¿Por qué el Gobierno quiere regular los centros de datos antes del 29-N?

«Es una declaración de guerra imposible de cumplir». La frase es de Nacho Velilla, consejero delegado de Templus, y resume el tono de la batalla que se libra estos días en torno al real decreto de centros de datos. El Gobierno quiere aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre; el sector —con Amazon, Google y Microsoft dentro de la patronal Spain DC— lo considera la peor regulación de Europa y moviliza todos los resortes disponibles, incluido Bruselas, para frenarlo.

En juego no hay solo una norma técnica. Está el futuro del gran negocio de la inteligencia artificial en España: casi 67.000 millones de euros de inversión prevista hasta 2030, con Aragón como principal polo y una carrera contrarreloj administrativa que ya ha superado las 600 alegaciones.

Qué exige exactamente el real decreto

El borrador que tramitan los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía impone condiciones inéditas en Europa para autorizar nuevas instalaciones. Estas son las claves:

• ✓Renovables con correlación horaria: al menos el 80% de las horas de funcionamiento deben abastecerse con energía renovable verificada hora a hora y procedente de nueva capacidad.
• ✓Eficiencia hídrica y energética simultánea: acreditar el máximo ahorro de agua y electricidad a la vez, más la reutilización del calor generado por los servidores.
• ✓Soberanía digital (artículo 5): los operadores deberán ser empresas establecidas en la UE, los datos y registros permanecerán en territorio comunitario y se controlarán los accesos desde terceros países.
• ✓Veto al sector público extracomunitario: los centros que manejen datos de administraciones públicas o de seguridad nacional no podrán ceder información a entidades de fuera de la UE.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, confirmó en la clausura del IV Consejo Asesor Internacional de la Inteligencia Artificial que la voluntad del Ejecutivo es sacar el decreto adelante sin necesidad de autorización parlamentaria, a finales de octubre o principios de noviembre.

Por qué el sector habla de requisitos imposibles

La patronal Spain DC, que agrupa a Amazon, Google y Microsoft, sostiene que la norma española es la más dura del continente. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, cifró en 66.900 millones de euros el valor estratégico en juego y aseguró que «ya se han perdido miles de millones». Velilla añadió el argumento más demoledor: ni un solo centro de datos que exista hoy en España cumpliría los requisitos técnicos, y en países como Finlandia más del 80% del parque instalado tampoco lo haría.

La crítica técnica se centra en la correlación horaria del 80%. Exigir que la renovable se genere justo en la hora en que se consume obliga a sobredimensionar parques y baterías, con costes de red elevados y un aprovechamiento ineficiente de los recursos. Además, el sector denuncia el carácter retroactivo del texto: afectaría a proyectos en construcción con cartas de potencia ya concedidas e inversiones de hasta 5.000 millones, como los de Amazon o el complejo de Microsoft en Zaragoza, valorado en 5.300 millones.

La carta de Bruselas: cómo puede frenarse el decreto

Aquí es donde la cosa se pone procesal. La CNMC, en su informe sobre el borrador, recomienda suavizar gran parte de los requisitos ambientales, ampliar los plazos (los seis meses previstos para acreditar el cumplimiento le parecen insuficientes) y revisar el régimen de penalizaciones. Pero también introduce un aviso con consecuencias: algunos artículos pueden condicionar la libre prestación de servicios de la sociedad de la información, lo que obligaría a notificar el texto a la Comisión Europea antes de aprobarlo.

Spain DC se ha agarrado a esa puerta. Si el decreto pasa por Bruselas, los plazos se disparan:

1. 1Desde la notificación se abre un periodo de statu quo de tres meses durante el cual España no puede adoptar la norma.
2. 2Si la Comisión o algún Estado miembro emite un informe motivado, se suman otros tres o cuatro meses para que el Gobierno defienda la legalidad del texto.
3. 3En el peor escenario, si Bruselas prevé una normativa armonizada para toda la UE, el bloqueo puede alargarse entre 12 y 18 meses.

Cualquiera de esas vías entierra el objetivo de aprobar el decreto antes del 29-N. Y un cambio de gobierno tras las elecciones podría paralizar la regulación de forma permanente.

El calendario añade presión política: un eventual cambio de color en Moncloa tras el 29-N podría rediseñar o archivar la norma, y ningún inversor firma compromisos millonarios en mitad de esa incertidumbre regulatoria. De ahí que el sector prefiera una tramitación larga en Bruselas antes que un decreto exprés de validez dudosa.

Qué se juega España en la carrera de la IA

Los números explican la urgencia de ambos bandos. AWS prevé invertir 33.700 millones de euros en España hasta 2034 y Microsoft levanta en Zaragoza un complejo valorado en 5.300 millones. Aragón se ha convertido en uno de los principales polos europeos de inversión en centros de datos, y comunidades como Extremadura han plantado cara al decreto por considerar que «el intervencionismo es preocupante» cuando su territorio aspira a atraer esos proyectos.

«Ni un solo centro de datos que existe hoy en España cumple ninguno de los requisitos técnicos que se piden» — Nacho Velilla, CEO de Templus.

El sector también matiza el argumento del agua: según Spain DC, los centros de datos españoles «prácticamente no consumen agua», porque la refrigeración abierta que sí se usa en otros modelos apenas tiene presencia aquí. Aun así, el cálculo oficial estima unos 420 millones de litros anuales en refrigeración, una cifra que el Gobierno quiere acotar por principio de precaución en un país con estrés hídrico recurrente.

Mientras tanto, los proyectos no se detienen del todo: Templus mantiene la apertura de su centro de datos en Ceuta para el próximo 15 de diciembre, una plaza con ventajas fiscales y conexión propia que se ha colado en el mapa español de la IA.

El siguiente hito es el Consejo de Estado, que debe evaluar el encaje jurídico del texto antes de la luz verde definitiva. Con más de 600 alegaciones sobre la mesa y Bruselas como árbitro potencial, la pregunta ya no es solo si el decreto llegará a tiempo para las elecciones, sino si llegará a existir tal como está escrito hoy.