¿Qué hizo Acento por Marruecos en Bruselas y cuánto llegó a cobrar?

La consultora española Acento Public Affairs trabajó para organismos de Marruecos ante las instituciones de la Unión Europea desde finales de 2022. Primero apareció como cliente la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, conocida por sus siglas AMCI; después, la representación pasó a la Embajada de Marruecos. En 2024, esta última llegó a aportar entre 500.000 y 600.000 euros, convirtiéndose en el principal cliente comunitario declarado por la firma.

Hay, sin embargo, un matiz decisivo que obliga a poner la noticia en su tiempo verbal correcto. Marruecos ya no figuraba en la cartera de clientes comunicada por Acento para 2025. La relación comercial se dio por terminada, según la última actualización conocida del Registro de Transparencia de la UE. Presentar a la consultora como el lobby que todavía representa a Rabat sería atractivo, sí, pero inexacto. Lo comprobable es que lo hizo durante una etapa especialmente sensible para los intereses marroquíes en Bruselas.

De la agencia de cooperación a la Embajada de Marruecos

Acento comenzó a asesorar a la AMCI, una institución pública encargada de desarrollar la cooperación internacional marroquí, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La propia consultora explicó entonces que su labor estaba relacionada con asuntos de agenda europea y negó que interviniera en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.

El trabajo de un lobby suele consistir precisamente en eso: vigilar normas en preparación, identificar interlocutores, facilitar reuniones y trasladar argumentos a funcionarios, eurodiputados o asesores. No hace falta imaginar gabinetes con humo de puro y sobres debajo de la mesa. La influencia contemporánea suele vestir traje discreto, llevar acreditación y hablar el dialecto pulcro de la regulación comunitaria.

El nombre de la AMCI apareció en el Registro de Transparencia europeo como cliente de Acento. A finales de 2024, distintas informaciones señalaron que la Embajada de Marruecos en Madrid había contratado a la firma para reforzar la defensa de intereses agrícolas marroquíes en Bruselas, en un momento de enorme incertidumbre para las exportaciones procedentes del Sáhara Occidental.

La actualización correspondiente a aquel ejercicio amplió el objeto declarado del asesoramiento a las políticas de cooperación multisectorial y seguridad en el Mediterráneo y el Magreb. La horquilla económica, entre medio millón y 600.000 euros, duplicaba aproximadamente la cantidad atribuida a Huawei, otro de los grandes clientes comunitarios de la consultora durante ese periodo.

Qué se defendía realmente en Bruselas

No existe constancia pública de que Acento participara en una conducta ilegal ni de que comprara decisiones políticas. Ejercer como grupo de interés es una actividad legal y habitual en la Unión Europea. Bruselas funciona, en parte, como un enorme mercado de argumentos donde empresas, sindicatos, organizaciones sociales, administraciones y gobiernos extranjeros intentan colocar su versión de cada norma.

El Registro de Transparencia identifica precisamente a las organizaciones que buscan influir en la elaboración o aplicación de políticas europeas. También les exige declarar a quién representan, qué materias trabajan y qué recursos destinan a esa actividad. Acento se inscribió en octubre de 2020 y declaró intereses en ámbitos como agricultura, comercio, competencia, digitalización, energía, salud y transporte.

Eso no convierte el registro en una ventana completamente limpia. Las cantidades aparecen normalmente expresadas en horquillas, la descripción de los servicios puede ser muy amplia y resulta difícil reconstruir desde fuera cada conversación mantenida en los pasillos comunitarios. La transparencia europea existe, pero a veces se parece a esos cristales esmerilados que dejan pasar la luz sin permitir distinguir bien las caras.

En el caso marroquí, los asuntos económicos resultaban considerables. La UE es el mayor socio comercial de Marruecos y en 2025 el intercambio de mercancías alcanzó los 62.200 millones de euros. Las importaciones comunitarias procedentes del país norteafricano sumaron 25.500 millones, de los cuales 3.700 millones correspondieron a productos agrícolas. No se trataba, por tanto, de pelear por una nota al pie. Había tomates, cítricos, pescado, aranceles, puestos de trabajo y mucho dinero sobre la mesa.

Agricultura, pesca y el pulso del Sáhara Occidental

El momento más delicado llegó el 4 de octubre de 2024. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la anulación de las decisiones que habían permitido aplicar al Sáhara Occidental los acuerdos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos. La corte consideró que no se había obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, titular del derecho de autodeterminación sobre ese territorio.

El acuerdo pesquero ya había dejado de producir efectos en julio de 2023. Para el pacto agrícola, el tribunal mantuvo provisionalmente sus consecuencias durante 12 meses con el fin de evitar una ruptura comercial inmediata. Era una prórroga jurídica, no una bendición: Bruselas y Rabat disponían de un año para encontrar otra salida.

Es en este paisaje donde cobra sentido el interés de Marruecos por reforzar su representación. Buena parte de las exportaciones agrícolas procedentes de las regiones de El Aaiún-Saguía el Hamra y Dajla-Río de Oro dependen del acceso preferente al mercado europeo. Para Rabat, perder ese trato significaba afrontar más aranceles, inseguridad para los productores y un golpe político sobre su administración del Sáhara Occidental.

La UE y Marruecos acordaron finalmente una nueva modificación de los protocolos comerciales, aplicada de forma provisional desde el 3 de octubre de 2025. El texto sustituyó al mecanismo de 2019 e introdujo nuevas reglas para los productos procedentes del Sáhara Occidental. El frente jurídico y político, con todo, no desapareció; simplemente cambió de trinchera.

Conviene evitar un salto lógico bastante frecuente. Que Acento trabajara para entidades marroquíes mientras se discutían estos asuntos no demuestra que lograra una decisión determinada, ni que esa decisión fuera consecuencia de su actividad. La cronología despierta preguntas legítimas; no prueba causalidad. Un lobby vende acceso, conocimiento institucional y capacidad de persuasión. El resultado final depende también de gobiernos, Comisión Europea, Consejo, Parlamento, tribunales y equilibrios geopolíticos bastante más grandes que una consultora.

Un lobby con acento bipartidista

Acento nació en 2019 impulsada por José Blanco, exministro de Fomento y antiguo número dos del PSOE, junto con Antonio Hernando, que más tarde regresó a la política institucional. Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y antiguo dirigente del PP vasco, asumió la presidencia de la firma.

La mezcla de antiguos responsables socialistas y populares se convirtió en una de sus principales señas de identidad. Por su consejo asesor han pasado figuras con experiencia ministerial, parlamentaria, empresarial y europea. El valor comercial resulta evidente: saber qué despacho llamar, cómo se redacta una enmienda, cuándo una regulación empieza a moverse y quién escucha a quién.

También ahí reside la incomodidad democrática. La experiencia política es legítima y puede ser valiosa fuera de las instituciones, pero la acumulación de excargos alrededor de negocios dedicados a influir sobre esas mismas instituciones alimenta la percepción de puertas giratorias. No es una acusación penal. Es una pregunta sobre igualdad de acceso: mientras una pequeña cooperativa llama al telefonillo, una gran organización puede contratar a quienes todavía conocen el edificio por dentro.

El registro europeo mostraba que Acento había desarrollado una cartera diversa, con clientes como LaLiga, Huawei, Isdin, Novartis o PharmaMar. En 2024, sus ingresos declarados por actividades de representación ante la UE se situaron entre 800.000 y 1,24 millones de euros. En 2025, tras la salida de Marruecos, Huawei, LaLiga, Mediapro y PharmaMar, la horquilla bajó a entre 170.000 y 400.000 euros. Entraron, entre otros, AstraZeneca, Veolia, Euroleague Ventures y varias asociaciones empresariales.

De Acento a H/Advisors

El mapa empresarial volvió a cambiar en febrero de 2026. Havas adquirió una participación mayoritaria en Acento Public Affairs e integró la consultora en H/Advisors, su red internacional de comunicación estratégica y asuntos públicos. José Blanco y Alfonso Alonso conservaron responsabilidades directivas dentro de la nueva estructura.

La operación amplió el alcance de la antigua Acento: una red de unos 1.500 profesionales, presencia en decenas de oficinas y una plataforma europea con Bruselas como centro prioritario. En mayo de 2026, H/Advisors reforzó esa sede y situó al frente a María Lledó, exsecretaria general para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores. El lobby que comenzó como una firma española había entrado ya en otra liga.

El cambio de propiedad no borra su trayectoria con Marruecos, pero sí obliga a actualizar el retrato. Acento ya no es exactamente la empresa independiente fundada en 2019, aunque su equipo y sus dirigentes continúen dentro del nuevo grupo. Tampoco hay constancia pública, según la cartera declarada para 2025, de que la Embajada marroquí siga siendo cliente.

Lo que permanece cuando desaparece el contrato

La historia de Acento y Marruecos explica bastante bien cómo funciona el poder en Bruselas. Rabat necesitaba defender intereses comerciales y geopolíticos sometidos a presión judicial; contrató a una consultora española con experiencia política, contactos europeos y una estructura capaz de moverse cerca de los centros de decisión. Todo ello quedó parcialmente reflejado en el registro oficial.

La cantidad más significativa conocida corresponde a 2024: entre 500.000 y 600.000 euros pagados por la representación marroquí, dentro de una relación precedida por los trabajos para la AMCI. En 2025, Marruecos dejó de aparecer entre los clientes declarados. Estos son los hechos comprobables. Lo demás —la influencia exacta lograda, las reuniones decisivas o el peso real de cada gestión— permanece en ese territorio nebuloso donde la política europea mezcla diplomacia, comercio y acceso privilegiado.

El lobby no es una anomalía del sistema. Es parte del sistema. La cuestión democrática comienza cuando el ciudadano puede conocer su existencia, pero no alcanza a ver con suficiente precisión qué puerta se abrió, ante quién y para conseguir qué. Ahí está el verdadero asunto. No en el apodo de un exministro, sino en la distancia que aún separa la transparencia formal de la transparencia que permite entender.