¿Por qué una placa sobre fusilados menciona a víctimas del terrorismo?

Una placa instalada en Encinas Reales, Córdoba, sobre el espacio donde fueron localizados y exhumados los restos de 11 personas víctimas de la represión franquista ha abierto una polémica que va bastante más allá de una frase desafortunada. La inscripción colocada por el Ayuntamiento incorpora un homenaje a las víctimas del terrorismo, mientras evita identificar expresamente a las personas represaliadas por el franquismo cuyos restos aparecieron precisamente en ese lugar.

El asunto tiene un elemento especialmente relevante: el texto colocado no coincide con el epitafio previsto en el proyecto financiado por la Diputación de Córdoba. El expediente administrativo establecía una inscripción distinta, propuesta por un familiar de una de las víctimas, dedicada expresamente a quienes sufrieron el golpe de Estado, la guerra y la posguerra. La referencia al terrorismo apareció después.

Una placa que cambia el foco del homenaje

La controversia comenzó tras la denuncia de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y Sur de Córdoba. El colectivo reclama la retirada o modificación de la placa colocada en el denominado Jardín de la Memoria, junto al antiguo cementerio de Encinas Reales.

No se discute aquí si las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento. Por supuesto que lo merecen. El problema es otro, bastante más sencillo: qué se está conmemorando y dónde.

El monolito se levanta sobre una zona vinculada a una fosa donde el 2 de abril de 2025 fueron localizados restos de 11 víctimas de la represión franquista. Sin embargo, la inscripción finalmente instalada dedica el espacio al recuerdo de quienes sufrieron la violencia y la sinrazón de la Guerra Civil y la posguerra, y añade después a las víctimas del terrorismo, para terminar con una apelación a la paz, la convivencia y la libertad.

Bonitas palabras. Nadie razonable tendría demasiado que objetar a la paz, la convivencia o la libertad. Pero una placa memorial no es una felicitación institucional de Navidad: su función también consiste en explicar qué ocurrió en ese lugar. Y ahí nace el conflicto.

La asociación sostiene que esta formulación diluye la identidad de quienes fueron encontrados en la fosa y evita mencionar de manera explícita la represión franquista. UGT Córdoba se ha sumado a las críticas y ha pedido al Ayuntamiento que corrija o retire la inscripción.

El texto aprobado por la Diputación era otro

La polémica adquirió otra dimensión al conocerse el expediente del proyecto. A finales de 2025, la Diputación de Córdoba remitió al Ayuntamiento de Encinas Reales el convenio para financiar la actuación denominada “Dignificación de la fosa común exhumada a extramuros del antiguo cementerio de Encinas Reales, El Jardín de la Memoria”.

El decreto fue firmado el 16 de diciembre de 2025 por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. Y no dejaba la inscripción a la inspiración de última hora.

El documento señalaba expresamente el epitafio que debía colocarse en el monolito. Había sido aportado por Jesús Sergio Prieto Ruiz, familiar de víctimas y promotor de la petición que dio origen a la actuación.

Un epitafio propuesto por la familia

El texto previsto recordaba de manera expresa a las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la posguerra en España, con una referencia a su reconocimiento, su dignificación y el deseo de que pudieran finalmente descansar en paz.

Era, por tanto, una inscripción directamente conectada con la naturaleza del proyecto, con las personas enterradas allí y con la petición de sus familiares.

La placa colocada acabó siendo diferente.

La nueva redacción amplió el homenaje hasta convertirlo en una declaración genérica sobre las personas que padecieron la violencia durante la Guerra Civil y la posguerra e incorporó a las víctimas del terrorismo. También aparece la firma institucional: “Gabriel Prieto Navarro. Alcalde”.

La diferencia no es un matiz tipográfico. Cambia el sujeto del homenaje. Donde el proyecto hablaba de unas víctimas históricamente determinadas, el texto instalado introduce categorías distintas bajo una misma fórmula.

Un proyecto pagado íntegramente por la Diputación

También hay un detalle administrativo nada menor. El proyecto tenía un presupuesto de 4.338,09 euros, financiado íntegramente mediante una subvención nominativa de la Diputación de Córdoba. La aportación contemplada inicialmente para el Ayuntamiento era de cero euros, aunque la ejecución material de la actuación quedaba en manos municipales.

El expediente preveía convertir la franja de terreno donde apareció la fosa en un jardín memorial, instalar el monolito y culminar el proyecto con un acto público de presentación, homenajes y reconocimientos.

Es decir, no se trataba de colocar una piedra ornamental en cualquier rincón del municipio. Existían un proyecto, una finalidad memorial, financiación pública y un texto definido.

En las informaciones conocidas sobre la controversia no consta una explicación pública del alcalde que detalle por qué terminó colocándose una inscripción distinta a la prevista en el expediente.

Once cuerpos bajo un debate de palabras

Detrás de la discusión sobre dos o tres líneas grabadas en una placa hay algo bastante menos abstracto: restos humanos.

La fosa fue localizada en 2025 a extramuros del antiguo cementerio. El proyecto de dignificación parte precisamente de ese hallazgo y del derecho de los familiares a recuperar y reconocer a quienes permanecieron enterrados allí durante décadas.

El expediente recoge también nombres de vecinos ejecutados en 1936 y vinculados al proyecto memorial. Entre ellos aparecen Francisco Hinestrosa Pérez, Juan Hinojosa Sánchez, Juan Ruiz Sánchez, José Carnerero Fuentes, José Arjona Guerrero, Antonio Barea Hinojosa, Francisco Morales, Manuel Pacheco, Antonio Portino Ponce, Isidoro Raya Durán, Antonio Raya Durán, José Reyes Benítez y José Torralvo.

No todos esos nombres equivalen necesariamente a los 11 cuerpos exhumados; el documento los relaciona con las víctimas y familiares destinatarios del proyecto. Conviene mantener esa distinción. En cuestiones de fosas, nombres y restos, las certezas arqueológicas e identificaciones documentales no deben mezclarse alegremente. Precisamente de eso va la memoria rigurosa: de poner nombre cuando puede ponerse y reconocer lo que todavía no se sabe.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica sostiene asimismo que en Encinas Reales la expresión genérica “Guerra Civil” resulta insuficiente para explicar lo sucedido en el municipio, donde sitúa el inicio de la represión tras el golpe militar de julio de 1936.

Aquí aparece uno de los nudos del debate español sobre memoria democrática. Una expresión aparentemente neutral puede terminar ocultando más de lo que explica. Decir que alguien murió durante una guerra no es exactamente lo mismo que señalar que fue detenido, fusilado y arrojado a una fosa por una estructura represiva. El calendario coincide; la naturaleza del hecho, no necesariamente.

Reconocer a unas víctimas no exige borrar a otras

UGT Córdoba ha defendido que mezclar ambas categorías resulta inadecuado tanto para las víctimas del franquismo como para las víctimas del terrorismo. El argumento merece atención porque desmonta la trampa más fácil de esta polémica: presentar cualquier crítica a la placa como una falta de respeto hacia quienes padecieron ETA u otros grupos terroristas.

No hay tal necesidad.

España puede recordar a las víctimas del terrorismo en los espacios, fechas y monumentos dedicados a ellas y puede recordar a las víctimas de la represión franquista allí donde fueron asesinadas, encarceladas o enterradas. Una memoria no resta centímetros a la otra.

De hecho, juntar indiscriminadamente episodios distintos puede producir el efecto contrario al pretendido: vaciar cada homenaje de su contexto. Si una placa instalada sobre una fosa acaba recordando de manera genérica todas las violencias imaginables, la inscripción podrá resultar muy conciliadora, pero contará cada vez menos sobre las personas que estuvieron enterradas bajo ella.

Hay lugares que explican por sí solos qué palabras necesitan. Una antigua prisión, un campo de concentración, el escenario de un atentado, una fosa común. El contexto no es sectarismo; es información histórica.

La Ley de Memoria pone el acento en identificar y explicar

La Ley de Memoria Democrática de 2022 ayuda a entender por qué la discusión no es puramente estética. La norma atribuye a los espacios memoriales una función conmemorativa, didáctica y reparadora y señala la importancia de su identificación, explicación y señalización adecuada.

Cuando un lugar está relacionado con graves vulneraciones de derechos humanos, la lógica de la ley apunta precisamente hacia el reconocimiento de las víctimas y hacia la explicación pública de lo ocurrido.

Eso no significa que cualquier discrepancia sobre una placa quede automáticamente resuelta por un artículo de la ley ni que pueda afirmarse, sin una resolución administrativa o judicial, que la inscripción de Encinas Reales sea ilegal. Sería ir demasiado lejos.

Pero sí permite entender por qué los familiares y las asociaciones reclaman precisión. La reparación simbólica tiene algo de arqueología verbal: cada palabra ocupa el lugar de algo que durante décadas no pudo decirse.

En este caso existe, además, una circunstancia difícil de obviar: había un epitafio previamente previsto en el expediente de la propia actuación. Y ese epitafio tenía un objeto muy concreto.

La memoria pierde sentido cuando pierde los nombres

El Ayuntamiento de Encinas Reales puede defender valores universales como la paz, la convivencia y la libertad. Faltaría más. Son principios suficientemente amplios como para caber en prácticamente cualquier monumento democrático.

Pero un lugar de memoria necesita algo más incómodo y menos decorativo: precisión.

Once cuerpos fueron recuperados de aquella zona. Existía un proyecto de dignificación. Un familiar había participado en él. La Diputación financió la actuación y el expediente recogía expresamente otra inscripción. Después apareció una placa diferente, con una referencia añadida a las víctimas del terrorismo y sin nombrar de forma directa la represión franquista.

Ese es el corazón de la polémica, sin necesidad de inflarlo.

La memoria democrática no consiste en establecer una competición entre muertos ni en repartir carnés morales a sus descendientes. Consiste, entre otras cosas, en que cuando una sociedad encuentra una fosa pueda explicar quién acabó allí, qué ocurrió y por qué. Setenta, ochenta o noventa años después, quizá no sea pedir demasiado que una placa haga precisamente eso.