¿Qué negocia EE UU en Caracas tras la visita de Donovan?

El Comando Sur llega a Caracas para medir seguridad y el plan de Trump: fases, Delcy Rodríguez y el trasfondo petrolero con EE. UU., detalle.

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha estado en Caracas y se ha marchado dejando un rastro nítido: seguridad, estabilización y un calendario político-económico que Washington presenta como “plan de tres fases”. La visita, cerrada el 18 de febrero de 2026, incluyó reuniones con autoridades interinas del Gobierno de Delcy Rodríguez y un repaso al entorno de seguridad en torno a la embajada estadounidense, con presencia de personal de Fuerza Conjunta y marines destinados a la vigilancia de las instalaciones.

En el centro del encuentro, según el parte oficial difundido por el propio Comando Sur, estuvo “el entorno de seguridad” y los pasos para asegurar la aplicación del plan del presidente Donald Trump, con un énfasis que no pasa desapercibido: la estabilización de Venezuela como prioridad inmediata, antes de hablar de economía a pleno pulmón o de arquitectura institucional a largo plazo. En paralelo, el viaje se produce apenas unos días después de la visita del secretario de Energía, Chris Wright, que selló con Rodríguez un acuerdo energético a largo plazo del que todavía no se conocen los detalles finos, pero sí la dirección general: petróleo, inversión, producción, y una relación bilateral que intenta salir del hielo acumulado desde 2019.

Una visita militar con política dentro

En Caracas, cuando aterriza un comandante regional de Estados Unidos, nadie lo interpreta como un gesto ornamental. Donovan no es un diplomático de carrera, es el responsable del mando militar estadounidense para América Latina y el Caribe, y su paso por Venezuela llega con el país todavía reacomodándose tras el episodio que lo cambió todo: la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores el 3 de enero de 2026, en el marco de la operación estadounidense sobre Caracas y zonas cercanas. Ese hecho dejó al antiguo poder fuera de juego, abrió un periodo de mando interino y convirtió la seguridad —la calle, las fronteras, los puertos, las infraestructuras críticas— en el primer párrafo de cualquier conversación seria.

La visita, además, trae nombres que importan porque dibujan el perímetro real de Washington. Junto a Donovan aparece Laura F. Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Caracas —la jefa de misión en ausencia de embajador—, y también Joseph M. Humire, presentado por el Comando Sur como responsable adjunto en el ámbito de Defensa para el hemisferio. No es solo “vino un general”: vino un paquete completo, con diplomacia en primera fila, defensa cerca y una idea repetida como metrónomo: “Venezuela libre, segura y próspera”, una fórmula que suena a eslogan hasta que se mira el detalle operativo que la sostiene: quién controla qué, quién garantiza qué, quién responde si algo se tuerce.

En la comunicación pública, el gesto se envolvió con palabras de manual, sí, pero con un subtexto claro. Cuando el Comando Sur subraya la “importancia de la seguridad compartida en el hemisferio occidental”, no está hablando solo de Venezuela; está hablando de rutas del Caribe, de movimientos migratorios, de redes criminales, de puertos, de petróleo, de la capacidad de un Estado debilitado para evitar que su territorio se convierta en un pasillo abierto para amenazas regionales. Y eso explica por qué Caracas, ahora, no es solo una capital en crisis: es un nodo.

Qué se habló en Caracas: seguridad y cadena de mando

La palabra que más se repite alrededor de la visita es seguridad, pero conviene entenderla en su sentido práctico, no en abstracto. El propio parte del Comando Sur sitúa la conversación en “el entorno de seguridad” y en los pasos para garantizar la implementación del plan de tres fases, con especial atención a la estabilización. En castellano llano: comprobar si hay capacidad real para sostener un orden básico, si las fuerzas sobre el terreno responden a una cadena de mando reconocible, si existen zonas grises donde mandan estructuras paralelas, si se puede asegurar la continuidad de servicios críticos y, sobre todo, si el aparato interino no se queda en el papel.

En ese contexto, encaja el énfasis en la embajada. Dogu señaló que Donovan se reunió también con el equipo de servicio de la misión y con miembros de la Fuerza Conjunta que “una vez más” vigilaban las instalaciones. Ese “una vez más” dice más de lo que parece: sugiere una rutina de protección reforzada, una vigilancia que no se da por descontada y que, en escenarios de transición, suele ser la primera señal de hasta qué punto el entorno es estable o frágil. No es una anécdota; es termómetro.

La reunión con las autoridades interinas se presentó como “productiva”, un adjetivo que en lenguaje institucional se usa cuando hay interlocución fluida, cuando se puede pactar un mínimo común denominador, cuando no se percibe bloqueo. Y, sin embargo, la falta de detalles sobre con quién se vio exactamente en Caracas —más allá del Gobierno de Rodríguez como marco general— deja un margen de interpretación que en política es combustible: se protege la discreción, se evita exponer nombres, se reduce el riesgo de que una fotografía se convierta en diana.

El plan de tres fases de Trump, explicado sin eslóganes

El plan del presidente Donald Trump para Venezuela aparece descrito por Washington como un esquema de tres fases que pretende ordenar la transición tras el 3 de enero. La primera fase es la estabilización y la “restauración de la seguridad”: control del territorio, funcionamiento de instituciones básicas, contención de posibles focos armados, seguridad en infraestructuras, y capacidad para evitar que la transición derive en un mosaico de poderes locales. La segunda fase se centra en la recuperación económica, con el petróleo como pieza obvia, pero también con servicios esenciales, inversión y un marco que permita operar sin que todo dependa de acuerdos improvisados. La tercera fase es la transición hacia una Venezuela presentada como “amigable”, “estable”, “próspera” y “democrática”, el paquete completo, con el matiz de que “amigable” aquí es una palabra cargada: significa alineamiento geopolítico y cooperación estratégica.

La clave, sin embargo, está en el orden de prioridades que se desprende del propio comunicado del Comando Sur: al hablar de la implementación del plan, se destaca “particularmente la estabilización”. No es casualidad. Primero, suelo firme; después, economía; luego, política de largo recorrido. En la práctica, las fases no son compartimentos estancos. La economía no espera a que la seguridad esté “perfecta”, porque rara vez lo está; la política no puede posponerse indefinidamente sin generar tensiones de legitimidad; y la seguridad, si se gestiona con mano demasiado dura o con escasa transparencia, puede desgastar el propio proceso. Pero Washington parece insistir en una idea: sin estabilización, todo lo demás es humo.

En Caracas, ese enfoque tiene dos lecturas simultáneas. Una es tranquilizadora para quienes temen un vacío: la prioridad es evitar el desorden y sostener el Estado. La otra es inquietante para quienes miran el mapa con desconfianza: si la estabilización se convierte en una fase larga, el riesgo de tutela externa —formal o informal— se hace más visible. El equilibrio entre “garantías” y “control” es fino, casi como caminar por un bordillo con viento.

Estabilización: lo que significa cuando baja a tierra

Cuando se habla de “estabilizar” un país que viene de un golpe de timón tan brusco como la captura de Maduro, la palabra se llena de tareas concretas aunque nadie las enumere en público. Seguridad en puertos y aeropuertos, control de armas, reordenamiento de mandos, protección de instalaciones eléctricas, petroleras y de comunicaciones, coordinación con servicios de inteligencia, y una parte menos visible: neutralizar la posibilidad de que surjan “dobles mandos” o lealtades cruzadas dentro de cuerpos armados.

También pesa la dimensión social. Un país puede estar “estable” desde el punto de vista de control territorial y, aun así, vivir un malestar que se acumula y estalla por otra vía: protestas, saqueos puntuales, huelgas, boicots. Por eso, cuando Donovan viaja y se sienta con los interinos, está midiendo no solo uniformes y perímetros, sino el pulso de la calle, esa mezcla de cansancio, miedo y expectativa que en Venezuela lleva años sin un descanso real.

Recuperación económica: petróleo, sí… pero con reglas

La segunda fase, la económica, se menciona como recuperación, pero el subtexto es más específico: revitalizar la industria petrolera y reenganchar la economía venezolana a un circuito donde Estados Unidos tenga influencia directa, ya sea por inversión, por control de flujos, por acuerdos energéticos o por supervisión de ingresos. Venezuela no parte de cero, pero sí de una infraestructura deteriorada, de años de sanciones, de un tejido industrial golpeado y de una administración pública que ha sobrevivido a base de parches. Reconstruir producción petrolera no es girar una llave; es reparar, invertir, reordenar contratos y, en muchos casos, reconstruir confianza.

Y ahí aparece el dilema de siempre: la velocidad. Washington quiere resultados, y el petróleo promete ingresos comparativamente rápidos, pero el sector también es un pantano si se pisa sin cuidado. Los campos requieren inversión sostenida, las refinerías necesitan mantenimiento, los oleoductos son vulnerables, y la seguridad de los trabajadores y de las operaciones no se improvisa. Por eso, el plan económico no se entiende sin la fase uno: seguridad y estabilización como base.

Transición política: el calendario que nadie fija del todo

La tercera fase habla de democracia y estabilidad. Pero el calendario real suele estar lleno de asteriscos: reformas, elecciones, garantías, observación, reestructuración institucional, reconfiguración de fuerzas políticas. En el caso venezolano, además, pesa la pregunta incómoda sobre el pasado inmediato: cómo se gestiona el legado del chavismo, qué papel se da a sus cuadros, qué ocurre con estructuras que han sostenido poder durante años, qué tipo de justicia se aplica —y cómo— en un país con fracturas profundas.

En Washington, el discurso de una Venezuela “amigable” sugiere también un cambio en alianzas: menos margen para relaciones con actores percibidos como adversarios de Estados Unidos, más cooperación regional alineada con la estrategia de seguridad estadounidense. Eso tiene consecuencias, no solo simbólicas. Cambian rutas comerciales, acuerdos energéticos, compras militares, y equilibrios diplomáticos. Caracas, en ese juego, no es solo Caracas: es el hemisferio reordenándose.

Embajada y Fuerza Conjunta: el perímetro como termómetro

Hay un detalle de la visita que, en apariencia, es pequeño y en realidad es enorme: Donovan “se involucró” con marines asignados a hacer guardia en instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y con personal de la Fuerza Conjunta. La imagen es sencilla —un comandante revisando a su gente—, pero en un país que atraviesa una transición tan delicada, la seguridad de la misión diplomática se convierte en metáfora de la seguridad general: si la embajada necesita vigilancia reforzada y revisión constante, el entorno todavía no se siente sólido; si la vigilancia se normaliza y baja la tensión, la transición está ganando terreno.

Además, las embajadas no son solo edificios: son centros de información, coordinación y logística. En un escenario como el actual, sirven para hablar con el Gobierno interino, para gestionar asistencia, para coordinar con otros países, para proteger a su personal, y para mantener una presencia que, en términos de señal política, vale casi tanto como un comunicado. La vigilancia es, por tanto, seguridad física y mensaje político a la vez.

El hecho de que la visita se comunicara activamente en redes y a través de partes oficiales muestra otra capa: la voluntad de Washington de escenificar normalización sin ocultar que sigue habiendo riesgos. Se publica, se cuenta, se habla de “productivo”, pero se insiste en “entorno de seguridad”. Es una manera de decir “estamos aquí” sin decir “esto está resuelto”.

Y en medio está Laura Dogu, que ha sido el canal de comunicación más visible de la postura estadounidense en Caracas, al menos en el plano público. Como encargada de Negocios, su papel es peculiar: no actúa como embajadora confirmada, pero representa la presencia oficial en un momento en que las relaciones han estado rotas y se intentan recomponer. Esa figura —la diplomática que opera sin todo el ritual completo— encaja con la Venezuela de ahora: un país que intenta funcionar mientras reorganiza su legitimidad, su estructura y su futuro inmediato.

Petróleo, electricidad y el acuerdo de Chris Wright

Una semana antes de Donovan, Caracas recibió al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y eso no fue un capricho de agenda: fue la señal de que la transición venezolana se quiere amarrar, también, al sector energético. Del encuentro con Delcy Rodríguez salió el anuncio de una asociación energética a largo plazo, con lenguaje de cooperación y de “agenda productiva”, pero con detalles aún bajo llave. En cualquier negociación de este calibre, la letra pequeña suele ser la noticia de verdad: volumen de inversiones, papel de empresas estadounidenses, condiciones de exportación, mecanismos de cobro, supervisión de ingresos, y el mapa de sanciones y permisos.

El petróleo venezolano es una pieza mayor por tres razones simultáneas. Primero, por reservas y potencial productivo; segundo, porque el ingreso petrolero puede sostener servicios básicos y estabilización social si se administra con cierta eficacia; tercero, porque el control de ese flujo es poder. En este momento, con Washington hablando de reconstrucción económica, el petróleo aparece como el motor principal, pero no el único. La electricidad —redes, generación, mantenimiento— es igual de crítica, porque sin suministro estable el país se mueve como un coche a tirones: hoy arranca, mañana no, y ese “mañana no” suele multiplicar inseguridad y malestar.

Las visitas de Wright y Donovan, juntas, dibujan una secuencia lógica: primero se asegura el perímetro, se revisa el entorno de seguridad, se alinea el plan político; luego se empuja el eje energético para financiar la recuperación y dar resultados que sostengan la transición. Es una estrategia clásica en escenarios de cambio: sin economía, la política se queda sin suelo; sin seguridad, la economía no entra; sin una mínima legitimidad, la seguridad se desgasta. En Caracas, ese triángulo se nota hasta en conversaciones cotidianas: “¿habrá gasolina?”, “¿habrá luz?”, “¿habrá calma?”. Todo está conectado.

También hay un elemento de tiempo. El acuerdo energético anunciado se presenta como “a largo plazo”, lo que sugiere que Estados Unidos no está pensando en un parche de meses, sino en una arquitectura que podría durar años. Eso tiene implicaciones sobre la propia transición: cuanto más se ata el futuro económico a un marco bilateral, más difícil es dar marcha atrás sin pagar un coste alto. Y cuanto más se consolida esa dependencia, más presión existe para que la fase de estabilización y la fase económica avancen sin sobresaltos.

Relaciones rotas desde 2019 y el tablero regional

Estados Unidos y Venezuela llevan años sin relaciones diplomáticas plenas, rotas desde 2019, y el deshielo actual —si se consolida— cambia el mapa regional. Tras la salida de Maduro del poder, ambos gobiernos anunciaron un proceso exploratorio para reabrir embajadas y normalizar vínculos, una idea que, hace poco, habría sonado a ciencia ficción. Ese “exploratorio” es una palabra prudente: permite avanzar sin prometer demasiado, crea margen de maniobra, y evita convertir cada paso en una línea roja.

En el plano regional, el mensaje de Washington se dirige a varios destinatarios a la vez. A los gobiernos vecinos, para decir que Estados Unidos pretende evitar un vacío de poder que desestabilice fronteras y flujos migratorios. A aliados y socios, para presentar la transición como un proceso con “hoja de ruta” y no como una improvisación militar. A adversarios estratégicos, para señalar que Venezuela se reorienta y que el control de un país con peso energético no va a quedar en manos de actores considerados hostiles. En ese contexto, la insistencia del Comando Sur en la “seguridad compartida” funciona como paraguas discursivo: no es solo “lo hacemos por Venezuela”, es “lo hacemos por el hemisferio”.

Mientras tanto, Caracas intenta sostener un equilibrio complicado. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez necesita reconstrucción económica, necesita reconocimiento y necesita capacidad de mando. Pero también necesita evitar que la imagen pública sea la de un poder sostenido desde fuera. Esa tensión, en política, se convierte en ruido constante. Cada visita estadounidense aporta capacidad y respaldo; cada visita, también, alimenta narrativas opuestas sobre soberanía y control. El margen de maniobra de Rodríguez se juega en ese filo: colaborar sin parecer subordinada, estabilizar sin parecer un poder impuesto, negociar sin quedar atrapada.

Y aquí entra un componente menos visible: la gestión de expectativas. Washington habla de fases y de futuro próspero; Caracas necesita resultados tangibles —servicios, empleo, estabilidad— para evitar que la transición se desgaste en semanas. En procesos así, el tiempo es cruel. Si las mejoras tardan, crece la frustración; si se intenta acelerar sin bases, crecen los accidentes. Por eso la visita de Donovan insiste en estabilización: es la manera de decir que no se quiere construir una casa sobre arena.

El pulso que deja Donovan

Después de su visita, Donovan no deja un anuncio espectacular ni una firma visible, pero sí una foto política-militar bastante elocuente: Estados Unidos quiere marcar el ritmo de la transición venezolana desde dos frentes a la vez, seguridad y energía, con un marco formal llamado plan de tres fases y con interlocutores claros en Caracas: Delcy Rodríguez, Laura Dogu, Joseph M. Humire y el propio Comando Sur como actor operativo. La insistencia en el “entorno de seguridad” y en la “estabilización” indica que Washington ve riesgos inmediatos que no se resuelven con discursos: se resuelven con control, coordinación y, a veces, decisiones incómodas.

El telón de fondo sigue siendo el 3 de enero de 2026, cuando la intervención estadounidense terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, un hecho que todavía condiciona cada gesto político y cada conversación diplomática. En Venezuela, la transición no es una línea recta; es un terreno con baches, con actores que se recolocan, con estructuras antiguas que no desaparecen de un día para otro. De ahí que la visita de un mando militar estadounidense tenga doble lectura: es apoyo y es vigilancia, es coordinación y es control de daños, es promesa de reconstrucción y también recordatorio de que el nuevo orden se está construyendo bajo presión.

Queda, por último, el ángulo que más pesa en la trastienda: el petróleo como llave de la recuperación y como palanca política. La visita de Chris Wright y el anuncio de un acuerdo energético a largo plazo empujan hacia una normalización práctica, casi industrial: contratos, producción, exportación, infraestructura. La visita de Donovan empuja hacia una normalización de seguridad: perímetros, cadenas de mando, capacidad de sostener el orden. Si ambas piezas encajan, el plan de tres fases ganará velocidad; si chirrían, la transición puede quedar atrapada en esa fase uno que lo condiciona todo, la de estabilizar un país que ha vivido demasiado tiempo al filo de la crisis.