¿Qué pasa en Francia? 65 heridos, incendios y 400 escuelas cerradas

Francia afronta una escalada de las protestas estudiantiles que ha dejado ya 65 trabajadores de la Educación heridos, entre ellos 40 directores de instituto, mientras más de 400 centros permanecen cerrados este viernes 2 de octubre por motivos de seguridad. Las movilizaciones, iniciadas por problemas como la falta de profesores, el deterioro de algunos edificios y unos horarios que los alumnos consideran excesivos, han derivado en determinados puntos del país en incendios, agresiones y enfrentamientos con la policía.

El balance dibuja una situación bastante más grave que un simple conflicto escolar. El ministro francés de Educación, Édouard Geffray, cifra en 170 los alumnos heridos desde el comienzo de las protestas. El jueves llegaron a estar bloqueados o alterados 1.207 institutos y, tras una jornada especialmente violenta, el Gobierno decidió cerrar algo más de 400 y trasladar las clases a distancia. Algunas instalaciones han sufrido daños en sus sistemas contra incendios; en otras, según las autoridades, los propios trabajadores fueron atacados.

De las protestas escolares a los incendios y las agresiones

La movilización comenzó hace unos diez días en la región parisina y se extendió con enorme rapidez. Las reivindicaciones iniciales resultan bastante reconocibles para cualquier familia con hijos en la enseñanza pública: profesores que no son sustituidos, clases masificadas, edificios deteriorados, problemas en comedores y aseos, presión académica y jornadas demasiado largas. Después llegaron los bloqueos. Y, mezclada con ellos, una violencia que ha terminado ocupando casi todo el encuadre.

El jueves 1 de octubre marcó el salto más brusco. Hubo incendios y disturbios en distintas ciudades, con episodios registrados desde la periferia de París hasta Marsella, Nantes, Estrasburgo, Lille o Toulouse. En Nantes ardió parte del instituto Nelson Mandela; en Marsella un vehículo de los bomberos fue incendiado durante los incidentes junto al instituto Saint-Exupéry. Las imágenes dejaron de parecer las de un bloqueo estudiantil convencional.

Uno de los episodios más graves ocurrió en un instituto de Marsella. Según las autoridades regionales, varios responsables del centro fueron agredidos y rociados con gasolina dentro del establecimiento. No se trataba ya de pupitres atravesados en una puerta ni de una pancarta en la verja: la frontera entre protesta y violencia se había roto de forma bastante literal.

40 directores heridos y una cifra inédita para Educación

Geffray confirmó este viernes que 40 de los 65 empleados de Educación heridos son directores de centros. El ministro añadió que varios de esos responsables le habían señalado que las personas con las que se enfrentaron durante los episodios violentos no eran alumnos de sus propios institutos. Es una apreciación de los afectados, no una prueba de que todos los incidentes sean obra de grupos externos, pero explica parte de la preocupación oficial.

También hay víctimas entre los estudiantes. El balance comunicado por Educación suma 235 heridos dentro de la comunidad educativa: 65 trabajadores y 170 alumnos. Paralelamente, el Ministerio del Interior contabilizó 305 policías, gendarmes y bomberos heridos durante la jornada del jueves. Son cifras procedentes de administraciones distintas y correspondientes a periodos diferentes, así que conviene no mezclarlas como si fueran un único balance.

La inquietud también aparece entre los sindicatos docentes y de directores. Representantes sindicales franceses han reconocido que parte de las reivindicaciones de los alumnos son legítimas, al tiempo que advierten de que algunos escenarios están quedando fuera del control de quienes iniciaron las movilizaciones. Esa distinción importa: convertir a todo estudiante que protesta en un alborotador sería tan poco serio como fingir que quemar un instituto forma parte del folclore de una huelga escolar.

Casi 2.000 detenidos y una movilización dominada por menores

La respuesta policial también ha crecido al ritmo de los disturbios. El Ministerio del Interior francés informó de 1.949 detenciones durante el jueves, principalmente relacionadas con violencia, alteración del orden público y ataques contra personas depositarias de autoridad. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, situó en alrededor de 2.000 las personas que habían pasado por detención policial desde el comienzo de esta fase del movimiento y afirmó que cerca del 90 % son menores de edad.

El dato explica otro elemento bastante excepcional de esta crisis: el Estado francés está teniendo que gestionar episodios de violencia grave protagonizados o rodeados por adolescentes. Policías y gendarmes se encuentran ante concentraciones muy heterogéneas, donde coinciden jóvenes que protestan pacíficamente, alumnos que participan en bloqueos, curiosos y personas dispuestas al enfrentamiento. Separarlos sobre el terreno, entre humo, carreras y proyectiles, no parece precisamente una operación quirúrgica.

El Gobierno ha reforzado el despliegue de CRS y unidades móviles de la Gendarmería, mientras algunos sindicatos de profesores sostienen que determinadas intervenciones policiales pueden alimentar la tensión. Otros responsables escolares, por el contrario, consideran que la presencia policial ha evitado incidentes todavía más graves. La discusión sobre el uso de la fuerza acompaña así a otra más elemental: cómo permitir la protesta sin dejar los institutos convertidos en escenario de batalla.

El Gobierno quiere que los padres paguen los destrozos

Darmanin ha añadido un ingrediente especialmente polémico. El ministro de Justicia pidió a los fiscales que hagan valer la responsabilidad civil de los padres cuando sus hijos menores sean identificados como responsables de daños durante los disturbios. Su planteamiento es que las familias puedan responder económicamente por las reparaciones causadas por sus hijos.

No es únicamente una frase política lanzada al calor de las barricadas. La legislación civil francesa contempla la responsabilidad de los padres por los daños causados por hijos menores en determinados supuestos. La aplicación concreta, claro, exige determinar quién produjo cada destrozo y en qué circunstancias. Quemar un contenedor delante de un instituto y simplemente estar presente en una concentración no son jurídicamente la misma cosa.

Incluso dentro del Ejecutivo hay matices. Geffray se ha mostrado más prudente que Darmanin: acepta el principio de que quien causa un daño debe responder, pero advierte de que numerosos estudiantes pueden verse envueltos en movilizaciones posteriormente desbordadas por personas dedicadas a provocar destrozos. Identificar responsabilidades individuales será, por tanto, el verdadero nudo de la cuestión.

Las reivindicaciones que quedaron debajo del humo

El riesgo para el Gobierno francés consiste en que la violencia termine tapando los problemas que originaron las protestas. Los estudiantes venían denunciando falta de medios, escasez de profesores, sustituciones que no llegan, deterioro de centros, presión asociada al acceso a los estudios superiores y horarios sobrecargados. Las organizaciones estudiantiles reclaman más recursos humanos y financieros para la educación pública.

El propio ministro de Educación ha reconocido que las demandas iniciales merecen ser escuchadas. Geffray debe reunirse este viernes con organizaciones sindicales, representantes de alumnos, asociaciones de padres y miembros del Consejo Nacional de Vida Escolar. También ha planteado una plataforma de consulta para recoger propuestas de los estudiantes y buscar respuestas concretas en cada territorio.

Hay incluso una primera marcha atrás del Ejecutivo. El Gobierno retiró una medida presupuestaria que pretendía introducir tasas para determinados estudiantes no beneficiarios de becas. Es una concesión concreta, aunque difícilmente basta para apagar una movilización que ha acumulado malestar educativo, tensión social y violencia urbana en algunos puntos del país.

La batalla política alrededor de las protestas

La crisis también ha entrado de lleno en la política francesa. El Gobierno sostiene que La France Insoumise y grupos de extrema izquierda han contribuido a impulsar o aprovechar las movilizaciones, una interpretación atribuida desde el Ejecutivo a informaciones de los servicios de inteligencia. LFI rechaza esas acusaciones y responsabiliza al Gobierno de agravar la tensión con su respuesta policial y su discurso. La acusación política, por tanto, sigue siendo objeto de disputa.

El propio panorama sobre el terreno es menos limpio que el relato partidista. Testimonios de profesores y responsables escolares describen una movilización muy heterogénea: alumnos preocupados por las condiciones de estudio, jóvenes movilizados por cuestiones sociales más amplias y personas que acuden buscando el choque. En algunos centros, los responsables dicen no reconocer entre los agresores a sus propios estudiantes. En otros, las detenciones corresponden mayoritariamente a alumnos. La realidad, incómodamente, cabe peor en un eslogan.

El primer ministro convocó una reunión de crisis y el Ejecutivo llegó a cancelar desplazamientos ministeriales para concentrarse en la situación. Cada incendio escolar tiene así una segunda combustión, la política, mientras el debate sobre seguridad, educación pública y responsabilidad juvenil va ganando temperatura.

Francia intenta recuperar sus institutos

Este viernes el objetivo inmediato es reducir la tensión. Más de 400 institutos siguen cerrados, las clases de muchos alumnos se han desplazado a internet y las autoridades han reforzado la vigilancia alrededor de determinados centros. El calendario tampoco ofrece demasiado descanso: existe una nueva convocatoria de movilización para el martes 6 de octubre.

Francia tiene delante dos problemas que se solapan pero no deberían confundirse. Uno es educativo: estudiantes que denuncian centros deteriorados, profesores ausentes y presión académica. El otro es de orden público: incendios, agresiones, destrozos y ataques contra trabajadores escolares, policías y bomberos. Tratar el segundo como si fuera simplemente una reivindicación estudiantil desfigura los hechos. Utilizar el segundo para borrar el primero tampoco resolvería gran cosa.

Entre ambos queda la escuela, literalmente en medio. Una institución que debería servir para discutir sobre el futuro se ha encontrado apagando fuegos en el presente. Y esa imagen —un instituto cerrado, los alumnos en casa y la puerta custodiada después de una noche de disturbios— explica bastante bien hasta dónde ha llegado la crisis francesa.