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¿Por qué protestar en la calle cambió nuestros derechos en Europa?

Las calles de Europa también escribieron la democracia: de las luchas obreras y sufragistas al 15-M, protestar dejó una huella política decisiva.

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Imagen: Ramón Casas / Wikimedia Commons, dominio público

Resumen

  • La acampada de Sol reabre el debate sobre protesta, vivienda y democracia
  • Europa amplió derechos con movilización social, leyes y presión ciudadana
  • Protestar no equivale a violencia: la reunión pacífica es un derecho

La Puerta del Sol vuelve a parecerse a algo más que una plaza atravesada por turistas, repartidores y madrileños con prisa. La acampada por la vivienda ha recuperado una vieja función del espacio público: convertir un problema cotidiano en un asunto político imposible de guardar en un cajón. Miles de personas han participado en las movilizaciones de estos días y la protesta, surgida alrededor del conflicto por la vivienda y los desahucios, ha vuelto a situar Sol en el centro del debate nacional.

El episodio devuelve una discusión antigua y, a veces, deliberadamente confusa: qué papel tiene la calle en una democracia. Isabel Díaz Ayuso ha acusado en distintas ocasiones al Gobierno y a sectores de la izquierda de querer “quemar las calles” o utilizar las protestas políticamente. Es una afirmación política, discutida por sus adversarios, pero sirve para plantear una distinción básica: la historia europea demuestra que manifestaciones, huelgas y concentraciones han intervenido repetidamente en la conquista de derechos; también demuestra que protestar no equivale a ejercer violencia.

Ese matiz no es una exquisitez académica. Es la frontera que convierte la calle en una pieza de la democracia y no en su negación. La Constitución española reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa; las manifestaciones en lugares de tránsito público deben comunicarse y solo pueden prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

Sol y el viejo poder de ocupar una plaza

La imagen resulta familiar porque Madrid ya ha visto esta película, aunque nunca se repite exactamente el guion. En mayo de 2011, el 15-M convirtió la Puerta del Sol en un enorme foro ciudadano. Miles de personas llenaron la plaza, organizaron asambleas y colocaron asuntos como la precariedad, la vivienda, la corrupción, el desempleo o la representación política en el centro de una conversación nacional que llevaba tiempo acumulando presión.

Quince años después, algunas personas que participaron entonces han regresado a Sol por la vivienda. El paisaje ha cambiado, también las redes sociales y los partidos, pero permanece una intuición bastante elemental: cuando una preocupación compartida sale del salón de casa y se hace visible entre miles de desconocidos, deja de parecer un problema individual. Empieza a convertirse en una cuestión pública.

Precisamente ahí está una de las trampas habituales al mirar hacia atrás. Rara vez un derecho nació porque un martes salieran 50.000 personas a una avenida y el miércoles un Gobierno capitulara. La historia funciona peor que un eslogan. Una manifestación crea presión, muestra apoyos, conecta grupos antes dispersos, cambia conversaciones, da visibilidad a quienes apenas la tenían y puede alterar el coste político de no hacer nada. Después entran en escena parlamentos, sindicatos, jueces, elecciones, partidos, negociaciones y leyes.

La calle no sustituye necesariamente a las instituciones. A menudo las obliga a escuchar un ruido que hasta entonces podían fingir que no existía.

De 1789 al movimiento obrero: derechos que no cayeron del cielo

Europa ofrece ejemplos mucho más antiguos. La Revolución francesa de 1789 acabó con pilares esenciales del Antiguo Régimen y colocó en el centro del debate político ideas que cambiarían el continente: igualdad jurídica, ciudadanía, soberanía nacional y derechos individuales. Nada de aquello apareció por generación espontánea. Hubo crisis económica, conflicto institucional, movilización popular, luchas de poder y una ruptura política de enorme profundidad.

Sería absurdo convertir aquel periodo en una postal romántica de barricadas. La misma revolución que ayudó a extender un nuevo lenguaje de derechos atravesó después el Terror, ejecuciones, persecuciones y guerras. La historia ofrece avances y precipicios en el mismo paisaje. Incendiar literalmente una ciudad nunca ha sido sinónimo automático de conquistar libertades.

Mucho menos espectacular, aunque quizá más instructivo, fue el cartismo británico del siglo XIX. Trabajadores excluidos del voto organizaron reuniones multitudinarias, campañas y grandes peticiones reclamando reformas electorales. Sus demandas fueron rechazadas en su momento. Parecía una derrota. Sin embargo, buena parte de aquellas reivindicaciones —como la ampliación del sufragio masculino y el voto secreto— terminaron incorporándose posteriormente al sistema político británico.

La enseñanza es menos cinematográfica que una barricada, pero bastante más útil: la movilización también trabaja a fuego lento. Una generación protesta, otra negocia y una tercera acaba considerando normal aquello que alguna vez pareció una extravagancia radical.

La jornada de ocho horas y el voto de las mujeres

Algo parecido ocurrió con los derechos laborales. La jornada de ocho horas fue durante décadas una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero internacional. Huelgas, sindicatos y presión política fueron convirtiendo una exigencia considerada poco realista en una norma cada vez más extendida. En 1919, la recién creada Organización Internacional del Trabajo plasmó en su primer convenio internacional el principio de ocho horas diarias y 48 semanales para la industria.

También el sufragio femenino desmonta la idea de que los derechos aparecen espontáneamente cuando las sociedades se vuelven más civilizadas. Durante décadas hubo asociaciones, campañas, mítines, periódicos, peticiones y movilizaciones. En Reino Unido, las mujeres obtuvieron parcialmente el derecho al voto en 1918 y alcanzaron la igualdad electoral con los hombres en 1928. El Parlamento puso el sello jurídico; la sociedad llevaba mucho tiempo empujando la puerta.

España recorrió su propio camino. El 1 de octubre de 1931, las Cortes Constituyentes aprobaron el sufragio femenino después de un intenso debate en el que Clara Campoamor defendió la igualdad política de las mujeres frente a quienes consideraban inoportuno reconocerla inmediatamente. Las españolas pudieron votar en unas elecciones generales por primera vez en noviembre de 1933.

Fue una victoria institucional, sin duda. Pero detrás existían años de asociaciones, pensamiento feminista, discusión pública y presión para ampliar la ciudadanía. Otra vez aparece la misma fotografía: sociedad e instituciones empujándose mutuamente.

De Leipzig a España: cuando una multitud deja de tener miedo

Pocas escenas explican mejor el poder político de una concentración pacífica que Leipzig en 1989. El 4 de septiembre, unas 1.200 personas salieron a la calle después de una oración por la paz en la iglesia de San Nicolás. Reclamaban, entre otras cosas, libertad de circulación y de reunión. Las marchas de los lunes se repitieron, crecieron y acabaron convirtiéndose en uno de los símbolos de la revolución pacífica de Alemania Oriental.

El 2 de octubre participaron alrededor de 20.000 personas en Leipzig. Una semana después llegaría otra manifestación decisiva. No fueron aquellas marchas, aisladas de todo lo demás, las que derribaron por sí solas el bloque oriental. Existían una crisis económica, una pérdida acelerada de legitimidad, transformaciones en la Unión Soviética y cambios en países como Polonia y Hungría. Pero la calle hizo visible algo crucial: el miedo estaba cambiando de bando y el régimen ya no controlaba completamente la iniciativa política.

España conoció un proceso distinto durante los últimos años del franquismo y la Transición. La democratización no se explica únicamente mediante pactos entre dirigentes ni únicamente mediante presión popular. Hubo movilización obrera, estudiantil, vecinal y feminista, junto a negociaciones políticas, elecciones, legalización de partidos, reformas legislativas y un proceso constituyente.

Reducir aquella transformación a una sola causa resulta cómodo, pero empobrece la historia. La democracia española nació también de esa tensión entre quienes discutían dentro de los despachos y quienes reclamaban cambios fuera de ellos. Calle e institución, otra vez. No una contra la otra.

Locke, Rousseau, Mill y Arendt: el poder visto desde abajo

Mucho antes de las pancartas modernas, John Locke había situado una idea explosiva bajo los pies de las monarquías absolutas: el poder político necesita legitimidad y no puede tratar al ciudadano como simple propiedad del gobernante. Su pensamiento ayudó a consolidar una concepción del individuo provisto de derechos frente al poder.

Jean-Jacques Rousseau colocaría después la soberanía popular en el centro de la discusión política europea. Su obra contiene tensiones que todavía provocan debates entre filósofos, pero dejó una pregunta decisiva: si la soberanía reside en el pueblo, gobernar no puede consistir simplemente en administrar súbditos desde arriba.

John Stuart Mill amplió esa conversación defendiendo la libertad individual, la participación política y el sufragio femenino. No imaginaba la democracia como una urna que se abre cada cuatro años y después se guarda bajo llave. Para Mill, la discusión, la discrepancia y la participación tenían también una función educativa y cívica.

Hannah Arendt fue todavía más lejos al separar conceptualmente poder y violencia. El poder, en su obra, aparece cuando las personas actúan conjuntamente en el espacio público; la violencia es otra cosa, un instrumento que puede destruir precisamente aquello que pretende sustituir. Esa distinción ayuda a entender por qué una plaza ocupada pacíficamente y una turba que agrede a personas no representan el mismo fenómeno político. Una multitud no se define solo por su tamaño, sino por lo que hace.

Jürgen Habermas añadiría otra pieza: la esfera pública, ese territorio situado entre la vida privada y las instituciones en el que los ciudadanos discuten asuntos comunes y forman opinión. La democracia, vista desde ahí, no consiste únicamente en contar papeletas. También necesita circulación de argumentos entre sociedad, medios, asociaciones y Parlamento.

Nada de esto convierte a una manifestación en propietaria automática de la razón. Una protesta puede defender una causa ampliamente compartida, otra profundamente discutida y otra que la mayoría rechace. Ese es precisamente el punto democrático. El derecho de reunión no existe solo para quienes piensan como el Gobierno, como la oposición o como quien observa desde la acera.

Protestar no es quemar las calles

El lenguaje político tiene cierta afición a la gasolina imaginaria. Unos “toman” las calles, otros las “queman”, algunos las “conquistan” y casi todos aseguran hablar en nombre de quienes las pisan. Luego uno mira una manifestación real y encuentra paraguas, bocadillos envueltos en papel de aluminio, jubilados cansados, estudiantes afónicos, policías esperando, padres con niños y alguien que lleva tres horas sujetando una pancarta torcida.

La protesta pacífica es jurídicamente distinta de los disturbios y de la violencia. En España, el marco constitucional protege el derecho de reunión pacífica y permite restricciones bajo condiciones legales concretas relacionadas con el orden público y la protección de personas y bienes. No es un derecho absoluto, pero tampoco una concesión graciosa del gobernante de turno.

La desobediencia civil ocupa un terreno más complejo. En buena parte de la tradición política contemporánea se entiende como una infracción pública, consciente y normalmente no violenta de determinadas normas con la intención de provocar un cambio. No es lo mismo que agredir, incendiar o intimidar. Meterlo todo en la misma bolsa puede resultar rentable en una tertulia; para comprender la historia sirve bastante menos.

Por eso conviene desconfiar de dos simplificaciones opuestas. La primera sostiene que los derechos fueron generosamente concedidos desde arriba. No fue así: trabajadores, mujeres, opositores a dictaduras, asociaciones vecinales y movimientos civiles soportaron cárcel, despidos, discriminación, censura y años de campañas para ampliar libertades que después parecieron evidentes.

La segunda simplificación afirma que esos derechos nacieron simplemente de la violencia callejera. Tampoco. La presión social produjo cambios duraderos cuando consiguió transformarse en organización, reforma legal, negociación, representación política o una nueva legitimidad democrática. Entre una pancarta y una ley suele haber un camino bastante más largo de lo que admite un eslogan.

La calle como termómetro de una democracia viva

La actual protesta por la vivienda en Sol no es la Revolución francesa, ni Leipzig, ni una reproducción exacta del 15-M. Comparaciones de ese tamaño suelen aplastar más historia de la que explican. Es una movilización concreta en medio de una crisis de vivienda, con reivindicaciones propias y un conflicto político e institucional sobre la respuesta que debe darse a la acampada. La Comunidad de Madrid ha reclamado judicialmente su desalojo, mientras los participantes defienden la legitimidad de la protesta.

Y quizá ahí está el hilo que une épocas tan distintas. El sufragio, los derechos laborales, la igualdad política de las mujeres o la caída de regímenes autoritarios europeos no pueden atribuirse a una sola manifestación ni a una única tradición ideológica. Fueron procesos largos, llenos de avances, derrotas, pactos y contradicciones. Pero en muchos hubo un momento en el que personas corrientes dejaron de vivir un problema únicamente como una desgracia privada y empezaron a presentarlo públicamente como una cuestión política.

Una democracia representativa necesita urnas, leyes, jueces y parlamentos. También necesita una sociedad capaz de discrepar, organizarse y hacerse visible entre elección y elección. La calle no posee la verdad. Tampoco la posee un despacho. Ese incómodo espacio entre ambas es, desde hace siglos, uno de los lugares donde Europa ha discutido qué derechos tiene y cuáles todavía le faltan.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.