¿Por qué la FIV pública acaba a los 40 y debería llegar más lejos?

La fecundación in vitro pública se corta en torno a los 40 años porque el Sistema Nacional de Salud ha convertido una curva biológica —gradual, irregular, distinta en cada mujer— en una frontera administrativa sencilla. La cartera común exige que la paciente sea menor de 40 años al comenzar el estudio y repite ese límite en el momento de indicar una FIV con óvulos propios. No es una prohibición legal de ser madre ni de acudir a una clínica privada: es un criterio de acceso a la financiación pública, diseñado para concentrar recursos limitados allí donde las probabilidades medias de éxito son mayores.

Como regla de priorización sanitaria tiene una explicación clínica. Como guillotina de cumpleaños, bastante menos. Los resultados empeoran con la edad, pero no caen a cero al soplar 40 velas. Una ampliación nacional hasta los 42 años para un ciclo en pacientes seleccionadas, acompañada de protección frente a las demoras de la propia sanidad, sería más razonable que el modelo actual. No garantizaría embarazos —la medicina no vende milagros, aunque algunos folletos privados se acerquen peligrosamente—, pero evitaría que el calendario pesara más que el pronóstico individual.

El límite real de la FIV pública en España

La expresión “la Seguridad Social deja de hacer FIV a los 40” simplifica demasiado. La norma estatal maneja varios relojes distintos. Para entrar en el circuito general, las mujeres y las personas trans con capacidad de gestar deben ser mayores de 18 y menores de 40 al iniciarse el estudio; los hombres, menores de 55. También se exige, como criterio común, no tener un hijo previo sano o, en caso de pareja, no tener un hijo sano en común.

Después aparece el segundo reloj. La FIV con gametos propios requiere tener menos de 40 años cuando se indica el tratamiento, no presentar evidencias de mala reserva ovárica y no superar, en principio, tres ciclos con estimulación. El número puede reducirse si el pronóstico es desfavorable o los intentos anteriores han dado malos resultados. La inseminación artificial con semen de la pareja es todavía más restrictiva: fija el límite por debajo de los 38 años en el momento del tratamiento.

Hay excepciones que muestran que los 40 no representan una muralla biológica absoluta. Los embriones propios criopreservados pueden transferirse en la sanidad pública hasta antes de los 50 años, siempre que no exista una contraindicación médica grave para el embarazo. Es decir, el sistema distingue —con lógica— entre producir embriones con ovocitos envejecidos y transferir material reproductivo obtenido anteriormente.

La reforma aprobada en abril de 2026 corrigió otra desigualdad: eliminó el antiguo requisito que restringía la donación de ovocitos en determinados casos de fallo ovárico prematuro a quienes lo hubieran sufrido antes de los 36 años. Sanidad reconoció que esa frontera perjudicaba a pacientes de entre 36 y 39. Sin embargo, no modificó el límite general de los 40 años. Se reparó una grieta, no la pared entera.

También conviene separar dos conceptos que suelen mezclarse. La ley española permite que cualquier mujer adulta y capaz de prestar consentimiento utilice técnicas de reproducción asistida, con independencia de su estado civil u orientación sexual. Otra cosa es que el tratamiento concreto sea pagado por el sistema público. El acceso legal a la técnica no equivale a un derecho ilimitado a su financiación, igual que sucede con otras prestaciones sanitarias sujetas a indicación, seguridad y eficiencia.

Biología y justicia: una frontera demasiado limpia

La fertilidad femenina no se derrumba durante la noche que separa los 39 años y 364 días de los 40. Desciende de forma progresiva, con una aceleración visible desde mediados y finales de la treintena, porque disminuyen tanto la cantidad como la calidad cromosómica de los ovocitos. La edad también eleva el riesgo de pérdida gestacional y de complicaciones obstétricas. Hay mujeres de 41 con una respuesta ovárica aceptable y mujeres de 35 con una reserva muy baja. El promedio orienta la política sanitaria; el promedio no diagnostica a una persona.

Los últimos datos nacionales disponibles ayudan a entender por qué la sanidad impone límites. El Registro de la Sociedad Española de Fertilidad correspondiente a 2023 recoge, en tratamientos con ovocitos propios frescos, una tasa de gestación por ciclo del 14,1% en menores de 35 años, del 13,8% entre 35 y 39 y del 7,3% a partir de los 40. La tasa de partos por ciclo baja, respectivamente, al 11,3%, 10,2% y 4,3%. Entre las gestaciones de pacientes de 40 años o más, el porcentaje de abortos registrado fue del 35,7%.

Mirado desde otro ángulo, hubo embarazo en el 22,9% de las transferencias realizadas a mujeres de 40 o más años y parto en el 13,4%. Son resultados claramente inferiores, pero no testimoniales. Y el grupo “40 o más” mete en el mismo cajón edades y pronósticos muy distintos: una paciente recién cumplidos los 40 no es clínicamente idéntica a otra de 44. El dato justifica seleccionar mejor, pero no obliga por sí solo a excluir a todas.

La sanidad pública debe decidir dónde obtiene más nacimientos por cada ciclo financiado, cada laboratorio ocupado y cada equipo disponible. Esa es la parte incómoda de cualquier sistema universal: los recursos son comunes, pero no infinitos. En 2023 se registraron en España 168.372 ciclos de fecundación in vitro en 247 centros; 201 eran privados y solo 46 públicos. El reparto de centros no equivale exactamente al reparto de actividad, pero dibuja un paisaje evidente: la reproducción asistida española descansa en gran medida sobre el mercado privado.

La injusticia aparece cuando la edad se aplica sin amortiguadores. Una mujer puede iniciar las pruebas con 39 años, soportar derivaciones, consultas y meses de espera y quedar fuera de un nuevo intento no porque su pronóstico haya cambiado radicalmente, sino porque el sistema ha consumido su calendario. La Administración exige puntualidad biológica después de haber trabajado a ritmo administrativo. Ahí el argumento de la eficiencia empieza a sonar algo desafinado.

Madrid y la lotería territorial

El propio mapa autonómico demuestra que el límite no es inevitable. La Comunidad de Madrid admite actualmente a mujeres mayores de 18 y menores de 45 años al inicio del estudio, aunque mantiene criterios específicos según la técnica y la indicación médica. También permite acceder con un máximo de un hijo previo sano, mientras que la cartera estatal común parte de la ausencia de descendencia previa sana.

Madrid no garantiza, por ello, una FIV con óvulos propios hasta los 44 años a cualquier paciente. La ampliación abre la puerta del estudio; después actúan la reserva ovárica, el riesgo, los antecedentes y los protocolos de cada procedimiento. Aun con esa cautela, la diferencia territorial resulta difícil de explicar: una mujer puede ser demasiado mayor para la cartera común y seguir siendo evaluable unas estaciones de tren más allá.

Las comunidades pueden mejorar la cobertura estatal con prestaciones complementarias. Jurídicamente es posible. Políticamente crea una lotería del código postal: el acceso efectivo depende no solo de la salud y la edad, sino del presupuesto y las prioridades del lugar de residencia. En un tratamiento donde cada mes cuenta, cambiar de comunidad no es precisamente como cambiar de supermercado.

Quedar fuera cuesta miles de euros

Cuando se cierra la vía pública, el problema médico se convierte de inmediato en problema patrimonial. Las referencias habituales del mercado español sitúan una FIV privada con óvulos propios alrededor de 3.500 a 5.500 euros por ciclo, aunque el presupuesto puede crecer con las pruebas previas, la congelación, las transferencias posteriores, los gametos donados o las técnicas de laboratorio añadidas. La medicación hormonal suele facturarse aparte y puede rondar entre 850 y 1.300 euros, dependiendo del protocolo y de la respuesta ovárica. Son horquillas comerciales, no una tarifa oficial; la cifra final tiene la simpática costumbre de engordar.

Aquí conviene corregir una idea frecuente sobre Menopur, el medicamento al que probablemente se alude cuando se habla de “los complementos”. Menopur 1200 figura como medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud, con diagnóstico hospitalario y visado. Por tanto, una paciente atendida dentro de un ciclo público y con la prescripción correspondiente no tiene por qué afrontar su precio íntegro como si lo comprara al margen del sistema. El escenario cambia al acudir por vía privada o cuando el fármaco no queda cubierto por la prescripción pública.

Otra cosa son los llamados add-ons: pruebas o procedimientos opcionales que se suman al tratamiento básico. Bajo nombres sofisticados aparecen sistemas de incubación con imágenes continuas, determinadas pruebas de receptividad endometrial, análisis inmunológicos, selección embrionaria o productos destinados a favorecer la implantación. Algunos pueden tener indicaciones clínicas concretas; otros se ofrecen con una evidencia mucho más modesta que su precio.

La autoridad británica que regula la fertilidad, la HFEA, ha advertido de que ninguno de los complementos revisados demostraba aumentar la probabilidad de tener un bebé para la mayoría de pacientes, aunque pudiera haber usos justificados en grupos específicos o para otros resultados. Su recomendación es bastante terrenal: antes de gastar una suma elevada en un añadido no probado, puede ser más sensato reservar ese dinero para otro ciclo convencional.

El problema no es que toda prestación adicional sea inútil, sino que la vulnerabilidad emocional facilita vender incertidumbre con bata blanca. Quien acaba de perder la cobertura pública no compra solo una técnica; compra esperanza, tiempo y la sensación de que todavía está haciendo algo. Por eso los presupuestos deberían separar con claridad lo imprescindible, lo indicado y lo opcional, con sus costes y su evidencia real.

Europa tampoco tiene una frontera común

España no es una rareza absoluta, pero se encuentra entre los sistemas más rígidos en su cartera estatal. Alemania establece para la participación de los seguros públicos un tramo de edad de 25 a menos de 40 años para las mujeres y de 25 a menos de 50 para los hombres, dentro de un modelo con copago y requisitos como el matrimonio. Su frontera femenina se parece a la española, aunque el sistema de financiación sea distinto.

Francia llega más lejos. Permite la extracción de ovocitos para reproducción asistida hasta el cumpleaños número 43 y la realización del procedimiento en la mujer gestante hasta los 45. El seguro de enfermedad cubre al 100% hasta seis inseminaciones y cuatro intentos de FIV, bajo las condiciones establecidas. La edad del óvulo y la edad de gestación se tratan como problemas diferentes, una distinción clínicamente bastante más fina.

Países Bajos cubre los tratamientos cuando la paciente no supera los 43 años y financia hasta tres intentos de FIV bajo indicación médica. Si un intento ha comenzado antes del cumpleaños 43, puede completarse después. Ese detalle parece pequeño, pero evita que una fecha interrumpa un proceso ya iniciado.

El Reino Unido ofrece otra referencia interesante. La guía clínica nacional recomienda tres ciclos completos antes de los 40 años y un ciclo completo a los 40 o 41 para quienes cumplan los criterios y no hayan realizado FIV anteriormente. Si la paciente cumple 40 durante un ciclo ya iniciado, ese ciclo se termina. La aplicación concreta puede depender después de las decisiones presupuestarias del sistema sanitario territorial, pero el criterio técnico nacional acepta que existe una franja aprovechable más allá de los 40.

No existe, pues, una edad europea indiscutible dictada por la ciencia. Hay países que cierran a los 40, otros llegan a los 42 o 43 y algunos separan la edad de extracción de gametos de la edad de transferencia. Las diferencias reflejan tasas de éxito, sí, pero también presupuestos, valores colectivos y decisiones sobre cuánta incertidumbre financia una sociedad.

Más allá de los 40, pero no a cualquier precio

Ampliar la FIV pública no debería significar prometer tres ciclos con ovocitos propios a toda mujer hasta los 45. A esas edades, las probabilidades medias disminuyen con rapidez y los riesgos aumentan; gastar recursos en tratamientos con una expectativa mínima puede ser cruel para la paciente y poco responsable para el sistema. El debate sensato no está entre mantener el muro o derribarlo a martillazos, sino en sustituir la exclusión automática por una selección clínica razonable.

Una reforma equilibrada podría garantizar en toda España un primer ciclo hasta los 42 años para pacientes sin intentos previos, con reserva ovárica compatible, ausencia de contraindicaciones y una estimación individual razonable de éxito. Es, en esencia, una fórmula parecida a la británica: menos intentos a medida que cae la probabilidad, pero sin decretar que toda oportunidad desaparece al cumplir 40.

También debería protegerse la edad de entrada. Quien cumple los requisitos al recibir la indicación no tendría que perderlos por una espera atribuible al hospital. Y un ciclo iniciado debería poder completarse, incluidos los embriones congelados obtenidos en él. La demora pública no puede convertirse en una contraindicación fabricada por la propia Administración.

El pronóstico tendría que apoyarse en varios elementos —edad, reserva ovárica, respuesta previa, causa de infertilidad, calidad embrionaria cuando exista— y no solo en el documento nacional de identidad. Esto exige protocolos transparentes, datos auditables y criterios iguales entre comunidades. La evaluación individual no debe convertirse en una ventanilla opaca donde cada hospital improvisa; serviría entonces para cambiar una injusticia sencilla por otra indescifrable.

La donación de ovocitos merece un marco separado. La edad del óvulo determina buena parte de la capacidad embrionaria, mientras que la edad de la receptora influye especialmente en la seguridad del embarazo. Tratar ambas situaciones con el mismo número redondo ignora una diferencia esencial. La propia normativa española ya distingue la transferencia de embriones criopreservados, de modo que la separación clínica no sería precisamente una extravagancia.

La probeta no basta para levantar la natalidad

España registró 318.005 nacimientos en 2024, un 0,8% menos que el año anterior. La fecundidad descendió hasta 1,10 hijos por mujer y la edad media a la maternidad alcanzó los 32,61 años. Son cifras de un país donde el proyecto familiar se retrasa y, cuando por fin encuentra vivienda, empleo, pareja o estabilidad, a veces se topa con una biología menos paciente que el mercado laboral.

Ampliar la reproducción asistida pública ayudaría a algunas personas y corregiría desigualdades concretas. No resolvería por sí sola el hundimiento de la natalidad. La mayoría de quienes aplazan la maternidad no lo hacen porque sueñen con conocer una clínica de fertilidad a los 41, sino porque durante sus años más fértiles acumulan alquileres altos, empleos frágiles y cuidados insuficientes.

La paradoja española es áspera: se pide tener hijos antes, pero se tarda años en conseguir las condiciones mínimas para tenerlos; después, cuando aparece el problema de fertilidad, el sistema enseña el reloj. Ni la natalidad se recupera culpando a las mujeres por esperar ni la medicina puede borrar el paso del tiempo. Entre ambos extremos cabe una política menos moralista y más útil.

Los 40 años pueden seguir funcionando como referencia clínica, nunca como superstición administrativa. Ampliar de forma selectiva hasta los 42, proteger a las pacientes frente a las listas de espera, armonizar las comunidades y vigilar los costes privados sería una respuesta seria. No convertiría cada tratamiento en un nacimiento. Haría algo más modesto y bastante democrático: que una fecha redonda no decidiera sola quién conserva una oportunidad y quién recibe, junto al diagnóstico, una factura de varios miles de euros.