al Gobierno

Hay un tercer frente que conviene no meter en el mismo saco. Las asociaciones judiciales y sectores del gobierno de los jueces no se han alineado con Begoña Gómez, ni mucho menos, pero tampoco se dejan instrumentalizar del todo por el argumentario de la oposición. Lo que han hecho, sobre todo, es reaccionar con dureza ante los ataques del Ejecutivo al juez instructor. El mensaje de fondo es claro: las resoluciones judiciales se combaten con recursos, no con descalificaciones públicas pronunciadas desde un ministerio.

Ese posicionamiento no equivale a decir que la causa sea impecable ni que todo lo que hace el instructor merezca aplauso. Equivale a otra cosa: a recordar que la separación de poderes no se defiende a conveniencia, solo cuando toca. En ese punto, la figura de Begoña Gómez casi desaparece y lo que emerge es otro conflicto, más institucional, más espeso: hasta dónde puede llegar el Gobierno en su crítica a los jueces cuando considera que una instrucción tiene motivación política. Es un asunto serio, de esos que no hacen tanto ruido en redes pero dejan cicatriz larga en el sistema.

Lo que piensa la gente

Más cansancio que certidumbre

La ciudadanía no está leyendo este caso como un tribunal compuesto por juristas serenos con café y tiempo libre. Lo está leyendo como una sociedad exhausta, polarizada, acostumbrada a que cada escándalo llegue ya empaquetado con relato de fábrica. Una parte de los votantes de derechas interpreta el caso como la prueba de que el poder socialista vive en una burbuja de privilegio. Una parte de los votantes de izquierdas lo ve como otro ejemplo de hostigamiento contra el presidente. Y en medio queda un segmento amplio, menos ideologizado o simplemente más quemado, que no sabe si está asistiendo a la revelación de un abuso real o a una pelea más del ecosistema político-judicial español.

Eso no significa indiferencia. Significa desconfianza distribuida. Mucha gente no cree del todo al Gobierno, pero tampoco confía ciegamente en la oposición. No compra sin más la retórica judicial, aunque tampoco traga con que toda causa incómoda sea una conspiración. Y ese clima —espeso, descreído, muy español en el peor sentido— es el que convierte el caso en algo especialmente venenoso. Porque cuando las instituciones pierden credibilidad compartida, cualquier investigación de este calibre deja de dirimirse solo en los tribunales y empieza a juzgarse también en la imaginación pública.

En los sondeos generales sobre preocupaciones ciudadanas, la corrupción y el mal comportamiento de los políticos siguen apareciendo como un mal de fondo que no desaparece. No siempre ocupa el primer puesto, ni monopoliza la atención, pero está ahí, como una humedad vieja en la pared. Y un caso como este activa automáticamente esa memoria colectiva. No hace falta que el ciudadano conozca cada auto, cada diligencia o cada matiz procesal. Le basta con reconocer el patrón: poder, cercanía, dinero, sospecha. Lo demás lo rellena solo.

La apariencia pesa casi tanto como la prueba

En términos de opinión pública, el gran problema de Begoña Gómez quizá no sea únicamente lo que un tribunal pueda concluir más adelante, sino la potencia simbólica de la escena. En España, la idea de que alguien próximo al poder pueda moverse en una zona privilegiada, aunque sea sin condena, tiene una fuerza devastadora. El país viene de décadas en las que demasiados escándalos empezaron siendo “malentendidos” antes de convertirse en condenas y demasiados otros acabaron en nada tras meses de titulares apocalípticos. Esa experiencia acumulada ha dejado una ciudadanía desconfiada de todo y de todos.

Por eso el caso genera un efecto raro. No produce necesariamente una certeza mayoritaria sobre la culpabilidad penal, pero sí alimenta una intuición de anomalía, de opacidad, de mezcla impropia entre lo público y lo privado. Y esa intuición es suficiente para hacer daño político durante mucho tiempo. La justicia puede tardar, corregir, matizar, incluso desmontar. La percepción pública, en cambio, suele quedarse con una imagen. Una sola. En este caso, la imagen ya existe y no favorece a La Moncloa.

¿Escándalo verdadero o lawfare?

La respuesta menos cómoda es la más seria

La respuesta más rigurosa no cabe en una consigna, y por eso enfada a casi todo el mundo. Escándalo político, sin duda, sí. Porque el caso afecta al círculo más íntimo del presidente, porque proyecta una imagen de cercanía entre poder e intereses privados y porque el simple hecho de haber llegado hasta aquí ya ha provocado un deterioro evidente de la confianza pública. Hay escándalo en el sentido fuerte del término: una perturbación del orden político, una grieta en la credibilidad, una sospecha instalada. Eso ya ha ocurrido. No hace falta esperar a la última sentencia para verlo.

Pero escándalo penal probado, no. Al menos no todavía. A día de hoy, no existe una condena ni una verdad judicial cerrada. Sigue habiendo una disputa seria sobre la solidez de la instrucción, sobre el valor de los indicios, sobre la proporcionalidad de algunas diligencias y sobre el alcance real de los hechos investigados. Quien presente el caso como una corrupción ya certificada está vendiendo una certeza que no existe.

¿Y lawfare? La palabra no debería usarse como una estampita mágica, pero tampoco puede despacharse con una risita. Hay elementos que permiten entender por qué una parte de la izquierda y algunos juristas hablan de ello: el origen político de la denuncia, el uso intensivo del caso para golpear al presidente, la expansión de la instrucción, las correcciones judiciales a algunas decisiones del instructor, el tono de ciertos autos y la sensación de que la causa ha servido como gran artefacto de desgaste. Eso no equivale a probar una conspiración judicial en sentido estricto. Equivale a admitir que hay indicios suficientes para que la sospecha de instrumentalización no sea un simple invento propagandístico.

Dicho de la manera menos cómoda y quizá más honesta: es un escándalo político real en un caso judicial cuya consistencia sigue muy discutida, y precisamente por eso la palabra lawfare no desaparece del debate. Ni todo es humo, ni todo es incendio. Hay humo, sí. La pelea está en decidir de qué se alimenta y quién sopla para que no se apague.

La herida que ya ha dejado en la legislatura

A estas alturas, la pregunta no es solo quién defiende a Begoña Gómez y quién la señala. La pregunta de verdad es qué revela cada uno cuando habla de ella. El PSOE y sus aliados retratan una operación de hostigamiento político-judicial contra el presidente. PP y Vox retratan un ecosistema de privilegio y opacidad en torno a Sánchez. La Fiscalía retrata una causa que no ve penalmente cerrada. La judicatura corporativa retrata un Gobierno que ha cruzado líneas al atacar al instructor. Y buena parte de la ciudadanía, probablemente la más agotada, retrata algo todavía más simple y más sombrío: un sistema en el que casi nadie concede al otro el beneficio de la duda.

Ese es el verdadero alcance del caso. No solo afecta a la imagen de Begoña Gómez ni al desgaste de Pedro Sánchez. Afecta también a la confianza elemental en que los hechos puedan discutirse sin convertirse de inmediato en munición de guerra. España lleva demasiado tiempo instalada en una lógica donde una investigación es, para unos, prueba definitiva de corrupción, y para otros, prueba definitiva de persecución. Entre esas dos trincheras se pierde lo más valioso, que no es un Gobierno ni una oposición, sino la posibilidad de distinguir entre indicios, pruebas, responsabilidades y propaganda.

Por eso la posición más seria exige sostener varias verdades al mismo tiempo, aunque den pereza. Que el procesamiento es un hecho grave. Que la causa no está cerrada ni mucho menos. Que el daño político ya es profundo. Que la apariencia de privilegio existe aunque luego no haya condena. Y que también existe una discusión legítima sobre si ciertas dinámicas judiciales y mediáticas han convertido el caso en un arma de desgaste. Lo demás —la absolución automática, la condena de tertulia, el catecismo de partido— sirve para llenar titulares y trincheras. Para entender lo que está pasando, bastante menos.