¿Por qué Trump promete golpes por tierra en Venezuela?

Trump anuncia que EE.UU. pasará a detener por tierra a narcos vinculados a Venezuela tras meses de golpes en el mar; implicaciones y cifras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno empezará “muy pronto” a detener a presuntos narcotraficantes venezolanos también por tierra, un salto respecto a la campaña de interdicción marítima que Washington viene exhibiendo desde septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental. El mensaje, lanzado durante una videollamada del Día de Acción de Gracias con militares desplegados, sitúa a Venezuela en el centro de la estrategia antidrogas de la Casa Blanca y abre la puerta a una fase operativa mucho más compleja, con impacto regional y una fuerte carga política y legal.

La novedad anunciada por Trump se apoya en dos piezas que su equipo presenta como palancas de presión: por un lado, el balance “exitoso” —siempre según Washington— de la ofensiva naval que habría desplazado rutas del mar a la tierra; por otro, el andamiaje institucional levantado en las últimas semanas, con la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y el aumento de las recompensas contra dirigentes chavistas, entre ellos Nicolás Maduro, hasta 50 millones de dólares. Caracas niega la existencia del cartel, denuncia una “fabricación” para justificar acciones militares y no reconoce ninguna de las acusaciones. La fase terrestre, si se materializa, someterá a prueba esa narrativa, la capacidad de Estados Unidos para sostener un esfuerzo de alto riesgo y la resistencia diplomática de la región.

Qué ha dicho la Casa Blanca y hasta dónde llega el plan

Trump afirmó que, tras “golpear con fuerza” a lanchas rápidas en el mar, los “contrabandistas ahora intentan entrar por tierra” y que detenerlos en ese terreno “será más fácil”. No detalló reglas de enfrentamiento, zonas de despliegue ni calendario operativo; tampoco aclaró si contemplan presencia de tropas estadounidenses en suelo venezolano o si el foco recaerá en países de tránsito —Colombia, Brasil, Guyana, República Dominicana— para interceptar cargas y redes logísticas antes de su salida o en tramos intermedios. Ese matiz es crucial: el salto de un teatro marítimo a otro terrestre multiplica las variables, exige inteligencia humana fiable, cooperación policial y judicial, y protocolos estrictos para evitar bajas civiles y errores de identificación.

El discurso presidencial llegó arropado por imágenes de actividad militar en portaaviones y bases avanzadas, y por declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que se ha mostrado como cara visible de la ofensiva: visitas a unidades navales, mensajes de agradecimiento a tripulaciones “por interdictar a los carteles” y advertencias de que “si hace falta, habrá más”. A su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha colocado la pieza jurídica: formalizó la etiqueta de organización terrorista extranjera para el Cartel de los Soles, una figura que endurece herramientas penales y financieras para perseguir apoyo y financiamiento.

Del mar a la tierra: qué significa cambiar de escenario

La fase marítima, presentada en Washington bajo el paraguas de “Operación Lanza del Sur” (Southern Spear), suma —según recuentos oficiales y periodísticos coincidentes— al menos 21 operaciones contra embarcaciones sospechosas desde el 1 de septiembre, con 83 muertos y dos supervivientes repatriados. Son cifras que el Pentágono justifica como resultado de “golpes precisos” contra lanchas asociadas a Tren de Aragua, disidencias armadas o redes de “narcoterrorismo”. La Administración no ha publicado, por ahora, un informe detallado de cada caso con decomisos, cadena de custodia y vínculos judicializados; esa opacidad alimenta críticas de juristas y organizaciones de derechos humanos sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y la proporcionalidad del uso de la fuerza en el mar.

Tras casi tres meses de esa presión, la Casa Blanca sostiene que el flujo por vía marítima se ha reducido de manera drástica y que las redes han buscado rutas terrestres, desde pasos fluviales y selváticos hasta corredores por la Guayana Esequiba y el Amazonas brasileño. Cambiar el tablero implica otras reglas: ya no se trata de detectar un “gofast” en aguas internacionales y neutralizarlo con apoyo aéreo, sino de entrar en un terreno de sombras donde confluyen economía informal, contrabando, grupos armados y comunidades vulnerables. Los tiempos de reacción se alargan, la trazabilidad de las cargas se complica y la identificación de objetivos requiere indicadores más sólidos que una estela en el radar.

Un segundo rasgo define esa complejidad: el efecto globo. Presionada una ruta, el tráfico se desplaza; cerrada una boca de salida, surge otra. La experiencia regional con cocaína y precursores muestra que sin coordinación multinivel —policías, fiscalías, aduanas, unidades de inteligencia financiera— y sin empalmar interdicción con causas penales que desemboquen en condenas, los operativos se traducen en golpes vistosos pero de impacto estructural limitado. La promesa de Trump tendrá que medirse no solo en lanchas neutralizadas, sino en casos judicializados, redes financieras desarticuladas y rutas que no reaparezcan bajo otra bandera.

El armazón legal y político en Washington

La figura de organización terrorista extranjera aplicada al Cartel de los Soles es el pilar normativo reciente. Coloca en un terreno más duro cualquier colaboración con la supuesta red: tipifica apoyo material, facilita congelación de activos, habilita persecución penal extraterritorial y sube el listón de penas. El Gobierno de Maduro rechaza de plano no solo la designación sino el concepto mismo de “cartel” asociado a mandos militares y dirigentes chavistas; Yván Gil, canciller venezolano, habló de “mentira vil” y “fantasma” para cubrir una intervención, mientras Tarek William Saab, fiscal general, llegó a negar públicamente algunos ataques o a cuestionar su cronología. Delcy Rodríguez, vicepresidenta, tildó la campaña de “fabricación para un cambio de régimen”.

La Casa Blanca ha completado ese andamiaje con el refuerzo de recompensas: la de Nicolás Maduro se ha situado hasta en 50 millones de dólares, y se han anunciado montos menores para colaboradores señalados. Esa política del “cartel de los más buscados” tiene precedentes —Manuel Noriega en 1989— y va acompañada de una retórica de “narco–terrorismo” que difumina líneas entre crimen organizado y amenaza a la seguridad nacional. Para críticos internos en Estados Unidos, ese deslizamiento semántico es problemático: la War Powers Resolution y el control del Congreso sobre usos prolongados de la fuerza siguen ahí. Si la fase terrestre derivase en un enfrentamiento con fuerzas regulares venezolanas, la presión para una autorización específica (AUMF) crecería. La Casa Blanca, por su parte, repite que no “descarta nada” pero que busca “resultados con el menor coste”.

La opinión pública refleja esa tensión. Encuestas recientes han oscilado entre mayorías favorables a destruir barcos de droga y mayorías contrarias a matar sospechosos en el extranjero sin proceso judicial. Es decir, apoyo al objetivo y dudas sobre el método. Un salto al terreno, con escenas de soldados, carreteras y poblaciones, suele bajar el umbral de tolerancia a daños colaterales y errores. En ese contexto, los aliados del Congreso que hoy aplauden la “mano dura” podrían pedir más transparencia: reglas de enfrentamiento publicadas, informes desagregados de cada operación, decomisos y pistas sobre la trazabilidad de las cargas incautadas.

Caracas en modo contención y los equilibrios regionales

El Gobierno de Maduro ha respondido con una combinación de negación de los hechos y movilización interna. Las cadenas oficiales han mostrado maniobras con lanchas de la Guardia Costera, baterías antiaéreas y milicias; los discursos insisten en que Venezuela no es un corredor relevante de fentanilo y que el objetivo real de Washington es “forzar un cambio de poder”. En paralelo, se ha reactivado la diplomacia de urgencia: llamadas a foros regionales, quejas ante organismos multilaterales y esfuerzos por reunir apoyos en países con gobiernos ideológicamente afines o pragmáticos.

La región observa y calcula. Países que han denunciado abusos democráticos en Venezuela —Colombia, Chile, Uruguay— también rechazan intervenciones unilaterales con potencial de desestabilización y de flujo migratorio añadido. Brasil guarda silencio prudente mientras protege su Amazonas y su frontera. República Dominicana, socio cercano de Washington, se ha mostrado dispuesta a facilitar infraestructura para operaciones antidrogas, un gesto que indica alineamiento operativo pero que también la coloca en el radar de eventuales represalias retóricas de Caracas. El Caribe insular teme que un incremento de acciones lleve a desvíos de rutas hacia sus archipiélagos.

Entre bastidores, se multiplican los contactos discretos. Lo sugiere el propio Trump cuando deja entrever que “se puede hablar con Maduro” si hay señales verificables de reducción del tráfico o cooperación judicial. La fórmula no es nueva: presión militar de un lado; ofertas de alivio sancionador, del otro. Para que esa vía prospere se necesitan señales públicas creíbles: entregas, decomisos, extradiciones, apertura a observación internacional. De momento, ninguna.

Qué cambia (y qué no) con una fase terrestre

Una interdicción terrestre implica otro ecosistema probatorio. Ya no bastan videos térmicos ni trazas en el mar. Hacen falta incautaciones con cadena de custodia, peritajes, testimonios protegidos, cooperación con fiscalías locales y órdenes judiciales. ¿Sería eso posible en Venezuela? Todo apunta a que no, salvo un escenario de cooperación puntual —por ahora improbable— o operativos en terceros países con consentimiento. Si el teatro se desplaza a zonas de tránsito (selva amazónica, ríos binacionales, puertos clandestinos), el liderazgo operativo de Estados Unidos deberá fundirse con policías y ejércitos de la región, con todas sus asimetrías de capacidades y, también, sus resistencias políticas.

En términos operativos, el terreno es hostil. La selva, los ríos y los bordes urbanos ofrecen cobertura a grupos que viven de moverse, fragmentarse y corromper nodos locales. Cualquier fuerza externa que opere —directa o indirectamente— se expone al desgaste: patrullas sin contacto durante días, golpes puntuales con impacto modesto, y la tentación de mostrar resultados que lleven a excesos. Por eso, los manuales contemporáneos contra el crimen transnacional insisten en golpear logística y finanzas: quemar bodegas, intervenir sociedades pantalla, cortar blanqueo y rutas de insumos; traducir cada acción en causas penales que cierren el ciclo.

La comunicación será otro frente. La fase marítima ha convivido con un déficit de información verificada: ni listas de fallecidos completas, ni videos íntegros de cada ataque, ni informes públicos con dosis y origen de los supuestos cargamentos. En tierra, ese déficit no será sostenible. Las imágenes llegarán por canales locales, habrá familias que den la cara, alcaldes que reclamen, ONG que documenten. Si la Casa Blanca quiere sostener apoyo interno y externo, tendrá que publicar datos con ritmo y calidad suficientes como para construir legitimidad, no solo relato.

Qué hay detrás del “narco–terrorismo” y el papel de las bandas

El rótulo Cartel de los Soles funciona desde hace años como paraguas para hablar de corrupción, tramas de contrabando y complicidades entre sectores del Estado venezolano y redes criminales. No es —admiten muchos expertos— un “cartel” clásico con mando unificado y estructura jerárquica identificable. Washington, al elevarlo a organización terrorista, busca dos efectos: jurídico (más herramientas contra quienes lo financien o apoyen) y político (colocar a Maduro y su entorno en la categoría de “enemigo hemisférico”). En paralelo, nombres como Tren de Aragua —banda originaria de Venezuela, hoy transnacional— aparecen como imputados recurrentes en comunicados y ruedas de prensa. La concentración del foco estadounidense en estas siglas ha generado recelo en analistas que estudian fentanilo y metanfetaminas, productos cuyo epicentro de producción y logística no está en Venezuela, sino en México y con insumos de Asia.

Esto no significa que Venezuela no sea ruta para cocaína o que no haya redes que se alimentan del colapso institucional. Significa que forzar el marco del “terrorismo” —en lugar de crimen organizado— puede tener costes: bajar umbrales probatorios, crear precedentes y empujar hacia acciones de fuerza con respaldo legal frágil. Es justo el debate que se abre con la fase terrestre. La promesa política de Trump choca con un terreno denso, donde las bandas se ocultan entre comunidades y donde el error se paga con legitimidad.

Los números que sustentan (o cuestionan) la escalada

Washington menciona una reducción “de hasta el 85 %” del tráfico marítimo hacia Estados Unidos desde el inicio de los ataques en septiembre, pero sin publicar hasta ahora series de decomisos verificables que sostengan ese porcentaje. Lo que sí ha ofrecido es un conteo de incursiones y bajas mortales: 21 operaciones, 83 fallecidos, dos supervivientes y imágenes de lanchas estallando. En paralelo, medios y familias han puesto rostro a algunas víctimas —pescadores, trabajadores informales, jóvenes de islas vecinas— y gobiernos de la región han exigido explicaciones. Ese choque de relatos se convertirá en punto crítico si las acciones pasan a carreteras, poblados y pasos fluviales. La transparencia será, más que una exigencia ética, un requisito operativo: sin legitimidad, no hay cooperación; y sin cooperación regional, no hay fase terrestre sostenible.

En Estados Unidos, los datos de encuestas ofrecen una foto ambivalente. Una parte de la ciudadanía respalda “destruir barcos de droga”, encuadre que suena a guerra a distancia y a daño limitado; pero cuando la pregunta se formula sobre “matar sospechosos en el extranjero sin proceso”, el apoyo cae y suben las objeciones. Un despliegue terrestre —aunque sea como interdicción en terceros países— se acercaría al umbral que exige consenso político reforzado, con audiencias en el Capitolio, control de gastos y rendición de cuentas.

Las reglas del juego: cooperación, soberanía y líneas rojas

Dos escenarios se abren en la práctica. El primero: operaciones en países de tránsito con consentimiento. Aquí, Estados Unidos se apoya en acuerdos bilaterales y centros de fusión de inteligencia para ubicar bodegas de acopio, pistas clandestinas y corredores fluviales; los golpes los ejecutan fuerzas locales, quizá con apoyo técnico o aéreo estadounidense. El segundo, de consecuencias mucho mayores: acciones que rocen o crucen la soberanía venezolana. Aun tratándose de incursiones limitadas, el riesgo de choque con fuerzas regulares o milicias subiría y abriría la puerta a escaladas difíciles de contener. Hoy la Casa Blanca no confirma ese paso, pero el tono —“no se descarta nada”— mantiene la ambigüedad estratégica.

En ambos escenarios, la clave será la trazabilidad de los resultados. Si la Administración quiere convencer de que esta no es una campaña comunicativa, deberá documentar con precisión quiénes eran los detenidos o abatidos, qué llevaban, de dónde partían, a quién respondían y qué procesos penales se abren a partir de cada incautación. Sin esa cadena, la fase terrestre corre el riesgo de repetir los vacíos de la etapa marítima, pero amplificados por el contacto con población civil y la exposición mediática.

Lo que está en juego a partir de ahora

En su forma más inmediata, la promesa de Donald Trump pretende mostrar control: si por mar “funcionó”, por tierra “será más fácil”. Lo urgente para la Casa Blanca es traducir esa consigna a métricas verificables y a una arquitectura de cooperación que no dependa solo de voluntad política momentánea. Las 21 operaciones y los 83 muertos han sido un golpe de efecto; el paso siguiente exige menos épica y más método: informes detallados, pruebas que se puedan auditar, acuerdos con fiscalías y aduanas que produzcan condenas y desmantelamientos reales.

Para Caracas, el reto es salir del rincón retórico. Si la narrativa de la “fabricación” quiere calar más allá de sus bases, necesita abrirse a observación independiente y transparencia en materia de tráfico y corrupción. De no hacerlo, las denuncias contra el Cartel de los Soles —sea o no un cartel en sentido clásico— seguirán pesando en foros internacionales y facilitarán que otros países acepten cooperar con Estados Unidos en la fase terrestre.

Para la región, el dilema es contener la violencia y blindar su institucionalidad. Nadie quiere convertirse en colateral de una guerra ajena; pero tampoco en tránsito sin control de una economía criminal con capacidad para corromper y desestabilizar. De ese equilibrio —de la calidad de la cooperación, de la fineza jurídica y de la proporción en el uso de la fuerza— dependerá si el anuncio de Trump queda en amenaza performativa o si inaugura un ciclo de interdicción terrestre capaz de mover la aguja del crimen transnacional. Hay margen para una salida pragmática que combine presión, datos verificables y política. La realidad —esa que no entiende de slogans— será el juez.