Economía
¿Por qué absuelven a Urquijo y exconsejeros por la quiebra de Abengoa?
El concurso de Abengoa se considera fortuito y la jueza descarta que Urquijo y los exconsejeros deban responder por la insolvencia del grupo.

Resumen
- La jueza declara fortuito el concurso de Abengoa y exime a sus exgestores
- No se probó dolo o culpa grave ligados a la insolvencia de la compañía
- La sentencia puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Sevilla
La Justicia mercantil ha eximido al expresidente de Abengoa Gonzalo Urquijo y al resto de antiguos miembros de su consejo de administración de responsabilidad por la quiebra del grupo andaluz. La sentencia considera fortuito el concurso de acreedores y rechaza la pretensión del banco saudí SABB, que sostenía que la actuación de los gestores había contribuido de manera culpable a generar o agravar la insolvencia.
El matiz importa, y mucho. La jueza no sostiene que todas las decisiones tomadas durante los últimos años de Abengoa fueran correctas ni que la gestión empresarial estuviera libre de errores. Lo que determina es algo jurídicamente distinto: no se ha probado suficientemente una actuación dolosa o gravemente culposa de los antiguos administradores vinculada causalmente a la insolvencia. Dicho de forma menos jurídica: una empresa puede acabar en ruinas y, aun así, eso no convierte automáticamente a quienes la administraron en responsables concursales de su caída.
Por qué la jueza considera fortuito el concurso de Abengoa
La resolución procede de la Sección Tercera de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla. La magistrada ha desestimado la demanda presentada por The Saudi British Bank, SABB, uno de los acreedores, y ha acogido la tesis que también mantenía la administración concursal, ejercida por EY: el concurso debía calificarse como fortuito.
La legislación concursal española distingue precisamente entre concurso fortuito y culpable. Para llegar a esta segunda calificación debe acreditarse, con carácter general, que en la generación o agravación de la insolvencia intervino dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores, entre otros responsables contemplados por la norma. No basta, por tanto, con señalar que una empresa perdió patrimonio, acumuló deuda o tomó decisiones que, vistas años después, parecen ruinosas.
Eso es, en esencia, lo que ha ocurrido en este procedimiento. Según la sentencia, SABB no consiguió acreditar simultáneamente una conducta dolosa o gravemente negligente y una relación causal suficiente entre esa actuación y el deterioro que desembocó en la insolvencia.
La distinción parece pequeña escrita sobre papel; en un concurso de acreedores es enorme. Una mala decisión empresarial puede ser mala, incluso desastrosa, sin reunir los requisitos legales necesarios para convertir el concurso en culpable.
Las operaciones cuestionadas no bastan para atribuir la quiebra al consejo
La resolución sí reconoce una realidad difícil de discutir: Abengoa sufrió un profundo deterioro patrimonial. Durante aquel periodo se produjeron reorganizaciones internas, reducción de activos, cancelaciones de créditos intragrupo, cesiones patrimoniales y modificaciones de derechos económicos.
Ese movimiento de piezas estaba precisamente en el centro de las sospechas del acreedor. La cuestión era determinar si tras aquellas operaciones existió una retirada u ocultación de bienes destinada a alejarlos del alcance de los acreedores. La jueza considera que esa conclusión no ha quedado demostrada.
Tampoco aprecia indicios suficientes para sostener que determinados bienes o derechos hubiesen sido ocultados, sustraídos o apartados deliberadamente de la garantía patrimonial disponible para los acreedores.
Uno de los puntos examinados resulta especialmente llamativo: una desaparición contable de 42,421 millones de euros. La sentencia señala que ese dato, por sí mismo, no permite conocer cuál fue el destino efectivo de los correspondientes créditos ni concluir que fueran conscientemente retirados del patrimonio para perjudicar a los acreedores.
La fotografía financiera era mala. Muy mala. Pero entre una cuenta deteriorada y una responsabilidad concursal personal existe un trecho probatorio que el tribunal entiende que la parte demandante no ha recorrido.
La sentencia tampoco sitúa la insolvencia de Abengoa en 2018
Otro de los aspectos relevantes es la fecha en la que Abengoa podía considerarse jurídicamente insolvente. Los datos utilizados para defender que la compañía se encontraba ya en esa situación en 2018 tampoco convencen al tribunal.
Un fondo de maniobra negativo o unas ratios de solvencia muy reducidas pueden mostrar una empresa con graves problemas financieros, pero no prueban automáticamente que haya perdido la capacidad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Esa diferencia técnica termina teniendo consecuencias bastante concretas cuando se intenta atribuir responsabilidad a un consejo de administración.
La magistrada admite igualmente que la reducción del activo fue muy significativa y que existía una notable desproporción respecto de la disminución del pasivo. Sin embargo, considera que esos números describen el resultado acumulado de numerosas operaciones efectuadas durante años y no permiten demostrar, aisladamente, un alzamiento patrimonial o una retirada fraudulenta de bienes.
Urquijo y los antiguos consejeros quedan fuera de responsabilidad
La sentencia afecta a Gonzalo Urquijo y también a los antiguos consejeros Manuel Castro Aladro, José Wahnon Levy, José Luis del Valle Doblado, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Maestre, Juan Pablo López-Bravo Velasco y Margarida Aleida Santos de la Riva Berzoni Smith, así como a los sucesores de Josep Piqué Camps.
Conviene precisar otra cosa: se trata de una resolución dentro del procedimiento concursal mercantil, no de una absolución penal sobre la desaparición de Abengoa. El tribunal decide si concurren los presupuestos legales para declarar culpable el concurso y atribuir responsabilidad a quienes administraban la sociedad.
Y su respuesta, en esta instancia, ha sido negativa.
La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla, por lo que la decisión todavía dispone de recorrido procesal.
De gigante internacional a uno de los mayores concursos de España
Para entender el peso de la decisión hay que mirar unos años atrás. Abengoa llegó a ser uno de los grandes símbolos empresariales de Andalucía, una multinacional especializada en ingeniería, infraestructuras, energía y tecnologías medioambientales con proyectos repartidos por numerosos países.
Su crisis no comenzó de un día para otro. Los problemas financieros se hicieron especialmente visibles a mediados de la década pasada y desembocaron en sucesivos intentos de reestructuración. En febrero de 2021, la matriz presentó concurso de acreedores después de fracasar otro intento de rescate financiero. La Justicia autorizó aquel procedimiento pocos días después.
La estructura del grupo complicaba todavía más cualquier fotografía sencilla de su caída. Parte de los activos productivos habían sido transferidos a Abenewco 1, mientras la matriz fue quedando prácticamente vacía de actividad. En julio de 2022, el juzgado decretó la disolución de Abengoa S.A. y abrió su liquidación después de que no prosperara un convenio de acreedores dentro del plazo establecido.
Por esas mismas fechas fracasó también la última gran operación planteada para sostener determinadas filiales. La SEPI rechazó una petición de ayuda de 249 millones de euros al considerar que el plan presentado no demostraba suficientemente la viabilidad futura ni garantizaba el reembolso del apoyo público.
En noviembre de 2022 entraron en concurso voluntario conexo 28 unidades de negocio. Meses después, en abril de 2023, el proceso terminó con la adjudicación de los activos operativos a Cox Energy, poniendo otra pieza —no necesariamente la última en los tribunales— en una crisis empresarial que llevaba años deshaciéndose por capas.
Qué significa realmente que el concurso sea fortuito
Aquí está quizá la parte que más fácilmente puede perderse entre millones, balances y nombres de sociedades. Declarar fortuito el concurso no borra el colapso empresarial ni convierte retrospectivamente las decisiones de sus gestores en buenas decisiones.
Lo que establece es que no se han cumplido los requisitos legales necesarios para atribuir a los administradores la generación o agravación culpable de la insolvencia en los términos examinados por el tribunal.
La legislación concursal contempla la calificación de culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia haya mediado dolo o culpa grave de las personas previstas por la norma. También contempla determinados supuestos concretos, como la salida fraudulenta de bienes del patrimonio o actuaciones destinadas a obstaculizar a los acreedores.
La sentencia de Sevilla no considera probados esos presupuestos respecto de Urquijo y los antiguos consejeros. Y recalca una idea que evita lecturas demasiado cómodas de la resolución: rechazar la demanda no equivale a certificar que todas las operaciones analizadas fueran acertadas.
Es la vieja distancia entre el fracaso empresarial y la culpa jurídica. En los consejos de administración puede parecer una línea fina. En un tribunal, debe estar sostenida por pruebas.
Una decisión que separa la caída empresarial de la responsabilidad personal
Abengoa dejó detrás una de las crisis corporativas más complejas de la historia empresarial reciente en España: deuda, reestructuraciones, acreedores enfrentados, operaciones internas, intentos de rescate, liquidaciones y años de procedimientos judiciales. La dimensión del desastre económico está fuera de discusión.
Lo que esta sentencia delimita es otra cuestión: quién responde jurídicamente por aquel desastre.
Por ahora, la respuesta de la Justicia mercantil es que Gonzalo Urquijo y los miembros de aquel consejo no pueden ser considerados culpables del concurso con las pruebas aportadas en este procedimiento. El deterioro patrimonial existió; la insolvencia también. Lo que no ha quedado acreditado, según la jueza, es el nexo suficiente entre una actuación dolosa o gravemente negligente de los administradores y la generación o agravación de esa insolvencia.
La quiebra permanece; la culpabilidad no se presume
La resolución deja una enseñanza bastante menos espectacular que cualquier titular sobre una gran quiebra, pero jurídicamente esencial: el tamaño del fracaso no determina por sí solo la responsabilidad de los gestores.
Abengoa acabó atravesando concursos, liquidaciones y la venta de sus principales unidades productivas después de años de deterioro financiero. Todo eso pertenece a los hechos. Para convertir esa historia empresarial en responsabilidad concursal personal hacía falta algo más: acreditar conductas concretas, culpa grave o dolo y su relación con la insolvencia.
La jueza considera que esa prueba no se ha producido. De ahí la calificación de concurso fortuito y la exoneración de Urquijo y los demás antiguos consejeros, una decisión todavía recurrible que añade un capítulo judicial de peso a una crisis empresarial que, muchos años después de empezar, continúa dejando ecos en los tribunales.












