¿Por qué la universidad privada gana terreno frente a la pública?

La universidad privada está ganando terreno en España no solo porque la pública arrastre problemas de financiación. Hay algo más incómodo detrás: miles de estudiantes quieren cursar titulaciones que el sistema público ofrece en cantidades insuficientes, mientras siguen existiendo grados con pocas matrículas que consumen profesorado, presupuesto y estructura. La financiación importa, mucho, pero también la planificación de las propias universidades y la dificultad para mover recursos allí donde la demanda aprieta.

Un estudio elaborado por los economistas universitarios Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García calcula que, en 15 ámbitos de estudio con notas de acceso elevadas, el crecimiento registrado por la universidad privada equivale a 16.987 estudiantes de nuevo ingreso que potencialmente podrían haber encontrado acomodo en la pública. Cubrir ese volumen supondría unos 549,25 millones de euros anuales, alrededor del 6,6% de la financiación autonómica universitaria de 2023. La cifra tiene un matiz importante: no significa que existan exactamente 16.987 personas únicas rechazadas cada curso, porque las preinscripciones pueden duplicarse cuando un alumno solicita la misma carrera en diferentes universidades.

La pública apenas amplía plazas mientras cambia la demanda

El desajuste se entiende mejor mirando una década hacia atrás. Entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, la oferta global de las universidades públicas pasó de 237.884 a 241.613 plazas, un aumento de apenas el 2%. El sistema no se ha encogido, pero prácticamente se ha quedado quieto mientras cambiaban las preferencias de los estudiantes. Y una universidad inmóvil en una sociedad que se mueve acaba dejando huecos; alguien, inevitablemente, los ocupa.

La reacción de las privadas ha sido bastante más rápida. En Informática, por ejemplo, su oferta creció alrededor de un 250% durante el periodo analizado, frente a un incremento mucho más modesto de la pública. En Enfermería la distancia también resulta llamativa, con crecimientos cercanos al 69% en las privadas frente a alrededor del 12% en las públicas. Medicina muestra el mismo dibujo, aunque menos extremo: la expansión privada ronda el 47%, mientras la pública se mueve en torno al 15%.

No es simplemente una competición entre dos modelos universitarios. Es un problema de capacidad. Una familia puede preferir claramente una universidad pública y terminar pagando una matrícula privada porque el grado deseado exige una nota casi perfecta o porque sencillamente no quedan plazas suficientes. Ahí la libertad de elección empieza a tener una letra pequeña bastante española: puede elegirse, sí, siempre que alcance la nota o el bolsillo.

Medicina, Enfermería y Odontología muestran el atasco

Los datos más extremos aparecen en Ciencias de la Salud. El estudio recoge que las preinscripciones en primera opción equivalían al 481% de la oferta de Enfermería, mientras Medicina alcanzaba un índice del 1.066,4% y Odontología del 1.035%. No deben leerse esos porcentajes como personas únicas —un mismo estudiante puede aparecer en varias solicitudes—, pero sí como un termómetro bastante elocuente de la presión sobre determinadas carreras.

La respuesta pública ha sido bastante más lenta. Entre 2015 y 2023, la oferta de Medicina aumentó un 15,7%, mientras Odontología incluso retrocedió un 2,3%. En Medicina, durante el curso 2015-2016 había 30 centros públicos y nueve privados que matricularon a 6.244 y 1.595 alumnos nuevos, respectivamente. Para 2024-2025 había 36 centros públicos y 15 privados; los nuevos matriculados ascendían a 7.156 en la pública y 2.341 en la privada.

El fenómeno tiene una consecuencia menos visible. Cuando las plazas son escasas, las notas de acceso suben. En 2023-2024 la nota media de admisión superaba los 13 puntos en Medicina, rondaba los 12 en Veterinaria y alcanzaba aproximadamente 11,6 en Enfermería. Para quien no llega, existe una alternativa privada; para quien no puede pagarla, esa alternativa es bastante teórica.

También está cambiando el perfil de entrada en la universidad pública. En 2015-2016, alrededor del 72% de los nuevos alumnos presenciales accedía con notas comprendidas entre 5 y 10. En 2024-2025 ese grupo había caído al 44%, mientras los estudiantes con más de 10 puntos pasaban a ser mayoría, con un 56%. En Ciencias de la Salud la concentración de expedientes altos es todavía mayor.

El dinero explica una parte importante, pero no toda

Sería cómodo reducir el problema a que las comunidades autónomas financian poco a sus universidades. Cómodo y, en parte, cierto. En términos reales, el esfuerzo autonómico por estudiante en las universidades públicas presenciales era en 2023 un 9,1% inferior al de 2008 en relación con la evolución económica, según los cálculos del informe. Ocho comunidades registraban retrocesos reales de financiación por estudiante.

La financiación autonómica total pasó de 6.938 millones de euros en 2008 a 8.357 millones en 2023 en términos nominales. Pero su peso respecto al PIB descendió desde el 0,62% hasta el 0,56%. Es decir, entraron más euros, aunque el sistema económico creció más deprisa. Entre medias quedó una crisis financiera, recortes, recuperación, pandemia y otra recuperación. La universidad pública fue atravesando todo ese paisaje con una mochila cada vez más pesada.

Pero el informe introduce una crítica bastante menos confortable para los campus: incluso con esas limitaciones, la oferta pública no se ha reorganizado con suficiente agilidad. Hay titulaciones que reciben menos de 40 alumnos nuevos e incluso algunas con menos de 15, mientras otras acumulan una presión enorme. Mover profesores, suprimir temporalmente un grado o trasladar recursos entre departamentos es administrativamente complicado y académicamente conflictivo. Cada facultad tiene su historia, su plantilla y, cómo no, su pequeño territorio que defender.

Rectorados, departamentos y una estructura difícil de mover

La universidad pública no funciona como una empresa que observa una subida de ventas y abre otra línea de producción. Ni debería. Tiene obligaciones de investigación, equilibrio territorial, preservación de disciplinas minoritarias y servicio público que no pueden medirse únicamente contando matrículas. Una carrera con pocos estudiantes no es automáticamente inútil, del mismo modo que una titulación popular no merece recursos ilimitados por el mero hecho de llenar aulas.

El problema aparece cuando esa protección institucional se convierte en inmovilismo. Hernández sostiene que los departamentos pueden ejercer presión para conservar títulos y docencia porque de ellos dependen cargas lectivas, plazas y recursos. Si abrir o ampliar una carrera implica trasladar presupuesto desde otra área, surge resistencia. Y así, poco a poco, decisiones razonables vistas desde cada despacho pueden producir un resultado bastante poco razonable cuando se observa el conjunto.

Los autores también cuestionan la planificación general del sistema. El Consejo de Universidades, en el que participan la Administración y los rectores, tiene capacidad de coordinación, pero el estudio considera que no se ha ejercido suficientemente una planificación estratégica de la oferta. El resultado es paradójico: se mantienen plazas donde la matrícula cae mientras miles de candidatos compiten por un asiento en otros grados.

La privada ha encontrado un mercado enorme, pero no un oráculo

Todo esto explica por qué las universidades privadas han crecido tanto, aunque sería simplista convertirlas en heroínas capaces de detectar mágicamente las profesiones del futuro. Su expansión tampoco coincide siempre con las necesidades del mercado laboral. Han crecido con fuerza Psicología, Magisterio, Administración y otras áreas populares, mientras determinadas disciplinas STEM —ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas— no muestran necesariamente el mismo dinamismo.

Lo que sí han hecho muchas privadas es adaptar rápidamente su catálogo a la demanda efectiva, ampliar plazas en grados con notas de corte muy altas en la pública y explotar con especial intensidad la enseñanza a distancia y los másteres. En el conjunto de las enseñanzas universitarias oficiales, aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes estaba matriculado ya en una institución privada en 2024-2025. Desde comienzos de siglo, la matrícula privada había aumentado un 322,6%, mientras la pública retrocedía un 7,4%.

El crecimiento institucional ha sido igualmente acelerado. En septiembre de 2025 España contabilizaba 50 universidades públicas y 46 privadas, frente a las 33 públicas y cuatro privadas que existían en 1983. Los datos de matrícula de 2024-2025 recogían 42 privadas con actividad académica, una diferencia que se explica porque el reconocimiento institucional y el inicio efectivo de las enseñanzas no siempre coinciden en el mismo curso. Desde entonces se han seguido autorizando nuevos proyectos y la cifra de universidades privadas se ha acercado todavía más a la de públicas.

Hay también un incentivo empresarial evidente. Para una muestra de 12 universidades privadas presenciales, la tasa bruta de beneficios pasó del 4,9% en 2008 al 9,5% en 2023. El interés creciente de grandes grupos educativos y fondos de inversión por el sector universitario difícilmente puede explicarse solo por amor a Aristóteles.

El Gobierno endureció los requisitos para abrir universidades

La expansión privada ha llevado al Gobierno a endurecer las condiciones para crear nuevos centros. El Real Decreto 905/2025 exige, entre otros requisitos, que una nueva universidad prevea superar los 4.500 estudiantes en titulaciones oficiales seis años después de iniciar su actividad y refuerza las obligaciones relacionadas con el profesorado, la investigación y la calidad académica.

La norma establece asimismo que las universidades deben dedicar al menos el 5% de su presupuesto a programas propios de investigación y transferencia del conocimiento, además de acreditar actividad investigadora suficiente. La intención es evitar que la palabra universidad termine pegada simplemente a un catálogo de títulos y unas aulas —físicas o virtuales— con buen departamento comercial.

Pero endurecer la entrada de nuevas universidades privadas resuelve solo una parte del debate. No crea automáticamente más plazas públicas de Medicina, Enfermería, Psicología o Informática. Tampoco moderniza las plantillas ni permite trasladar de una facultad a otra profesores y presupuesto con un chasquido administrativo. Regular la privada puede ser una política universitaria; reformar la pública es otra.

El cuello de botella que acaba decidiendo quién puede elegir

La expansión de la universidad privada española no tiene una causa única. Se alimenta de una combinación bastante reconocible: financiación pública insuficiente, oferta rígida, planificación deficiente, intereses internos, demanda creciente y rentabilidad empresarial. Quitar cualquiera de esas piezas deja una explicación demasiado cómoda.

La cuestión más delicada está en el acceso. Cuando una carrera pública acumula aspirantes durante años y las plazas apenas crecen, el problema deja de ser únicamente académico. La nota de corte selecciona por expediente; inmediatamente después aparece otra criba, silenciosa, determinada por la capacidad de una familia para pagar varios miles de euros por curso. El mérito sigue contando, claro. El patrimonio familiar empieza a contar también.

Y ahí aparece la contradicción de fondo. España construyó durante décadas una universidad pública extensa precisamente para que estudiar una carrera no dependiera del código postal ni de la cuenta corriente de los padres. La privada tiene pleno derecho a existir y competir, pero cuando su expansión procede en parte de vacíos que la pública lleva años sin cubrir, el debate ya no consiste en decidir qué modelo gusta más. Consiste en comprobar si el sistema permite realmente elegir o simplemente reparte las opciones según la nota, la plaza disponible y, al final del pasillo, el precio.