¿Por qué el PSOE acusa a Ayuso por las 11 parcelas públicas de Madrid?

El PSOE de Madrid ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la gestión del suelo público. El motivo es concreto: 11 parcelas propiedad de la Comunidad de Madrid han sido vendidas durante la actual legislatura, iniciada en junio de 2023. El dato no procede únicamente de la oposición. Según la información conocida, la propia Administración regional confirmó esas operaciones al responder a una pregunta parlamentaria registrada por el diputado socialista Javier Guardiola.

Los socialistas sostienen que esos terrenos deberían haberse conservado dentro del patrimonio público y utilizado para construir vivienda pública o protegida, en lugar de salir al mercado. Guardiola acusa al Ejecutivo autonómico de desprenderse de un recurso que, a diferencia de un presupuesto anual, una vez vendido deja de estar en manos públicas. La crítica adquiere especial peso en un momento en el que acceder a una casa en Madrid se ha convertido casi en una carrera de obstáculos: durante el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda libre aumentó un 13,6% interanual en la Comunidad de Madrid, por encima del 12,9% registrado en el conjunto de España.

Hay, sin embargo, una precisión necesaria. Está documentada la venta de las 11 parcelas y está documentada la denuncia política del PSOE, pero eso no convierte automáticamente en hechos probados todas las conclusiones de los socialistas. La afirmación de que el suelo se entrega a fondos para especular pertenece, de momento, al terreno de la acusación política. La información conocida sobre las operaciones no ofrece un desglose completo de compradores, precios, condiciones de cada adjudicación y posibilidades urbanísticas de todos los terrenos que permita afirmar que las 11 parcelas podían haberse destinado, sin más trámites, a vivienda protegida.

Las 11 parcelas se reparten entre Madrid y cinco municipios

La relación facilitada por los socialistas a partir de los datos recibidos de la Comunidad dibuja una geografía bastante concreta. Cinco parcelas están situadas en Madrid capital, dos en Móstoles y las cuatro restantes se encuentran, respectivamente, en Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y Arganda del Rey. Son once terrenos vendidos desde el inicio de la legislatura autonómica.

Para el PSOE-M, ahí está precisamente el problema. Guardiola considera que el suelo público es un activo limitado y que, en una región donde la vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos familiares, conservarlo permite a la Administración intervenir en el futuro con promociones públicas, alquiler asequible o vivienda protegida. Venderlo aporta ingresos inmediatos; mantenerlo conserva capacidad de actuación durante décadas. Son dos formas bastante distintas de mirar el mismo solar.

El matiz no es pequeño. La venta de patrimonio público no equivale por sí misma a una irregularidad, ni la existencia de suelo público obliga automáticamente a dedicarlo a vivienda. Para valorar cada operación habría que conocer la clasificación urbanística del terreno, su uso previsto, las condiciones de enajenación, el precio obtenido y la alternativa concreta que existía. Lo que el PSOE plantea es, sobre todo, una discusión política sobre las prioridades del Gobierno regional: qué patrimonio conserva y qué patrimonio convierte en ingresos.

Vender un terreno no es lo mismo que cederlo durante décadas

La polémica resulta más interesante cuando se compara con el propio modelo de vivienda defendido por el Ejecutivo de Ayuso. La Comunidad utiliza también suelo público para el Plan Vive, su programa de colaboración público-privada destinado a levantar viviendas de alquiler a precio asequible. En ese esquema no se produce necesariamente una venta del terreno: la Administración puede mantener la titularidad y permitir su explotación mediante concesiones durante un periodo determinado.

Esa diferencia jurídica termina teniendo consecuencias muy terrenales. Con una venta, el propietario público transmite el inmueble. Con una concesión, el suelo continúa siendo público aunque una empresa privada construya y gestione viviendas durante años bajo las condiciones establecidas por la Administración. Dicho de forma menos notarial: una cosa es entregar las llaves de la casa y otra prestar la habitación durante un tiempo largo.

El Plan Vive es la gran réplica del Gobierno regional

La Comunidad presenta el Plan Vive como una de sus principales respuestas al problema residencial. Su previsión es alcanzar 14.000 viviendas durante esta legislatura. Los últimos datos publicados por el Gobierno regional indican que, hasta julio de 2026, se habían entregado 6.419 viviendas y alrededor de 8.000 se encontraban en construcción o adjudicación.

El debate está también en quién conserva el suelo

Ahí aparece una de las contradicciones políticas que explica la disputa. El Gobierno madrileño sostiene que la colaboración con empresas privadas permite construir más deprisa y multiplicar la oferta. El PSOE responde que precisamente por eso debe protegerse el banco público de suelo, evitando desprenderse definitivamente de terrenos que podrían alimentar promociones similares en el futuro.

No son modelos completamente incompatibles. Una Administración puede vender unas propiedades y conservar otras para vivienda protegida. La cuestión incómoda —y mucho más relevante que los eslóganes de unos y otros— es por qué se eligió vender exactamente esas 11 parcelas, qué rendimiento económico obtuvo la Comunidad y cuál habría sido su utilidad alternativa.

Ayuso prepara a la vez más vivienda protegida

El Gobierno autonómico no ha abandonado la vivienda protegida; al contrario, ha convertido el incremento de la oferta en uno de los ejes de su política para 2026 y 2027. El Ejecutivo presentó un plan de choque con 15 medidas y posteriormente aprobó un proyecto normativo con el que calcula que podrán facilitarse más de 18.000 viviendas protegidas durante los próximos cuatro años.

Entre los cambios planteados figura permitir hasta un 30% más de densidad y un 20% más de edificabilidad en determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida, además de elevar edificios hasta dos plantas adicionales cuando se cumplan los requisitos y el municipio aplique la medida. También se amplían las posibilidades de transformar otros usos urbanísticos en residencial protegido. La filosofía es sencilla: si el suelo es escaso, hacer caber más viviendas en él.

Ese argumento introduce una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Gobierno impulsa normas destinadas a aprovechar con mayor intensidad determinadas parcelas para vivienda protegida, la oposición le reprocha que haya vendido otros suelos públicos que podrían haber incrementado ese mismo patrimonio residencial. El Ejecutivo y el PSOE observan el tablero desde extremos opuestos: uno pone el énfasis en acelerar la construcción y movilizar suelo; el otro, en preservar la propiedad pública para no perder capacidad de intervención futura.

El ático de Planifica Madrid agranda la polémica inmobiliaria

La denuncia sobre las parcelas ha aparecido, además, en el peor momento posible para evitar ruido político. La Comunidad sigue inmersa en la controversia por la adquisición, a través de la empresa pública Planifica Madrid, de un inmueble en Chamberí por 6,3 millones de euros, comprado inicialmente para necesidades institucionales vinculadas a las obras de la Real Casa de Correos y posteriormente puesto en venta por alrededor de 6,7 millones.

El PSOE presentó una denuncia por la operación contra responsables de Planifica Madrid por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. La última novedad llegó el 10 de agosto: la Fiscalía Provincial de Madrid remitió esa denuncia, junto con las presentadas por tres particulares, al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que ya tenía abierta una investigación relacionada con los hechos. La remisión no significa que los delitos denunciados estén acreditados ni supone una condena; significa que las actuaciones se incorporan a una investigación judicial existente.

El PSOE ha aprovechado ese episodio para conectar dos asuntos distintos bajo una misma crítica sobre la administración del patrimonio público: por un lado, la compra y posterior venta del inmueble de Chamberí; por otro, las once parcelas enajenadas desde 2023. Jurídicamente son operaciones diferentes. Políticamente, el efecto es evidente: el debate sobre cómo compra, vende y utiliza sus propiedades la Comunidad de Madrid ha salido del discreto cajón de la gestión patrimonial para ocupar el escaparate.

Lo que todavía falta conocer de las ventas

A fecha del 11 de agosto de 2026, el dato central está suficientemente asentado: durante la legislatura se han vendido once parcelas de titularidad autonómica y su distribución territorial ha sido identificada a partir de la respuesta facilitada por la Comunidad de Madrid. Lo que no está igualmente acreditado es que todas fueran aptas para construir vivienda protegida ni que todas hayan acabado en manos de fondos de inversión. Presentar esas dos afirmaciones como hechos cerrados iría más lejos de la información conocida.

Para medir de verdad el alcance de la decisión importan cuestiones menos vistosas pero bastante más esclarecedoras: qué uso tenía cada parcela, cuánto ingresó la Comunidad, quién la compró y bajo qué condiciones. Un terreno industrial, dotacional o sometido a determinados condicionantes urbanísticos no puede transformarse por arte de magia en bloques de vivienda protegida; un terreno residencial disponible, en cambio, sí puede representar una oportunidad pública perdida si se vende cuando existe una necesidad acreditada de vivienda.

Tampoco conviene confundir dos debates. Uno es la legalidad de las operaciones, sobre la que la denuncia política conocida acerca de estas parcelas no demuestra por sí sola ninguna infracción. Otro es la oportunidad de venderlas. Y ahí sí entra la política con todas sus botas: incluso una operación perfectamente legal puede discutirse si la Administración renuncia a un activo que habría podido utilizar de otra manera.

El verdadero valor está debajo de los edificios

La pelea por las once parcelas revela algo que suele quedar sepultado bajo cifras de viviendas, grúas y anuncios de nuevos planes: el suelo es la materia prima de cualquier política residencial. Puede venderse, cederse, reservarse o utilizarse directamente. Pero no puede fabricarse cuando hace falta. De ahí que cada decisión sobre patrimonio público tenga una vida mucho más larga que el titular político de una semana.

El PSOE ha encontrado en esas ventas un argumento para cuestionar el modelo inmobiliario de Ayuso. El Gobierno regional, por su parte, tiene cifras con las que responder: miles de viviendas del Plan Vive entregadas o en marcha y una normativa que pretende aumentar con fuerza la construcción protegida. Las dos realidades pueden coexistir. La Comunidad puede estar levantando vivienda asequible y, simultáneamente, desprendiéndose de otros terrenos públicos.

Por eso las 11 parcelas públicas de Madrid importan más allá del rifirrafe entre PP y PSOE. La cuestión no termina en saber si se vendieron —eso está confirmado—, sino en determinar qué perdió o ganó el patrimonio público con cada operación. En una región donde el precio de comprar vivienda avanzaba un 13,6% interanual al comenzar 2026, vender suelo puede tener sentido en determinados casos; convertirlo en una política rutinaria, en cambio, exige una explicación especialmente sólida. El cemento se puede volver a comprar. El suelo bien situado, no siempre.