Entre bulos y verdad: qué pasa con el juicio al Fiscal General

Juicio al fiscal general por supuesta filtración del correo del novio de Ayuso: hechos probados, versiones enfrentadas y qué sigue en juego.

La vista oral que sienta en el banquillo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, gira en torno a un solo tipo penal: revelación de secretos por la supuesta filtración a la prensa de un correo enviado en el caso por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Las acusaciones particulares y populares reclaman penas de entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación; la Fiscalía pide la absolución porque sostiene que no hay delito. El acusado niega haber filtrado nada y remarca que su intervención se ajustó a la legalidad. Es un juicio inédito en la democracia española, con enorme carga institucional y política.

Sobre lo que es cierto y lo que no. El correo que desató la tormenta no fue una oferta de la Fiscalía para “arreglarlo”, como se llegó a afirmar; era una propuesta del abogado de González Amador para pactar la admisión de dos delitos fiscales y evitar juicio. Ese matiz —capital— quedó acreditado en autos y declaraciones. A partir de ahí, la cronología de quién tuvo acceso a ese mensaje y cómo circuló se ha convertido en el centro del pleito. El Supremo aún no ha probado que el fiscal general fuera el origen de ninguna filtración; su defensa denuncia una instrucción “inquisitiva” con diligencias desproporcionadas.

Contexto: qué está en juego y por qué importa

Nunca un fiscal general se había enfrentado a un juicio penal en el Supremo por su gestión de una comunicación sensible. La discusión excede el correo: afecta a los límites de la transparencia institucional, a la protección de la estrategia de defensa de un investigado y al derecho de la ciudadanía a recibir información cierta. A izquierda y derecha todo se ha leído con el prisma político de Madrid. Pero el tribunal no juzga un clima: pondera si hubo revelación de secretos y, sobre todo, si puede acreditarse quién difundió datos reservados o si, por el contrario, el mensaje ya había salido de la esfera de confidencialidad cuando empezó a circular.

En paralelo, hay una batalla narrativa. De un lado, la versión que presenta a González Amador como víctima de un aparato del Estado que habría usado información procesal en su contra. Del otro, un relato, respaldado por documentos, que sitúa el sentido de aquel correo en la estrategia de su defensa: asumir delitos para cerrar el caso “rápido y sin ruido”, expresión que se ha escuchado en Sala. En medio, la Administración —Fiscalía, Abogacía del Estado, Hacienda— y dos oficinas de prensa que ese día ardían a llamadas de periodistas.

Hechos verificados, no ruido

El correo que cambió el relato: qué decía, a quién llegó y cuándo

El mensaje partió del abogado de González Amador a un buzón genérico de la Fiscalía Provincial de Madrid. Planteaba un acuerdo de conformidad con reconocimiento de dos delitos tributarios. El fiscal del caso, Julián Salto, ha declarado que aquel intercambio no contenía “ningún secreto” en el sentido penal, sino una propuesta típica de negociación procesal, y que nunca ofreció él un pacto, al contrario de lo que luego se difundió. La pieza clave, por tanto, es si la difusión posterior de contenidos podría considerarse revelación de secretos y, de ser así, quién la ejecutó.

Ese mismo día, un correo de contenido sustancialmente similar llegó también a la Abogacía del Estado. El Supremo incorporó a la causa un informe que acredita ese envío, lo que abre otra línea: si el ámbito de reserva ya estaba comprometido por más de un receptor institucional y si la cadena de custodia informativa puede atribuirse de manera unívoca a una sola fuente. La defensa del fiscal general subraya ese punto para negar causalidad y autoría.

Cuando el caso estalla en los medios, la Fiscalía General ordena a la Fiscalía de Madrid recopilar información. El traslado de datos internos sube de escala. ¿Hubo nota de prensa? Sí, y fue discutida. ¿Contenía datos protegidos? Ahí están las discrepancias. La jefa de Comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha sostenido como testigo que la presión mediática y política multiplicó la confusión y que desde el Gobierno regional “se extendió la sombra de la sospecha”, en alusión a la construcción del bulo que invertía el sentido del correo.

¿Quién difundió el bulo del “pacto ofrecido por la Fiscalía”?

Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, admitió en el Supremo contradicciones notables sobre el origen y la difusión del relato que atribuía a la Fiscalía una oferta de acuerdo a favor del “novio de Ayuso”. Bajo el contrainterrogatorio, llegó a justificarse: “Soy periodista, no notario”. La secuencia exhibe que participó activamente en hacer circular la versión que invertía la carga de la propuesta. Es una pieza clave para entender cómo se instaló la confusión en redes y tertulias.

La propia jornada dejó estampas reveladoras: reproches a medios, desdén al fiscal que preguntaba y una admisión de haber sido origen de un bulo específico. Ese tono agrava, para el tribunal, la percepción de cómo se construyó el clima. Para el ciudadano, ofrece un mapa del ruido. Para el caso, suma a la duda sobre el “quién filtró” otra pregunta: “quién falseó”, y con qué impacto en la honra de los operadores públicos señalados.

Qué sostiene la acusación y qué pide

La acusación particular de González Amador y varias acusaciones populares acusan al fiscal general de revelación de secretos por la presunta filtración del correo. Piden entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación. Argumentan que el contenido difundido rompió la confidencialidad de las comunicaciones entre defensa y Ministerio Fiscal, perjudicó la estrategia del investigado y lesionó el derecho de defensa. En paralelo, reclaman indemnización por daños morales.

El tipo penal exige acreditar que el acusado reveló, sin estar autorizado, secretos de un tercero obtenidos por razón de su cargo. La dificultad probatoria está en la traza de la filtración: ¿fue García Ortiz quien la ejecutó? Las defensas dicen que no hay rastro técnico ni testimonios sólidos y que, además, el contenido ya había sido comunicado a otras instancias del Estado, lo que cambia el estatuto de reserva. Ahí se juega media sentencia.

La defensa de García Ortiz

Mandato legítimo, instrucción desproporcionada y ausencia de prueba de cargo

La Abogacía del Estado ha calificado la investigación de “inquisitiva” y “orientada a la culpabilidad” desde el minuto uno. Critica registros sin base suficiente —incluido el despacho del fiscal general— y la incautación masiva de datos personales y profesionales. Sostiene que no existe evidencia de filtración telemática atribuible a García Ortiz y cuestiona la validez de varias pruebas. La Fiscalía del Supremo coincide en ese reproche sobre algunas diligencias y apoya la nulidad de registros.

El propio García Ortiz niega de forma tajante haber filtrado ese correo. Aporta un argumento central: lo que hizo fue ordenar —por la vía jerárquica— la recopilación de información ante un caso de máximo impacto público. El primer día de juicio ya dejó claro que no se considera responsable del delito y que declarará cuando le corresponda por calendario. Es un detalle procesal, pero revela estrategia: responder en último lugar tras escuchar a todos los testigos.

La Fiscalía de Madrid y las versiones cruzadas

Una grieta técnica y orgánica se abrió entre la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General. La primera sesión dejó choques de matiz entre responsables: sobre quién ordenó qué, cómo se cursaron los traslados y qué debe y no debe ir en una nota informativa en mitad de un procedimiento. La jefa de la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, y la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra, ofrecieron matices que el tribunal ya ha tomado en consideración. Los jefes de prensa de ambas fiscalías han explicado cómo ardieron los teléfonos y por qué se derivaron llamadas. Todo eso importa, porque ahí se dibuja el canal por el que viajó la información, legal o mediáticamente.

Cronología esencial de un caso que empezó en Hacienda

El origen no está en una rueda de prensa, sino en un expediente tributario. En 2022, la Agencia Tributaria detectó irregularidades en declaraciones de González Amador. El asunto derivó en diligencias penales y en comunicaciones entre su abogado y la Fiscalía Provincial para explorar un acuerdo. Ese intercambio de mensajes es el que siglos después —en tiempos judiciales parece— ha terminado bajo la lupa del Supremo. El País reconstruyó esa senda con fechas y oficios: cómo se pasó de una investigación fiscal a un juicio histórico contra un fiscal general.

Salto a 2023–2024. El relato público se retuerce: se instala en tertulias que la Fiscalía habría ofrecido “un pacto” al empresario. El cruce de correos desmiente esa premisa. La confusión se multiplica con la intervención de cargos del entorno de la presidenta madrileña y con filtraciones parciales. Para 2025, el magistrado instructor Ángel Hurtado abre juicio oral, impone una fianza de 150.000 euros y rechaza suspender cautelarmente a García Ortiz. La acusación queda consolidada en un único delito: revelación de secretos.

Nueve meses antes de la vista, una pieza técnica toma relevancia: el fiscal del caso declara que “no hay ningún secreto” en ese correo porque se trata de una propuesta de conformidad. Meses después, el Supremo incorpora el informe que demuestra que la Abogacía del Estado recibió un envío paralelo, lo que complica el cuadro de la confidencialidad. Con la apertura de juicio en noviembre de 2025, el tribunal señala sesiones para oír a fiscales, responsables de comunicación y a los protagonistas del bulo. El acusado declarará al final, previsiblemente el 12 de noviembre.

Lo que se ha dicho en Sala: testimonios con peso

González Amador ha pintado un cuadro personal dramático y se ha presentado como víctima de una filtración que arruinó su reputación. Llegó a verbalizar que se marcharía del país o se quitaría de en medio, expresión que el presidente del tribunal zanjó con un llamamiento a la prudencia. Más allá del gesto, confirmó la autoría de la propuesta de acuerdo a la Fiscalía y se desmarcó de la decisión de su abogado de enviar determinados correos fuera del canal estrictamente procesal.

Miguel Ángel Rodríguez reconoció que ayudó a alimentar el bulo sobre el “pacto” ofrecido por el Ministerio Público. Entró y salió de sus propias contradicciones, arremetió contra medios e intentó refugiarse en su condición de periodista para justificar imprecisiones. El efecto para el tribunal es doble: por un lado, acredita la existencia de una campaña de comunicación que distorsionó hechos; por otro, no despeja el elemento crucial: el origen de la filtración penalmente relevante, si la hubo.

La dirección de comunicación de la Fiscalía General ha reconstruido cómo respondió la institución a la avalancha de llamadas y cómo se tomó la decisión de remitir consultas a la Fiscalía Superior de Madrid. Según su responsable, la “sombra de sospecha” la empujó el gobierno regional. Es una pieza que el tribunal puede valorar para entender el contexto, no para decidir la autoría material de un delito.

La clave jurídica: ¿hubo secreto y quién lo reveló?

El tipo penal del artículo 417 del Código Penal exige dos ideas: que exista un secreto, en sentido jurídico, y que el funcionario revele ese secreto sin estar autorizado, con ánimo o negligencia grave. Si el contenido del correo es un ofrecimiento de conformidad —habitual en la práctica penal— y si ese texto ya había salido de la caja cerrada al remitirse a más de un órgano del Estado, el primer requisito empieza a discutirse. Si, además, no hay traza técnica ni testimonio directo que coloque la filtración en el despacho del fiscal general, el segundo requisito se encoge.

Las acusaciones replican que, aunque el envío a otra institución pueda ampliar el círculo de conocimiento, el contenido seguía protegido porque afectaba a la estrategia de defensa del investigado. Añaden que la exposición pública del correo, aunque fuese para desmentir un bulo, vulneró la reserva. Es un choque clásico entre interés público y secreto sumarial o profesional. Lo novedoso aquí es quién se sienta en el banquillo y la altísima vara probatoria que exige una condena.

En este punto conviene recordar un detalle que ha pasado desapercibido en parte del debate: la Abogacía del Estado considera que la investigación se ha guiado por una hipótesis única de culpabilidad, con registros y obtención de datos que, a su juicio, rompen la proporcionalidad. Si el tribunal comparte esa tesis sobre nulidades y pruebas contaminadas, puede desactivar piezas acusatorias clave.

Impacto político y mediático: ecos que no juzga el Supremo

Más allá del Derecho, el juicio ha reabierto una grieta política en Madrid y en el Congreso. El caso se ha usado como munición cruzada: se acusa a la Fiscalía de estar politizada y, a la vez, se denuncia una campaña de desinformación fabricada desde un gabinete autonómico. Es llamativo —por el peso de los nombres—, y es comprensible que ocupe portadas. Pero conviene separar tiempos. El Supremo no decide sobre tuits ni sobre titulares, sino sobre hechos probados. El resto, por alto que suene, es ruido.

Ese ruido, sin embargo, importa porque condiciona la confianza ciudadana en las instituciones. Una nota de prensa que intenta desmentir un bulo puede incendiar aún más el debate si incluye datos que la opinión pública interpreta como revelación. Un jefe de gabinete que se sabe altavoz de la presidenta no puede jugar a ser tertuliano a ratos y a funcionario a conveniencia. Los ciudadanos piden certezas: qué pasó, quién lo contó, quién miente. Y hoy hay más piezas para responder a esas preguntas que hace unos meses.

Lo que falta por aclarar

A cierre de la segunda jornada, quedan incógnitas técnicas. La más obvia: si habrá prueba pericial que permita trazar la ruta digital de la supuesta filtración. No ha trascendido ningún informe concluyente que lo haga, pese a registros de dispositivos y repositorios. Otra: qué alcance jurídico dará el tribunal a la recepción paralela del correo por parte de la Abogacía del Estado y a la difusión de su contenido, parcial o total, en medios. Y una tercera: si el tribunal validará o no la tesis de que el correo no contenía “secreto” en sentido penal, como defendió el fiscal del caso.

Tampoco está despejado cómo ponderará el tribunal las contradicciones de testigos clave cuando sopese credibilidad. El “soy periodista, no notario” de MAR no es solo una frase; encierra una renuncia a la precisión que en un proceso penal cuesta cara. Y el golpe de efecto verbal de González Amador, presentándose como víctima hasta extremos dramáticos, puede servir para audiencias públicas, no necesariamente para convencer a cinco magistrados que trabajan con elementos más fríos.

Qué aprender de esta semana y qué esperar de la siguiente

El arranque del juicio ha clarificado hechos esenciales. Primero, la oferta de pacto salió de la defensa del investigado, no de la Fiscalía. Segundo, el correo viajó por más de un canal institucional; no estaba encerrado en una caja negra. Tercero, la acusación mantiene su relato de filtración maliciosa y la defensa rebate con falta de prueba y exceso instructivo. Cuarto, el ruido mediático no fue casual: hubo actores políticos que empujaron una versión falsa y hoy lo han admitido con matices. A partir de aquí, quedan por oír más fiscales y el propio García Ortiz, que previsiblemente declarará al final de la vista, el 12 de noviembre, cuando ya obre en autos todo lo dicho por los demás.

Si el tribunal concluye que no hubo secreto o que no puede probarse la autoría de ninguna filtración por parte del acusado, el horizonte es la absolución. Si, por el contrario, entiende que se difundieron contenidos protegidos desde la cúspide del Ministerio Público con conocimiento y voluntad, el fallo podría ser severo por el componente ejemplarizante. En cualquiera de los escenarios, la sentencia marcará una línea roja sobre cómo deben comunicarse, en tiempo real, asuntos de enorme interés público que aún están “vivos” procesalmente. No es un debate abstracto: desde el caso Koldo hasta macrocausas de corrupción autonómica, la gestión informativa del Ministerio Fiscal y de los gabinetes gubernamentales va a seguir bajo escrutinio.

Epílogo útil: lo que podemos afirmar hoy, de forma serena

Hoy sí es posible separar hechos de ruido. El correo fue una propuesta de la defensa, no un favor de la Fiscalía. El propio fiscal del caso afirmó que no contenía secreto penal, sino un trámite de negociación habitual. La Abogacía del Estado ha denunciado una investigación con sesgo de culpabilidad y sin prueba telemática que relacione a García Ortiz con filtración alguna.

El Supremo ha incorporado evidencias de que el mismo día el correo llegó también a la Abogacía, lo que complica atribuir una única fuente de difusión. Y varios protagonistas del bulo han reconocido su papel en esa distorsión pública. Con esos mimbres, el tribunal decidirá si hubo delito. Lo hará con los ojos en el Código Penal y, ojalá, con los oídos cerrados a la música estridente de la política.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, RTVE, Cadena SER, El Confidencial, 20minutos, La Vanguardia, elDiario.es, Europa Press.