Economía
Por qué el Gobierno ha aprobado a toda prisa el decreto de los centros de datos
80% renovable hora a hora para los centros de datos de más de 10 MW: aprobado a nueve días del 29-N y con el PP prometiendo derogarlo.

Resumen
- El Gobierno ha aprobado a nueve días de las elecciones el decreto que exige a los grandes centros de datos cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora.
- La norma salió adelante pese a las críticas de la industria, las recomendaciones de la CNMC y las observaciones del Consejo de Estado.
- El PP ha anunciado que la derogará si gobierna: la regulación nace con fecha de caducidad política antes incluso de entrar en vigor.
Hay normas que esperan cinco años en un cajón. El decreto de centros de datos ha necesitado algo mucho más urgente: nueve días. El Consejo de Ministros lo aprobó a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, en contra del criterio de buena parte de la industria, de las recomendaciones de la CNMC y de las observaciones del Consejo de Estado. Y con una peculiaridad añadida: la ministra que lo firma, Sara Aagesen, no continuará en el Ejecutivo si Sánchez revalida Gobierno, y el principal partido de la oposición ya ha anunciado que lo derogará si gana.
Una regulación para los próximos años cuyo futuro está en discusión antes incluso de su entrada en vigor. Para entender las prisas hay que entender primero qué regula exactamente la norma y a quién afecta.
Qué exige exactamente el decreto a los centros de datos
La norma afecta a los centros de datos de más de 10 megavatios que soliciten acceso y conexión a la red eléctrica. Su exigencia central es doble: cubrir el 80% del consumo con energía renovable y acreditar que producción y demanda coinciden hora a hora, lo que en la jerga del sector se conoce como correlación horaria, más condiciones de adicionalidad (las renovables que alimenten el centro deben ser nuevas, no plantas ya existentes). Esto es lo más duro del texto: no basta con comprar certificados verdes, hay que demostrar que cuando el servidor consume, un molino o una placa está generando.
| Exigencia | Detalle | Plazo |
|---|---|---|
| Consumo renovable con correlación horaria | 80% + adicionalidad | Régimen general |
| Alternativa transitoria (sistema SRAD, con prioridad de desconexión) | 60% renovable en horas punta | Hasta finales de 2028 |
| Alternativa transitoria, segunda fase | 70% en horas punta y llano | Desde 2029 |
| Proyectos ya en tramitación | Adaptación o renuncia sin perder garantías | 6 meses (3 si esperan concurso) |
| Incumplimientos | Compensaciones automáticas y sanciones | Hasta 3 años sin derechos de acceso |
Fuente: real decreto de centros de datos · Noviembre de 2026
La vía de escape existe pero se paga: los operadores que se acojan al Sistema de Reducción Automática de Potencia —que los convierte en interrumpibles, con prioridad de desconexión cuando la red sufra— pueden cumplir porcentajes menores durante cinco años. Para una industria cuyo negocio es funcionar 24/7, esa flexibilidad tiene un coste que los operadores ya están incorporando a sus cálculos de rentabilidad.
El régimen transitorio se resume en cuatro puntos que los promotores ya están analizando con sus abogados:
- ✓Quien se acoja al SRAD queda como cliente interrumpible: la red puede desconectarlo con prioridad cuando haya tensión de suministro.
- ✓Hasta finales de 2028 bastará acreditar un 60% de renovables en horas punta; desde 2029, un 70% en horas punta y llano.
- ✓Los incumplimientos generan compensaciones automáticas y sanciones que pueden llegar a la suspensión de los derechos de acceso y conexión durante tres años.
- ✓Renunciar al proyecto no conlleva perder las garantías depositadas: una puerta de salida pensada para quien no vea rentabilidad con las nuevas reglas.
Por qué tantas prisas: el cálculo de los 5.000 millones
Aagesen defiende la norma con una cifra que funciona como argumento de venta ante la opinión pública: sin regulación, el crecimiento de los centros de datos provocaría un impacto de 5.000 millones de euros en las facturas eléctricas. El razonamiento es directo —más demanda significa más uso de gas en las horas caras, y más gas significa precios más altos para todos—, y en uno de los escenarios del Gobierno los consumidores industriales podrían llegar a pagar hasta un 25% más por la electricidad.
Debajo de ese argumento hay una batalla de fondo sobre quién paga la fiesta de la inteligencia artificial. Los centros de datos son la infraestructura física de la IA: consumen cantidades enormes de electricidad de forma constante, y España se ha convertido en destino atractivo por su sol, su viento y su suelo barato. El decreto traslada a los operadores una parte de ese coste sistémico: o traen renovables nuevas que casen hora a hora con su consumo, o se convierten en clientes interrumpibles, o compensan y se exponen a sanciones.
La industria en pie de guerra y el Consejo de Estado en medio
El decreto no se ha aprobado con el sector detrás, sino enfrente. Las patronales y los grandes operadores sostienen que la correlación horaria estricta es hoy técnicamente muy difícil de cumplir —la producción renovable es variable y el almacenamiento a gran escala todavía no da para tanto— y que, en la práctica, las nuevas exigencias hacen inviable instalar nuevos centros de datos en España. El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha comprado ese diagnóstico casi literalmente.
El argumento técnico de fondo es el almacenamiento. Cumplir el 80% renovable con correlación horaria exige plantas dedicadas, baterías a gran escala o una combinación de ambas, y ninguna de las tres opciones es barata ni rápida de desplegar. Los promotores recuerdan que España tiene sol y viento de sobra, pero que la red y el almacenamiento van por detrás: exigir casar generación y consumo hora a hora, sostienen, es colocar el listón español por encima del de cualquier otro país europeo que compite por los mismos proyectos.
La CNMC recomendó suavizar el texto y el Consejo de Estado emitió observaciones. Ninguna de las dos cosas frenó la aprobación. De ahí la pregunta que se hacen las fuentes empresariales consultadas por El Confidencial: ¿por qué aprobar ahora, a contrarreloj, una norma que el propio regulador energético sugería retocar?
«Las nuevas exigencias impiden en la práctica instalar centros de datos», sostiene Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, que ha anunciado la derogación de la norma si su partido llega a La Moncloa.
Derogar o no derogar: lo que viene después del 29-N
Las prisas tienen una lectura política evidente. Aagesen no seguirá en el Ejecutivo si Sánchez forma Gobierno, de modo que el decreto es, en parte, una herencia regulatoria: deja escrito el marco antes de ceder la silla. Y el PP ya ha prometido derogarlo, así que la norma nace con una amenaza de reversión incorporada, algo inédito en regulación energética reciente.
Para los inversores, ese es el peor escenario posible: no una regulación dura, sino una regulación incierta. Los proyectos en tramitación tienen seis meses para adaptarse (tres si esperan un concurso de acceso), pero difícilmente tomarán decisiones irreversibles antes de saber quién gobierna y qué hace con el decreto. Bank of America ya anticipa movimientos en el calendario y en el mapa de ubicaciones.
Pase lo que pase el 29 de noviembre, el problema de fondo no desaparece: la demanda eléctrica de los centros de datos va a seguir creciendo y alguien tiene que pagarla. La pregunta que deja el decreto es si la respuesta española —renovabilidad horaria estricta, con escape transitorio de cinco años— sobrevivirá a la legislatura o se convertirá en el primer gran vaivén regulatorio de la era de la inteligencia artificial. La norma, desde luego, ha nacido en campaña. Y eso, en España, suele ser media sentencia.












