¿Por qué el PP deja a Mazón decidir sobre su futuro político?

El PP deja a Mazón decidir tras el 29-O; la jueza incorpora el registro de llamadas. ES-Alert y cronología clave en una crisis con protestas.

A 31 de octubre de 2025, Carlos Mazón no ha anunciado su dimisión y la dirección nacional del Partido Popular sostiene que esa decisión le corresponde solo a él. El mensaje es nítido: el president de la Generalitat Valenciana debe valorar sus pasos y comunicarlos cuando lo estime; no habrá imposiciones desde Madrid. En paralelo, el PP se muestra favorable a que las víctimas y sus familias expresen su dolor y su protesta, en la calle o en actos institucionales, sin criminalizar esas manifestaciones. Es la posición política del día y condiciona todo lo demás: la continuidad de Mazón se juega, de momento, en el terreno de su voluntad personal y en el avance del procedimiento judicial.

En el plano procesal, la jueza que instruye el caso por la gestión de la DANA del 29-O ha dado un paso relevante: incorpora al sumario el listado de llamadas de Mazón del 29 de octubre de 2024. No es una curiosidad técnica, sino una pieza que puede confirmar o desmentir distintos relatos sobre quién sabía qué y en qué momento, con un punto horario convertido en tótem: las 20:11, minuto en que se envió el ES-Alert, la alerta masiva a móviles. Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior e imputada en la causa, sostiene que mantuvo informado al president, también sobre la activación del aviso. Presidencia ha defendido lo contrario en distintas comparecencias públicas. El cruce de llamadas, tiempos y duraciones puede inclinar la balanza.

Qué ha decidido el PP y qué implica para Mazón

El Partido Popular ha asumido una fórmula que le permite ganar tiempo y evitar fracturas internas: la decisión es de Mazón. El razonamiento es doble. Por un lado, blinda a su barón autonómico en uno de los momentos políticos más delicados del último año; por otro, evita que Génova cargue con el coste de forzar una salida que podría interpretarse como una admisión de responsabilidad antes de que la justicia se pronuncie. Esta arquitectura pública es coherente con el esfuerzo de encuadrar el caso en tiempos judiciales: que “todo siga su curso” y, mientras tanto, mantener el Gobierno valenciano en modo gestión.

Pero esa estrategia convive con un clima social tenso. Las escenas del homenaje de Estado por la DANA en Valencia —aplausos, lágrimas, también abucheos— han colocado el foco sobre el coste simbólico que arrastra el Consell. El PP admite el derecho de las familias a protestar, un reconocimiento que tiene una lectura política: no enfrentarse a quienes han perdido a los suyos y evitar un choque que sería contraproducente. Aun así, cualquier gesto público del president es escrutado en clave de oportunidad. En ese espejo, anunciar o no anunciar una dimisión no es solo una decisión personal: es gestión de riesgos.

En el cómputo interno del PP se cruzan varias variables. Una, la situación procesal: hoy no hay imputación del president en la causa de Catarroja, que se centra en la antigua cúpula de Interior. Dos, la aritmética parlamentaria: el Consell resiste si su líder resiste. Tres, la evolución del sumario: si el registro de llamadas y las próximas diligencias no abren grietas nuevas, la apuesta por aguantar cobra fuerza. Si las abren —porque documenten comunicaciones decisivas en momentos críticos o contradicciones palmarias—, el escenario se complica. Y cuatro, la presión social sostenida: las víctimas organizadas, la calle y las imágenes de actos oficiales pueden inclinar a favor de un gesto de responsabilidad política anticipada.

El giro judicial: el listado de llamadas del 29-O

La decisión de la magistrada de unir al procedimiento el listado de llamadas del 29-O otorga a ese documento un valor probatorio que no tenía cuando circulaba como papel político. Pasar de Les Corts al sumario no es un trámite: supone asegurar la cadena de custodia, cruzar metadatos con otras piezas (diarios de sala del 112, actas del Cecopi, informes meteorológicos, grabaciones) y cerrar huecos temporales que, en emergencias, resultan determinantes. En investigación de desastres, los minutos no son minutos: son decisiones.

Lo que busca la jueza es orden y precisión. Qué llamadas hubo, a qué hora exacta, con qué duración y entre qué interlocutores. Y cómo encaja ese patrón con el timeline ya conocido: comunicaciones internas del Cecopi, peticiones de ayuda en los municipios más castigados, avisos de riesgo en puntos críticos como el barranco del Poyo, y la activación del ES-Alert a las 20:11. Si los metadatos corroboran que Mazón fue informado de pasos clave antes de ese minuto, la hipótesis de conocimiento gana peso. Si no lo hacen, refuerzan la versión contraria. Un folio con horas y números puede decidir carreras.

Este movimiento procesal llega tras una serie de resoluciones que han separado lo relevante de lo accesorio. La instructora ha rechazado incorporar a la causa entrevistas mediáticas del president, con la idea de delimitar el sumario a documentos, testificales y periciales. En paralelo, la Audiencia ha marcado el perímetro del aforamiento, de modo que no se le investiga a él, pero sí se practican diligencias que rodean su entorno. El resultado es un equilibrio delicado: sin imputarle, el proceso mira de reojo al despacho del Palau.

La ventana horaria crítica y el ES-Alert de las 20:11

El minuto a minuto del 29-O se ha convertido en un objeto casi forense. La tarde avanza con acumulación de episodios: tormentas muy intensas, inundaciones súbitas, llamadas al 112 que se disparan y municipios colapsados. En ese contexto, la franja entre las 19:10 y las 20:11 es la que más pesa hoy. La exconsellera Pradas sitúa comunicaciones insistentes con Mazón en ese rango. La última secuencia antes de la alerta masiva —20:11— se vuelve clave: si en los minutos previos se informó sobre el envío inminente del ES-Alert, esa información, de existir, tira del hilo de la responsabilidad.

¿Por qué importa tanto un minuto? Porque el envío del ES-Alert no es una notificación cualquiera. Hace sonar y vibrar todos los móviles de un área geográfica con instrucciones inmediatas. En emergencias, anticipar diez minutos puede evitar muertes. Y en el análisis ex post, la oportunidad del aviso —cuándo se decide, quién lo valida, qué parámetros técnicos lo activan— se convierte en el centro de la evaluación de la gestión. En el 29-O, ese envío llegó a las 20:11. Los autos ya habían apuntado a tardanza. El registro de llamadas quiere ponerle números a esa tardanza.

Las versiones enfrentadas: Pradas frente a Presidencia

Salomé Pradas, hoy fuera del Govern e imputada por homicidio y lesiones imprudentes, ha sostenido que mantuvo informado al president en todo momento durante la tarde trágica. Señala que comunicó la activación del ES-Alert y que el Cecopi tomó decisiones operativas con criterios técnicos, sin esperar instrucciones políticas. Su defensa, y su relato, buscan trazar un mando operativo asentado en el centro de emergencias, con la cadena jerárquica informando a Presidencia en los puntos críticos.

La posición de Presidencia, en distintas intervenciones públicas, ha enfatizado que Mazón no recibió información completa sobre el envío del ES-Alert antes de su activación. También ha recordado que no está investigado en la causa de Catarroja y que ha colaborado con las comisiones parlamentarias y con la justicia dentro de los límites de su aforamiento. El choque, por tanto, no es solo de hechos, sino de responsabilidad política: quién sabía qué y cuándo, y qué se hizo con esa información. Si el presidente fue informado y no intervino, la exigencia de responsabilidades sube. Si no fue informado, la presión recae en el nivel operativo.

En medio, un dato jurídico nada menor: el aforamiento del president ha fijado un dique procesal. La instrucción no le investiga, pero sí rodea su agenda: intenta confirmar localizaciones, cronos de comidas y reuniones, y llamadas efectuadas y recibidas. Este perímetro complica la imagen, la vista pública de los hechos, porque transmite que el sumario gira cerca del despacho del president sin ponerle el pie encima. En política, esa sensación erosiona aunque no impute.

El contexto de la DANA y el papel del Cecopi

Para entender la relevancia del listado de llamadas hay que volver a lo fundamental: el 29 de octubre de 2024 una DANA devastó la provincia de Valencia con un balance oficial en sede judicial de 228 fallecidos. El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) funcionó como torre de control: Generalitat, Delegación del Gobierno, 112, mandos técnicos y representantes de emergencias. Es allí donde se cruzan datos de meteorología, carreteras, cuencas, protección civil y policía; allí donde se decide activar recursos, cortes y mensajes a la población.

En ese engranaje, el ES-Alert es un instrumento extraordinario. No se dispara con ligereza: exige criterios técnicos, zonificación precisa y mensajes claros para no sembrar pánico ni saturar líneas. De ahí que su activación a las 20:11 esté bajo la lupa: ¿había indicios suficientes una hora antes para enviarlo?, ¿qué debate se sostuvo en el Cecopi?, ¿quién validó el texto y la zona afectada?, ¿qué mapas de riesgo se tenían sobre la mesa? Cuando una jueza pide el listado de llamadas del máximo responsable político, no busca curiosidad: busca encaje entre el mando político y el mando operativo.

Cómo funciona ES-Alert y qué se esperaba aquel día

ES-Alert utiliza la tecnología de difusión celular: el mensaje salta de antena a antena y llega a todos los dispositivos en el área definida, aunque estén en silencio. El aviso no es meramente informativo: ordena conductas (“no coja el coche”, “aléjese de cauces”, “refúgiese en plantas altas”). Funcionó la noche del 29-O, sí, pero la discusión es temporal: si se hubiera enviado antes, ¿habría cambiado algo? Técnicos de emergencias explican que quince minutos en una avenida fuerte pueden salvar vidas al evitar desplazamientos y exposiciones innecesarias. Por eso cada minuto importa en el sumario y por eso el teléfono del president no es un adorno: ubica decisiones.

Alrededor del ES-Alert se abren otras preguntas técnicas útiles. ¿Qué umbral de precipitación, caudal o alerta meteorológica se fija para activar el sistema? ¿Cómo se coordina con las policías locales y con carreteras para evitar embudos peligrosos? ¿Se evalúan efectos colaterales (colapso de líneas, saturación del 112, bloqueos de tráfico)? Esa ingeniería de la emergencia convive con la responsabilidad política: la primera no la sustituye, pero la informa. De ahí que el trabajo judicial atraque en dos muelles: el técnico y el político.

Impacto político y social: víctimas, calle y partido

El funeral de Estado y los actos de recuerdo han mostrado una sociedad conmocionada que reclama verdad, reparación y garantías. Hubo protestas durante los homenajes, pancartas y consignas que interpelaron de forma directa a Mazón. Esas imágenes han pesado en el debate público porque rompen el molde de los grandes actos institucionales, normalmente blindados frente al ruido. Aquí no: el dolor habló y se escuchó. La reacción del PP, admitiendo el derecho a protestar, busca no alimentar un conflicto moralmente imposible de ganar.

En el interior del partido, el cálculo es frío. Forzar una dimisión puede ser interpretado como una rendición antes de tiempo; sostener al líder, como una prueba de fidelidad que cohesiona filas. Pero el escaparate autonómico no vive en una urna. La oposición ha aumentado su presión en Les Corts, con comisiones de investigación que revisan cronologías, comparecencias técnicas y decisiones políticas. En Madrid, además, la batalla se libra en paralelo con otros casos que afectan al adversario; un tira y afloja que el PP se esfuerza por equilibrar para evitar que el eje mediático quede monotemático en el 29-O.

Y luego está la gestión diaria. Un gobierno bajo presión tiende a enrocarse o a sobrecomunicar. El Consell ha intentado pisar agenda con anuncios económicos y sociales, pero cada micrófono acaba volviendo a la pregunta: ¿seguirá Mazón? Esa interferencia permanente dificulta pactos, negociaciones y reformas. Si la ola judicial sube, se impone una paradoja: la estabilidad exigirá un gesto que la rompa para reconstruirse con otro liderazgo. Si la ola baja, ganar tiempo puede funcionar.

Qué puede pasar a partir de ahora

El futuro inmediato circula por dos carriles. En el judicial, llegan diligencias que cruzarán el registro de llamadas con cronogramas del 112, actas del Cecopi e informes meteorológicos y periciales. Se esperan testimonios de personal clave y la verificación de localizaciones. El objetivo es ensamblar un relato con la mínima ambigüedad temporal posible: qué se supo, cuándo y quién estuvo en posición de decidir. En el parlamentario, las comisiones continuarán con comparecencias y requerimientos de documentación, abriendo otra línea de responsabilidad política que no necesita sentencias para activar consecuencias.

Para Mazón, el tablero tiene tres caminos. Uno, continuar sin movimientos mientras el sumario no le salpique directamente y el PP nacional mantenga su respaldo. Dos, un paso atrás temporal —dimisión o renuncia a parte de sus funciones— si el coste social y político se dispara o si nuevos datos contradicen su versión. Tres, un golpe de autoridad con explicaciones exhaustivas y documentación al detalle que persuada a indecisos y rearme a los suyos. Los tres caminos comparten un requisito: la cronología telefónica deberá encajar con la cronología operativa.

En términos de responsabilidad, conviene diferenciar. La penal exige pruebas muy concretas sobre acciones u omisiones que causen resultado y se imputen a personas con deber jurídico de actuar. La política responde a otros estándares: percepción pública, control parlamentario, coherencia de los relatos y capacidad de liderazgo. Por eso una no sustituye a la otra. La jueza puede no imputar al president y, aun así, el clima puede exigirle decisiones. O al revés: un auto que agrave la situación de ex altos cargos puede descargar parte del fuego sobre el Palau si fija responsabilidades operativas claras.

En la comunicación, otra pieza del puzzle, el margen de error se estrecha. Cuando una sociedad duelada escucha tecnicismos, necesita datos y claridad. Aquí ayuda algo que el propio PP ha señalado: no discutir el derecho a protestar. Y ayudaría más ofrecer una línea de tiempo unificada que haga innecesarias las conjeturas. El listado de llamadas, paradójicamente, puede ser la herramienta que ordene el relato. Si confirma la versión de Presidencia, baja la presión inmediata. Si la contradice, la marea sube.

Lo que hoy pende de un registro

La política y la justicia han colocado el foco en un objeto sencillo: un listado de llamadas. Esa hoja, con horas, números y duraciones, atornilla la realidad a una cronología que hasta ahora hemos conocido por testimonios cruzados y papeles administrativos. El PP deja a Mazón decidir su futuro y las víctimas ejercen su derecho a protestar; la jueza ensambla piezas para saber quién supo qué y cuándo. Entre ambos planos —el político y el judicial— transcurre la vida del Consell.

Si ese registro respalda la versión de Presidencia, Mazón puede resistir con algo más que apoyo orgánico: con datos. Si la desmiente, la presión se duplicará y la opción de una dimisión o un paso al lado dejará de ser hipótesis. A día de hoy, el partido apuesta por no precipitar nada y por escuchar antes el dictado de los documentos. La política tiene sus tiempos; las emergencias, no. El 29-O dejó 228 nombres y una ciudad que decidió no olvidar. Un año después, el futuro de un president se decide, en buena medida, en la fría exactitud de un log telefónico.

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Este artículo se ha elaborado con información verificada y contrastada. Fuentes consultadas: RTVE, El País, La Vanguardia, Cadena SER, ABC, elDiario.es, Antena 3, laSexta, Valencia Plaza, HuffPost.