¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre Ceuta, Marruecos y la crisis migratoria?

Pedro Sánchez ha mantenido ante el Congreso que el Gobierno no dispone de pruebas sólidas para concluir que Marruecos organizó la entrada masiva en Ceuta, pero ha introducido un matiz importante respecto a la posición más cerrada de días anteriores: tampoco ha dado por enterrada definitivamente esa hipótesis. Su posición, expresada este 3 de septiembre, es que los servicios de inteligencia no atribuyen en este momento la operación a Rabat y que, si las investigaciones aportan evidencias concluyentes, España actuará con contundencia.

Ese ha sido el núcleo de una comparecencia extensa y especialmente tensa. Sánchez ha asegurado también que ningún informe previo anticipó una llegada de semejante magnitud, ha ordenado publicar todos los documentos recibidos por el Ejecutivo, ha defendido la actuación de los policías que permitieron el paso para evitar una tragedia humana y ha revelado que España convocó el 21 de agosto a la embajadora marroquí por unas declaraciones de ministros de aquel país sobre Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, admite que hubo fallos en los sistemas de información y promete cambios para que una crisis semejante no vuelva a coger al Estado con el pie cambiado.

Sánchez no acusa a Marruecos, pero tampoco lo descarta definitivamente

La cuestión más delicada estaba a pocos kilómetros al otro lado de la frontera. Sánchez ha explicado que, según la información disponible para el Gobierno, nadie ha acreditado que las autoridades marroquíes diseñaran o ejecutaran deliberadamente la entrada de decenas de miles de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

El presidente sí reconoce un hecho difícil de esquivar: durante varias horas, la Gendarmería marroquí permitió los cruces. La incógnita es otra, bastante más grave políticamente: determinar si aquello respondió a una incapacidad para contener la situación, a una inacción deliberada o a una operación organizada desde algún nivel del Estado marroquí. Sánchez sostiene que esa tercera posibilidad no está demostrada. Y ha evitado convertir una sospecha en una conclusión diplomática; algo menos espectacular que golpear la mesa, claro, pero las relaciones entre Estados suelen llevar peor los titulares que los parlamentos.

Su mensaje ha sido, en esencia, que la posición española podría cambiar si aparecen pruebas. No ha ofrecido, por tanto, una absolución eterna de Marruecos. Ha ofrecido una conclusión provisional basada en la información que, asegura, manejan el CNI, las fuerzas de seguridad y el propio Gobierno.

Aquí aparece precisamente la gran contradicción que sobrevuela el debate. Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía y enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón describe la entrada como planificada y no espontánea y recoge indicios de participación de agentes marroquíes en el guiado de migrantes. Sin embargo, el director general de la Policía sostiene que ese documento no permite atribuir a las autoridades marroquíes la planificación o ejecución de la operación.

El informe policial que no llegó al Gobierno

Sánchez ha puesto el foco precisamente sobre ese documento. Según su versión, el CENIF lo remitió a la Audiencia Nacional pero no lo elevó por la cadena de mando hasta el Ministerio del Interior, pese a contener información potencialmente relevante para la seguridad del Estado.

El presidente ha reclamado aclarar por qué ocurrió. No es una cuestión pequeña: si un organismo policial elaboró un análisis capaz de cambiar la interpretación política y diplomática de la crisis y ese documento no llegó a los responsables del Ejecutivo, el problema deja de ser solamente Marruecos. Pasa a ser también cómo circula la información dentro del propio Estado.

Y Sánchez ha reconocido aquí algo que matiza su defensa del dispositivo gubernamental. Aunque niega que existiera una advertencia capaz de anticipar la avalancha, admite que “fallaron cosas” en los servicios de información y que los mecanismos españoles necesitan adaptarse mejor a las nuevas amenazas híbridas, en las que redes sociales, campañas coordinadas, movimientos migratorios y desinformación pueden mezclarse en cuestión de horas.

Ningún aviso anticipó la llegada de unas 70.000 personas, según Sánchez

El segundo gran argumento de la comparecencia ha sido que el Gobierno no conocía de antemano la dimensión de lo que iba a ocurrir. Sánchez asegura que se han revisado informes del CNI, mensajes, comunicaciones de las fuerzas de seguridad y notas remitidas a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior.

Sí existían avisos sobre un aumento de los cruces a nado durante julio. Lo que, según el presidente, no existía era una alerta que planteara que, en cuestión de horas, decenas de miles de personas intentarían entrar en territorio español.

Sánchez habló de unas 72.000 entradas durante la crisis. Los distintos balances difundidos durante estas semanas han oscilado según el momento y el criterio empleado, hasta aproximarse en algunos recuentos a las 80.000 personas. Lo relevante para su defensa es que ninguna de las comunicaciones previas, afirma, se acercó siquiera a prever una movilización de ese tamaño.

Precisamente para responder a las acusaciones de ocultación, ha anunciado la publicación de un dosier con todos los informes que recibió el Ejecutivo antes de la crisis. La intención es que pueda comprobarse qué sabía el Gobierno y cuándo lo sabía. Una promesa de transparencia que tendrá verdadero valor cuando los documentos estén efectivamente disponibles y permitan reconstruir la secuencia sin huecos.

Por qué Sánchez defiende que los policías dejaran pasar a los migrantes

Otro de los momentos centrales de la intervención ha sido su defensa de los agentes desplegados en la frontera. Según Sánchez, buena parte de quienes entraron lo hicieron por el espigón marítimo y las fuerzas de seguridad se encontraron ante una situación en la que tratar de mantener físicamente cerrada la frontera podía provocar una catástrofe todavía mayor.

El presidente sostuvo que los policías tuvieron que elegir entre preservar momentáneamente la impermeabilidad de la frontera o proteger vidas humanas y que eligieron lo segundo. Para Sánchez, hicieron lo correcto.

El jefe del Ejecutivo cifró en 141 los migrantes fallecidos en el mar durante la crisis y situó esa tragedia como uno de los elementos que explican la decisión operativa. Su argumento es sencillo y, a la vez, incómodo para cualquier Gobierno: una frontera puede defenderse, pero no a cualquier precio cuando miles de personas están comprimidas entre el agua, un espigón y una masa humana que empuja desde atrás.

La defensa de esa actuación conecta con otra parte de su discurso sobre inmigración. Sánchez rechazó la idea de las devoluciones automáticas al margen de los procedimientos legales y defendió combinar control fronterizo, vías legales de migración y cooperación con los países de origen. También sostuvo que las entradas irregulares en las fronteras españolas han descendido un 40%.

El 90% regresó a Marruecos y unos 5.000 siguen en Ceuta

Sánchez ha utilizado además la cooperación posterior de Rabat como argumento para no romper las relaciones con Marruecos. Según explicó, más del 90% de quienes entraron fueron retornados rápidamente y ese volumen de devoluciones no habría sido posible sin colaboración marroquí.

El problema, naturalmente, no desapareció con ese porcentaje. Miles de personas permanecen todavía en Ceuta; las estimaciones gubernamentales recientes las sitúan en torno a 5.000 personas, entre ellas numerosos menores. Sánchez ha prometido acelerar la salida de personas de las calles y facilitar alojamiento digno mientras se resuelve su situación administrativa, con la previsión de reubicar a otras 1.500 en aproximadamente dos semanas.

Es una parte menos vistosa del debate parlamentario, pero probablemente la más tangible para Ceuta. La ciudad lleva más de un mes soportando una presión excepcional sobre servicios sociales, centros de acogida, seguridad, barrios y espacios públicos. El gran tablero diplomático se juega entre Madrid y Rabat; las colas, las camas improvisadas y la convivencia cotidiana, entretanto, están en Ceuta.

La embajadora marroquí fue convocada el 21 de agosto

Sánchez ha revelado también un movimiento diplomático que el Gobierno había mantenido hasta ahora fuera del foco público. El Ministerio de Exteriores convocó el 21 de agosto a la embajadora de Marruecos en España después de que miembros del Gobierno marroquí realizaran declaraciones reivindicando Ceuta y Melilla como un supuesto derecho histórico y geográfico de su país.

El presidente rechazó esas posiciones y aprovechó el comienzo de su intervención para reafirmar de manera inequívoca la soberanía española sobre ambas ciudades. Su formulación fue particularmente enfática: Ceuta y Melilla son españolas y seguirán siéndolo “hasta el final de los tiempos”.

No es un detalle decorativo. Sánchez intenta mantener simultáneamente dos mensajes que no siempre conviven con comodidad: España considera estratégica la cooperación con Marruecos, pero esa cooperación no implica negociar la soberanía de Ceuta o Melilla. La convocatoria de la embajadora funciona precisamente como demostración de esa línea roja.

Más frontera física y más presencia europea

El presidente ha anunciado asimismo medidas destinadas a reforzar la protección de las dos ciudades autónomas. Entre ellas figura ampliar el control fronterizo y estudiar una estructura fija en el mar que dificulte las entradas a nado.

El Gobierno también quiere aumentar el encaje político y económico de Ceuta y Melilla en la Unión Europea, impulsando su integración en la unión aduanera europea y una presencia permanente en el Comité Europeo de las Regiones. Sánchez ha vuelto además a defender una próxima visita de Felipe VI a las ciudades autónomas.

La idea de fondo es sacar Ceuta del incómodo papel de excepción periférica y convertir su condición de frontera exterior europea en una responsabilidad más compartida con Bruselas. Porque el Estrecho mide apenas unos kilómetros, pero políticamente a veces parece un océano.

Feijóo exige su dimisión y el Congreso eleva el choque político

Las explicaciones no han convencido a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP sostiene que la operación salió de Marruecos y fue consentida allí, presenta indicios de coordinación marroquí y acusa al Ejecutivo de haber conocido y ocultado la amenaza.

Feijóo planteó a Sánchez una disyuntiva deliberadamente brutal: dimitir por incompetente si realmente desconocía lo que iba a ocurrir o por cómplice si tenía información previa. El PP se ha personado además en las actuaciones abiertas en la Audiencia Nacional para acceder al procedimiento y reclamar responsabilidades.

Vox ha ido todavía más lejos y califica lo ocurrido de “invasión”, mientras parte de los socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos sectores de Sumar, también cuestionan la facilidad con la que el Ejecutivo ha descartado hasta ahora una responsabilidad marroquí.

La discusión, por tanto, no termina con la comparecencia. Al contrario. La publicación prometida de los informes y la investigación judicial serán las piezas que permitan comprobar qué parte de las versiones enfrentadas sobrevive cuando desaparezca el ruido del hemiciclo.

Ceuta queda en el centro de una relación que España no puede simplificar

La comparecencia de Pedro Sánchez deja una posición bastante más matizada de lo que cabría resumir con un simple “Marruecos no fue”. El Gobierno sostiene que no existen todavía pruebas sólidas para atribuir a Rabat la planificación de la crisis, pero acepta que la Gendarmería marroquí dejó de contener los cruces durante horas, reconoce fallos en la inteligencia española y mantiene abierta la investigación.

A la vez, Sánchez defiende que la colaboración de Marruecos permitió devolver a la inmensa mayoría de quienes habían entrado, reivindica la actuación humanitaria de los agentes españoles, promete publicar la documentación completa y anuncia más protección para Ceuta y Melilla.

Ese equilibrio es incómodo, quizá inevitable: España necesita saber qué ocurrió sin inventarse certezas, pero también sin apartar la mirada de los indicios que existen. Entre acusar a un país vecino sin pruebas y fingir que nada extraño sucedió hay un espacio bastante amplio. Es exactamente ahí donde queda, después del Congreso, la cuestión marroquí.